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El Congreso convalida el real decreto del Gobierno que devuelve a la CNMC con total independencia las competencias en Energía

Europa Press.- El Congreso de los Diputados ha aprobado la convalidación del real decreto ley que el Gobierno aprobó en enero para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la normativa europea, que establece que los reguladores de los mercados interiores de gas natural y electricidad sean totalmente independientes.

La Cámara Baja ha convalidado así el decreto ley de medidas urgentes para adecuar las competencias de la CNMC a las exigencias de derecho comunitario sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha defendido que este decreto «pone fin a un periodo marcado en este ámbito por la litigiosidad de incertidumbre jurídica y la mala relación entre instituciones», en alusión al cambio de criterio, aprobado por el PP en 2014, por el cual arrebataba a Competencia la fijación de los peajes y cánones que se aplican para establecer las tarifas eléctrica y de gas.

Por ello, la Comisión Europea llevaba desde el año 2016 amenazando con interponer una sanción al Reino de España por no trasponer correctamente las directivas europeas en el ámbito de la regulación energética. De esta forma, Ribera, quien se comprometió a devolver estas competencias a la CNMC nada más ser nombrada ministra, ha señalado que el Gobierno «ha cumplido con su obligación y con el compromiso adquirido ante la Comisión«. Momentos previos a la votación, la ministra dio un ultimátum a la Cámara para que se convalide finalmente un decreto que pondría fin «al incumplimiento arrastrado durante años» o, por el contrario, «daría por buena la que sería una inevitable sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

Esta convalidación confirma las funciones que, con arreglo al derecho comunitario, corresponden al regulador, como la aprobación de la estructura, metodología y valores concretos de los peajes de acceso de gas natural, electricidad y GNL, la retribución del operador, las reglas de funcionamiento en mercados regulados o el control de los planes de inversión, pudiendo Competencia hacer recomendaciones. En ese sentido, Ribera ha destacado que esta nueva norma «facilita la estabilidad y la confianza de los inversores y los consumidores».

Por el contrario, el diputado del PP, Guillermo Mariscal, ha manifestado que esta medida «reduce la competencia y por tanto la competitividad de la economía española y perjudica gravemente al crecimiento industrial«. Mariscal ha atribuido los recientes anuncios de cierre en España por parte de varias multinacionales de la Industria, como los de Alcoa, Vestas o Cemex, a la «incertidumbre continua» que el Gobierno estaría ejerciendo sobre los precios de la energía en el país.

En concreto, ha aludido al recorte del 78% de las ayudas a la industria electrointensiva incluido en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estados (PGE), que finalmente fue tumbado por la mayoría del Congreso. El diputado del PP también ha arremetido contra el Ejecutivo de Sánchez por haber mantenido «reuniones secretas» con las compañías eléctricas con el fin de alargar la vida de las centrales nucleares hasta los 44 o 48 años, desde los 40 años que defendía el PSOE con anterioridad. «Se dieron cuenta que era imposible cumplir con los objetivos si eso ocurría», ha afirmado Mariscal.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez ha criticado que este decreto «se ha hecho evitando la consulta pública y sin haber hablado nada con nadie», añadiendo que «no es excesivamente ambicioso«. Por último, la diputada del grupo Unidos Podemos, Rosa Martínez, ha incidido en la importancia de que estas competencias vuelvan a la CNMC, debido a que ayudará a la transparencia del sistema, aunque ha urgido a buscar un procedimiento de nombramientos que ahonde en esta transparencia e independencia y ha señalado que sigue faltando atribuirle también la gestión del espacio radioeléctrico.

Unidos Podemos solicita la comparecencia de Ribera para que explique en el Congreso la postura del Gobierno en la cumbre de interconexiones energéticas

Europa Press. – Unidos Podemos ha registrado en el Congreso una petición de comparecencia de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, con el objetivo de que explique cuál ha sido la postura del país en la cumbre sobre interconexiones energéticas, celebrada a finales de julio en Lisboa.

La proposición, firmada por el diputado de En Comú y portavoz del grupo confederal en materia de Energía, Josep Vendrell, y la diputada de Equo Rosa Martínez, reclama la presencia de Ribera ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso.

En la pasada cumbre, España firmó, junto con Francia y Portugar, un acuerdo de financiación del proyecto de interconexión energética entre el país galo y la Península Ibérica a través del Golfo de Vizcaya, que se traducirá en una línea de crédito de 578 millones de euros.

 

La mayor de las subvenciones

Así, la Unión Europa, a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI), dio el visto bueno a la línea de crédito para desarrollar este proyecto entre Francia y España, que, según destacó el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, es la «mayor subvención» dada a un proyecto energético por la UE.

A Lisboa acudió en representación del país el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien explicó que España, Francia y Portugal tienen «visiones muy parecidas» sobre los desafíos del conjunto de la UE, entre los que están las «interconexiones energéticas».

AEE valora el informe del comité de expertos pero cree que «no queda reflejado» todo el potencial de la eólica

Europa Press / EFE.- Mientras desde Equo, integrante de Unidos Podemos, aseguran que el informe del comité de expertos sobre transición energética señala que el aumento de la capacidad de la interconexión con otros países no facilita la consecución de los objetivos ambientales y no favorece a las renovables, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) valora el informe de los expertos, ya que «propone medidas positivas», pero considera que el potencial de la eólica «no queda reflejado en todos los escenarios contemplados por los expertos«.

La patronal destaca que el documento contempla «un incremento sustancial» de la generación renovable en el sistema en los próximos años, apuesta por una reforma de la fiscalidad, una gobernanza independiente y una reducción de los extracostes de la tarifa eléctrica, todo ello respaldado por un aumento sustancial en la electrificación de la economía. Sin embargo, AEE cree que los parámetros asignados a la eólica no reflejan la actualidad de esta tecnología en lo referente a costes y horas de producción, donde en las últimas subastas de nueva potencia la inversión inicial fue de 1,2 millones de euros por megavatio (MW), un 7,7% menos que en el informe, mientras que las horas equivalentes mínimas eran de 3.000, un 36% más.

El informe, sin embargo, contempla una inversión de 1,3 millones de euros por MW y 2.200 horas equivalentes mínimas. Asimismo, AEE señala que en el escenario que más ventajas ofrece para el cumplimiento de los objetivos a 2030, se contempla un incremento de la eólica de 31.000 a 47.150 MW, constatando que con una mayor aportación de esta tecnología es posible alcanzar «objetivos más ambiciosos de la aportación de renovables en el mix (energías que suministran la electricidad), por encima del 27% en energía final«.

Por otra parte, considera que hubiera sido «deseable» que los expertos hubieran tenido en consideración la repotenciación del parque eólico español, del que el 50% tendrá en 2030 más de 25 años. Según la AEE, la repotenciación implica que, con menos aerogeneradores, se logra más producción de energía (en algunos casos hasta el doble) y la eficiencia es mayor, lo que redunda en un mayor cumplimiento de los objetivos europeos que se aprueben para 2030.

Así, AEE, que subraya que el informe de los expertos es «un paso adelante» en el debate sobre cómo hacer la transición energética en España, ve necesaria una planificación para los próximos años que garantice un mix equilibrado y una integración «ordenada y progresiva» de las tecnologías renovables según su nivel de competitividad. Esta asociación ya presentó un documento para su consulta a los expertos en el que señalaba que la potencia eólica instalada en España en 2020 alcanzaría los 28.000 megavatios (MW) y en la década siguiente los 40.000, un escenario que la AEE califica de «posible» y «realista».

Equo cuestiona las interconexiones energéticas

Por su parte, tras el informe de los expertos, la diputada de Equo / Unidos Podemos, Rosa Martínez, exigió de nuevo al Gobierno y a Red Eléctrica la paralización del proyecto de conexión eléctrica entre España y Francia por el Golfo de Vizcaya. Martínez asegura que, según los resultados obtenidos de las simulaciones eléctricas recogidas en el informe del comité de expertos para asesorar la estrategia de energía y clima, las interconexiones no mejoran la consecución de los objetivos ambientales.

Para la diputada, se desmienten así parte de los argumentos esgrimidos por el Ministerio de Energía para justificar la construcción de la megainfraestructura submarina proyectada en el Golfo de Vizcaya, 278 kilómetros de cables submarinos más otros 80 terrestres para unir la estación de conversión existente en Gatika, (Vizcaya) y la estación de Cubnezais, en la región francesa de Aquitania.

Según Martínez, las simulaciones del informe reflejan que, con la interconexión, por una parte, se aumentan las emisiones, y por otra, se mantiene o se reduce el porcentaje de energías renovables estimado en energía final. A esto ha de sumarse, según el estudio, que un incremento de las interconexiones se traduce en un aumento del coste marginal de la energía. El experto propuesto desde Unidos Podemos, Cristóbal José Gallego, apunta además en sus conclusiones que a ese encarecimiento se ha de añadir el aumento de los costes de inversión en la red de transporte, que pasan de 131 a 334 millones de euros al año.

«En este informe del comité de expertos se reconoce que estas interconexiones eléctricas no tienen los beneficios ambientales apuntados y encarecen la luz. El Gobierno de Rajoy tiene que replantearse este proyecto con un gran impacto en el territorio de Vizcaya y un elevado coste económico. No pueden pasar por alto los resultados de estos expertos», insiste Martínez. En caso de que el Ejecutivo de Rajoy siga adelante con el proyecto en Vizcaya, la diputada de Equo en Unidos Podemos emplaza al Gobierno a entregar datos sobre los «beneficios concretos» de este proyecto. «El coste de los actuales proyectos de interconexión en marcha puede convertirse en otro ejemplo más de infraestructuras innecesarias como lo fue el proyecto Castor», advirtió Martínez.

 

Unidos Podemos pide apoyar la propuesta del Parlamento Europeo para vigilar las emisiones de los vehículos y desincentivar el diesel

Europa Press.- Unidos Podemos presentó una proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a defender y apoyar la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo para homologar y vigilar el mercado de los vehículos de motor de cara al cumplimiento de la normativa y límites de emisiones de CO2.

Así, la diputada de Equo, Rosa Martínez, ha explicado que la iniciativa registrada busca que la Comisión Europea pueda vigilar a los Estados miembro tras demostrarse en el pasado que los países han sido «muy laxos» en esta materia como demuestra el caso Dieselgate. Además, ha añadido que Podemos quiere que se imponga la «máxima transparencia» para poder publicar los resultados para que los consumidores y las instituciones sepan qué marcas cumplen los estándares de emisiones y cuáles no. «Creemos que el control de las emisiones de los vehículos es clave en la contaminación», ha manifestado la diputada por Vizcaya.

Asimismo, el grupo considera que es «clave» para la industria automovilística pasar a «una nueva movilidad», con nuevos vehículos eléctricos y que cada vez sean menos contaminantes y con los que se vayan abandonando progresivamente los combustibles fósiles. En este contexto, Martínez ha recordado que recientemente el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital publicó un informe en el que «prácticamente todos» los vehículos analizados superaban los límites de emisión. «Sólo 1 de cada 10 vehículos diesel en Europa cumple los límites de emisiones», asegura.

La iniciativa parlamentaria pide al Gobierno que apoye la propuesta del Parlamento Europeo, «muy especialmente”, en cuanto dice que se vigilarán un 20% de los nuevos modelos de vehículos en carretera cada año y que se realizarán estos test en todas las categorías. Del mismo modo, la proposición pide aceptar las auditorías y revisiones a las autoridades nacionales con capacidad de realizar homologaciones y la creación de una base de datos digital pública con los resultados de las pruebas realizadas. Finalmente, insta al Gobierno a defender la realización de análisis de emisiones de CO2 en condiciones reales de conducción para evitar «casos» como el Dieselgate.

Por su parte, Mónica Vidal, de Ecodes, presentó un informe de Transport & Environment, la ONG que descubrió el fraude de las emisiones de la industria del automóvil. El estudio Diesel: The true dirty story analiza la situación actual dos años después del descubrimiento del software instalado en algunos vehículos con motor diésel, que alteraba las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) cuando detectaba que el coche estaba siendo objeto de pruebas de laboratorio, y asegura que sobre las carreteras europeas circulan ahora 37 millones de vehículos contaminantes de diesel.

Entre sus conclusiones, el estudio afirma que el 70% de los vehículos diesel se venden en el mercado europeo, frente al 1% en Estados Unidos o el 2% en China. El informe plantea distintas soluciones para poner fin a esta situación de elevadas emisiones a consecuencia del transporte en Europa, introduciendo incentivos mayores a los vehículos sin emisiones y terminando con los bonus y beneficios fiscales a los vehículos diesel. También expone otras medidas como reducir el tráfico urbano con restricciones y zonas por las que únicamente puedan circular vehículos eléctricos o bajos en emisiones.

Unidos Podemos demanda al Gobierno que defienda unos objetivos de energía y clima más ambiciosos ante la Unión Europea

Europa Press.- Unidos Podemos, grupo parlamentario del que forma parte Equo, exigió al Gobierno una serie de objetivos verdes que deberá defender en el marco de la Unión Europea, dentro de la negociación del paquete de medidas legislativas Energía limpia para todos los europeos. Así lo hizo con una moción consecuencia de la interpelación que la coportavoz de Equo, Rosa Martínez, dirigió al ministro de Energía, Álvaro Nadal.

En su iniciativa, Unidos Podemos plantea que el Gobierno defienda en las negociaciones comunitarias objetivos nacionales y vinculantes para situar en 2030 el uso de renovables en el 45% y el ahorro en eficiencia energética en el 40%. Este es uno de los objetivos con los que Unidos Podemos esperaba que el Congreso instara al Gobierno a redirigir su política energética en Bruselas. Otras de las medidas propuestas por Unidos Podemos pasan por defender el acceso prioritario de las energías renovables a la red eléctrica, el apoyo a las cooperativas de productores energéticos, el establecimiento de «una estrategia transversal contra la pobreza energética» y la obligatoriedad de un presupuesto de carbono en la Unión Europea.

Asimismo, también llaman a acabar con los mecanismos por capacidad, pues consideran que son «subvenciones encubiertas a las energías sucias» y, si no es así, recurrir a ellas siempre que no se supere el umbral de emisión de 350 gramos por CO2, como propone la propia Comisión Europea, para centrales ya existentes y nuevas. Otras de las medidas que incluyen en su moción son el fin de las subvenciones públicas a los agrocombustibles, que compiten con la producción alimentaria y contribuyen a la deforestación en países empobrecidos, reforzar la cooperación a nivel nacional, regional y municipal, y fijar una tasa de renovación de viviendas «eficientes, saludables y asequibles» del 3%.

Durante su interpelación Nadal, la dirigente de Equo afeó al ministro que España no se situara en el «eje París-Berlín» y se decantara por hacer «causa común con Polonia en defensa de las energías sucias». En el texto de la moción, Martínez critica que, aunque los objetivos propuestos por la Comisión Europea «no son todo lo ambiciosos que deberían para dar cumplimiento a los Acuerdos del Clima de París», la posición del Ejecutivo español «ha sido la de defender unos objetivos en energía renovables y eficiencia energética muy por debajo de los propuestos por la Comisión». De esta forma, la diputada de Unidos Podemos acusa al Gobierno de «defender una transición mucho más lenta de lo que es posible tecnológicamente».

Martínez critica que la posición española condicione cualquier objetivo y acuerdo a la construcción de nuevas interconexiones, que si bien concede que este elemento «será importante en la transición energética» asegura no compartir «la supeditación de los objetivos de renovables a la construcción de nuevas interconexiones». Así, advierte del «altísimo coste económico» de estas infraestructuras y vuelve a demandar «máxima transparencia y control» habida cuenta de su impacto ambiental. «Necesitamos más información y evidencias de la necesidad estratégica de estos proyectos: estudios de mercado, los cálculos, análisis de coste-beneficio, de la viabilidad de otras opciones (ahorro, almacenamiento, gestión de la demanda)… Estos informes deben ser públicos y debatidos, dado el esfuerzo que va a suponer en la factura eléctrica», asevera.

El Gobierno retira el veto a la ley de Podemos/Equo para prohibir el fracking y se tramitará en el Congreso

Europa Press.- El Gobierno retiró el veto que presentó contra la proposición de ley de Unidos Podemos para prohibir el fracking como técnica de investigación y extracción de hidrocarburos, por lo que ahora se podrá tramitar en el Congreso de los Diputados.

El Ejecutivo alegó en abril que la puesta en marcha de esta norma supondría «un impacto presupuestario de 625.000 euros» relacionados con el canon de superficie que exige la Ley del Sector de Hidrocarburos, y que se devenga por cada emplazamiento de sondeos en los permisos de investigación. Según confirmaron fuentes oficiales, finalmente el Gobierno ha retirado el veto a esta norma al entender que el coste de su puesta en marcha podría ser cero al no cobrarse la tasa.

Equo ya anunció en su momento que elevaría un escrito a la Mesa del Congreso para pedir la retirada del veto en el que, además, se pediría un informe a la oficina presupuestaria de la Cámara Baja. La coportavoz de la formación ecologista, Rosa María Martínez, acusó al Ejecutivo de «bloquear cualquier iniciativa legislativa de la oposición», ya que ya ha vetado iniciativas relacionadas con el autoconsumo y con el cierre de las centrales nucleares. La proposición de ley podrá continuar ahora su tramitación parlamentaria y la Mesa del Congreso abrirá un plazo de enmiendas para que el Pleno de la Cámara pueda debatir y votar su toma en consideración.

Equo (Unidos Podemos) presenta en el Congreso una ley para prohibir el fracking

Europa Press.- Equo, en nombre de Unidos Podemos, registró en el Congreso una proposición de ley para prohibir la fractura hidráulica o fracking como técnica para la investigación y extracción de hidrocarburos en todo el territorio español. El texto señala que el incumplimiento de esta norma tendría carácter de infracción muy grave con multas de hasta 30 millones de euros, así como la revocación o suspensión de la autorización administrativa y la consecuente inhabilitación temporal para el ejercicio de la actividad durante 5 años.

La coportavoz de la formación ecologista, Rosa Martínez, criticó esta práctica por ser «perjudicial para la salud», suponer un «alto riesgo sísmico» y dañar los recursos hídricos. Según explicó, debe ser responsabilidad política «cerrar la puerta a esta técnica» que, a su juicio, «lo único que hace es poner el beneficio económico por encima de las personas». Martínez defendió, también, que no se trata del «modelo de desarrollo económico» que Equo desea para el mundo rural. «Apostamos por un modelo sostenible, en el que se cree valor y beneficios económicos sociales y ambientales», apuntó la diputada ecologista, que cree que el fracking «sólo deja beneficios a las grandes corporaciones energéticas».

En este sentido, reclamó apoyo para las renovables y recordó que, para cumplir con el Acuerdo del Clima de París, ratificado por España, no tiene sentido «seguir invirtiendo en conocer y extraer nuevas reservas de combustibles fósiles de energías sucias». «Busquemos en el cielo el futuro y dejemos de buscarlo bajo tierra», apuntó. La ley presentada por la formación ecologista también incluye la modificación de algunos puntos de la Ley del sector de hidrocarburos relacionados con la regulación de las medidas tributarias y no tributarias en relación con la explotación de hidrocarburos y la investigación.

Unidos Podemos pide una comisión de investigación sobre la subida del precio de la luz

EFE / Europa Press.- Unidos Podemos y Compromís presentaron en el registro del Congreso una solicitud en la que piden la creación de una comisión parlamentaria para investigar «el incremento continuado del precio de la luz» y esclarecer el «origen y justificación» de todos los componentes que contribuyen al precio final. Estas formaciones reclaman que se investiguen los distintos conceptos que se incluyen en la tarifa eléctrica regulada, en la que el coste de la energía, que se marca en el mercado mayorista, sólo representa el 35% del total.

Entre los conceptos a investigar, la solicitud cita la retribución de las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica, los pagos para compensar los mayores costes de la generación extrapeninsular (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla), las primas a las renovables o las ayudas al carbón nacional. Además, se señalan los costes asociados a la recuperación del déficit de tarifa acumulado en ejercicios anteriores y los pagos por garantía de potencia. En este último caso, los partidos firmantes plantean si es necesario incluirlos en la componente de mercado dado el carácter de subsidio que tiene. Sobre el IVA, Unidos Podemos y Compromís han pedido determinar si el actual tipo del 21% está justificado en un bien básico como la electricidad.

Josep Vendrell, diputado de En Comú Podem y portavoz de Energía, ha aludido al derecho de la sociedad a saber «qué ha ocurrido» para llegar a esta situación. Vendrell criticó que el actual precio se debe a «decisiones políticas erróneas» o a mecanismos del mercado «injustos». El diputado destacó que a pesar de la subida del precio de la luz en otros países vecinos, estos tienen «un salario mínimo mucho más alto». Vendrell ha pedido el apoyo del resto de grupos para crear una comisión de investigación sobre la «estafa eléctrica», con la que se citará a los «máximos responsables políticos de diferentes gobiernos», tanto del PSOE como del PP, a directivos de empresas eléctricas, a expertos y movimientos sociales.

Asimismo, la coportavoz de Equo y diputada de Unidos Podemos, Rosa Martínez, criticó que el PP esté «dificultando» las comisiones de investigación en un intento por «evadir la responsabilidad del Congreso de control del Gobierno». Por ello, pidió al Ejecutivo que asuma su «responsabilidad» y acepte con «naturalidad democrática» el uso del reglamento para esclarecer un sistema eléctrico «opaco» en el que se produce un «trasvase injustificado» de las rentas de las familias y las empresas al oligopolio eléctrico. Así, asegura que el Congreso «tiene que tomar la iniciativa». Además, Martínez ha apuntado a la «preocupación social» como reclamo para investigar el marco regulatorio actual.

Déficit y pagos por capacidad

La propuesta de creación de comisión busca investigar los motivos que han llevado al mercado regulatorio actual que permite que externalidades como la meteorología o el precio del gas y el carbón tengan un impacto «tan elevado» en el precio de la electricidad. El objetivo es esclarecer los CTC y el «regalo de 3.600 millones de euros a las eléctricas” que se produjo con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los «elementos fundamentales de la estafa eléctrica», según Vendrell. También investigará el déficit de tarifa de 25.000 millones y los pagos por capacidad que suponen 400 millones al año para tener disponibles centrales de ciclo combinado cuando se necesitan «y ahora que se necesitan no están operativas».

Unidos Podemos y Compromís ven necesario establecer en detalle cómo se constituyen los conceptos que conforman la parte regulada de la tarifa eléctrica: transporte, distribución y gestión comercial, organismos de operación del sistema y del mercado, CNMC, compensación por generación insular y extrapeninsular, adquisición de régimen especial o carbón, entre otros. También ven preciso una explicación «exhaustiva» de los constantes aumentos del precio a través de sus conceptos de mercado diario, intradiario y de operación, pagos por capacidad y garantía de potencia. De igual forma, Vendrell considera necesario que, en el marco de la comisión de investigación solicitada, se estudiase la justificación del «excesivamente elevado» IVA del 21% sobre un bien necesario como la luz.

Además, apuntó a los «beneficios caídos del cielo» como otro de los puntos a investigar, ya que el actual mecanismo de fijación de precios hace que las centrales hidroeléctricas y nucleares «totalmente amortizadas» y que ya recibieron pagos para su amortización, reciban ahora beneficio «como tecnología más cara». «Pagamos ocho veces más por la tecnología hidroeléctrica», ha denunciado Vendrell, quien denuncia la «mala regulación apoyada y decidida por los gobiernos del PSOE y el PP». Una auditoría independiente sería el paso previo a una reforma del sistema eléctrico que garantice la «fórmula del futuro», en la que se primarán las renovables, frente a la del «pasado» del ministro que «preserva los intereses de las eléctricas».

Podemos / Equo presenta una batería de iniciativas en el Congreso para frenar el cambio climático en España

Europa Press / EFE.- Podemos / Equo presentó 5 iniciativas en el Congreso de los Diputados con el objetivo de instar al Gobierno a implementar una serie de medidas para frenar el cambio climático en España desde distintos ámbitos y que España convierta la lucha contra el cambio climático en una «cuestión estratégica» y se convierta en uno de los países que lidere la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo. De no configurarse un acuerdo de investidura antes del 2 de mayo, no serán tramitadas.

Coincidiendo con la celebración este viernes del Día de la Tierra y de la firma en Nueva York del acuerdo del Clima de París por parte de 170 países, la formación que lidera Pablo Iglesias presentó estas iniciativas en la Cámara, tras un trabajo conjunto con las organizaciones ecologistas Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción, Amigos de la tierra y SEO Bird Life. Las diputadas de Podemos, Rosa Martínez (parlamentaria por Equo), Ione Belarra y Sofía Castañón, reivindicaron que las políticas contra el cambio climático deben representar una «prioridad» para los distintos gobiernos y por eso deben abordarse desde distintos ámbitos.

Se trata de 5 proposiciones no de ley que recogen medidas de género e igualdad, de migraciones, de empleo o de energía. En este sentido, la portavoz adjunta de Podemos en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático y diputada por Equo, Rosa Martínez, recordó que el cambio climático afecta en la actualidad a millones de personas en todo el mundo, incrementando la pobreza. Según ha advertido, el impacto de este problema también se está sintiendo en España, las altas temperaturas de los últimos años serán habituales y “supondrá que dentro de 20 años tendremos el clima de Marruecos”.

«Consideramos que las políticas contra el cambio climático deben ser una prioridad para el Gobierno e instamos a introducirlas en todas las políticas y áreas de gobierno, desde la perspectiva de los derechos y la justicia climática», ha agregado. Las iniciativas registradas aluden a la toma de medidas para poner en marcha la transición energética hacia un modelo libre de emisiones de CO2, desarrollar un marco legislativo que ampare a las personas que en el futuro tendrán que desplazarse en España como consecuencia del calentamiento, generar empleo verde o incluir la perspectiva de género en la toma de estas decisiones.

La mayoría del Congreso pide al Gobierno que prohíba el fracking y suspenda los permisos ya concedidos

Redacción / Agencias.- La Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados aprobó una iniciativa planteada por ERC y pactada con PSOE, Podemos, Democracia y Libertad y el PNV, para instar al Gobierno a que prohíba el uso de la fractura hidráulica, el llamado fracking, en todo el país y para que suspenda los permisos de todo tipo ya concedidos durante esta legislatura.

La iniciativa de ERC, modificada con las propuestas de Podemos y el PSOE, pasa por reclamar al Ejecutivo que lleve a cabo las modificaciones legislativas necesarias para prohibir el fracking, respetando plenamente las competencias autonómicas, y para suspender cautelarmente las prospecciones ya previstas, incluso las que están en fase de proyecto o permiso de investigación. Igualmente, se pide una moratoria durante toda esta legislatura para todos los permisos o peticiones de autorización de investigación, prospección o explotación en trámite o los que ya hayan sido concedidos, así como derogar todos los artículos normativos de la ley de hidrocarburos que favorecen la implantación de esta técnica en España, fundamentalmente incentivos económicos.

El texto ha salido adelante con los 22 votos de ERC, PSOE, Podemos, Democracia y Libertad y el PNV, y pese a los 16 votos en contra de PP y Foro Asturias (FAC). Los 5 diputados de Ciudadanos se han abstenido. La diputada de ERC, Teresa Jordà, ha advertido de los efectos nocivos del fracking en la salud humana, el medio ambiente y el ámbito rural. Igualmente, ha afirmado que la «España centralizadora, ultraliberal y expoliadora» pretende «imponer su autoritarismo» en zonas donde existe una «gran resistencia«. «El valor que tienen para nosotros estas cosas es lo que estamos votando aquí», indicó, reclamando rechazar el fracking y apostar «de una vez por todas» por el «necesario» cambio de modelo energético.

La diputada socialista por Cantabria, María del Puerto Gallego, coincide en que los «riesgos» del fracking ya son conocidos, lo que preocupa a los ciudadanos. La socialista subrayó la resistencia ciudadana a estos proyectos, pese al intento del PP «de comprar la voluntad» de los ciudadanos con su ley de hidrocarburos, que prevé incentivos fiscales y económicos para los habitantes y territorios afectados.»Es lógico y de sentido común que el Gobierno pusiera freno a estas prácticas. Pero en contra de esa lógica, el PP ha hecho una huída hacia adelante», criticó, señalando que con la «excusa» de la dependencia energética los populares fomentaron esta técnica.

María Rosa Martínez, de Equo Podemos, que aportó cambios de tipo técnico a la proposición no de ley de ERC, coincide en que el principio de precaución es fundamental ante esta técnica, por los «notorios» efectos «nocivos» sobre la salud y el medio ambiente que tiene, además de porque es «incompatible» con otras actividades económicas, pese a tener un «escaso retorno energético, económico y social». Por ello, ha sugerido que «las enormes inversiones» de las multinacionales del fracking se usen en la transición energética hacia un modelo de energías limpias.

El portavoz popular de Energía, Guillermo Mariscal, considera que «cualquier país serio debe saber los recursos energéticos de los que dispone», sobre todo si es tan dependiente como España, y además recuerda que la pasada legislatura se aprobó un cambio normativo que «garantiza la seguridad de las personas y el medio ambiente» ante este tipo de actividades, que además generan desarrollo económico y abaratan los precios de la energía. Isidro Martínez Oblanca (Foro Asturias) ha lamentado la «mucha desinformación» que hay en torno a esta «controvertida» técnica, que utilizan muchos países del mundo. “No cerramos la puerta a la exploración y, si cabe, la explotación de estos recursos», ha señalado, recordando que la Unión Europea considera este recurso como «estratégico».

La portavoz de Industria de Ciudadanos, Elena Faba, por último, ha reconocido que los informes sobre el fracking «alertan» de «notables» riesgos medioambientales. Pero también cree que es «fundamental» la «prudencia«, por lo que propusieron una enmienda que no ha sido admitida, consecuencia de lo cual se ha abstenido en la votación final pese a estar de acuerdo con poner restricciones al fracking con una moratoria pero en contra de apoyar una prohibición total de la técnica. «No tenemos suficiente información y así es imposible adoptar decisiones», concluyó, recordando que no se han tenido suficientemente en cuenta los efectos de las posibles responsabilidades patrimoniales que podrían exigirse si se aplica la moratoria que pedía ERC sobre los permisos ya concedidos.

Greenpeace felicita a los políticos

Desde la organización ecologista Greenpeace felicitaron a la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados por aprobar una proposición no de ley que exige al Gobierno prohibir el fracking o fractura hidráulica en España y considera que este es «un paso fundamental para el fin de esta peligrosa e innecesaria práctica». «Es una gran noticia que por fin el Congreso de los Diputados apruebe una prohibición del fracking, ya que el Gobierno del Partido Popular ha estado apostando por esta peligrosa técnica durante toda su legislatura», apuntó el responsable de campañas de Greenpeace España, Julio Barea.