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La factura de la luz se encareció un 2,13% en 2018, lo que supuso un mayor gasto de 17,69 euros

Redacción.- Un consumidor doméstico medio pagó 848,17 euros en su factura de la luz de todo el año 2018, por lo que esta factura se encareció en un 2,13% respecto a los 830,48 euros de 2017, lo que supuso un mayor gasto en el recibo de 17,69 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada PVPC con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

De los 848,17 euros abonados en los 365 días del 2018, 181,09 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada, una partida que permaneció invariable, congelada, respecto a 2017. Del resto de la factura de 2018, 485,78 euros obedecen al consumo, 34,1 euros al impuesto eléctrico y 147,2 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Unas cifras al alza respecto a los 471,88 euros de consumo de 2017, 33,38 euros de impuesto eléctrico y 144,13 de IVA para totalizar los 830,48 euros de la factura del año anterior.

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía, el de un consumo de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio asegura que se corresponde con el de una familia media con dos hijos. Por otro lado, al igual que sucedió en noviembre, la factura media de diciembre se mantuvo en los mismos niveles que en el año anterior. Concretamente, en el mes de diciembre de 2018 fue de 74,64 euros, un 0,5% más que los 74,27 euros registrados en diciembre del 2017, lo que supone un desembolso añadido en el recibo eléctrico de 0,37 euros.

Diciembre prácticamente igual que noviembre

De los 74,64 euros abonados en los 31 días de diciembre del 2018, 15,38 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de diciembre, 43,31 euros obedecen al consumo, 3 euros al impuesto eléctrico y 12,95 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Asimismo, la factura de la luz de diciembre respecto al mes anterior, noviembre, permaneció prácticamente invariable con una subida del 0,42%, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,41 euros en diciembre respecto a los 2,40 euros de noviembre. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses a efectos de garantizar la homogeneidad estadística

Así, el recibo eléctrico vuelve a subir después de dos descensos mensuales consecutivos que cortaron la espiral alcista que le había llevado a encadenar 6 meses consecutivos de subidas. El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad,13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año. El Gobierno ha congelado para 2019 los peajes con los que los consumidores sufragan los costes regulados.

COAG solicita la implantación de un contrato específico y adaptado a las características del consumo eléctrico en el sector agrario

Europa Press.- El incremento del 3,4% de la renta agraria no se ha notado en el bolsillo de agricultores y ganaderos, debido a la espiral alcista de los costes de producción, según denuncia COAG, que ha recordado que desde 2003, el sector agrario español ha perdido el 8,3% de su renta total.

En concreto, la organización agraria ha señalado que los consumos intermedios (costes) alcanzaron en 2018 los 23.199 millones de euros en términos corrientes, lo que supone la cifra más alta de la serie con un alza del 6,3% respecto a 2017, tanto en precio (3,2%) como en cantidades consumidas (2,9%). COAG considera que es «imprescindible» emprender una serie de actuaciones para revertir la continuada pérdida de renta de los agricultores y ganaderos en los últimos años, especialmente en lo que concierne a los costes de producción cuya tendencia al alza ha comprimido la rentabilidad del sector. De esta forma, la organización agraria ha trasladado a Agricultura una serie de peticiones.

En términos de fiscalidad, COAG solicita la reintroducción de las deducciones del rendimiento neto previo por adquisiciones de gasóleo (35%) y la aplicación del tipo reducido del IVA a los consumos energéticos de los agricultores profesionales. Respecto a la tarifa eléctrica, solicitan la implantación de un contrato específico y adaptado a las características del consumo en el sector agrario y la exención parcial del 85% del Impuesto Especial sobre la electricidad (IEE) a los sectores ganaderos, como permite la normativa comunitaria y dado el elevado gasto que deben asumir esta tipología de explotaciones. Por otro lado, apuestan por el desarrollo de las energías renovables en el sector agrario y de la figura de la explotación agraria productora de energías renovables.

Familias vulnerables de Calatayud experimentan por primera vez en España el prepago de electricidad para incentivar el control del consumo

Europa Press.- El Proyecto ReluCe, impulsado por Ecodes, Endesa y el Ayuntamiento de Calatayud, ya está en marcha. La operativa ha comenzado ya con el objetivo de incentivar el consumo eficiente de energía y control de gasto de las familias vulnerables mediante un sistema de prepago de la electricidad. Esta es la primera experiencia de este tipo que se realiza en España.

Con este sistema, el usuario es informado a través de SMS, de forma semanal, sobre la evolución de su saldo y de la previsión de necesidad de recarga, si fuera necesario, para llegar a final de mes. De este modo, el consumidor puede llevar un control sobre el gasto realizado y adecuar su consumo. Cuando el saldo está próximo a terminarse, los participantes reciben un aviso en el móvil informándole sobre la necesidad de realizar una recarga. Si no la realizan y se quedaran sin saldo, su potencia quedaría reducida hasta un nivel que les permita cubrir las necesidades básicas, evitando el corte de suministro.

El proyecto permite mejorar la gestión del gasto en electricidad en el hogar de estas familias, la planificación de los recursos económicos familiares evitando gastos inesperados y conocer los consumos de forma semanal para poder implementar medidas si se detectan consumos por encima del óptimo en cada hogar. De forma previa al comienzo de la operativa, el proyecto ha optimizado el contrato de electricidad de las 18 familias ayudándoles a tramitar el bono social en los casos que tuvieran derecho al mismo. Por su parte Ecodes, ha mantenido con las familias un continuo contacto, asesorándoles y formándoles en una mejor comprensión de la factura eléctrica y en hábitos y medidas para lograr un consumo eficiente.

La factura de la luz se mantuvo el pasado noviembre en el mismo nivel de 2017

Redacción.- Un consumidor doméstico medio pagó 71,93 euros en su factura de la luz de noviembre, por lo que esta factura se incrementó en un 0,33% respecto a los 71,69 euros de noviembre de 2017, lo que supuso una subida en el recibo eléctrico de 0,24 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía: un consumo de electricidad de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio atribuye al consumo de una familia media con dos hijos. De los 71,93 euros abonados en los 30 días de noviembre del 2018, 14,88 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de noviembre, 41,68 euros obedecen al consumo, 2,89 euros al impuesto eléctrico y 12,48 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

El Gobierno congeló para 2018, y por quinto año consecutivo, los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados. Para contrarrestar la espiral alcista de la luz en los últimos meses, el Gobierno aprobó en octubre un real decreto de medidas urgentes que contempla, entre otras medidas, la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el anterior Ejecutivo del PP, y una exención del céntimo verde para el uso del gas para producir electricidad.

Eso sí, la factura de la luz de noviembre bajó un 1,03% respecto al mes anterior, octubre, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,40 euros en noviembre respecto a los 2,42 euros de octubre. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses. Así, el recibo eléctrico baja por segundo mes consecutivo después de cortar la espiral alcista que le había llevado a encadenar 6 meses consecutivos de subidas.

Con esta subida interanual en noviembre, el recibo de la luz cerró los primeros once meses del año con una subida del 2,32% con respecto al mismo periodo de 2017. La subida de precios en noviembre contribuyó a que el recibo de los once primeros meses del año se sitúe en 773,07 euros, 17,5 euros más frente a los 755,57 euros en el 2017. En los primeros once meses, la factura media de electricidad se desglosa a razón de 165,71 euros por el término fijo, de 442,11 euros por el consumo, de 31,08 euros por el impuesto de electricidad y 134,17 euros por el IVA.

La factura de la luz se encarece un 4,2% en octubre

Redacción / Agencias.– Un consumidor doméstico medio pagó 75,1 euros en su factura de la luz de octubre, por lo que esta factura se incrementó en un 3,2% respecto a los 72,07 euros de octubre de 2017, lo que supuso una subida en el recibo eléctrico de 3,03 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía: un consumo de electricidad de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio atribuye al consumo de una familia media con dos hijos. De los 75,1 euros abonados en los 31 días de octubre del 2018, 15,38 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de octubre, 43,67 euros obedecen al consumo, 3,02 euros al impuesto eléctrico y 13,03 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

En el caso del precio medio del mercado eléctrico español, el conocido como pool, el nivel de octubre es un 14% más caro que los 56,77 euros por MWh de media que marcó hace un año. El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad. El mercado mayorista funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última de ellas en participar, la más cara, marca el precio para todas.

El Gobierno congeló para 2018, y por quinto año consecutivo, los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados. Para contrarrestar la espiral alcista de la luz en los últimos meses, el Gobierno aprobó en octubre un real decreto de medidas urgentes que contempla, entre otras medidas, la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el anterior Ejecutivo del PP, y una exención del céntimo verde para el uso del gas para producir electricidad.

Por ello, la factura de la luz de octubre bajó un 3,59% respecto al mes anterior, septiembre, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,42 euros en octubre respecto a los 2,51 euros de septiembre. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses. De esta forma, el recibo eléctrico corta la espiral alcista que le había llevado a encadenar 6 meses consecutivos de subidas.

Con esta subida interanual en octubre, el recibo de la luz cerró los primeros diez meses del año con una subida del 2,54% con respecto al mismo periodo de 2016. La subida de precios en octubre ha contribuido a que el recibo de los diez primeros meses del año se haya situado en 701,11 euros, 17,35 euros más frente a los 683,76 euros en el mismo periodo del 2017. En los primeros diez meses, la factura media de electricidad se desglosa a razón de 150,82 euros por el término fijo, de 400,43 euros por el consumo, de 28,18 euros por el impuesto de electricidad y 121,68 euros por el IVA.

Varios expertos del sector eléctrico apuestan por reducir la tarifa eliminando los costes no vinculados al sistema como la interrumpibilidad

Europa Press.- Expertos del sector eléctrico apuestan por reducir la tarifa eléctrica eliminando los costes no vinculados estrictamente al sistema en el marco de un debate sobre la transición energética y los mercados eléctricos. En este sentido, el consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) Josep Maria Guinart, ha afirmado que la clave es que la reducción de la tarifa eléctrica sea una realidad sostenible en el tiempo, tanto en el ámbito doméstico como en el industrial.

La CNMC y la interrumpibilidad

Guinart apuesta por «reducir la tarifa eliminando los costes no vinculados estrictamente al sistema eléctrico, como es el servicio de interrumpibilidad para algunas empresas industriales que no deja de ser una ayuda encubierta que, si se da, debería de financiarse vía presupuestos». Ha añadido que es necesario «limpiar la tarifa eléctrica de todo aquello que no es propio», y ha apuntado que en 2017 se mantuvo la tendencia estable entre ingresos y costes en el sistema eléctrico. Asimismo, el director de Asuntos Europeos e Institucionales de Omie, Rafael Gómez-Elvira, ha asegurado que en 2017 el coste de la energía eléctrica suministrada supuso el 37,5% de la factura total del sistema.

El doctor en Transición Energética por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Pep Salas, ha afirmado que cualquier decisión política energética debe tener presentes el precio de la energía, la seguridad del suministro y la reducción del impacto ambiental. «Es necesaria valentía política y social para afrontar una reforma integral en el mercado energético influyendo en una formación de precios razonable a través del aumento de la competencia y la separación estricta de los negocios de la generación de electricidad y su comercialización«, ha finalizado.

El Congreso convalida las medidas para abaratar la luz aunque las tramitará como proyecto de ley para introducir cambios

Europa Press.- El Congreso ha convalidado el decreto ley aprobado por el Gobierno para abaratar el precio de la luz, incluyendo la ampliación del bono social, aunque tramitará la norma como proyecto de ley con el fin de introducir cambios en el mismo. El Gobierno pactó con Unidos Podemos incluso negociar de forma conjunta las enmiendas con el fin de modelar el diseño final del bono en el reciente acuerdo presupuestario, extendiendo todos los beneficios del bono eléctrico a otro bono del gas.

La convalidación ha sido respaldada por el PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT, PNV, Compromís, EH-Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canarias, mientras que el PP, Ciudadanos y UPN se han abstenido. Únicamente Foro Asturias se ha opuesto. Tras la votación, el Congreso ha aprobado la tramitación de esta norma como proyecto de ley, con el fin de poder introducir cambios, una decisión respaldada por todos los grupos de la Cámara Baja, con la sola excepción del PNV, que ha votado en contra porque ya consiguió fijar los cargos a diferentes tipos de potencia, una reivindicación de la formación jeltzale que abarata la factura eléctrica principalmente a empresas del País Vasco.

Con el decreto ley, el Gobierno socialista aumenta los supuestos en los que puede accederse al bono social, al incluir a familias monoparentales en función de la renta, y al restringir más los cortes de luz. Así, se prohíben los cortes de luz en los hogares donde viva al menos una persona con una discapacidad del 33% o superior o en situación de dependencia de grado II y III, y en hogares con bono social reconocido en los que viva un menor de 16 años.

El acuerdo establece que la renta será ahora el único criterio de adjudicación, con las únicas excepciones de criterios de dependencia, discapacidad y otras situaciones como el de familias monoparentales. Además, su solicitud será automática y podrán ser prestado por cualquier comercializadora, sea privada o municipal. Sin embargo, el principal cambio que recoge el acuerdo en este aspecto es que deberán ser las empresas del sector las que se encarguen de financiar «íntegramente» esta ayuda, en nivel proporcional a su volumen de facturación, según recoge el documento del pacto presupuestario.

El acuerdo también establece el principio de precaución, para que antes de un corte de suministro los servicios sociales certifiquen si se trata de un consumidor vulnerable, la cuantía se determinará según la renta y contará con 50 millones para garantizar la protección del consumidor. Por último, acorta el plazo para presentar una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética a 4 meses, un plan que deberá realizar un diagnóstico de la situación de la pobreza energética con medidas concretas de reducción en un horizonte a medio y largo plazo, y que contará con la participación de partidos políticos, empresas, asociaciones, entidades locales, comunidades autónomas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Actualmente, el bono social cuenta con un total de 706.118 personas perceptoras de esta ayuda, principalmente en Madrid, ya que esta provincia concentra 1 de cada 10 hogares que tienen concedido el bono social eléctrico. Según la distribución de beneficiarios de esta ayuda, Madrid (10,3%), Valencia (6,6%) y Barcelona (5,9%) son las provincias que más personas concentran con esta ayuda, seguidas de Alicante (4,9%), Sevilla (4,7%), Murcia (3,9%), Badajoz (3,5%) y Málaga (3,1%). En el otro extremo se encuentran las ciudades autónomas y provincias de menos población como Soria (0,2%).

Sin embargo, el decreto ley incluye una serie de medidas dirigidas a combatir la escalada de precios en la electricidad, entre ellas la suspensión del 7% del impuesto de la electricidad durante 6 meses, una exención del Impuesto de Hidrocarburos, la derogación del impuesto al sol, eliminando peajes y cargos al autoconsumo, y el aumento del límite en los ingresos por subastas de emisión. Asimismo, el decreto también incluye medidas de impulso al transporte eléctrico.

Por su parte, el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, espera que Ribera se comprometa a cumplir con la normativa comunitaria y devuelva a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) antes de final de año la fijación de los costes de los peajes. Un conflicto que se arrastra desde 2014 cuando el anterior Gobierno de Mariano Rajoy desligó del superregulador estas competencias y por la que la Comisión Europea ya ha advertido a España del riesgo de la sanción, recuerdan desde Convergència.

Ribera califica de «cortina de humo» que Alcoa alegue el precio de la electricidad para cerrar 2 plantas en España

Europa Press.- La multinacional productora de aluminio Alcoa anunció su intención realizar un despido colectivo en sus plantas de Avilés y La Coruña, por el que se verán afectados un total de 686 trabajadores, tras proceder al cierre de estas fábricas debido a su «improductividad». Al respecto, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha considerado una «excusa y una cortina de humo» que Alcoa alegue el alto precio de la electricidad para decidir estos cierres.

En este sentido, Ribera reconoció la sorpresa del Gobierno por la decisión de Alcoa, ya que es una de las empresas beneficiarias y que se lleva «una buena parte» de las subastas de interrumpibilidad, el sistema de gestión de la demanda que retribuye a las empresas por desconectarse del sistema eléctrico en caso de ser necesario. Así, la ministra consideró que igual ahora es necesario «ralentizar» el proceso de las subastas de interrumpibilidad y replantearse el sistema. Ribera subrayó que está trabajando «conjuntamente» con la ministra de Industria, Reyes Maroto, para reaccionar «a algo que nos ha pillado por sorpresa«.

«No es una tontería que dos grandes plantas de producción de industria básica anuncien su cierre sin comunicación, sin previo aviso. Es importante revisar con la empresa de qué estamos hablando y ver los motivos reales de los cierres, cuando en sus balances seguían presentando beneficios. Algo no cuadra en esta operación, justo cierran las dos plantas donde no ha habido inversiones de mejora», apuntó. Ribera subrayó que ante la convocatoria del comité de empresa, la ministra de Industria intentó ponerse en contacto con los directivos de Alcoa, aunque sin éxito. «Ahora queda por ver si es una decisión irreversible o si habrá otras compañías de aluminio que pueda hacerse cargo de esas instalaciones», añadió.

Ribera reconoció que «es muy llamativo» y «un poco duro» que en fase de recuperación económica dos multinacionales como Alcoa y Vestas hayan anunciado estos procesos de cierres de plantas en España. «En el caso de Vestas, que también fue así y objeto de conversaciones duras con la empresa es doloroso, ya que esa industria es la del futuro», subrayó.

Alcoa y su factura eléctrica

Según la compañía estadounidense, las plantas de Avilés y La Coruña son las menos productivas del grupo debido a «problemas estructurales intrínsecos». Ante el cierre, Alcoa ha emprendido un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores. La empresa se ha comprometido a trabajar para reducir el impacto de este proceso y negociará un plan social con los trabajadores, al afirmar ser «consciente» de la repercusión humana y social de ese anuncio, por lo que «trabajará para alcanzar el mejor acuerdo para ambas partes«.

Según Alcoa, las plantas de Avilés y La Coruña se encuentran afectadas por problemas estructurales productivos y tecnológicos como su «menor capacidad de producción, una tecnología menos eficiente y elevados costes fijos«, unidos a factores externos de mercado, como la «sobrecapacidad de producción de China», y el coste de la energía. Todos estos factores han generado pérdidas significativas en estas plantas en los últimos 2 años, pérdidas «que previsiblemente continuarán en el futuro», alerta Alcoa.

La empresa ha defendido su intención en el pasado de superar estas condiciones adversas, que han supuesto «importantes esfuerzos» en los últimos años para reducir costes en estas dos fábricas y para mantener el empleo, aunque sin éxito debido a su «tecnología más antigua y menos eficiente, economía de escala y otros factores». De esta forma, Alcoa ha concluido que el cierre de las plantas de Avilés y La Coruña podrá generar unas mejoras organizativas manteniendo la producción en una sola planta en España, la de San Ciprián, también en Galicia, donde se produce tanto aluminio como alúmina. Las ventas en España alcanzaron el pasado más de un 28% del total de su negocio mundial.

El nuevo bono social sólo reduce el recibo un máximo de 2 euros con respecto al anterior, según estima Facua

Europa Press.- El nuevo bono social eléctrico aprobado por el Gobierno sólo reducirá el recibo de la luz para un usuario medio entre 66 céntimos y 1,98 euros más que el anterior modelo, según datos de Facua-Consumidores en Acción. El recibo de septiembre del usuario medio ascendería a 83,55 euros, un 15,9% más que en septiembre del 2017 con lo que, en la mayoría de los casos, los descuentos del bono social ni siquiera sirven «para paliar este brutal incremento», señala Facua.

Así, con el anterior modelo de bono social que aprobó el Gobierno del PP, si el usuario recibe un 25% de descuento en la potencia en los primeros kWh consumidos pagaría 74,36 euros si no tiene hijos menores, lo que supone un 11% menos; mientras que abonaría 72,60 euros si tiene un menor o todos en casa cobran la pensión mínima, lo que representa un 13,1% menos. En el caso de tener dos menores, el recibo ascendería a 71,28 euros, un 14,7% menos, y si son familia numerosa la factura supondría 65,57 euros, un 21,5% menos, según calcula la asociación.

Mientras, con el nuevo bono social, el mismo usuario pagará 73,70 euros en el caso de no tener hijos menores, un 11,8% menos; mientras que ascendería a 71,68 euros si tiene un menor o todos en casa cobran la pensión mínima, un 14,2% menos. Para el caso de tener dos menores, el recibo ascenderá a 70,14 euros, un 16,1% menos, y para las familias numerosas supondrá 63,59 euros, un 23,9% menos. Asimismo, Facua critica que «no se proporcione el bono social a familias con bajos ingresos pero que resultan superiores a los pequeñísimos niveles de renta establecidos por el PP».

Galán ve «alcanzable» que en 2030 el 80% de la electricidad sea renovable siempre que se aplique «quien contamina, paga»

Europa Press.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, cree que es «perfectamente alcanzable» que en 2030 entre el 70% y el 80% del consumo de electricidad proceda de energía renovable, aunque considera que para ello hay que aplicar el criterio de que “quien contamina, paga«. «El medio ambiente no es un problema, sino una gran oportunidad de creación de riqueza y empleo, pero siempre que apliquemos el criterio de que quien contamina, paga. Si no, no lo conseguiremos», ha aseverado Galán.

Así, ha recordado que los objetivos para 2030 pasan por un peso de las energías renovables del 32% y que ello llevaría a que entre el 70% y 80% de la electricidad proceda de fuentes renovables. «Son objetivos ambiciosos pero perfectamente alcanzables desde un punto de vista tecnológico y económico», indicó. Esto pasaría, abundó, por la integración en el sistema eléctrico de 40.000 nuevos megavatios (MW), la extensión y digitalización de las redes de distribución, un «aumento sustancial» de la capacidad de almacenamiento, la ayuda al consumidor para una «gestión más activa» de la demanda y la electrificación del transporte.

En este último punto, ha apostado por que «el despliegue del coche eléctrico tiene que ser una realidad». «Como empresa eléctrica, no queremos ser el cuello de botella para este despliegue y estamos en un proceso de despliegue de contadores en todas las carreteras para que pueda ocurrir», ha subrayado. Todo ello, desgranó, implicaría una inversión global de entre 70.000 y 100.000 millones de euros, pero también «marcos claros e incentivadores que garanticen la estabilidad regulatoria, atraigan ese capital y aporten visibilidad más allá de situaciones coyunturales». «Hay que hacerlo atractivo a inversores mundiales», advirtió.

En este sentido, ha reclamado que estos marcos regulatorios «apoyen a los que miren al futuro» y garanticen «un reparto justo y equilibrado de los costes medioambientales entre los diferentes emisores» para que «no sólo pague el sector eléctrico, sino los que tengan alguna responsabilidad». Galán espera que todos estos objetivos «claros y ambiciosos» se contengan en la próxima Ley de Transición Energética y el Plan integrado de Energía y Clima, de la que espera «una planificación energética coherente» y «mecanismos regulatorios que garanticen esa consecución del modelo más eficiente«.

La renta familiar “sube más”

Por otro lado, Galán resaltó que el precio de la electricidad para los hogares, sin computar los impuestos en la tarifa, ha subido un 30% menos que el aumento de la renta familiar disponible. «Hemos crecido más en renta que lo que ha crecido la factura, un 40% menos que el metro cuadrado de vivienda en la capital y un 45% menos que productos de primera necesidad, como el pan y la leche», aseveró Galán.

Asimismo, Galán ha reconocido que existe una «sensibilidad especial con los precios» pero que esta situación «está ocurriendo en todo el mundo». Incluso considerando en este coste todos los impuestos incluidos y costes de política energética que soporta actualmente la factura eléctrica, el presidente de Iberdrola ha destacado que el precio por kilovatio hora (kWh) ha aumentado un 7% menos que la renta de las familias. «Ello ha sido posible gracias a un significativo esfuerzo de las empresas eléctricas por mejorar su eficiencia operativa», subrayó.