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Greenpeace asegura que el autoconsumo de energía puede suponer un ahorro de 1.770 millones de euros en combustibles y CO2

Europa Press.- Greenpeace considera que apostar por el autoconsumo de energía puede suponer para España ahorrar unos 1.770 millones de euros en combustibles, redes y 10 millones de toneladas de CO2. Así, la ONG quiere que el Gobierno promueva el autoconsumo, en línea con la proposición de Ley de Autoconsumo que está en tramitación parlamentaria y asegura que además de pagar impuestos y costes igual que el resto del sistema, los autoconsumidores aportan a la sociedad 59 euros por cada MWh producido.

Entre las medidas urgentes, Greenpeace destaca la necesidad de permitir el autoconsumo virtual compartido que permitiría introducir en España modelos de lucha contra la pobreza energética inspirado en el modelo griego. Además, plantea que la electricidad que exceda de las instalaciones de autoconsumo reciba una remuneración justa, que atienda al análisis de costes y beneficios que esta aporta a la red, la sociedad y el medio ambiente. En este contexto, insiste en que los objetivos de renovables de España deben ser ambiciosos y plasmarse en el Plan Integrado de Clima y Energía así como en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Además, Greenpeace aboga por un sistema energético 100% renovable antes de 2050.

Análisis de costes y beneficios

Greenpeace señala que el retorno de la inversión en autoconsumo sería el doble de rápido si, además de eliminar el impuesto al sol, se remunerase la electricidad excedentaria teniendo en cuenta un análisis de costes y beneficios «justo». Asimismo, asegura que los beneficios del autoconsumo superan con creces los costes incurridos en la red eléctrica o la moderación de ingresos a través de la factura.

La responsable de la campaña de energía y cambio climático de Greenpeace, Sara Pizzinato, considera que las personas que luchan contra el cambio climático deberían ser premiadas, no penalizadas. «Hay que reconocer de forma justa el valor de la electricidad generada por los autoconsumidores para acelerar la lucha contra el cambio climático y reducir la factura de la luz para todos los hogares», indicó. Finalmente, la ONG pide al Gobierno que «comience a dar ejemplo» en la lucha contra el cambio climático y la pobreza energética y devuelva a las personas la posibilidad de controlar su propia energía y le anima a que empiece por aplicar el autoconsumo en los tejados de los edificios públicos.

Las organizaciones ecologistas ven «peligrosamente» poco ambicioso el nuevo objetivo de renovables para 2030 pese a la apuesta por autoconsumo

Europa Press.- Las ONG ambientales consideran que el nuevo objetivo europeo de energías renovables, que fija un 32% para 2030, es «demasiado conservador» y «peligrosamente poco ambicioso» aunque celebran la apuesta por el autoconsumo en la Unión Europea, que supondrá a partir de 2021 el fin del llamado impuesto al sol en España y otras penalizaciones en el resto de los Veintiocho.

Para el responsable de clima y energía de Amigos de la Tierra, Héctor de Prado, mientras otras regiones mundiales apuestan «decididamente» por un futuro renovable, Europa sigue «sin hacer los deberes» y necesita cambiar su concepción sobre la energía.

«Celebramos que finalmente los decisores hayan empezado a allanar el camino que permitirá a la ciudadanía aportar su granito de arena a la transformación total del sistema para mediados de siglo», ha manifestado.

Pese a que consideran «insuficiente» el objetivo para afrontar su responsabilidad climática, estima «muy positivamente» los avances para empoderar a los ciudadanos europeos como nuevos actores energéticos en el sistema.

Además, el portavoz clima y energía de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, ha lamentado que el nuevo objetivo rebaja en dos puntos la propuesta del Parlamento, del 34% al 32%, lo que supone una producción de la energía primaria de Austria y Portugal juntas.

De hecho, ha asegurado que «falta bastante más» para cumplir el Acuerdo de París y estima que el objetivo debería situarse, seguro por encima del 40%, y preferiblemente por encima del 45%.

Por otro lado, ve «muy preocupante» que la propuesta permita seguir quemando aceite de palma como combustible y advierte de criterios «bastante laxos» al respecto, lo que permite incluir a grandes centrales de biomasa, que pueden llegar a quemar grandes toneladas de bosques y a empeorar la calidad del aire.

En todo caso, ve como noticia «positiva» que se imponga la «necesidad» de proteger el derecho de quien produce su propia energía. «Valoramos que se está ganando una batalla en el horizonte energético en el que está más cerca que cada uno pueda producir su propia energía más allá de los grandes nodos eléctricos y las grandes empresas», ha concluido.

Por su parte, Greenpeace celebra que la Unión Europea haya declarado «ilegal» el impuesto al solpor lo que urge al Gobierno a «suprimir todas las barreras» al autoconsumo renovable, que será incompatible con la nueva norma europea.

Para la ONG un 32% es «todavía insuficiente» para luchar contra el cambio climático y cree que el Ejecutivo debe poner fecha para alcanzar un sistema 100% renovable en su Plan Integrado de Energía y Clima y en la Ley de Cambio climático y Transición energética.

La nueva directiva de renovables, que entrará en vigor en 2021, reconoce el derecho de los ciudadanos al autoconsumo y a compartir energía e impide que la penalización con impuestos o cargas económicas extra o con barreras administrativas gravosas.

Para la responsable de la campaña de energía de Greenpeace, Sara Pizzinato, el fin del impuesto al sol es «una victoria de la ciudadanía» que ha «presionado» durante años. «Es más fácil liberarse del poder de las grandes eléctricas», prevé.

Sin embargo, advierte de que tendrán que seguir demandando objetivos de renovables más ambiciosos para luchar contra el cambio climático y conseguir que las eléctricas «estén obligadas a desengancharse de los combustibles fósiles y otras falsas soluciones».

En su opinión, el objetivo «mínimo» se queda «peligrosamente corto respecto al necesario para prevenir un cambio climático catastrófico» y coincide con el resto de ONG en que se debería alcanzar el 45%.

Para Pizzinato, el «giro de última hora» en la posición de los Gobiernos de España e Italia ha hecho posible «algo que parecía perdido». «Ahora es el momento de plasmar a nivel nacional esa ambición y encarrilar decididamente la transición energética hacia un sistema 100% renovable para proteger a la ciudadanía del cambio climático», ha añadido.

En la misma línea, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, cree que este «es un paso pero no es suficiente» porque la Unión Europea debe ser un acicate a los países que están en la cola, pero también ante los que están siendo más ambiciosos.

Así, añade que es preciso «empujar más para cumplir el objetivo que el planeta necesita para mantener el calentamiento por debajo de 1,5 grados centígrados», para lo que al menos debería establecerse un 45% de renovables en esa fecha. Sin embargo celebra las medidas que se toman respecto al autoconsumo que permitirán el fin del impuesto al sol y otras trabas.

Por último, la responsable de clima y energía de WWF, Mar Asunción, ha manifestado que las nuevas normas son «buenas» en lo que se refiere al autoconsumo, por lo que llama al nuevo Gobierno y a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que «quite las barreras de una vez» al conocido como el impuesto al sol, ahora que la Directiva europea lo respalda.

En cuanto al objetivo del 32% también opina que «no es suficientemente ambicioso» sino que está «lejos del 45%» que reclama WWF.

Sin embargo, ha añadido que para la ONG lo «más preocupante» es que la Directiva no establece objetivos por países y aunque «de cualquier modo es mejor que el 27% anterior», se trata de un paso adelante «tímido y que hay que reforzar».

Finalmente, denuncia que la bioenergía es «el principal escollo» porque los objetivos y requisitos son en su opinión «bastante laxos» de modo que no garantizan que la biomasa que se produzca emita menos que si se hubiera producido esta energía con combustibles fósiles.

El 38% de los españoles se ha planteado el autoconsumo energético con energías renovables, según un estudio de Greenpeace

Europa Press / EFE.- El 38% de la población española se ha planteado el autoconsumo eléctrico con energías renovables, de los que el 13% lo pensó «seriamente» y el 25% sólo si una entidad «ética, renovable y ciudadana» se lo facilita, según el estudio Energía colaborativa: el poder de la ciudadanía de crear, compartir y gestionar renovables, presentado por Greenpeace.

Según el estudio, que ha contado con una muestra de 3.000 internautas de entre 25 y 65 años, el 30,9% de las personas entrevistadas querría ejercer «su poder de compra» y escoger un nuevo proveedor de electricidad que «garantice una producción y venta sólo de renovables y de propiedad distribuida en las manos de los ciudadanos«. Entre las razones que, según Greenpeace, motivan a estas personas a dar el cambio en su tipo de consumo están «el efecto positivo» de sus acciones para el medio ambiente, el «precio justo» de la energía y el hecho de «evitar las puertas giratorias en grandes eléctricas», mientras que lo que les une es «el hartazgo» hacía las compañías.

Además, según el informe, la orientación política entre los españoles interesados en invertir en energías renovables (a través del autoconsumo, cooperativas o como inversores) «no es determinante». En este sentido, el 12,7% de los 346 encuestados que han señalado que votan al PP tienen predisposición «alta» a cambiarse; de los 436 de Ciudadanos, el 14,4%; de los 342 del PSOE, el 14,6%; y de los 681 de Unidos Podemos, el 14,4%. El estudio también revela que el 54,4% de los encuestados estaría predispuesto a ser coopropietario de una instalación de energías renovables y un 12,1%, adoptaría el rol de ciudadano inversor que participa con sus ahorros en plantas de generación.

Momento importante a nivel regulatorio

Para el responsable de Cambio Climático de Greenpeace, José Luis García, estos datos muestran que la «energía colaborativa y ciudadana tiene que tomar un rol protagonista en el nuevo modelo energético» dentro del marco legislativo que se está desarrollando en la Unión Europea, con el Paquete de Medidas de Energía Limpia que está preparando, y en España, donde se está elaborando la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Asimismo, destacó que en el resto de Europa, como Alemania, la transición energética es «una política de Estado, independientemente del color político del Gobierno», y por eso «están más avanzados». Por ello, subraya que «promover la participación ciudadana es técnicamente viable» y «debe ser un derecho».

Por su parte, la responsable de campaña de energías renovables de Greenpeace, Sara Pizzinato, ha señalado que una de las principales conclusiones de este estudio es «el desconocimiento» de la población. En este sentido, asevera que, en contra de lo que cree mucha gente, «el autoconsumo no está prohibido«. La ciudadanía «se siente robada en la factura de la luz, pero no sabe cómo ponerle remedio», asegura. A juicio de la responsable de la ONG, este desconocimiento forma parte de una «estrategia de las compañías y el Gobierno para mantener desinformada a la población», según indicó. «Es inaceptable que se pongan barreras a la democratización de la energía», ha añadido.

Por otro lado, la presidente de la Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de España e integrante de Rescoop (Federación Europea de Cooperativas de Energía Renovables), Erika Martínez, indicó que, en la última década, España ha conseguido hasta 75.000 socios de compañías cooperativas de sistemas renovables. Para Martínez, el principal obstáculo de la participación ciudadana es «el entorno jurídico«. Por ello, ha dicho que, la ley que se está preparando en España debería «derogar el impuesto al sol«, desarrollar el I+D+i en renovables, incrementar los objetivos de eficiencia energética y poner en marcha el denominado balance neto, para que los productores sólo paguen la diferencia de lo que han necesitado de la red o reciban lo que han volcado.

El Gobierno veta la ley de la oposición contra los cargos al autoconsumo porque el Estado perdería 172 millones

Europa Press.- El Gobierno ha comunicado al Congreso su rechazo a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley sobre autoconsumo energético con la que la oposición pretendía poner fin al llamado impuesto al sol, un veto que se justifica en que su puesta en marcha supondría una merma en la recaudación de 162 millones de euros en impuestos y un gasto de 10 millones adicionales para compensar el déficit que provocaría la consecuente reducción de los peajes.

La proposición de ley, registrada en el pasado mes de enero por el PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PDeCAT, Compromís, UPN, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canaria y Bildu, trataba de fomentar el autoconsumo energético, eliminando todo peaje al consumo de energía autoproducida, posibilitando que varios grupos compartieran instalación y eliminando la obligación de obtener un punto de conexión. Conforme a lo previsto en la Constitución, la iniciativa legislativa se envió al Gobierno para que diera su conformidad a la tramitación parlamentaria y la respuesta acaba de llegar al Congreso con un nuevo escrito de veto, el 24º  que registra en lo que va de legislatura.

El escrito concluye que legalizar el autoconsumo energético conllevaría una menor recaudación tributaria y una disminución de ingresos por peajes que inevitablemente provocaría un incremento de las aportaciones que desde los Presupuestos Generales del Estado se realizan al sistema eléctrico. Tomando cifras del sector, el Gobierno relata que el autoconsumo representa el 2% del volumen total, lo que supone 220 millones que no se negociarían y detalla que, sin ellos, se produciría una merma de 74 millones en la recaudación fiscal entre el impuesto de generación (15 millones), el impuesto especial de electricidad (11 millones) o el IVA (48 millones).

El Gobierno estima que retirar el 2% de la generación del pool energético equivaldría a reducir el precio de la electricidad y recaudar otros 74 millones de euros menos. Del mismo modo, el sistema de peajes se recortaría en 50 millones, lo que a su vez supondría una merma en la recaudación de otros 14 millones y un gasto adicional de otros 10 millones de euros de los Presupuestos para compensar el déficit en el sistema eléctrico. Respecto a las medidas contempladas en la iniciativa sobre autoconsumo, el Gobierno recalca que «la seguridad de la red exige conocer la ubicación de los autogeneradores», por lo que considera «imprescindible» contar con un registro administrativo de instalaciones.

Igualmente, señala que además de los consecuentes costes presupuestarios, los costes advertidos sobre el sistema eléctrico generarían nuevos déficits de tarifa, generando «una situación de inestabilidad». Compensar este déficit de ingresos «implicaría necesariamente», advierte, «una subida de peajes que afectaría a todos los consumidores, principalmente a aquellos que no autogeneran y a los consumidores vulnerables». «Esta situación es injusta y regresiva, ya que favorece a aquellos consumidores con mayor poder adquisitivo que pueden hacer frente al coste de instalación que supone autogenerar su energía«, apostilla a renglón seguido. También sostiene que la eliminación del registro del autoconsumo «tendría impacto en la seguridad del sistema eléctrico».

Por último, el Gobierno concluye aseverando que «el autoconsumo no es una medida ni de ahorro ni de eficiencia energética, por lo que no es correcto equipararlo con ambos conceptos». «Es evidente que el consumo del autoconsumidor es el mismo tanto si la energía proviene de la red, como si la genera él mismo», defiende. Asimismo, considera que el marco vigente es «estable» y «no supone ninguna barrera al autoconsumo, ni desde el punto de vista técnico, administrativo o económico».

Greenpeace: el Gobierno “se equivoca”

Greenpeace denuncia que el Gobierno «se equivoca» cuando deja fuera el autoconsumo energético y lamenta que la política energética del país está hecha «a la medida de las grandes empresas» porque el Ejecutivo insiste en no calcular los beneficios económicos del empleo del autoconsumo para centrarse en inflar sus posibles costes. La ONG advierte de que el Gobierno «pisotea» el derecho ciudadano a participar activamente en la transición energética al tumbar la propuesta de ley de autoconsumo de la práctica totalidad del Congreso de los Diputados menos el partido del Gobierno, PP, y Foro Asturias.

Con ello, critica que el Gobierno está admitiendo que no acepta el derecho a disfrutar de los beneficios de las energías renovables sino que tampoco aceptará «ninguna medida que reduzca el consumo de electricidad ni que baje la factura de la luz para la ciudadanía». A su juicio, esto es una declaración «en contra del ahorro», la eficiencia energética y el derecho ciudadano a participar de manera activa en la transición energética con la producción y autoabastecimiento con energías renovables.

Para la responsable de energías renovables de Greenpeace, Sara Pizzinato, el Gobierno seguirá contando «solo» con las grandes empresas eléctricas para el nuevo modelo energético y «se equivoca». «El cambio climático, la desigualdad extrema y la corrupción apuntan a tres grandes fallos de nuestro sistema político y económico entrelazados entre sí, y no podemos esperar que se solucionen sin la participación y el control ciudadano. El autoconsumo es una herramienta fundamental para ello», ha declarado. Greenpeace asegura que el Gobierno «no ha realizado ningún análisis serio» sobre costes y beneficios del autoconsumo y se dedica a inflar la posible reducción de la recaudación para el Estado y evitar que la propuesta de ley pueda prosperar o, por lo menos, frenarla.