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Los hogares españoles pagaron 970 euros de media en 2018 por sus facturas de luz y gas, un 6,3% más

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Europa Press.– Los hogares españoles pagaron una media de 970 euros durante el año pasado en concepto de gastos de luz y de gas, lo que se traduce en una subida del 6,3% en comparación con las cifras contabilizadas el año previo, según el Estudio Fintonic Consumo de Energía en España 2018.

El informe muestra diferencias «muy significativas» del gasto de los hogares en función de la comunidad autónoma en la que se encuentren. Así, este gap se eleva hasta el 68% entre la región con la factura media más cara, que fue Castilla-La Mancha, con 1.068 euros, un 5,1% más, y la que registró la más barata, Canarias, con 638 euros, un 3,4% más. Por detrás de Castilla-La Mancha como las regiones con los mayores gastos medios por hogar durante el año pasado se situaron Baleares, con 1.045 euros, un 10,5% más, así como Cantabria, con 1.042 euros, un 10,1% más; Madrid, con 1.041 euros, un 7,1% más, y Aragón, con 1.039 euros, un 8,7% más.

En el lado opuesto, como las comunidades autónomas con la factura energética más baja en 2018, por detrás de Canarias, se encuentran Galicia, con 784 euros, un 2,1% más; Andalucía, con 879 euros, un 5,9% más; Comunidad Valenciana, con 917 euros, un 3,6% más, y Asturias, con 944 euros, un 11,1% más. A pesar de estos datos, la fundadora y consejera delegada de Fintonic, Lupina Iturriaga, ve posible conseguir ahorros en la factura mediante la renegociación de las condiciones o con la contratación de otros proveedores. «De hecho, desde Fintonic nuestros usuarios ahorran una media de 200 euros al año en su factura de la luz sin cambiar de compañía, tan revisando su factura», añadió.

Cruz Roja y Gas Natural Fenosa combaten la pobreza energética en los hogares proporcionando al consumidor vulnerable estrategias para ahorrar

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EFE.- Cruz Roja y la Fundación Gas Natural Fenosa han iniciado un proyecto para luchar contra la pobreza energética de hogares en riesgo o en situación de extrema vulnerabilidad, que pretende proporcionar a las familias estrategias concretas de ahorro económico en sus facturas para que puedan invertir ese gasto en otras esferas de la economía doméstica.

Según Cruz Roja, los formadores de la Escuela de Energía de Gas Natural Fenosa imparten talleres a 119 familias con residencia en la ciudad de Valencia, para que aprendan a entender las facturas de gas y electricidad, además de ofrecer consejos para «minimizar las pérdidas de energía y conseguir una disminución en el importe de las mismas». El proyecto también incluye la entrega de kits de microeficiencia energética, que contienen artículos como bombillas LED, burletes de ventanas y puertas, bases múltiples con interruptor y películas transparentes aislantes para las ventanas.

Entre las medidas a desarrollar, Cruz Roja auditará los hogares de 4 familias para aplicar medidas correctoras que faciliten el aislamiento del hogar y, de esta forma, reducir las pérdidas de calor, «aumentando así la confortabilidad y la sostenibilidad del hogar«, como señala la entidad. En el proyecto participan personas voluntarias de la Fundación Gas Natural Fenosa y del área de Medio Ambiente de Cruz Roja, y colaboran tanto personal técnico de Medio Ambiente como trabajadoras sociales que atienden de forma habitual a las familias.

“Se necesita una mayor colaboración”

El presidente provincial de Cruz Roja en Valencia, Rafael Gandía, ha señalado la voluntad de la organización de ampliar el alcance de las ayudas a 520 familias. Para ello, necesitan «que se sumen nuevas empresas y entidades» para colaborar en el «Llamamiento contra la pobreza energética». La organización humanitaria desarrolla diversas medidas en la provincia de Valencia con personas en situación de extrema vulnerabilidad, entre las que se hallan las ayudas para el pago de facturas de luz, agua o gas; y durante 2017 y 2018 ha proporcionado más de 2.360 ayudas con las que ha beneficiado a 973 familias.

También ha efectuado labores de concienciación y adquisición de competencias sobre ahorro energético con las familias, a las que se les ha repartido 120 kits para disminuir su consumo energético. Por otra parte, Cruz Roja Juventud destaca las propuestas basadas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número once, que cuenta con el lema Ciudad, dulce hogar y que se basa en la construcción de ciudades sostenibles. Por ello, se realizarán labores de concienciación en La Pobla de Vallbona, Torrent, Valencia, Camp de Morvedre y Gandía, así como la limpieza colectiva de entornos urbanos de Requena.

Las distribuidoras de gas natural lanzan una aplicación móvil para facilitar la lectura del contador

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Europa Press / EFE.- Nedgia (Gas Natural Fenosa), Redexis Gas, Madrileña Red de Gas y Nortegas, las principales distribuidoras de gas en España, han lanzado una aplicación móvil para facilitar a sus usuarios el proceso de lectura del contador del gas, sea cual sea su comercializadora. Concretamente, la aplicación, denominada YoLeoGas Multidistribuidora, permite facilitar su lectura a través del móvil o tableta. El usuario sólo tiene que registrar el número del CUPS (Código Unificado de Punto de Suministro) en la aplicación y hacer una foto al equipo de medida.

La aplicación avisa al cliente si la foto es correcta y la envía a los sistemas informáticos de la distribuidora correspondiente, que la procesa automáticamente. Las compañías, cada vez más comprometidas con una mayor eficiencia en los procesos, destacaron que la iniciativa refleja el «impulso firme» hacia la digitalización de las distribuidoras gasistas, que buscan juntas hacer «fácil y dotar de mayor transparencia los diferentes trámites que están asociados a la facturación del servicio energético», poniendo a disposición de los usuarios una misma aplicación para facilitar la lectura del gas.

Esta herramienta, ya disponible, puede ser utilizada por todos los usuarios de gas canalizado de España de las distribuidoras promotoras de la aplicación, así como por todas las comercializadoras existentes, que podrán así recibir de forma en internet la información de consumo de cada punto de suministro. Con esta aplicación, las compañías pretenden ir más allá del mero cumplimiento normativo que requiere poner a disposición de los consumidores y comercializadoras un sistema para la comunicación de la lectura del contador.

Las empresas distribuidoras en España son las responsables del desarrollo, la operación y el mantenimiento de la red de distribución de gas en España, a la que están conectados más de 7,8 millones de usuarios, según datos de Sedigas a cierre de 2017. Por su parte, las compañías comercializadoras que operan en España suministran al consumidor final el gas que reciben a través de las instalaciones de las distribuidoras. No obstante, es responsabilidad de las distribuidoras el proceso de lectura del contador, paso previo necesario para la facturación del consumo.

Condenada por falsificar varias firmas

Iniciativas como esta app pueden mejorar el conocimiento de los usuarios sobre el sector energético, y evitar noticias como la condena por parte de la Audiencia de Cantabria, a 6 meses de prisión y a pagar una multa de 900 euros, a una comercial de una empresa de luz y gas que falsificó la firma de 3 particulares para cambiarles de compañía suministradora. El tribunal ha desestimado así el recurso que presentó la comercial contra una sentencia del Juzgado de lo Penal número 4 de Santander que le impuso esa condena por un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

La mujer trabajaba a comisión para una empresa que a su vez había sido contratada por una suministradora de gas y electricidad para captar clientes. Según recoge la sentencia, entre noviembre y diciembre de 2014 visitó varios domicilios de Santander y consiguió hacerse con datos personales que utilizó para cambiar de compañía suministradora a 3 particulares, falsificando sus firmas. En uno de los casos hizo el cambio sin el consentimiento del cliente y en otro sí lo tenía, pero simuló la firma del marido. En el tercer caso también contó con el consentimiento del cliente para el cambio de compañía, pero presentó un documento con su firma falsificada en el que no se recogían las condiciones que le había ofrecido.

La suministradora penalizó a la empresa para la que trabajaba la comercial con el pago de 1.566 euros, al comprobar el carácter fraudulento de varios de los contratos concertados por la comercializadora. En su recurso, la acusada alegó que el juzgado de instancia no practicó «prueba de cargo suficiente que desvirtúe el principio de presunción de inocencia» e insistió en que la prueba pericial caligráfica de las firmas que obran en los contratos no concluye que ella fuese su autora.

La Audiencia de Cantabria recuerda en su sentencia que los 3 clientes acreditaron en el juicio que la acusada fue la persona que se presentó en sus domicilios y les ofreció cambiar de compañía, y también que le facilitaron sus documentos de identidad. Cuando les enseñaron los contratos, añade, afirmaron que no eran sus firmas, un extremo corroborado por la prueba pericial caligráfica que, a juicio del tribunal, es «concluyente».

Así, para la Sala, si las firmas no eran de los clientes, y por tanto eran falsas, y la interesada en que cambiaran de compañía era la acusada, que había sido contratada para ese fin y tras la visita a los domicilios entregaba a la empresa la documentación, «la conclusión no puede ser otra que la acusada falsificó las firmas para cobrar la oportuna comisión«.

El Parlamento de Cataluña acude al Constitucional para denunciar «el incumplimiento» del Gobierno de la sentencia en el caso Castor

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Europa Press / EFE.- La Mesa del Parlamento de Cataluña ha acordado presentar un incidente de ejecución ante el Tribunal Constitucional por «el incumplimiento» que consideran que está llevando a cabo el Gobierno central de la sentencia por el cierre del almacén de gas Castor. Un incidente de ejecución es el mecanismo por el que se plantean asuntos relativos al cumplimiento del contenido de un fallo del propio tribunal.

Fuentes parlamentarias explicaron que el Gobierno central «no está devolviendo el dinero que ha hecho pagar ilegalmente a los ciudadanos en la factura del gas» para indemnizar a la empresa promotora y por eso la Mesa ha decidido acudir al Constitucional. La Mesa, controlada por la mayoría de JxCat y ERC, busca que «el Estado se mueva ante la indefensión de los ciudadanos, que ven como la administración del Gobierno no hace nada por ellos», han añadido las citadas fuentes.

1.350,7 millones en el aire

El Gobierno suspendió en 2013 la actividad de inyección de gas en Castor tras los cientos de seísmos registrados en la zona. En octubre de 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS, participada por la compañía ACS en un 66,67%, a la concesión de la instalación. Al mismo tiempo, el real decreto establecía una indemnización de 1.350,7 millones para la compañía.

El Constitucional anuló en diciembre la indemnización para las empresas promotoras del proyecto Castor que fijaba el decreto que el Gobierno aprobó en 2014, al considerar la forma de aprobar este decreto como inconstitucional. Una sentencia en la que el Constitucional estimó parcialmente los recursos que habían presentado el Parlamento de Cataluña, el Gobierno autonómico de Cataluña y el grupo del PSOE en el Congreso.

El sistema gasista acabará con su déficit acumulado en 2023, 8 años antes de lo previsto, según la consultora PwC

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Europa Press / EFE.- El sistema gasista español alcanzará este año el superávit y, con la evolución prevista de la demanda, absorberá todo el déficit de tarifa que tiene acumulado en 2023, 8 años antes de lo previsto, según indica el informe Retos y oportunidades del sector gasista en el contexto de la transición energética de la consultora PwC.

Según el estudio, tras la reforma regulatoria de 2014 el sistema gasista se encuentra ya en equilibrio, a pesar de los pequeños desajustes que existieron en 2015 y 2016 debido al efecto sobre la demanda doméstica por el hecho de que ambos años fueron cálidos. Así, en 2018 se generará ya superávit. Esto será debido, principalmente, al comportamiento positivo de la demanda, que creció un 6,5% en el primer trimestre del año, a lo que se une que el sistema está ahora pagando unos costes menores ya que hay 90 millones menos de coste al año después de que el Tribunal Constitucional anulara varios puntos del decreto para pagar la indemnización por el almacén Castor, que se cargaba al sistema.

Según PwC, la sostenibilidad económica del sistema gasista ha permitido al regulador congelar los peajes de acceso desde 2014, o lo que es lo mismo, reducir los peajes un 2% en términos reales si consideramos la inflación. De esta manera, en 2023, con la generación de un superávit anual del entorno de 300 millones de euros una vez se haya repagado la deuda histórica pendiente, se podrían reducir los peajes hasta un 10% o mejorar la retribución de las actividades reguladas como se ha producido en otros países de nuestro entorno, según considera el informe.

La firma considera también que en una próxima revisión de peajes se debería contemplar una rebaja de los costes para el cliente doméstico, ya que la proporción que soporta frente a la media europea es muy superior. Además, defiende un mayor porcentaje de peajes fijos frente a los variables, pues en España los fijos son inferiores a la media europea, donde tienen gran importancia en caso de una coyuntura de demanda adversa, ya que generan mayor estabilidad en los ingresos.

A este respecto, el documento destaca que la reforma del sector gasista y la consiguiente contención de costes aparejó consigo que las retribuciones de las actividades de redes sean de las más bajas de Europa. Así, señala que, tanto en transporte como en distribución, la retribución media por punto de suministro en España se sitúa sensiblemente por debajo de la media europea, siendo un 11% y 20% inferior, respectivamente. Aún así, el informe también destaca que el gas natural ha sido capaz de atraer recursos de fondos de inversión de primer nivel, como prueba que en los últimos 15 años se han invertido 15.400 millones, entre otras cuestiones por haber gozado de bastante estabilidad regulatoria.

Además, el documento identifica al gas natural como un vector «indispensable» para abordar de forma eficiente el necesario cambio de modelo energético en España, ya que contribuye a los objetivos medioambientales de reducción de gases de efecto invernadero, a la vez que puede ser una vía para reducir la factura energética. «Nos enfrentamos al reto de transformar nuestro modelo energético para cumplir los objetivos medioambientales sin comprometer el crecimiento económico y la garantía de suministro. En este contexto, el gas natural se presenta como la alternativa más madura para atajar el problema de la contaminación, ya que puede sustituir a otras fuentes más contaminantes sin desarrollar infraestructuras adicionales», indicó el socio líder del sector energético en PwC, Carlos Fernández Landa.

A este respecto, el documento señala que el último informe sobre transición energética de la Comisión de Expertos designada por el Gobierno espera para el gas natural el mayor crecimiento en consumo de energía final, duplicándose desde los 150 teravatios hora (TWh) en 2015 a más de 300 TWh en 2030 y pasando a ser el principal consumo de 2030, por delante de la electricidad y de los productos derivados del petróleo. Según el estudio de PwC, las compañías del sector invierten unos 600 millones de euros al año en infraestructuras, lo cual ha permitido disponer de capacidad suficiente para absorber incrementos de demanda futuros.

El crecimiento se dará en todos los segmentos de consumo, aunque prevé que en la transición energética el rol de los ciclos combinados va a ser estable, suponiendo en torno al 17% o el 18% de la producción eléctrica entre 2020 y 2030. No obstante, la firma discrepa con la relevancia que en el informe de la comisión de expertos se da al gas en el transporte, apenas 13 TWh concentrados en el sector marítimo.

PwC considera que el gas es una solución con capacidad inmediata para tener penetración en el sector del transporte, que representa el 27% de las emisiones de CO2, sobre todo por su coste, y cree que su rol será importante en el segmento de transporte profesional y de pasajeros. En España en la actualidad sólo hay 6.000 vehículos, con un consumo de 2 TWh, frente a un potencial de 200 TWh que contempla la consultora.

De esta manera, el estudio valora que en España el gas natural cuenta aún con recorrido en el segmento doméstico, debido a su gran competitividad frente a otros productos petrolíferos, especialmente en zonas frías, ya que su penetración se sitúa en el 30%, muy por debajo de países con climatología comparable como Italia (88%) o Francia (39%). En lo que respecta a la industria, el gas natural es también insustituible, ya que nutre el 30% de la demanda energética de los segmentos industriales más intensivos en consumo energético, que representan un 6% del PIB nacional.

PwC es optimista con respecto al futuro del gas, entre otras cuestiones porque la factura, de una media de 98 euros por megavatio hora (MWh) en España, está por debajo de la de Alemania, Italia o Francia. Una ventaja competitiva que el informe recuerda que es aún mayor en el caso del segmento industrial, con un precio de 33 euros/MWh, si bien para un 15% de la demanda industrial, constituida por las grandes industrias consumidoras, es superior. Además, apunta que esta ventaja competitiva “no ocurre con otros productos energéticos como la electricidad o los hidrocarburos”.

Santander, CaixaBank y Bankia reclaman al Estado la devolución de los 1.350 millones adelantados para financiar el cierre de Castor

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Europa Press / EFE.- El Banco Santander, CaixaBank y Bankia han formulado ante el Gobierno una «reclamación de responsabilidad del Estado legislador» en la que solicitan la devolución de la cantidad financiada que todavía no se ha recuperado, “más los daños causados”, por la inversión de 1.350 millones de euros que realizaron cuando se hicieron cargo de la deuda para abonar la indemnización por el cierre del almacenamiento de gas Castor a la sociedad promotora Escal-UGS, controlada por ACS, según han indicado fuentes jurídicas.

La reclamación formulada por las entidades explica que la inconstitucionalidad del real decreto-ley, establecida el pasado 22 de diciembre por una sentencia del Tribunal Constitucional, no debe ocasionar «ninguna pérdida» a quien ha financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general. En este sentido, exponen que si no reciben la devolución de la financiación, el Estado se beneficiaría de la inconstitucionalidad a costa de las entidades financiadoras. En la reclamación, Santander, CaixaBank y Bankia ofrecen al Gobierno alcanzar un acuerdo que permita hacer la devolución de una manera flexible, a fin de evitar un grave impacto en las cuentas del Estado o en los consumidores gasistas.

De este modo, las 3 entidades han ofrecido que, en lugar de devolver de modo inmediato todo el importe reclamado, el Estado lo devuelva de modo gradual, en los mismos términos y con las mismas condiciones, de tipo de interés y de plazo, fundamentalmente, en que estaba previsto en el real decreto-ley 13/2014. El Estado necesitaba ese importe para liquidar con la empresa concesionaria las inversiones realizadas en Castor y el Gobierno, con José Manuel Soria al frente del Ministerio de Industria, aprobó el decreto-ley con el que extinguió la concesión, «hibernó» la instalación y reguló la compensación a la antigua concesionaria, cuyo importe se decidió repercutir durante 30 años en la factura del gas.

En octubre de ese año, Santander, CaixaBank y Bankia desembolsaron los más de 1.350 millones de euros para financiar el cierre del almacén Castor, después de que una serie de seísmos despertasen gran alarma social en Castellón y Tarragona. De estos 1.350 millones de euros de deuda titulizada por Enagás, Santander asumió 700 millones, CaixaBank un total de 450 millones y Bankia los 200 millones restantes. De esta manera, estas tres entidades son los titulares de estos derechos de cobro, que ascienden a unos 80 millones de euros anuales durante ese periodo de 30 años.

Sin embargo, el pasado mes de diciembre, el Tribunal Constitucional declaró «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del Castor y en el que se reconocía la compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS por la paralización del almacén. En su sentencia, el Tribunal no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en cómo se hizo esa indemnización a través de la aprobación de un real decreto de urgencia.

En enero, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidió, tras la sentencia del Constitucional, paralizar los pagos a la banca por esta deuda, que ascendían a 6,7 millones de euros mensuales y se abonaban como cargo al sistema gasista. Por aquellas fechas, en comparecencia en el Congreso de los Diputados, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, vaticinó una «enorme litigiosidad» entre entidades privadas y operadores públicos por la sentencia del Constitucional.

A este respecto, Nadal señaló que el Ministerio trasladó en enero a la CNMC, que es quien posee la competencia en las liquidaciones del sistema gasista, que diera cumplimiento a la sentencia, tal y como hizo en la liquidación correspondiente a noviembre. «Tenemos un efecto de la sentencia que dice que este gasto del Castor no se puede considerar como parte de los costes regulados y pedimos a la CNMC que aplique la sentencia», apuntó.

Con esa decisión del Tribunal Constitucional y la subsiguiente decisión del Gobierno de no adoptar ninguna medida compensatoria, se produjo una situación «ciertamente anómala», advierten los bancos. La deuda que el Estado tenía con la concesionaria se pagó por los bancos con el compromiso de que recuperarían ese importe con intereses en 30 años y el Tribunal Constitucional anuló el real decreto-ley en el que se recogía esta compensación únicamente porque el Gobierno usó indebidamente la figura del real decreto-ley.

El Gobierno estudia la reclamación

Por su parte, el Ministerio de Energía indicó que no procederá a valorar, hasta que lleve a cabo su estudio, la reclamación de responsabilidad contra el Estado presentada por el Banco Santander, CaixaBank y Bankia, en la que solicitan la devolución de los 1.350 millones de euros aportados, ya que, según fuentes del Ministerio, el gabinete «aún no ha podido estudiar la reclamación» presentada por las entidades financieras. Así, indicaron que Energía «no tiene constancia, por tanto, de los argumentos en los que se basaría la reclamación. Reclamación que, hasta que no se estudie, no podrá proceder a su valoración».

El gas natural bajará un 3,4% a partir de abril gracias al abaratamiento de la materia prima

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Europa Press. – La Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural bajará a partir del 1 de abril un 3,4% de media respecto al precio del primer trimestre del año, según el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Barajando cifras, el precio de la TUR 1, a la que se acogen los consumidores con consumos menores o iguales a 5.000 kWh anuales (agua caliente y cocina) caerá un 2,8%, mientras que para la TUR 2, para consumidores con consumos entre 5.000 y 50.000 kWh al año (agua caliente y calefacción), bajará un 3,6%.

El nombrado descenso en el recibo del gas es gracias al abaratamiento del coste de la materia prima en los mercados internacionales. Así, el precio del gas natural recupera la tendencia bajista, que se había visto cortada en el primer trimestre del año después de la subida del 6,2% registrada en enero.

 

Información útil de precios

Para calcular la TUR se tienen en cuenta los peajes de acceso y el precio del gas. La parte regulada de la factura (peajes de acceso), que fija el Gobierno, se mantiene en 2018 congelada por cuarto año consecutivo.

Hay que saber que se redujo el precio del alquiler de los contadores que pagan los consumidores en las facturas. Se estima que esta rebaja supondrá un ahorro medio de ocho euros al año y por cliente, para unos 7,8 millones de consumidores domésticos.

Si hablamos del precio del gas, éste se obtiene según la cotización internacional del gas, la evolución del crudo Brent y la subasta de adquisición de gas.

Por último destacar que la Tarifa de Último Recurso de gas natural se actualiza por el Gobierno de forma trimestral. De los 7,7 millones de consumidores de gas natural, más de seis millones son suministrados a través de una comercializadora de mercado a precio libre y 1,6 millones se encuentran acogidos al precio de la TUR.

 

Energía reivindica que el coste anual de indemnizar a Castor es la mitad de lo que suponía el almacén funcionando

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Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha defendido que el mecanismo de financiación para afrontar la compensación de 1.350 millones de euros por la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas Castor recogido en el real decreto ley aprobado en 2014, algunos de cuyos artículos han sido anulados por el Tribunal Constitucional, permitió una «reducción sustancial» en la factura de los consumidores de gas al recortar su coste anual de 214 millones de euros a 94 millones de euros.

Navia reconoció que lo deseable hubiera sido evitar el pago de esa compensación a Escal UGS, empresa promotora de Castor y participada por ACS, pero indicó que, a pesar de que la vía judicial fue lo primero que se intentó, el Tribunal Supremo «no atendió a las reclamaciones» del Gobierno. «Lo primero que hizo el Gobierno fue solicitar la lesividad de las cláusulas que obligaban a estas indemnizaciones, y lamentablemente no fue posible anularlas«, añadió el secretario de Estado de Energía, quien destacó que «asumir las sentencias» es una obligación.

Así, aseguró que si el Gobierno hubiera tenido «un grado de arbitrariedad» se hubiera suspendido este pago de 1.350 millones de euros, pero consideró que «no es posible». «Este tipo de situaciones no son agradables, pero al cumplimiento de las leyes nos tenemos que atener», apuntó. Además, Navia afirmó que si el Gobierno no hubiera pagado las indemnizaciones por Castor «en tiempo y en forma» se hubiera generado una situación «muy seria» con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que respaldó el proyecto. «Ahora es fácil abstraerse del ámbito financiero, pero en aquella época había presiones financieras muy importantes«, señaló.

El secretario de Estado de Energía también apuntó que el Tribunal Constitucional «en ningún momento» cuestiona el pago de la indemnización ya que, si hubiera sido así, el Gobierno «habría actuado en consecuencia», y sí que reconoce que corresponde la extinción de la concesión. «Y el real decreto dice que si hay extinción, en ese caso hay que pagar», destacó.

Por otra parte, el secretario de Estado de Energía insistió en que el almacenamiento de Castor «no va a volver a entrar en funcionamiento» y afirmó que se procederá a su desmantelamiento cuando «se pueda producir en condiciones de seguridad«. A este respecto, afirmó que «lo lógico» es atender al criterio de los expertos para ver de qué forma se podrá realizar este desmantelamiento del almacenamiento. «No puedo dar una fecha de desmantelamiento sin saber cuál es el momento óptimo en que la seguridad de las personas no se comprometa. Es una decisión que se sale del ámbito económico», concluyó.

GasIndustrial ejerce en Barcelona de anfitriona de la junta directiva de la Federación Internacional de Consumidores Industriales de Energía (IFIEC)

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Europa Press.- GasIndustrial ha sido la anfitriona de la junta directiva de la Federación Internacional de Consumidores Industriales de Energía (IFIEC, por sus siglas en inglés), que se celebró en Barcelona. IFIEC tiene como misión anticiparse y responder a las cambiantes necesidades del sector, proponiendo políticas que favorezcan un precio competitivo. Su actividad se divide en tres líneas de actuación: electricidad, gas y eficiencia y cambio climático.

GasIndustrial e IFIEC, que representan empresas intensivas en energía de todos los sectores, incluidos, entre otros, productos químicos, metales, cemento, cerámica, vidrio, caucho o papel, trabajan para lograr un suministro fiable de gas para las industrias y al precio más competitivo, según indicó la asociación. La factura de gas que pagan los industriales españoles alcanza los 3.500 millones de euros anuales. El consumo industrial de gas supone en España más del 60% de todo el consumo nacional, con una demanda estable y en continuo crecimiento, que aporta eficiencia al sistema gasista y garantiza su sostenibilidad.

IFIEC tiene reconocimiento de organizaciones no gubernamentales en las Naciones Unidas y tiene federaciones afiliadas en Europa, América del Norte y América del Sur. Por su parte, GasIndustrial, que es miembro de IFIEC desde julio de 2016, integra más de sesenta grandes y medianas empresas de un amplio abanico de sectores industriales, entre las que figuran Mahou San Miguel, Europac, Fertiberia, Ence, Campofrío, Capsa Food, Roca o Solvay, entre otras.

Compromís exige a Nadal no facturar a los consumidores gasistas «los chanchullos de PP y PSOE con ACS» en Castor

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Europa Press.- Compromís denució ante el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, que el coste de la indemnización por el fallido proyecto de almacenamiento de gas Castor, que entienden como un «chanchullo de los gobiernos del PSOE y del PP con ACS», acaben cargándose en la factura del gas.

Ante el fallo del Tribunal Constitucional que anulaba las indemnizaciones aprobadas tras la hibernación del almacén por los seísmos causados en la zona, la formación valenciana espera que el Gobierno «recalcule a la baja» estos pagos. Asimismo, pide que el departamento de Nadal «depure las responsabilidades políticas pertinentes y que sean los culpables de las cláusulas abusivas los que las paguen de su bolsillo«. «Lo que han llevado a cabo es un auténtico atentado contra los derechos más básicos de la ciudadanía», subrayó la portavoz energética de Compromís, Marta Sorlí.

En este sentido, ha criticado que «miles de familias en situación de pobreza energética parecen no ser suficientes para Rajoy» pues «apuesta por que toda la ciudadanía pague a través de la factura del gas los 4.700 millones, entre la indemnización y los intereses, de sus errores y los del PSOE». «Se ha demostrado que el Castor fue una autoadjudicación sin precio para ACS», ha criticado Sorlí, que reitera «que los chanchullos de los Gobiernos del PSOE y del PP con Florentino no se pagan con la factura del gas».