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El déficit eléctrico provisional asciende a 1.542 millones de euros hasta agosto, una previsión de 644 millones menos según la CNMC

Europa Press. – El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.542,1 millones de euros hasta agosto, 643,9 millones menos de lo previsto, según la séptima liquidación provisional de 2018 del sector eléctrico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Según informa el regulador, este resultado de la liquidación se debió, fundamentalmente, a la menor retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares (-357,0 millones de euros) y de la actividad de la distribución (-196,4 millones de euros).

En otro sentido, la demanda en consumo registrada en esta octava liquidación alcanzó los 146.414 gigavatios hora, siendo un 1,7% superior al valor promedio observado en años precedentes.

Esta demanda en consumo representaría el 60,6% de la demanda prevista para el ejercicio 2018, valor superior al promedio registrado en el histórico de las liquidaciones de los ejercicios 2015 a 2017 (59,6%).

Puesto que los ingresos no han sido suficientes para cubrir todos los costes reconocidos, se ha procedido al cálculo y aplicación del coeficiente de cobertura, que ha dado como resultado un coeficiente de cobertura del 84,01% y se aplica a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación.

Si se habla de energías renovables, se han liquidado 63.607 de las instalaciones activas en el sistema de liquidaciones de la CNMC. Así, la liquidación provisional acumulada y la cuenta correspondiente a la energía generada en el ejercicio 2018 hasta el pasado 31 de agosto asciende a 4.801,12 millones de euros.

Como resultado de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, es necesario aplicar el coeficiente de cobertura, resultando una cantidad a pagar a cuenta a los productores de 860,155 millones de euros.

Además, la liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) asciende a 49,05 millones de euros antes de IVA o impuesto equivalente.

En la fecha de cierre de la liquidación se habían recibido ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicadas en los territorios extrapeninsulares. La cantidad a pagar a cuenta a estos productores en la liquidación asciende a 6,250 millones de euros.

 

Sector del Gas

En lo que respecta al sector del gas, el déficit provisional fue de 245 millones de euros, frente a un déficit de 326 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior, lo que representa una disminución del 25%. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación se ha calculado un índice de cobertura del 87,1% de la retribución acreditada.

El total de ingresos liquidables declarados ha sido de 1.846 millones de euros, un 6,6% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior debido al incremento de los ingresos por peaje de transporte-distribución.

En esta octava liquidación del ejercicio, la retribución total acreditada a las empresas es de 1.901 millones de euros, que es un 0,4% superior a la del año anterior.

Por otra parte, el número de consumidores declarado por las empresas distribuidoras al pasado 31 de agosto ha ascendido a 7,87 millones, con un aumento interanual de 107.414 consumidores (+1,4%), de los que 1,6 millones se suministran con tarifa de último recurso.

 

Facua denuncia que el recibo de la luz de agosto es el cuarto más caro de la historia de España

Europa Press / EFE.- El recibo de la luz del usuario medio con la tarifa semirregulada PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) se situó un 12% por encima de la factura de agosto de 2017. De este modo, el mes de agosto finalizó con el recibo de la luz más caro desde enero de 2017 y se convierte así en la cuarta factura más alta de la historia, según los datos de Facua.

La factura de la luz más cara a nivel histórico fue la del primer trimestre del año 2012. Tras ella, se sitúa la de enero de 2017 y después la de julio de 2015. La subida mensual de agosto ha sido del 3%, lo que supone que el recibo del usuario medio será 2 euros más caro que el de julio. La factura para un usuario medio también subió en julio un 2,2%. La luz viene subiendo ininterrumpidamente desde abril y este año solamente bajó en enero y marzo mientras que en febrero también subió.

En cuanto al precio de la energía consumida, el kWh se ha situado en agosto en una media de 16,81 céntimos (impuestos incluidos), un 3,9% por encima de los 16,18 céntimos de julio. A nivel interanual, la subida ha sido del 16,9%, ya que el kWh estaba en 14,4 céntimos en agosto de 2017. Ante estos datos, Facua reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “que intervenga las tarifas del sector eléctrico para acabar con la especulación y las injustificadamente altas tarifas eléctricas de España».

A finales de 2016, Facua promovió un manifiesto junto a más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil para reivindicar 6 medidas en materia de política eléctrica. Una de ellas es la aprobación de una tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que puedan acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia. La aprobación de una auténtica tarifa social para los usuarios con menos poder adquisitivo y sufragada por las eléctricas es otra de las reclamaciones de las organizaciones ciudadanas. Facua denuncia que el año pasado el Gobierno de Rajoy recortó los ya de por sí insuficientes descuentos aplicados con el bono social creado por Zapatero.

Entre las reivindicaciones de FACUA y otros movimientos ciudadanos también se incluye la aplicación del tipo de IVA superreducido a la electricidad, pasando del 21% actual al 4% por ser considerado un servicio esencial para la ciudadanía. El manifiesto, denominado No más cortes de luz, no fue suscrito por el PSOE. Las fuerzas políticas que lo apoyaron fueron las formaciones que forman parte de Unidos Podemos, ERC y Coalición Canaria.

Los consumidores presentaron 1,1 millones de reclamaciones contra las empresas eléctricas en 2017

Europa Press. – Los consumidores presentaron el año pasado 1,5 millones de reclamaciones contra compañías de electricidad y de gas, según datos difundidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Específicamente, 1,13 millones de las reclamaciones presentadas en 2017 correspondieron al sector eléctrico y 369.000 al del gas, lo que supone una media de cuatro reclamaciones por cada 100 clientes de electricidad y cinco reclamaciones por cada 100 clientes de gas natural.

Así, más de la mitad de las reclamaciones contra el sector eléctrico que presentaron los consumidores tuvieron que ver con discrepancias en la medida de los consumos y en la facturación y cobro. En el sector gasista, el 45% de las que quejas estaban relacionadas con problemas en la medición del consumo y la facturación.

Por tanto, la CNMC asegura que en el sector eléctrico la calidad de suministro (12%) acumuló un volumen importante de quejas, mientras que en el sector del gas la atención al consumidor (13%) acaparó un buen porcentaje de las mismas.

Si hablamos de comunidades autónomas, Galicia fue la que más reclamaciones presentó contra las compañías eléctricas en valores relativos, con 7,5 quejas por cada 100 clientes, seguida de Castilla-La Mancha (5,9), Madrid (4,9) y Baleares (4,1). En el lado contrario, La Rioja fue la región que presentó menos reclamaciones contra el sector eléctrico, con 1,6 quejas por cada 100 clientes.

En el caso del gas, Murcia lideró la presentación de reclamaciones, con 7 quejas por cada 100 clientes, seguida de Castilla-La Mancha (6,9), Galicia (6,4) y Madrid (6,1). País Vasco fue la comunidad que menos quejas presentó, con una media de 2,6 reclamaciones por cada 100 clientes.

 

Favorables al consumidor

Del total de reclamaciones presentadas durante el año 2017, el 40% en el sector eléctrico y el 35% en el sector del gas natural fueron consideradas como procedentes por las empresas y resueltas de manera favorable para el consumidor. Por contra, el 56% y el 62% de las mismas se consideraron improcedentes o desfavorables en los sectores eléctrico y gasista, respectivamente.

El canal que con mayor frecuencia utilizan los consumidores para efectuar una reclamación fue el telefónico (78% en el gas y 61% en electricidad), seguido del presencial.

 

 

Ezentis se adjudica un contrato de red eléctrica en Brasil por 28,2 millones de euros

EFE.- El Grupo Ezentis se ha adjudicado un nuevo contrato para la construcción y mantenimiento de red eléctrica en el nordeste de Brasil por 28,2 millones de euros, según indicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El nuevo contrato de Ezentis, que fue adjudicado por parte de Neoenergía, tiene una duración de 3 años y se llevará a cabo en el Estado brasileño de Pernambuco. Según Ezentis, este contrato le coloca como un proveedor estratégico en el sector eléctrico de Brasil.

Unidos Podemos exige una reforma eléctrica para prohibir la concentración de actividades del sector en grandes grupos empresariales

Europa Press.- En Comú Podem quiere prohibir por ley la concentración de actividades empresariales en el sector eléctrico, de manera que se garantice «la separación real y efectiva de los grupos verticalmente integrados» en este sector. Así figura en la proposición no de ley que la formación catalana, integrada en el grupo confederal de Unidos Podemos, ha registrado en el Congreso a través de su portavoz energético Josep Vendrell.

Con ella, quieren que la Cámara Baja inste al Gobierno a aprobar iniciativas legislativas que permitan esta separación de actividad con el fin de que «se garantice la libre competencia y se asegure que la posición dominante de un grupo empresarial en una actividad del sector eléctrico nunca pueda beneficiar a una empresa en otros segmentos de actividad». La formación catalana recuerda las diferentes directivas comunitarias en las que se impone «la separación efectiva de las empresas integradas», que realizan actividades como la generación, el transporte, la distribución y comercialización.

«Tener una posición dominante en una actividad puede suponer, si se trata de empresas del mismo grupo empresarial, una ventaja competitiva clara para el resto de actividades», argumenta Vendrell. Así, señala que el control de actividades relacionadas con las redes, que suponen «monopolios naturales», supone «información privilegiada» para el resto de actividades, como conocer en qué puntos de conexión existe capacidad para conectar nuevas instalaciones, proporcionando la capacidad de ejecutar altas y cambios de comercializadoras.

En España, asegura que las instalaciones de generación de las empresas de grupos integrados «tienden a ubicarse en zonas en que ese grupo empresarial tiene el monopolio de la distribución». «Los cambios de cliente en favor de comercializadoras del grupo de la distribuidora se producen sistemáticamente más deprisa y con menor tasa de rechazo que los que son en favor de una comercializadoras que no forme parte del mismo grupo empresarial», apostilla. En este sentido, recuerda que la propia Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia «viene advirtiendo reiteradamente» esta situación en sus informes sobre cambio de empresa comercializadoras.

Según la AIE, la digitalización aporta eficiencia energética pero riesgos de seguridad

EFE.- La digitalización de los sistemas energéticos aportará eficiencia y evitará enormes inversiones en infraestructuras, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que advierte de que en paralelo incrementará los riesgos para la seguridad y la privacidad.

En un informe sobre sus implicaciones, la AIE destacó que en el sector eléctrico la aplicación de tecnologías digitales podría ofrecer una flexibilidad de 185 gigavatios a escala mundial en el horizonte de 2040, es decir el equivalente de la actual capacidad de generación de Australia e Italia juntas.

En la práctica, eso significaría evitar 270.000 millones de dólares de inversiones en nuevas infraestructuras eléctricas.

Esas tecnologías ofrecen oportunidades para que el sistema eléctrico ajuste mejor la oferta y la demanda, integre las fuentes renovables (que por definición son más variables), regule las cargas de vehículos eléctricos y facilite la emergencia de recursos de pequeña escala, como una instalación fotovoltaica en una vivienda.

En el caso de la carga de los vehículos eléctricos, se busca que se produzca esencialmente cuando la demanda es baja y la oferta de corriente elevada.

Ahí estaría uno de los principales potenciales de flexibilidad para el sistema eléctrico, que supondría un ahorro de entre 100.000 y 280.000 millones de dólares (en función del número de vehículos de este tipo en el mundo) en nuevas infraestructuras entre 2016 y 2040.

El estudio destaca que la inversión global en infraestructuras digitales en el sistema eléctrico ha crecido a un ritmo cercano al 20% desde 2014, para alcanzar 47.000 millones de dólares en 2016, casi un 40% más de lo gastado en medios de generación con gas.

El uso masivo de datos y su análisis puede reducir los costos al menos de cuatro formas: con una disminución de las operaciones de mantenimiento, una mejora la eficiencia de las plantas de producción y de las redes, un recorte de los parones imprevistos y una ampliación de la vida útil de los activos.

Todo eso representaría unos 80.000 millones de dólares menos cada año, es decir, en torno al 5% de los costes de generación.

En el transporte, los cambios más significativos de la digitalización se esperan en el efectuado por carretera, de la mano de la generalización de dispositivos conectados y de la automatización de procedimientos (incluida la conducción).

De acuerdo con un reciente trabajo de la propia AIE, en el transporte por camión el recorte del gasto energético se cifraba entre el 20 y el 25%.

En la vivienda -que supone un tercio del gasto energético mundial y el 55 % del eléctrico-, los termostatos y la iluminación inteligente podrían reducir el consumo de energía hasta un 10 % respecto al escenario central en el periodo previsto (2017-40).

La AIE advierte de que la cara menos amable de la digitalización es una mayor vulnerabilidad ante los ciberataques contra los sistemas energéticos, que pasan a ser más fáciles y más baratos.

Las inversiones del sector energético mundial cayeron un 12% en 2016, hasta 1,5 billones, su segundo año seguido en retroceso

EFE / Europa Press.- El parón de nuevos proyectos petroleros y gasísticos por los bajos precios del barril de crudo influyeron en el descenso del 12% de la inversión mundial en el sector de la energía en 2016, por segundo año consecutivo. En su informe anual sobre la inversión, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) señaló que el volumen total de inversiones fue de 1,7 billones de dólares (1,5 billones de euros), lo que representa un 2,2% del producto interior bruto (PIB) global.

El dinero dedicado a la exploración y explotación de yacimientos de petróleo y gas se redujo en 2016 en un cuarto, con lo que en dos ejercicios la disminución acumulada fue del 38%. En cualquier caso, esos hidrocarburos en 2016 todavía supusieron las dos quintas partes de la inversión. En la electricidad, el descenso se limitó al 1% para quedar en 718.000 millones de dólares (630.067 millones de euros), por el efecto del recorte en la generación con carbón, que no fue totalmente compensado por el alza en las redes.

Sin embargo, por primera vez, las inversiones en el sector eléctrico superaron el gasto combinado en petróleo, gas y carbón, señala la agencia adscrita a la OCDE, destacando que la inversión destinada a energías limpias supuso el 43% del dinero invertido en suministros, un nuevo récord de porcentaje. Eso sí, la inversión en nueva generación de electricidad con fuentes renovables bajó un 3%, hasta 297.000 millones de dólares, lo que significa un 3% menos que 5 años atrás, aunque las capacidades instaladas son ahora un 50% superiores, con una producción que se estima un 35% más elevada. La explicación de esa aparente contradicción está en la reducción de los costes unitarios con las mejoras de las tecnologías solares y eólicas.

El dinero destinado a dispositivos de mejora de la eficiencia energética aumentó un 9%, para representar 231.000 millones de dólares (aproximadamente 202.722 millones de euros), de la mano en particular de China que, según la AIE, en unos años podría superar a Europa, que hasta ahora ha sido el líder en este terreno. Una buena parte de esas partidas (133.000 millones) se consagraron a reforzar la eficiencia de los edificios, que absorben un tercio del total de la energía consumida.

China se mantuvo como el primer país por la inversión en energía, ya que representó un 21% del total mundial, y lo más significativo de su evolución fue el hundimiento del 25% en nuevas centrales de carbón. Una muestra de que el país asiático se orienta cada vez más hacia la producción de electricidad con bajo nivel de emisiones de dióxido de carbono (CO2) y a las medidas de eficiencia.

Estados Unidos se mantuvo en segunda posición, e incluso incrementó su peso relativo al 16%, y eso pese al fuerte descenso en la actividad de petróleo y gas. A contracorriente de la tendencia general, India se reafirmó en su tercer puesto con un incremento del 7% gracias al impulso del Gobierno a la modernización de infraestructuras. En Europa, la inversión disminuyó un 10%, sobre todo a causa de las renovables.

El director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, resaltó que en un contexto como el actual en el que la industria del petróleo y del gas se centra en proyectos a corto plazo, cobra mayor importancia que las políticas presten atención a las necesidades de aprovisionamiento a largo plazo. Sobre todo porque, aún asumiendo «objetivos ambiciosos» en términos de mitigar el impacto sobre el calentamiento climático, la inversión en gas y petróleo «tendrá que aumentar respecto a su actual desplome». De acuerdo con la agencia, los primeros indicios apuntan a que la inversión en gas y petróleo este año repunta «modestamente», sobre todo de la mano de los yacimientos de esquistos en Estados Unidos, donde el tirón es del 53%.

Tres de cada cuatro clientes de luz que pasan del precio regulado al mercado lo hacen en la misma compañía

Europa Press / Servimedia.- El 74% de los cambios de suministrador de electricidad en los que el consumidor pasa del precio regulado al mercado libre se da entre sociedades del mismo grupo empresarial, según el informe de supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre comercialización de luz y gas correspondiente al segundo trimestre.

Si en electricidad el porcentaje de cambio desde la filial regulada a la filial de mercado de un mismo grupo empresarial equivale al 74%, en el caso del gas esta tasa es inferior y se sitúa en el 41%. El precio regulado, llamado Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), es generalmente la opción más económica. Además, esta es la modalidad de suministro de la que deben disponer los consumidores que deseen beneficiarse del bono social y cumplan las condiciones para disfrutarlo. En todo caso, la CNMC indica que el mayor volumen de solicitudes de cambio de comercializador se dio entre suministradores en el mercado libre. El porcentaje fue del 61% en el sector eléctrico y del 89% en el gasista.

El informe muestra además que los tiempos medios de cambio de comercializador se redujeron en el segundo trimestre. Para el sector eléctrico fueron de 12 días, frente a entre 13 y 14 días en 2015, mientras que para el gasista fue de 14 días, frente a entre 14 y 15 días en 2015. Por canales de contratación, la venta domiciliaria es, con 8 días, más lenta que el resto de canales, como son el teléfono, la web y la tienda. Esta circunstancia se produce tanto en electricidad como en gas.

La CNMC también ofrece un ranking de comercializadores en función de los tiempos medios de cambio. Entre los comercializadores de electricidad con tiempos medios de 6 días o menos se encuentran los del Grupo Iberdrola, Carvisa y Viesgo COR. Por el contrario, con tiempos medios de 30 días o más está la comercializadora de referencia de CHC. En el sector del gas natural figuran cinco comercializadoras con tiempos medios inferiores a 7 días, que son Sonatrach Gas Comercializadora, Fenie Energía, Endesa Energía XXI, Iberdrola Clientes, EDP CUR e Iberdrola CUR. Se registran dos comercializadoras con tiempos medios superiores a 30 días, que son Viesgo Energía, Multiservicios Tecnológicos, Gas Natural Comercializadora y Unión Fenosa Gas Comercializadora.

Por otro lado, el número de solicitudes de cambio de comercializador de electricidad y de gas recibidas por los distribuidores durante el segundo trimestre se incrementó en un 7,8%, hasta 1,31 millones de solicitudes. De estas solicitudes, 988.713 pertenecen al sector eléctrico y 330.641 al sector gasista. En total, se aceptaron el 88% de solicitudes en el sector eléctrico y el 79% en el sector gasista, ya que no todas las solicitudes formuladas por los comercializadores están bien realizadas, contienen la información que corresponde a la del punto de suministro o incluso puede ocurrir que deban rechazarse por aspectos técnicos.

En el sector eléctrico, la tasa de rechazo alcanzó el 11,8% y puede atribuirse a los rechazos experimentados por Iberdrola CUR, como consecuencia de un fallo puntual en sus sistemas automatizados. En el sector gasista, la tasa de rechazo alcanzó el 21% en el segundo trimestre. El incremento se produce en todas las áreas de distribución y, en mayor medida, en la de Gas Natural Fenosa, favorecido por la implantación de una serie de mejoras en sus sistemas informáticos. De esta manera, el número de cambios de comercializador activos, los que fueron ejecutados por los distribuidores, alcanzaron los 848.560 en el sector eléctrico y los 266.271 en el sector gasista.

La tasa global de cambio de comercializador, conocida como switching, fue en el segundo trimestre de 2016 un 2,9% en el sector eléctrico y un 3,5% en el sector gasista, superiores a las del anterior trimestre. En términos interanuales se observa una tasa de cambio del 11,1% en el sector eléctrico y del 12,3% en el sector gasista. Estas tasas de cambio están entre las más altas de gas y electricidad a nivel europeo, y serían comparables a las existentes en otros sectores regulados como la telefonía, asegura la CNMC.

El 90% de las emisiones de CO2 no están suficientemente tasadas para la OCDE

EFE.– El 90% de las emisiones de gases de dióxido de carbono (CO2) de los países más desarrollados no están sujetos a un nivel impositivo suficiente como para que compensen el daño climático que producen, según un estudio de la OCDE. El informe, que analiza las tasas que pesan sobre las emisiones de CO2 en los 34 países miembros de la OCDE y los del G20 (países desarrollados y emergentes), concluye que el 60% de las emisiones no están sujetas a impuestos.

Además, en aquellos casos en los que los pagan, “el precio es a la baja”, señaló la organización. El estudio, que se refiere a los países responsables del 80% de las emisiones del planeta, concluye que el daño causado por el cambio climático resultante de una tonelada de emisiones de dióxido de carbono puede situarse, en una estimación muy conservadora, en 30 euros. «Solo el 10% de las emisiones pagan una tasa efectiva igual o superior a los 30 euros por tonelada de CO2″, agregó.

Se gravan emisiones del transporte

El estudio revela que la situación es particularmente preocupante en las emisiones diferentes de las derivadas del transporte por carretera, lo que incluye la industria, la producción eléctrica, los sectores comerciales, la agricultura y la pesca. En ese grupo, que supone el 85% de las emisiones en los países estudiados, el 70% no están sujetas a ninguna tasa y solo el 4% paga más de los 30 euros por tonelada.

En el transporte por carretera, por su parte, las emisiones están comparativamente sujetas a fuertes tasas, con el 46% de las mismas superiores a los 30 euros por tonelada y solo el 2% totalmente exentas. Pero el informe señala que esos impuestos no responden a motivos de preservación del clima sino a los propios de la tasación de esos combustibles. De igual forma, el informe señala que los impuestos que existen sobre la producción de electricidad, que de forma general tasan el consumo, no suponen aliciente para acudir a fuentes energéticas que sean menos contaminantes.

El Constitucional desestima el recurso de Andalucía sobre la Ley del Sector Eléctrico

EFE.- El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso presentado por el Gobierno andaluz contra varios apartados de la Ley del Sector Eléctrico relativos al autoconsumo y a la tipificación de infracciones al entender que no invade competencias autonómicas.

Según publica hoy el Boletín Oficial del Estado, la sentencia sobre dicho recurso de inconstitucionalidad no admite en lo que respecta a la disposición final segunda de la ley 24/2013 de 23 de diciembre sobre el sector eléctrico, mientras que desestima todo lo demás.

El Constitucional no admite el recurso contra la disposición final segunda porque no se incluyó en su momento en las negociaciones bilaterales entre el Gobierno y la Junta de Andalucía previas a la presentación del recurso.

En cuanto a la controversia competencial planteada por la Junta, el Constitucional sostiene que atendiendo a las competencias estatales en esta materia, «la mera creación de un registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica no ha invadido competencias autonómicas».

Tampoco estima las quejas de la Junta respecto a los artículos 64.43 y 65.35 de la ley del sector eléctrico porque la «mera tipificación de las conductas previstas en dichos preceptos permite deducir, como se hace en la demanda, que las competencias sancionadoras hayan quedado reservadas en todo caso al Estado, cuando la propia ley del sector eléctrico reconoce la existencia de potestad sancionadora».

La Junta recurrió en septiembre de 2014 cinco artículos y la disposición final segunda de la Ley del Sector Eléctrico al considerar que vulneran las competencias autonómicas sobre energía en lo relativo al autoconsumo, poniendo «en riesgo» este elemento «clave» de la política de fomento de las energías renovables y «limitando las posibilidades» de un sector que en Andalucía cuenta con 1.400 empresas y casi 45.000 empleos.