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La parte fija de la factura de la luz se incrementó más de un 150% en 15 años, según Facua

Europa Press.- La factura de la luz de un usuario medio se incrementó un 92,2% en los últimos 15 años, representando 40 euros más, según datos de Facua. Según su análisis, realizado para un usuario que consume 366 kWh mensuales y tiene una potencia contratada de 4,4 kW, la factura ha pasado de los 43,47 euros de 2003 a 55,31 euros entre julio y diciembre de 2008, 74,81 euros en agosto y septiembre de 2013 y 83,55 euros en septiembre de 2018.

Así, en el año 2003, el usuario medio, que tenía contratada la tarifa 2.0, pagaba al mes 43,47 euros, 35,65 euros más el 21,93% de impuestos indirectos vigentes en esa fecha. Mientras, con las tarifas vigentes entre julio y diciembre de 2008, el usuario medio (que tenía contratada la tarifa 2.0.2) pagaba 55,31 euros mensuales, 45,37 euros más el 21,93% de impuestos indirectos). Por su parte, en agosto y septiembre de 2013, un usuario medio con la denominada TUR pagaba 74,81 euros al mes, 58,82 euros más el 27,19% de impuestos indirectos vigentes. Con las tarifas de septiembre, el usuario medio sujeto al PVPC paga 83,55 euros, 65,69 más el 27,19% de impuestos vigentes actualmente.

Según calcula Facua, la parte fija de la factura se ha incrementado en 15 años en un 152,8%. En cuanto a la parte variable del recibo, el precio del kWh de energía consumida se ha encarecido en un 79,4% desde agosto de 2003. Por otra parte, Facua reclama al Gobierno que emprenda medidas «realmente eficaces» para abaratar el recibo, como bajar el IVA de la luz al 4%, y «no vuelva a poner parches similares a los que han visto los usuarios legislatura tras legislatura».

Greenpeace asegura que el autoconsumo de energía puede suponer un ahorro de 1.770 millones de euros en combustibles y CO2

Europa Press.- Greenpeace considera que apostar por el autoconsumo de energía puede suponer para España ahorrar unos 1.770 millones de euros en combustibles, redes y 10 millones de toneladas de CO2. Así, la ONG quiere que el Gobierno promueva el autoconsumo, en línea con la proposición de Ley de Autoconsumo que está en tramitación parlamentaria y asegura que además de pagar impuestos y costes igual que el resto del sistema, los autoconsumidores aportan a la sociedad 59 euros por cada MWh producido.

Entre las medidas urgentes, Greenpeace destaca la necesidad de permitir el autoconsumo virtual compartido que permitiría introducir en España modelos de lucha contra la pobreza energética inspirado en el modelo griego. Además, plantea que la electricidad que exceda de las instalaciones de autoconsumo reciba una remuneración justa, que atienda al análisis de costes y beneficios que esta aporta a la red, la sociedad y el medio ambiente. En este contexto, insiste en que los objetivos de renovables de España deben ser ambiciosos y plasmarse en el Plan Integrado de Clima y Energía así como en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Además, Greenpeace aboga por un sistema energético 100% renovable antes de 2050.

Análisis de costes y beneficios

Greenpeace señala que el retorno de la inversión en autoconsumo sería el doble de rápido si, además de eliminar el impuesto al sol, se remunerase la electricidad excedentaria teniendo en cuenta un análisis de costes y beneficios «justo». Asimismo, asegura que los beneficios del autoconsumo superan con creces los costes incurridos en la red eléctrica o la moderación de ingresos a través de la factura.

La responsable de la campaña de energía y cambio climático de Greenpeace, Sara Pizzinato, considera que las personas que luchan contra el cambio climático deberían ser premiadas, no penalizadas. «Hay que reconocer de forma justa el valor de la electricidad generada por los autoconsumidores para acelerar la lucha contra el cambio climático y reducir la factura de la luz para todos los hogares», indicó. Finalmente, la ONG pide al Gobierno que «comience a dar ejemplo» en la lucha contra el cambio climático y la pobreza energética y devuelva a las personas la posibilidad de controlar su propia energía y le anima a que empiece por aplicar el autoconsumo en los tejados de los edificios públicos.

La factura de la luz se encarece un 15,39% en septiembre

Redacción / Agencias.- Un consumidor doméstico medio pagó 75,37 euros en su factura de la luz de septiembre, por lo que esta factura se incrementó en un 15,39% respecto a los 65,32 euros de septiembre de 2017, lo que supuso una subida en el recibo eléctrico de 10,05 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía: un consumo de electricidad de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio atribuye al consumo de una familia media con dos hijos. De los 75,37 euros abonados en los 30 días de septiembre del 2018, 14,88 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de septiembre, 44,38 euros obedecen al consumo, 3,03 euros al impuesto eléctrico y 13,08 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

Eso sí, la factura de la luz de septiembre subió en un 3,5% respecto al mes anterior, agosto, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,51 euros en septiembre respecto a los 2,43 euros de agosto. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses. De esta forma, el recibo suma su quinto incremento consecutivo.

Septiembre no ha hecho más que agudizar la espiral alcista en el precio de la electricidad que ya se había pronunciado en agosto y registró uno tras otro los máximos diarios del año en el mercado, tocando su techo el 19 de septiembre, cuando alcanzó una media para el día de 75,93 euros por MWh. Además, la época de verano conlleva una caída en la producción renovable que, en el caso de la eólica, ha sido inferior a la media de este periodo, lo que ha aboca a recurrir a la generación térmica para la cobertura de la demanda, siendo su coste la principal referencia de precio del mercado, que ha sido casi un 11% superior a la de agosto.

Con esta subida interanual en septiembre, el recibo de la luz cerró los primeros nueves meses del año con una subida del 2,36% con respecto al mismo periodo de 2017. La subida de precios en septiembre ha contribuido a que el recibo de los nueves primeros meses del año se haya situado en 626,42 euros, 14,44 euros más frente a los 611,98 euros en el mismo periodo del 2017. En los primeros nueve meses, la factura media de electricidad se desglosa a razón de 135,44 euros por el término fijo, de 357,08 euros por el consumo, de 25,18 euros por el impuesto de electricidad y 108,72 euros por el IVA.

Para contrarrestar esta espiral alcista de la luz, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el anterior Ejecutivo del PP, enmarcada en un paquete de medidas que se impulsará por el Ejecutivo, entre las que también figuran la garantía de cobertura a los consumidores más vulnerables, mejorando el bono social eléctrico y creando un nuevo bono para calefacción, que estará vigente para este invierno.

La factura de luz disminuirá un 20% a raíz de las medidas anunciadas por el Gobierno, según Agremia

Europa Press.- La Asociación del Sector de las Instalaciones y la Energía (Agremia) ha estimado que las medidas anunciadas por el Gobierno en materia energética pueden reducir la factura de la luz entre un 15% y un 25%. La patronal se refiere a una serie de medidas, especialmente orientadas al proceso de comercialización, como la flexibilización de los tramos de potencia contratada, que actualmente pueden escoger los consumidores particulares.

Según Agremia, este factor referencia muchos de los parámetros del recibo de la electricidad, por lo que su modificación puede incidir en el importe final. «Solo reduciendo el término de potencia, por ejemplo de 4,6 kW a 3,4 kW, se rebajaría en torno a un 25%» explica su presidente, José María de la Fuente. Otra de las medidas que indica es la mayor transparencia en el proceso de comercialización, que evita los fraudes y abusos, al obligar a las compañías a ofrecer información transparente sobre las curvas de consumo de cada usuario. «Cualquier acción que contribuya a la transparencia del mercado redundará en la mejora de la confianza de los consumidores», añade De la Fuente.

El ahorro en la factura de la luz constituye el principal beneficio económico percibido por los autoconsumidores energéticos en España

Europa Press.- El ahorro en la factura eléctrica constituye el principal beneficio económico percibido por los autoconsumidores en España, según el estudio del proyecto de investigación PVP4Grid, financiado por la Unión Europea y en el que participan como socios españoles la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y Tecnalia.

Además, el informe destaca que la principal barrera para inversiones por parte de los autoconsumidores en España es la desconfianza en la regulación y la falta de información, «que están presentes a la hora de analizar la viabilidad económica de la instalación, a pesar de que pequeños comercios e industria ya demuestran interés». Asimismo, señala que el tiempo de amortización para consumidores domésticos, de servicios y pyme sería de 16, 12 y 7,5 años respectivamente, para instalaciones en la Península.

Este periodo es considerado largo, no tanto por el tiempo de vida útil de un sistema, que puede ser de 20 años para los cálculos económicos aunque se podría considerar 30 años sin problemas, sino porque los períodos de retorno que buscan los pequeños inversores y ciudadanos en general son «normalmente más bajos«. El informe, que examinó el marco de condiciones legales y políticas existentes en Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Holanda, Austria, Portugal y España, diferencia entre tres conceptos de prosumidor, examinando el marco regulatorio: autoconsumo individual, uso colectivo de un sistema fotovoltaico dentro de un edificio, y suministro de energía solar a nivel vecindario.

Facua denuncia que el bono social no supone un descuento del 25% o 40% en la factura de la luz

Europa Press.- Facua-Consumidores en Acción ha denunciado que el descuento en la factura de la luz de un usuario medio acogido al bono social eléctrico sólo puede representar un 11%, frente al descuento del 25% o el 40% que asegura el Gobierno. La asociación reclama así al Ejecutivo que «rectifique tanto el contenido de la campaña publicitaria que ha puesto en marcha como el de la página web sobre el bono social».

Facua subraya que el Ministerio para la Transición Ecológica afirma que los descuentos afectan a la totalidad de la factura, cuando en realidad sólo se bonifican los primeros kilovatios hora (kWh) consumidos cada mes. Estos límites van desde los 100 kilovatios hora (kWh) al mes (1.200 kWh/año) para una familia sin menores, pasando por los 140 kWh (1.680 kWh/año) para pensionistas o familias con un menor y 170 kWh (2.040 kWh/año) si tienen dos menores, hasta los 300 kWh (3.600 kWh/año) si son familias numerosas.

Así, la asociación considera «lamentable que el Gobierno haya recurrido a una engañifa para falsear las características de un bono social absolutamente impresentable que fue diseñado por el Ejecutivo anterior» y pide que se ponga en marcha un nuevo modelo de tarifa «totalmente regulada a la que puedan acogerse las familias en lugar de volver a introducir retoques en un modelo de bono social que ha sido un rotundo fracaso».

Según sus cálculos, para un usuario de 366 kWh de consumo y 4,4 kW de potencia, la factura mensual del usuario medio en septiembre asciende a 83,56 euros (sin contar el alquiler del contador), mientras que, según la información que difunde el Ministerio para la Transición Ecológica, un beneficiario del bono social pagaría un 25% menos, es decir, 62,67 euros, si es considerado consumidor vulnerable, y un 40% menos, 50,14 euros, si es vulnerable severo.

Sin embargo, Facua subraya que la factura de un usuario con bono social que se beneficie del descuento del 25% en los primeros 100 kWh mensuales ascenderá a 74,37 euros, importe que sólo es un 11% inferior a los 83,56 euros que pagaría sin el bono social.En el caso de un consumidor vulnerable severo, el descuento del 40% en los primeros 100 kWh mensuales se traduciría en una factura de 68,85 euros, un 17,6% inferior a lo que pagaría si no tuviera bono social.

El Gobierno amplía los límites

Como parche, el Gobierno ha ampliado un 15% los límites de consumo básico aplicables a cada uno de los perfiles de los consumidores beneficiarios del bono social eléctrico, límites que fueron establecidos en el decreto aprobado por el anterior Ejecutivo del PP para aplicar descuentos entre el 25% y 40% del recibo de la luz para los hogares vulnerables en función de su nivel de renta y de su situación.

El real decreto-ley también amplía en un 15% los límites de consumo de energía con derecho a descuento para compensar los incrementos de precios y acercarse más a los consumos reales de los hogares más vulnerables. Además, el cómputo de consumo anual con derecho a descuento, que se liquidaba cada mes, se flexibiliza, de forma que la energía con derecho a descuento no consumida un mes, puede utilizarse en otro momento. Con ello, se facilita la protección de los hogares durante los meses de mayor consumo, que suelen corresponderse con los de temperaturas más bajas.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica indicaron que la campaña publicitaria sobre el nuevo bono social eléctrico «fue concebida y contratada por el anterior Gobierno» y que su puesta en marcha se retrasó «debido a diferentes cuestiones técnicas», por lo que replantear la campaña hubiera supuesto retrasar aún más su lanzamiento. Por tanto, «la prioridad» ha sido lanzar la campaña para movilizar al mayor número de beneficiarios e invitarles a soliciar el bono social.

La Fundación Renovables pide a la ministra Teresa Ribera poner «letra y ritmo» a su melodía para la transición energética

Europa Press.- La Fundación Renovables ha mostrado su satisfacción con las líneas generales que expuso la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante su comparecencia en el Congreso, pero ha subrayado que, «aunque la música suena bien, insta a la ministra a que ponga letra y dé ritmo a sus ideas».

La Fundación valora de «forma muy positiva» el anuncio de impulsar el autoconsumo con la eliminación del conocido como impuesto al sol, el fomento de la modalidad compartida y el acceso a contadores bidireccionales, así como su decisión de suspender el impuesto del 7% para la generación de electricidad. Sin embargo, considera que las medidas que expuso para afrontar el problema del alto precio de la luz «no se pueden quedar ahí, ya que se trata de un problema que hay que abordar con una visión estructural y no coyuntural«.

Además, la Fundación considera que llega «el momento de la acción«, por lo que insta a Ribera a que concrete sobre el calendario las medidas anunciadas en estos más de 100 días de Gobierno, como la derogación del impuesto al sol, el cierre de centrales térmicas de carbón para 2025 o de las nucleares en 2028, cuando la última cumple 40 años, o el fin del diésel, además de la intención de acometer los cambios estructurales que sean necesarios para lograr una evolución racional de los precios de la electricidad.

Facua asegura que suspender el impuesto a la generación bajará la luz «poco más de lo que cuesta un café»

Europa Press.- Facua ha advertido que la medida anunciada por el Gobierno de suspender el impuesto del 7% a la generación eléctrica bajará la luz «poco más de lo que cuesta un café«. En este sentido, su portavoz, Rubén Sánchez, calificó de «bochornoso» que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, «haya anunciado con tanta grandilocuencia una medida que venían reclamando las propias compañías eléctricas desde que se creó el impuesto por el Gobierno de Rajoy«.

Asimismo, Facua subraya que en septiembre la factura de un consumidor medio se ha encarecido un 3,4%, unos 2,74 euros, por lo que el incremento interanual es del 15,4%. Por ello, la asociación considera «una tomadura de pelo» que el Gobierno haya afirmado que su medida va a «aliviar la factura eléctrica a los consumidores«. Hay que recordar que Facua entregó sus propuestas sobre el suministro eléctrico al secretario de Estado de Energía, José Domínguez. La asociación pide la bajada del IVA al 4%, desde el 21% actual, lo que, según sus cálculos, ahorraría al usuario medio casi 130 euros anuales. Asimismo, propone crear una tarifa regulada para todas las familias que no superen los 10 kW de potencia contratada.

«Sólo beneficiará a la industria»

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) exige una «revisión completa» del sistema eléctrico para reducir la factura de la luz, ya que considera que la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica «sólo beneficia a la industria y no supondrá una rebaja en el precio de la energía para los consumidores«. En este sentido, la organización afirma que es necesaria esta revisión completa del sistema, «en la que los diferentes agentes que participan en él reciban una remuneración razonable, pero también en el que los consumidores tengan unas tarifas accesibles para todos los hogares».

Asimismo, considera que la medida anunciada no provocará de forma automática una rebaja en el precio de la energía y puede provocar, si no se cuenta con ingresos adicionales, «que haya una subida de las tarifas de acceso en enero de 2019». Al menos, OCU valora «positivamente» el avance que supone que el Ministerio para Transición Ecológica identifique como un problema el sistema de fijación de precio del mercado mayorista y que plantee «la necesidad de revisar el bono social, ampliándolo también a la calefacción».

Sin embargo, la OCU considera que la ausencia de detalles concretos sobre las medidas propuestas genera «serias dudas sobre su utilidad real para el consumidor». Así, pide que se concreten las acciones y propone una combinación de medidas que permitan «una factura más justa», entre las que figuran la retirada o limitación de los conceptos que incrementan artificialmente la factura, así como la asignación de una mejor distribución de los costes entre los diferentes tipos de consumidores y la aplicación de mecanismos para frenar el incremento artificial del precio de la energía en el pool.

El Defensor del Pueblo pide un IVA reducido para la luz y reducir la parte fija de la factura

Europa Press / EFE.- El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, recomienda al Gobierno establecer un tipo de IVA reducido a la luz y reducir la parte fija de la factura como medidas para combatir la espiral alcista de la electricidad. En el caso del IVA reducido, considera que se debe aplicar ya que la electricidad es un bien de «primera necesidad que no se beneficia del tipo reducido de IVA que sí acompaña a otro tipo de productos básicos».

En lo que respecta a la parte fija de la factura, señala que cargar costes fijos en la factura eléctrica dificulta el ahorro, «supone un lastre a la competitividad de las empresas españolas y, además, es poco equitativo, pues no se tiene en cuenta la capacidad de pago del consumidor en un bien de primera necesidad». En este sentido, el Defensor del Pueblo reitera la necesidad de proteger a los consumidores, especialmente los vulnerables, ante las continuas y recientes subidas que está registrando el precio de la electricidad, «uno de los más elevados de Europa».

Asimismo, muestra su preocupación por este elevado precio de la electricidad, que «es un bien de primera necesidad para todos y esencial para el disfrute de otros derechos fundamentales como la educación o la salud». De esta manera, pide una regulación del sector eléctrico que se marque el objetivo de lograr una energía «más asequible y que, por tanto, resulte más beneficiosa para los consumidores».

Además, el Defensor del Pueblo recomienda a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que pida a OMEL y a Red Eléctrica de España que clarifique el mecanismo de formación de precios de la energía eléctrica con «una adecuada difusión y con una versión comprensible para el público». En su opinión, la modificación del actual algoritmo que determina las ofertas redundaría «en una bajada del precio del megavatio en este mercado». Finalmente, el Defensor del Pueblo asegura que está haciendo un seguimiento para comprobar el cumplimiento del bono social de la luz.

El Gobierno suspende el impuesto del 7% a la generación eléctrica y el recibo bajará un 4% como máximo

Europa Press / EFE.- El Gobierno suspenderá el impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el Ejecutivo del PP con la Ley de Medidas para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, con el objetivo de reducir de manera inmediata la factura de la luz de los consumidores, según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Ribera señaló que actuar sobre los precios a través del impuesto del 7% a la generación «es la medida más adecuada y acertada para enviar una señal por parte del Gobierno y aliviar la factura del consumidor en un momento en que no puede ser él quien cargue con el peso». Ribera anunció esta decisión enmarcada en un paquete de medidas que se impulsará por el Ejecutivo en «las próximas semanas» para afrontar esta espiral alcista del precio de la electricidad, entre las que también figuran la garantía de cobertura a los consumidores más vulnerables, mejorando el bono social eléctrico y creando un nuevo bono para calefacción, que espera que se pueda tramitar con agilidad y este invierno esté vigente.

A este respecto, Ribera indicó que el nuevo bono social eléctrico aprobado en 2017 por el PP, cuyo plazo para su solicitud tuvo que ser ampliado hasta el próximo mes de octubre debido a la confusión para su renovación entre los usuarios, recogía «avances», aunque ha habido «problemas» en su ejecución, por lo que el objetivo es adoptar medidas que sean aplicables «desde ya» para proteger a consumidores vulnerables como las «personas mayores y las familias monoparentales, «que no quedaban cubiertos en el marco actual«. Estas propuestas del Gobierno llegan en un momento en que los precios de la electricidad se encuentran en una espiral alcista, acrecentada en agosto y lo que va de septiembre.

Ha explicado que el impuesto a la generación no se suprimirá, sino que se suspenderá para quedar «prácticamente a cero» temporalmente, lo que supondrá, según fuentes del Ministerio, que se quede en un tipo residual (entre el 0% y el 0,5%), que determinará la Abogacía del Estado.Esta medida podría tener el respaldo del PP, que antes de la comparecencia de la ministra había anunciado la presentación de una proposición de Ley en el Congreso en esta línea. Esta suspensión del impuesto supondrá una rebaja en la factura de la luz para un consumidor doméstico de entre el 2,5% y el 4%, y alrededor del 5% o el 5,5% para el consumidor industrial, según Ribera.

La ministra subrayó la «clara voluntad» del Gobierno de abordar con seriedad la reforma estructural del mercado, asegurar señales fiscales coherentes y regular ordenadamente el almacenamiento para avanzar hacia un modelo energético distribuido, limpio, eficiente y digitalizado. Así, indicó que se opta por esta suspensión del impuesto del 7% a la generación hasta definir «una propuesta de reforma fiscal más global» que, eso sí, subrayó que «debe hacerse con cuidado».

A este respecto, consideró que una rebaja en el caso del IVA que se aplica a la luz, situado en el 21%, es un tema «más complicado, ya que es un ingreso propio de la Unión Europea y no es partidaria de que haya fraccionamientos por tipo de consumidor». «Forma parte de esas cuestiones que son contraintuitivas ¿Cómo es posible que haya un IVA del 21% para un consumidor que por definición es vulnerable? Pero como es un impuesto que no depende de nosotros, no es tan fácil», añadió al respecto Ribera, reconociendo que le hubiera gustado poder ‘tocar’ este impuesto, ya que el impacto sobre el consumidor sería «obvio».

Ribera considera que el sistema actual del mercado eléctrico «no emite las señales adecuadas», con un sistema de fijación de precios en el mercado mayorista pensado hace dos décadas, en el que conviven tecnologías antiguas, como el carbón, la nuclear y el gas, con nuevas, como las renovables, mostrando «el inmenso coste» de los combustibles fósiles y en el que la volatilidad de precios es una tónica, por lo que «se debe de actuar«. Por ello, destacó que el abandono de los combustibles fósiles puede permitir ahorrar 400.000 millones de euros a la economía española hasta el horizonte de 2030, «repercutiendo en la factura eléctrica», y recordó que la transición energética puede movilizar inversiones por hasta 100.000 millones de euros.

Dentro de estas medidas para recuperar el «impacto positivo» que ejercen las energías renovables en el precio, Ribera planteó diferentes líneas de acción urgente para mandar señales adecuadas al mercado, entre las que figuran solventar las barreras existentes al despliegue de renovables o facilitar los contratos bilaterales, los PPA, para desplazar parte de la electricidad contratada en el mercado mayorista a la contratación bilateral a largo plazo de energía de fuentes renovables. «España es uno de los pocos países europeos donde la mayor parte de la energía se obtiene en el mercado mayorista. Tenemos un largo recorrido en la potenciación de los contratos bilaterales», añadió al respecto. Además, también consideró necesario implementar medidas en materia de ahorro y eficiencia energética.

Respecto al autoconsumo, en especial el autoconsumo compartido, afirmó que se debe hacer hincapié en que sea una realidad que reduzca la factura eléctrica, porque el sistema fotovoltaico produce a un precio inferior que la tarifa del consumidor final. «No podemos seguir improvisando y poniendo parches incompatibles con los objetivos de descarbonización a medio y largo plazo, generando expectativas que no se cumplen y que nos acaban pasando factura», añadió.

Asimismo, la ministra apuntó la necesidad de acometer estas medidas estructurales que aborden el funcionamiento del mercado, focalizadas en tres grandes áreas de intervención: el mercado mayorista, que cuenta con una brecha entre precios y costes de las distintas tecnologías que merman la competitividad de las empresas y el poder adquisitivo de las familias; el sistema fiscal, que requiere de mayor coherencia; y el almacenamiento. «Si no abordamos reformas estructurales con respecto al funcionamiento del mercado y el sistema fiscal, es muy difícil que estas cosas puedan cambiar de manera sólida y estable en el tiempo por venir», ha argumentado.

Para Ribera, durante el anterior Gobierno se «perdió el tiempo», abandonando la senda renovable e impulsando medidas «poco predecibles, que generaban confusión e iban en dirección opuesta a la descarbonización». Así, afirmó que «los parches» del Ejecutivo anterior han supuesto «una gran litigiosidad» que ha llevado a España a contar con 42 arbitrajes ante los distintos foros internacionales con unas cuantías reclamadas que se estiman en unos 10.000 millones de euros, así como a unas reclamaciones por los inversores nacionales por otros 5.000 millones de euros. «Los cambios están en marcha y tenemos la clara voluntad de impulsarlos», añadió Ribera.

De esta manera, consideró necesario definir objetivos «ambiciosos» de generación a partir de energías renovables, ya que no sólo han demostrado sus múltiples beneficios ambientales, «sino que son más baratas y reducen el precio de la electricidad». A este respecto, Ribera recordó que este Gobierno trabaja en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para el periodo 2021-2030, un documento que se mantenía «en blanco» por el anterior Ejecutivo.

Por otra parte, Ribera, que considera que «la prioridad» de su departamento es, en estos momentos, «abordar la respuesta que se merecen esos 4,6 millones de españoles que están en situación de pobreza energética», anunció que el Ejecutivo elaborará una Estrategia Nacional de Lucha Contra la Pobreza Energética en los próximos 6 meses para disponer de un marco de actuación en este ámbito. Además, señaló que se propondrán medidas concretas para proteger al consumidor doméstico que tendrán como objetivo evitar gastos innecesarios derivados de tener contratada una potencia superior al consumo real, mejorar la información a los ciudadanos y fomentar la cultura energética, entre otros.

Por su parte, la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, reclamó al Ejecutivo medidas para frenar la escalada en el precio de la luz, advirtiendo además de que «si no aplican medidas contundentes y eficaces que rebajen» la tarifa «va a ser muy difícil que lleguen a un acuerdo presupuestario«. Belarra ha destacado que el Gobierno deberá «elegir si está con las eléctricas o con la gente»: «Nos gustaría saber si van a romper los lazos con las grandes eléctricas», ha espetado. Por ello, Belarra ha instado al Ejecutivo a «apostar por las renovables», a «quitar las trabas al autoconsumo», o a impulsar planes de rehabilitación energética de viviendas.