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Compromís propone blindar la retribución de las energías renovables para que no se revise al término de cada período regulatorio

Europa Press.- Compromís quiere blindar el valor sobre el que gira la rentabilidad razonable para las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de renovables, cogeneración y residuos. Así consta en la proposición no de ley registrada por la formación valenciana, con la que reclaman la modificación de la Ley del Sector Eléctrico para endurecer los cambios permitidos a estas retribuciones.

En ella se fijó una rentabilidad razonable para toda la vida regulatoria sobre el rendimiento medio en el mercado secundario de la deuda pública a 10 años, incrementada en 300 puntos básicos, si bien abriendo la puerta a una revisión posterior. Ahora Compromís, a través de su portavoz en la Comisión de Energía del Congreso, Ignasi Candela, quiere que este valor no sea objeto de revisión durante toda la vida útil regulatoria de estas instalaciones. La formación valenciana justifica este endurecimiento en que la posibilidad de modificar estos parámetros «no hace sino encarecer su desarrollo».

«Este grado de incertidumbre desincentiva la inversión en el desarrollo de proyectos de energía renovable, lo que resulta diametral a la política de fomento de las energías renovables que debe llevarse a cabo desde el Gobierno», apostilla Candela. Finalmente, la iniciativa también reclama «un proceso de diálogo con familias y pequeñas empresas y cooperativas afectadas con el fin de revertir las pérdidas acumuladas fruto de los cambios legislativos aplicados con carácter retroactivo en el sector».

Ciudadanos pide un plan para renovar instalaciones eólicas y de cogeneración para ampliar su potencia y su vida útil regulatoria

Europa Press.- Ciudadanos ha propuesto en el Congreso un plan para renovar instalaciones eólicas y de cogeneración, con el fin de ampliar la potencia que aportan al sistema eléctrico y salvar la conclusión de su vida útil. Así, la portavoz de Energía en el Congreso, Melisa Rodríguez, ha registrado una proposición no de ley en la que advierte de que la longevidad de muchas instalaciones anticipa, por ejemplo en cogeneración, una pérdida de la potencia instalada de unos 2.000 megavatios hasta 2020.

Todo ello a pesar de que todos los compromisos y objetivos futuros pasan por un aumento del peso de la energía renovable y de la cogeneración. En el caso de esta última, el informe del Comité de Expertos de Transición Energética planteaba una potencia instalada de unos 8.500 megavatios. A 31 de diciembre de 2017, explica Rodríguez, este proceso que aprovecha el calor útil en el ámbito de la producción industrial para también generar electricidad aportaba cerca de 6.500 megavatios al conjunto del sistema eléctrico, un 6,4% de la capacidad instalada. Sin embargo, asegura que su capacidad de producción cubrió el pasado año hasta el 11% de la demanda peninsular.

Ante esta situación que califica de «incertidumbre», la diputada de Ciudadanos critica la «inacción del Ejecutivo» de Mariano Rajoy pues cree que por ello se han paralizado inversiones de modernización y de nuevos proyectos, los cuales también considera necesarios para alcanzar los objetivos del 30% de eficiencia renovable planteados por Bruselas para 2030. Rodríguez ve similar la situación de las instalaciones eólicas, y señala que la vida útil regulatoria de varios aerogeneradores instalados desde hace dos décadas está próxima a su final, lo que entiende como una oportunidad para acometer un plan de renovación con el que maximizar su potencial.

Según las estimaciones de Rodríguez, la modernización podría duplicar su producción, entre un 60% y un 100% más sobre los actuales valores. Por ello, considera «conveniente fomentar la posibilidad de repotenciar los parques eólicos existentes más antiguos, con el objetivo de incrementar la producción de energía limpia», incorporando aerogeneradores más eficientes y de mayor tamaño. En todo caso, Ciudadanos subraya que esta «repotenciación» debe ser «una libre elección empresarial», y recuerdan que, con el fin de favorecer estas inversiones se necesita «un marco regulatorio estable que fortalezca la confianza de los inversores y las entidades financiadoras, y que de esta forma se puedan abaratar los costes de capital para los propietarios de instalaciones a repotenciar».

Por todo ello, reclama un plan Renove e instalación de nuevas cogeneraciones, en línea de las recomendaciones del informe de expertos para la transición energética, que «prime criterios medioambientales, económicos y de seguridad de suministro». Asimismo, insta a impulsar la renovación de las infraestructuras eólicas de mayor antigüedad a través de un plan que potencie la industria española en renovables, y que atienda a las necesidades específicas del sector «del modo más eficiente y competitivo».

La CNMC pide reducir la retribución por transporte a Red Eléctrica, que trabaja para absorber la nueva eólica en Canarias

EFE.- Red Eléctrica de España (REE) ha anunciado que concluirá este año las ochos actuaciones anunciadas en Canarias que permitirán verter a la red los 403 megavatios del nuevo cupo eólico. Mientras tanto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recomendado revisar la tasa de retribución financiera de la actividad de transporte de energía eléctrica, que en España lleva a cabo REE, para adecuarla al coste de los recursos del transportista, que han evolucionado a la baja.

El organismo de competencia ha hecho público el informe de análisis económico-financiero durante el periodo 2013-2016 de la actividad del transporte de energía eléctrica, que ejerce Red Eléctrica como transportista único del sector eléctrico. La CNMC ha recomendado que se revise la tasa de retribución financiera del transporte eléctrico para el siguiente periodo regulatorio, que comenzará el 1 de enero de 2020, para adecuarla al coste de los recursos propios y ajenos del transportista, que han evolucionado a la baja durante el actual periodo regulatorio.

Además, pide que no se modifique ni el valor ni la vida útil de los activos anteriores a 1998 de cara al siguiente periodo regulatorio para cumplir con los principios retributivos establecidos en la Ley del Sector Eléctrico y el decreto de 2013 de realizar la actividad de transporte eléctrico al menor coste para el sistema y el de permitir una retribución adecuada para una actividad de bajo riesgo. La retribución de REE representa el 98,3% de su actividad, 1.710 millones de euros anuales, según la CNMC, que señala que la retribución del transporte representa aproximadamente el 10% de los costes regulados del sistema eléctrico.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ya anunció hace unos meses su intención introducir ajustes en la retribución de actividades en el sector energético para dar cumplimiento a varias recomendaciones de la CNMC y que el grupo popular presentaría una proposición de ley en ese sentido. Según el análisis que la CNMC ha dado a conocer, la rentabilidad económica del transportista se mantuvo en valores estables durante el periodo 2013-2016, por encima del 9% en los cuatro ejercicios analizados, alcanzando el valor más alto en el último año, en que ascendió a un 9,7%. La rentabilidad financiera se situó en valores cercanos al 30% y alcanzó el 31,1% en 2016.

Competencia también recomienda que se fijen límites de apalancamiento adecuados para las actividades reguladas y en su análisis expone que REE presentó un elevado apalancamiento en el periodo analizado, que alcanzó el 78% a cierre de 2016. Sin embargo, el ratio deuda neta/ebitda (4,67 veces) y el de cobertura de la carga financiera, ebitda/gastos financieros (8,36 veces), presentaron valores razonables.

El periodo analizado, el 2013-2016, permite ya observar el impacto de los cambios que se introdujeron en el marco de la retribución de la actividad en 2013. En ese periodo, el importe neto de la cifra de negocios de REE se incrementó un 6% y pasó de 1.701 millones de euros a 1.803 millones, debido principalmente al incremento de los ingresos regulados del transporte eléctrico.

Asimismo, se incrementaron los gastos de personal de REE un 11,5%, mientras que los financieros se redujeron un 21%. El beneficio neto de la empresa, en la que el Estado tiene una participación del 20% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), aumentó desde los 463,3 millones de euros en 2013 a 586 millones en 2016, un 26,5% más que en 2013.

Absorber la eólica en Canarias

Por otro lado, la directora general de Transportes de REE, Eva Pagán, señaló que las actuaciones a realizar en Canarias suponen una inversión de 401 millones de euros y se complementarán con la interconexión por cable submarino de los sistemas de Lanzarote y Fuerteventura, presupuestada en 32,1 millones de euros.  Del total de esta inversión, 434 millones de euros, generará en Canarias 3.400 puestos de trabajo, una renta de 172 millones de euros en términos de Producto Interior Bruto, así como unos ingresos fiscales de 55 millones de euros, según destacó el director de Infraestructuras en las islas, Daniel Pérez.

Pagán, que subrayó el compromiso de REE por contribuir a lograr un modelo energético más sostenible, seguro y eficiente en el archipiélago, ha indicado que con la incorporación de estas nuevas infraestructuras se podrá duplicar la oferta de energía eléctrica renovable en las islas, que pasará del 8% al 18%. Las instalaciones proyectadas para cumplir con el plan eólico por REE, 6 nuevas subestaciones y otras 2 más que se ampliarán, entrarán en servicio a medida que se vayan concluyendo, si bien todas ellas estarán finalizadas en diciembre de 2018.

En cuanto a las obras previstas, en Gran Canaria, con una inversión de 32,7 millones de euros, se ha ampliado la subestación de Aldea Blanca, de 66 kilovoltios (kv) y se están construyendo las de Arinaga y Agüimes, también de 66 kv, así como las líneas de conexión asociadas. En Tenerife, se invertirán 80,5 millones de euros en la ampliación de la subestación de Tagoro, de 66 kv, y en la construcción de las subestaciones El Porís y Abona, de 220 y 66 kv, respectivamente.

En Lanzarote, con una inversión de 71,1 millones de euros, se ha construido la subestación Callejones, de 66 kv, y se han proyectado la línea Tías-Playa Blanca, de 132 kv, y las subestaciones de Tías y Blaya Blanca, de 132 kv y 66kv. En Fuerteventura, en la que REE prevé la mayor inversión, 217,7 millones de euros, se construirán la subestación Jares, de 132 kv, y su línea de conexión, que se deberá apoyar con otros desarrollos de la red.

Sobre el sistema de Fuerteventura, subrayó que es importante que se complete el eje norte-sur proyectado en la isla para que la capacidad de su tendido eléctrico pase de 66 kv a 132 kv, por lo que ha reiterado la disposición de REE para encontrar una salida junto al Cabildo y la Consejería de Industria del Gobierno canario, ante la suspensión cautelar del nuevo trazado comprendido entre Puerto del Rosario y Gran Tarajal. Pagán explicó que sin ese trazado concluido no podrá circular la energía que se produzca en los parques eólicos del sur de la isla hacia el norte.

La CNMC recomienda a Energía recalcular la retribución de las plantas de purines para cumplir las sentencias del Tribunal Supremo

Europa Press / EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomendó al Ministerio de Energía retirar a las plantas de purines (plantas de residuos de origen orgánico) de su propuesta para actualizar la retribución de las instalaciones de renovables, cogeneración y residuos para 2018, a la espera de una nueva propuesta que dé cumplimiento a varios autos del Tribunal Supremo.

En su informe sobre la propuesta del Ministerio de retribución, la CNMC considera que el gabinete dirigido por Álvaro Nadal debería recalcular esa retribución teniendo en cuenta los autos del Supremo que anularon parcialmente la orden ETU/555/2017, en particular en lo que se refiere a la vida útil regulatoria de estas plantas, que, tanto la orden ETU/1046/2017, como la presente propuesta retributiva que ha hecho el Ministerio para el primer semestre de 2018, limitan dicha vida útil a 15 años.

La propuesta del Ministerio establece los valores de la retribución que se aplicarán durante el primer semestre natural de 2018, y tendrán efectos desde pasado enero, por el funcionamiento de las instalaciones tipo correspondientes a las tecnologías de cogeneración, biomasa, residuos y tratamiento de residuos cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible. La retribución de estas instalaciones se actualiza cada 6 meses e incluye también las instalaciones dedicadas al tratamiento de los purines de cerdo, sus excrementos sólidos y líquidos. En el caso de las primeras instalaciones, la CNMC no incluye comentarios en su informe sobre la actualización de esa retribución, mientras que para el caso de los purines recomienda su actualización.

A finales del año pasado, el Tribunal Supremo restableció los 25 años de vida útil regulatoria para las plantas de tratamiento de purines para generar electricidad a partir de deyecciones ganaderas. En concreto, el alto tribunal declaró nula la decisión del Ministerio de Energía de limitar a 15 años las ayudas a las plantas de cogeneración, tal y como recoge la sentencia del pasado 8 de noviembre. De esta forma, esa sentencia permitía reabrir todas las plantas que tuvieron que cerrar en 2014 por el recorte del Estado a las energías renovables y la cogeneración, restableciendo el plazo con derecho a ayudas a 25 años.

El Ministerio ya hizo antes una orden que establecía los parámetros retributivos de las instalaciones de tratamiento y reducción de purines, con su actualización para el período 2017-2019. La CNMC, en su informe sobre esa nueva propuesta, ya advirtió que si se rebajaban de 25 a 15 años la vida de las plantas de purines para poder recibir retribución, se excluiría a más de la mitad de las 33 existentes, que alcanzarían o superarían ese tiempo antes de finalizar 2017. Sin embargo, el Ministerio de Energía consideró que la decisión de reducir la vida útil de las plantas de purines para poder recibir la retribución estaba suficientemente justificada, pues las propias plantas de purines amortizaban sus activos a 15 años.

El Gobierno de Portugal suspende la subasta anual de pagos por capacidad que perciben las compañías eléctricas EDP y Endesa

EFE.- El Gobierno portugués decidió suspender este año la retribución por garantía de potencia que abonaba a Energías de Portugal (EDP) y Endesa, un incentivo que pagaba para que las compañías eléctricas estén siempre disponibles para producir. En una orden ministerial, el Ejecutivo socialista anunció que ha aplazado la subasta anual para atribuir estos incentivos prevista para 2018, ante las dudas de Bruselas de que sea compatible con las directrices europeas.

De esta forma, el Gobierno está a la espera de que la Comisión Europea se pronuncie sobre la compatibilidad de este mecanismo «con las disposiciones comunitarias relativas a los auxilios del Estado en el sector de la energía». En el caso de recibir luz verde de la Comisión Europea a lo largo de 2018, se podrían pagar incentivos por los meses que resten del año, según la orden ministerial. El régimen de garantías de potencia busca asegurar el abastecimiento de los consumidores de energía cuando no es posible hacerlo en las condiciones normales de mercado.

Según un informe divulgado en 2016 por la Entidad Reguladora de los Servicios Energéticos (ERSE), los incentivos pagados a EDP y a Endesa con este régimen supondrían un coste de 665 millones de euros al Estado portugués. Ambas compañías han defendido en varias ocasiones la necesidad de estas ayudas para garantizar la producción de energía en Portugal. El Gobierno luso introdujo en 2017 un nuevo modelo de pagos por capacidad, basado en un esquema competitivo, en el que los generadores licitan en una subasta distintos productos de capacidad firme anualmente.

Endesa ya lo tenía previsto

Endesa considera que el aplazamiento de la subasta de 2018 para asignar incentivos de retribución por garantía de potencia en Portugal tiene muy poco impacto en su caso, según han indicado fuentes de la compañía, que recordaron que la decisión ahora formalizada ya había sido anunciada por el Ejecutivo luso a través de una disposición en los Presupuestos. Al ser conocida la decisión, Endesa no había presupuestado ningún importe de pago por capacidad para 2018.

En 2017 Endesa resultó adjudicataria de un producto de 418 megavatios (MW), cuya disponibilidad debía garantizar entre abril y el 31 de diciembre, cubierto con el ciclo combinado de Pego en Portugal, con una retribución total aproximada de 1,5 millones de euros, ya cobrada en enero de 2018. Después de esa subasta, la Comisión Europea pidió aclaraciones sobre el mecanismo y el Gobierno portugués decidió posponer la correspondiente a 2018 hasta que Bruselas se pronuncie, con lo cual el impacto negativo, de un máximo de 1,5 millones, ya se produjo con la decisión del aplazamiento.

La biomasa podría aumentar su producción eléctrica un 23% si se eliminaran sus limitaciones regulatorias, según la patronal renovable APPA

Europa Press.- La biomasa podría incrementar un 23% su producción eléctrica si se eliminase la limitación regulatoria de 6.500 horas de funcionamiento al año, según datos de APPA Biomasa. La asociación señala que la biomasa, el biogás y la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos (FORSU) son renovables gestionables que pueden generar electricidad las 24 horas, 365 días al año, pudiendo así superar las 8.000 horas de uso anual de las instalaciones.

Por ello, el presidente de APPA Biomasa, Jordi Aguiló, considera que, ante un escenario de cierre de centrales térmicas, «el Gobierno debería reconsiderar la limitación de horas de generación eléctrica con derecho a percibir retribución a la operación», ya que las instalaciones de biomasa tienen capacidad «para aportar gestionabilidad y estabilidad en el sistema, además de poder producir en punta igual que lo hacen las térmicas». Así, la asociación subraya que «la biomasa debe tener un mayor protagonismo» en el mix energético como complemento a la solar y la eólica, «garantizando la transición energética en España sin recurrir a tecnologías fósiles que comprometen los objetivos de descarbonización y de renovables».

España tendrá que abonar 53 millones a la fotovoltaica NovEnergia tras perder su segundo arbitraje internacional por los recortes renovables

Europa Press.- El Estado español ha sufrido su segundo revés en un arbitraje internacional por los recortes a las renovables que se aplicaron en 2010 y 2013, al registrar un laudo en contra de la Cámara de Comercio de Estocolmo que le obliga a pagar 53 millones de euros a la firma NovEnergia, según indicaron fuentes jurídicas.

El laudo, en el que los tres árbitros han fallado a favor del demandante, da la razón al fondo de inversión con sede en Luxemburgo, al considerar que el recorte que supuso el real decreto 9/2013, la reforma del sector eléctrico aprobada por el Gobierno del PP, supuso un «cambio brusco y de sistema» con respecto a los recortes de 2010 aprobados por el PSOE, según indicaron las mismas fuentes. El fallo reconoce el pago por parte de España a NovEnergia, que demandaba el abono de 60 millones de euros, de una indemnización de 53 millones de euros, más las costas y unos intereses del 1,5% desde la fecha de presentación de la demanda hasta que se abone la cantidad.

Asimismo, las mismas fuentes jurídicas destacaron que el fallo se produce después de que en noviembre la Comisión Europea respaldara al Gobierno español en este frente abierto por los arbitrajes de las renovables, al considerar que al haberse iniciado por inversores de otros Estados de la Unión Europea era una situación contraria al Derecho de la Unión. De esta manera, señalan que la Cámara de Comercio de Estocolmo en su laudo ha subrayado que en el caso de la demanda de un inversor internacional «no se habla solo de Derecho Comunitario, sino de Derecho Internacional Público», por lo que es vinculante y no una competencia exclusiva de la Comisión Europea.

Según adelanta El Confidencial, el único punto que ha desestimado la corte nórdica ha sido el relativo al impuesto del 7% a la generación que rige desde 2012. Por su parte, fuentes del Ministerio de Energía indicaron que están estudiando «la posible respuesta que se va a dar al laudo». Además, recordaron que esta situación no solo afecta a España y que hay más países de la Unión Europea que también están pendientes de laudos o arbitrajes en materia de energía como Alemania, Polonia, República Checa o Rumanía, entre otros.

NovEnergia cuenta con una cartera en España de 7 proyectos fotovoltaicos, todos ellos construidos entre 2007 y 2008 y ubicados en Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Cataluña, con una capacidad total de 24 megavatios (MW). La firma ha contado en su demanda ante la Cámara de Comercio de Estocolmo, que fue presentada hace dos años y medio, con el asesoramiento del despacho Latham and Watkins, a través de sus socios Antonio Morales y Fernando Mantilla.

En mayo del año pasado, el Gobierno español ya sufrió su primer revés por el recorte a las renovables ante los tribunales internacionales, con el fallo del Ciadi a favor de Eiser Infraestructure, por el que se le condenaba a pagar 128 millones de euros más intereses a la firma británica. Anteriormente, España había ganado una demanda presentada por Isolux, mientras que también desistió la demanda de 6 millones de euros de Solarpark Management, que había denunciado ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC).

No obstante, el Gobierno presentó ante el Ciadi recurso contra el laudo favorable a Eiser Infraestructure, al considerar que podía existir un conflicto de intereses con el árbitro designado por la firma británica, Stanimir Alexandrov, ya que también formaba parte del tribunal en otra de las demandas presentadas contra España. Eiser ya había acudido al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para presentar una petición de reconocimiento del laudo del Ciadi contra el Reino de España, que fue admitida a finales de junio. No obstante, España también recurrió este fallo y pidió su anulación.

España suma 29 demandas ante el tribunal internacional de arbitraje del Ciadi, dependiente del Banco Mundial, contra los recortes aplicados a las energías renovables por las reformas del Gobierno en 2010 y 2013, así como otras más en otros organismos internacionales. Las reclamaciones de los inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por estos recortes a las renovables asciende a 7.566 millones de euros. Entre todas, destaca la interpuesta por el conglomerado The PV Investors ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), que asciende a 1.900 millones de euros.

País Vasco pide a Nadal «seriedad y seguridad» en el marco regulatorio, sin «sobresaltos» retributivos, y materializar ya el euskopeaje

Europa Press.- La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno autonómico del País Vasco, Arantxa Tapia, ha realizado un llamamiento al Ministerio de Energía para que haya «seguridad, seriedad y estabilidad» en el marco regulatorio porque, según ha indicado, «no podemos estar sobresalto sobre sobresalto». Asimismo, le instó a «trabajar conjuntamente» para que el acuerdo sobre peajes eléctricos «sea una realidad«.

La consejera vasca se ha pronunciado de este modo durante el acto de firma del protocolo de colaboración del proyecto de digitalización de la red eléctrica en Euskadi Bidelek 4.0, en el que participan el Gobierno del País Vasco, la Diputación de Vizcaya e Iberdrola, en la sede de la compañía eléctrica en Bilbao. Este proyecto supondrá una inversión conjunta de 30,5 millones en los próximos tres años, con el objetivo de seguir impulsando la transformación digital de la red de distribución eléctrica de Euskadi.

Tapia ha destacado la necesidad de continuar «modernizando» la red eléctrica de Euskadi, que ha sido «un lujo» a lo largo de años, con «actuaciones tecnológicas e inversiones importantes». «Eso requiere un uso racional de las tecnologías que tenemos y un ámbito regulatorio que nos acompañe», ha reivindicado. En este sentido, ha advertido de la importancia de los «escenarios regulatorios» para que las nuevas inversiones en este campo «tengan una seguridad». Según ha indicado, «la regulación, la retribución de redes, tiene que ser un elemento que nos permita mejorar nuestro tejido productivo y hacer esas inversiones, esa clave de éxito de la transformación que tenemos que llevar a cabo, y debe ser estable en el tiempo y permitir tener seguridad».

Por tanto, ha pedido al Ministerio que se asuman «con seriedad y rigor todos los aspectos relacionados con la regulación». «No podemos estar sobresalto sobre sobresalto, y con sorpresas como la dada recientemente por el ministro, aunque definitivamente retiró las enmiendas», ha afirmado la consejera sobre la propuesta de posibles ajustes en la retribución de las redes. Según la consejera vasca, «tenemos que conseguir llegar a hacer una transición energética seria en un marco serio y bien trabajado. No podemos permitirnos trabajar de esta forma».

En este marco, ha realizado un llamamiento al Ministerio de Energía a «trabajar conjuntamente» para que «sea una realidad esa seguridad, seriedad y estabilidad que requiere un marco regulatorio para llevar adelante muchísimos proyectos y en el que nos estamos jugando el futuro». Asimismo, ha defendido que es «momento» de que «sea una realidad» el euskopeaje, el acuerdo alcanzado en materia de peajes eléctricos para reducir el precio de la energía a la industria vasca.

Retribución “adecuada” a la inversión

También el director del Negocio de Redes de Iberdrola, Armando Martínez, ha incidido en que «la planificación, la regulación y la retribución de las redes eléctricas es clave» y ha subrayado que el modelo regulatorio debe ser «estable y predecible». «Tenemos un periodo regulatorio en la distribución de España, 2020-2025, donde esperamos que se haga una retribución adecuada al nivel de inversiones para afrontar los retos que tenemos«, ha añadido.

Martínez ha destacado la colaboración público-privada del proyecto Bidelek 4.0 en Euskadi, una «tierra donde todos vamos de la mano», que ha contrapuesto a «las noticias que llegan desde la administración central sobre nuevos recortes en la retribución de la distribución, una actividad eficiente, con enormes oportunidades de futuro«. Martínez ha confiado en que «juntos seamos capaces de reenfocar este debate» para garantizar las inversiones.

En la misma línea, el presidente de Velatia, Javier Ormazabal, ha señalado que contar con un marco estable es «muy importante» y no «gusta» esa «cierta incertidumbre, esa sensación de no entendimiento con el Gobierno en un sector tan importante como el de las utilities«. No obstante, explicó que «no notamos un frenazo» de inversiones aún, pero «preocupa encontrarnos ante un recorrido inseguro, después de los periodos que hemos pasado«.

Con este protocolo se pone en marcha la segunda fase del proyecto Bidelek, con el que se pretende «seguir innovando» en el desarrollo de tecnologías en redes de distribución eléctrica para poder tener «los productos más innovadores» e implantar «una red más vanguardista», ha explicado el responsable del Ente Vasco de Energía, Iñigo Ansola. La inversión de 30,5 millones que requerirá este nuevo despliegue de redes inteligentes será ejecutada por una nueva sociedad conjunta entre Iberdrola y el EVE, con el objetivo de impulsar el desarrollo de la industria local a través de la innovación y el diseño de equipos.

Las soluciones que se desarrollen en Bidelek 4.0 serán utilizadas por Iberdrola en su apuesta por «implantar más redes y más inteligentes» como camino para avanzar en la transición energética hacia una economía descarbonizada. Según Armando Martínez, la compañía ha invertido en España 1.400 millones en los últimos años en este ámbito. La consejera Tapia ha resaltado que, además de la oportunidad que supone para las empresas, «toda la ciudadanía va a ver mejorado el servicio y la forma en que se gestiona la energía».

Por su parte, el diputado de Desarrollo Económico y Territorial de Vizcaya, Imanol Pradales, ha destacado la importancia del sector de la energía, «estratégico para Vizcaya por múltiples razones». Según ha recordado, supone el 7,5% del PIB, unos 12.000 millones de euros de facturación al año y 13.400 puestos de trabajo directos.  Todos los participantes resaltaron el «éxito» de la primera fase de Bidelek. Entre los resultados de las inversiones en redes inteligentes de los últimos años, Iberdrola destacó que se redujo a la mitad el tiempo necesario para recuperar el servicio ante incidencias y la mayor parte de las operaciones con clientes se realizan «de forma automática e inmediata».

Fitch alerta de la incertidumbre sobre la retribución del sector gasista español debido a la injerencia política

Europa Press.- Fitch Ratings advierte de que persiste «la incertidumbre» sobre el sector gasista debido a la injerencia política a pesar de no haberse concretadopor el Gobierno la amenaza de ajustes a la retribución de la actividad regulada de transporte y distribución de gas.

En este sentido, la agencia de calificación considera que la decisión del Gobierno de aplazar estos recortes al sector no cambia su opinión de que el riesgo de interferencia regulatoria en el sector sigue siendo «más alto que en otras jurisdicciones, lo que podría perjudicar los perfiles de ingresos de las utilities«. De esta manera, cree que la situación pone de relieve las potenciales consecuencias «de la falta de un regulador independiente con un enfoque transparente y consultivo». Así, Fitch Ratings cree que el marco español está más expuesto al riesgo político y a la transparencia en comparación con otros países como Portugal e Italia.

El Gobierno estudia la introducción de ajustes en los costes regulados del sistema energético, centrados en la retribución de la actividad de distribución y transporte de gas, así como en el sector eléctrico, mediante su inclusión como enmiendas dentro del proyecto de Ley por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía, que se tramitó en el Senado, aunque finalmente estas enmiendas no se materializaron debido a la falta de respaldo del resto de grupos políticos. Asimismo, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, estimó que estos ajustes que prevé por sobrerretribución de activos del sector gasista supondrían un máximo de 50 millones de euros.

Los rumores sobre la aplicación de estos nuevos recortes llevó a las empresas energéticas dedicadas al negocio eléctrico y gasista a dejarse en Bolsa 9.000 millones de euros a lo largo de 7 sesiones. Para Fitch Ratings, la propuesta del Ministerio refleja el deseo del Gobierno de reducir los costes regulados del sistema y reestablecer el equilibrio entre los costes y los ingresos «a expensas de las empresas, de forma similar a 2014». Sin embargo, la agencia considera que el sistema gasista está más equilibrado en la actualidad que en 2014, «cuando la razón principal de la reforma fue el creciente déficit tarifario del gas».

Así, señala que, a pesar de los pequeños déficits registrados en 2015 (27 millones) y 2016 (90 millones), este último debido en gran parte a los costes adicionales por el cierre de Castor, se prevé un pequeño déficit para 2017, mientras que a partir de 2018 habrá superávits que ayudarán a ir gradualmente reduciendo la deuda acumulada pendiente de unos 1.000 millones de euros. Por ello, Fitch no cree que la sostenibilidad del sistema gasista sirva de excusa para justificar este recorte a la retribución. Además, el Gobierno actualizó la remuneración por los contadores de gas, lo que supone un impacto negativo de 6 millones de euros para las pequeñas distribuidoras y 40 millones de euros para Gas Natural Fenosa.

Equo pide a Nadal que exija a Enagás la retribución abonada por el mantenimiento de la regasificadora de El Musel

Europa Press.- Equo reclama al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que deje de pagar a Enagás el mantenimiento de la regasificadora de El Musel (Gijón) y que exija los pagos abonados hasta el momento, pues señala que estaban condicionados a una autorización válida que ya no existe.

La formación ecologista, integrada en el Congreso dentro del grupo confederal de Unidos Podemos, recuerda que la Justicia anuló la autorización de esta planta, por lo que creen que el Gobierno debe recuperar los 120 millones de euros que, aproximadamente, ha abonado a la gasística por los costes de operación y mantenimiento en la instalación. En este sentido, aseguran que estas retribuciones estaban condicionadas a la validez de una autorización que fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a instancias de Los Verdes, en una decisión confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo. Esto hace que, según denuncia Equo, deba tramitarse de nuevo una autorización desde el inicio.

Todo ello tras recibir respuesta por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ante la que el portavoz de Equo, Juan López de Uralde, solicitó que informara al Gobierno de que no debía abonar las retribuciones previstas a Enagás y que reclamara las ya abonadas. El macrorregulador se remitió a la opinión ya dada sobre la retribución de los costes de operación y mantenimiento para los años 2013-2015 y recuerda que es competencia del Ministerio establecer o modificar las retribuciones al titular de cada instalación.

Equo señala que en ese informe la CNMC condiciona los pagos a Enagas a la existencia de una autorización válida algo que, señalan, «a día de hoy no existe». Por ello, reclaman al ministro Nadal que «asuma las decisiones judiciales y actúe en consecuencia», reclamando a la gasística el reintegro de pagos provisionales que hasta ahora ha recibido. «En el caso de que no actúe en este sentido», abundan, «sus responsables podrían incurrir en responsabilidades contables por alcance en razón del perjuicio causado al sistema».