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El Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto para devolver 15,25 millones de euros a las eléctricas por sentencias del Supremo

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Europa Pres / EFE. – El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para adecuar el cálculo del tipo de interés reconocido a las compañías que financiaron el déficit de tarifa eléctrica de 2013 tras los fallos del Tribunal Supremo, que conllevan un impacto de 15,25 millones que serán abonados a las grandes eléctricas por este concepto.

Según informó el Ministerio para la Transición Ecológica, la aprobación de este decreto es necesaria para dar cumplimiento a las sentencias judiciales que corrigen el método fijado por el Ejecutivo en 2014. Así, este importe será abonado por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) con cargo al sistema eléctrico.

Este decreto será de aplicación a los titulares de los derechos de cobro correspondientes a la financiación del déficit del año 2013 de acuerdo con lo previsto en la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, que estableció para el año 2013 la existencia de un déficit de ingresos del sistema eléctrico de 3.600 millones de euros, que se amortizarían en un plazo de 15 años.

En este sentido, los fallos del Alto Tribunal establecen que las compañías eléctricas tienen derecho a percibir dichos intereses desde el momento en el que realizaron sus aportaciones a lo largo de 2013.

Precedentes

En noviembre de 2016 y marzo de 2017, el Tribunal Supremo dio la razón a Naturgy, la antigua Gas Natural Fenosa, y a la patronal eléctrica Unesa en los recursos presentados contra la orden IET/2444/2015 por no incorporar los intereses devengados desde el momento del pago efectivo de cada una de las liquidaciones.

Como consecuencia de estas sentencias, la CNMC aprobó una nueva propuesta de metodología de cálculo de los intereses correspondientes a la financiación del déficit 2013.

Así, a finales del pasado mes de enero, el anterior Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ya lanzó a información pública su propuesta de Real Decreto para regularizar estos derechos de cobro del déficit del sistema eléctrico de 2013 que corresponde a Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo.

El Consejo de Ministros aprueba la creación de la Comisión Interministerial de Cambio Climático y Transición Ecológica

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Europa Press. –El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, con la aprobación previa del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, ha aprobado un Real Decreto por el que se crea y regula la Comisión Interministerial para el Cambio Climático y la Transición Energética.

Gracias a este Real Decreto, el Gobierno ha actualizado la existente Comisión Interministerial de Cambio Climático con el fin de dotarla de una mayor proyección, según ha indicado el Ministerio para la Transición Ecológica. Así, la Comisión la preside la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y actuará como vicepresidenta la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Además, estará integrada por vocales de cada uno de los departamentos ministeriales del Gobierno, entre ellos los secretarios de Estado de Medio Ambiente y de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica.

Entre las funciones más importantes de la Comisión destacan el impulso y la coordinación de las actuaciones de los órganos concernidos de la Administración General del Estado para la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la estrategia para la descarbonización de la economía a 2050 y la de transición justa. 

En otro sentido y según asegura el Ministerio para la Transición Ecológica, cuando la Comisión Interministerial considere que resulta conveniente para el cumplimiento de sus funciones, podrá invitar a participar en las reuniones a representantes de otros departamentos, organismos, asociaciones y organizaciones empresariales y sindicales y cualesquiera otras asociaciones y entidades, así como expertos y representantes de la sociedad civil. Igualmente, podrá invitar a representantes de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla en función de los temas a tratar.

 

Mar Blava pide al presidente Sánchez la aplicación «urgente» de una moratoria que evite las prospecciones en el Mediterráneo

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EFE / Europa Press. – La Alianza Mar Blava ha enviado una carta al presidente Pedro Sánchez para solicitarle la aplicación «urgente» de medidas destinadas a proteger el Mediterráneo de las prospecciones. Según ha explicado la entidad en un comunicado, dichas medidas no necesitarían de tramitación parlamentaria.

Mar Blava ha pedido al nuevo Gobierno que apruebe de forma «urgente» una moratoria de efecto «inmediato» a la presentación de nuevas solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos, así como a la presentación de nuevos proyectos de prospecciones y de cualquier otro proyecto para la realización de campañas de adquisición sísmica con cañones de aire comprimido u otras tecnologías lesivas para la fauna marina.

En el mismo sentido, han reclamado el archivo definitivo de todas las solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos y de todos los proyectos de exploración de hidrocarburos o de adquisiciones sísmicas que están aún en tramitación, como el MedSalt-2.

Mar Blava ha solicitado además la aprobación «inmediata» del Real Decreto, ya informado por el Consejo de Estado, por el que se declara como ‘Área Marina Protegida’ el Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo, se aprueba un régimen de protección preventiva y se propone su inclusión en la Lista de Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo en el marco del Convenio de Barcelona.

Mar Blava recuerda en su carta que actualmente hay cinco proyectos en tramitación, entre ellos el de sondeos acústicos «Uncovering the Mediterranean Salt Giant (MEDSALT-2)», solicitado por INOGS de Trieste, Italia, en aguas situadas entre Mallorca e Ibiza y Formentera.

También están activos la «Campaña sísmica 2D en áreas libres del Mediterráneo noroccidental-mar balear», de la compañía británica Spectrum Geo Limited; el proyecto de perforación de pozos de Repsol Investigaciones Petrolíferas en el área «Ampliación de Casablanca», frente a Tarragona; doce permisos de investigación de hidrocarburos denominados «Nordeste 1» a «Nordeste 12», de la petrolera escocesa Cairn Energy en el golfo de León; y el permiso de investigación de hidrocarburos «Medusa», solicitado por Repsol, Cepsa y otras dos petroleras más también frente a las costas de Tarragona.

La tercera reclamación de Mar Blava es «la aprobación inmediata del Real Decreto, ya informado por el Consejo de Estado, por el que se declara como Área Marina Protegida el Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo, con un régimen de protección preventiva, y la propuesta de inclusión en la Lista de Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (Lista ZEPIM) en el marco del Convenio de Barcelona.

En el escrito que ha dirigido al nuevo Presidente del Gobierno, Mar Blava plantea la necesidad de que España prohíba por ley, como ya sucede en Francia y Nueva Zelanda (y se está tramitando en otros países, como Irlanda), las actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos en el mar.

Mar Blava ha recordado que el Parlament balear planteó una Proposición de Ley con apoyo unánime que se remitió al Congreso de los Diputados y cuya mesa vetó tramitar con votos del PP y Ciudadanos.

Actualmente, tras la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado abril, la Mesa del Congreso tiene que resolver el levantamiento del veto a esta Proposición de Ley y otras que el Gobierno vetó sin una «real y debida justificación».

«La industria del petróleo y del gas lleva años intentando obtener autorización para hacer prospecciones de hidrocarburos en las aguas que rodean Baleares pero, desde hace un lustro, se ha topado con una enorme oposición social, institucional y política a sus propósitos. Es hora de que este rechazo se concrete en una ley que prohíba definitivamente la realización de estas nocivas actividades», han declarado desde la Alianza Mar Blava.

Energía achaca a la falta de respaldo político no poder dificultar el cierre de centrales eléctricas con rango de ley

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Europa Press.- Mientras Luis Tudanca, del PSOE de Castilla y León, espera que el PP no haga lo mismo con la térmica de Velilla que con Garoña y deje «tirada» la comarca, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha esgrimido que la falta de respaldo del resto de grupos políticos en el Congreso de los Diputados, especialmente del PSOE, ha impedido que la normativa para endurecer el cierre de centrales eléctricas se haya podido aprobar mediante un real decreto ley.

Fuentes del gabinete dirigido por Álvaro Nadal recordaron que a lo largo de 2017 el Gobierno trabajó con este objetivo de sacar adelante una propuesta conjunta para elaborar una normativa con rango de ley con la que regular el cierre de centrales eléctricas, aunque no fue posible al no contar con el apoyo del resto de fuerzas políticas del Parlamento. Ante esta situación, el Ministerio optó por una regulación para establecer las condiciones que no dejaran el cierre de centrales en manos de decisiones empresariales. Eso sí, con un desarrollo reglamentario sin rango de ley.

El PSOE teme el futuro

Por su parte, Luis Tudanca no se fía de que el PP no haga lo mismo con la central térmica de Velilla que lo que hizo con Garoña en Burgos y deje «tirada» a la comarca y los trabajadores de la térmica. «Estamos esperando que tome alguna decisión» añadió, pero se ha mostrado poco esperanzado porque en Garoña el PP prometió durante años que con ellos en el Gobierno nunca cerraría y que pondrían un Plan de Reindustrialización en marcha.

Tudanca no quiere ser «agorero» pero ha recordado que hace más de 5 meses que el PP firmó «la sentencia de muerte» de Garoña y desde entonces están esperando un Plan de Reindustrialización. «Espero que eso no pase aquí, que no deje tirados ni a los trabajadores de la térmica ni al resto de la comarca» ha aseverado, al tiempo que enumeraba los problemas con los que cuenta la zona.

Nadal justifica el fin de las ayudas a la minería del carbón este año: “las decisiones se tomaron hace tiempo”

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Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, se ha referido al escenario relativo a este año 2018, ejercicio que supone el cierre de las minas de carbón no competitivas, y asegura que «la Unión Europea tiene sus reglas y las decisiones se tomaron en su día», recordando que el acuerdo se tomó en el año 2010.

Respecto a la petición del presidente del Gobierno asturiano, el socialista Javier Fernández, de que España debería exigir a la Comisión Europea unas condiciones más flexibles que permitan prolongar la actividad de la minería del carbón, el titular de Energía se ha mostrado prudente, pero ha desvelado que está trabajando, junto a Asturias y otras comunidades autónomas, para buscar «alternativas».

No obstante, ha recordado la «rigidez» de la normativa comunitaria en este aspecto, ya que el acuerdo relativo a los cierres «es muy claro». Gracias a ese acuerdo, ha explicado, se han podido mantener las ayudas hasta este 2018 y eso ha permitido el cierre ordenado de las minas. También ha permitido mantener las rentas a las personas que han dejado el sector. «La mayor parte del gasto público que se dedica actualmente a la minería del carbón es para prejubilaciones y jubilaciones», ha explicado.

En cuanto a la situación en la que quedan las minas deficitarias ha insistido en que «todo el mundo sabía las reglas del juego».  Respecto a la decisión de Iberdrola de cerrar la central térmica de Lada (Langreo), el ministro ha reiterado el criterio del Gobierno, que pasa por que sigan funcionando las centrales que son «viables y necesarias para el sistema«, e incluye en ese caso al grupo moderno de la central de Lada.

Actualmente el Gobierno impulsa un real decreto en ese sentido, para garantizar el funcionamiento de centrales que son rentables y viables. Está siendo analizado por la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC), y luego pasará al Consejo de Estado. Sin embargo, Nadal ha lamentado la «soledad» del Gobierno para aprobar una medida de este tipo. El resto de grupos no le apoyan, ha señalado, incluido el PSOE. No es el caso, matiza, del Gobierno asturiano, de signo socialista.

Nadal ha explicado que si en los últimos tres años no hubiesen funcionado las centrales térmicas en España, el precio de la electricidad mayorista habría subido de una manera «enorme», algo que afectaría enormemente a las empresas electrointensivas, de las que hay varias en España. En este sentido, ha advertido del impacto en el empleo que podría tener prescindir de las centrales de carbón. «Consideramos que estas centrales tienen que mantenerse si son rentables», sentenció.

Endesa reitera que no tomará decisiones sobre sus centrales térmicas hasta conocer la normativa definitiva sobre el cierre de centrales

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Europa Press.- Mientras el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha criticado el borrador de real decreto para evitar el cierre de las centrales térmicas al considerarlo «incoherente», «carente de sentido en el contexto actual» y con algunos preceptos de «dudosa legalidad», Endesa ha reiterado que esperará a conocer el contenido definitivo del real decreto y la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética antes de tomar una decisión sobre sus plantas de carbón.

Fuentes de la energética señalaron que el Gobierno tiene el derecho y el deber de fijar la política energética del país, por lo que aguardarán a conocer la letra definitiva del decreto y la Ley de transición energética, y cualquier iniciativa se hará «en coordinación con la política energética que determine el Ministerio«. En su plan estratégico 2017-2020, Endesa reafirma su apuesta por la descarbonización total de su mix para 2050, defendiendo la operación de la energía nuclear a largo plazo para garantizar la seguridad del suministro y la preservación del carbón para evitar mayores emisiones y costes del sistema.

A este respecto, llevará a cabo inversiones por 400 millones de euros hasta 2020 destinadas a la seguridad y operación a largo plazo de su capacidad nuclear y de 300 millones de euros para las inversiones medioambientales en sus térmicas. El pasado mes de mayo, Enel, principal accionista de Endesa, anunció su intención de cerrar las centrales de Compostilla (León) y Andorra (Teruel) en 2020 por no ser viables económicamente.

Abogados ambientales critican el decreto

Por su parte, el IIDMA advierte de que algunas de las disposiciones del texto que trabaja el Ministerio de Energía incluye disposiciones que podrían «no estar apegadas a la legalidad» y que en el contexto de transición energética «no es razonable», ya que no contempla criterio de salud ni protección del medio ambiente recogidos expresamente en los artículos 43 y 45, respectivamente, de la Constitución española. En su opinión, lejos del borrador de Real Decreto, sería exigible la «unión de esfuerzos» para lograr un plan de cierre de las centrales «ordenado y progresivo» y, al mismo tiempo aumentar la capacidad fotovoltaica española, de acuerdo con los objetivos de largo plazo.

Tras analizar el texto, añade que disposiciones como la retroactividad o la solicitud de información contable sin considerar los costes de adaptación, o las razones para la denegación de los cierres o la competencia para realizar el informe de valoración medioambiental «son incoherentes». Asimismo, ven «poco racional» exigir presentar la información contable de las instalaciones de los últimos 3 ejercicios sin incluir los costes de adaptación que deben hacerse para seguir funcionando en un futuro.

En este contexto, precisa que las centrales térmicas de carbón en España están operando bajo excepciones a los valores límites de emisión de contaminantes como el SO2, NOx y partículas, como en el Plan Nacional Transitorio, bajo el que se acogen 13 de las 15 centrales. Si bien, para poder seguir operando después de 2020 deberían hacer grandes inversiones en sistemas de desulfuración y desnitrificación. De hecho, calculan que a Endesa le costaría unos 400 millones de euros adaptar las centrales de As Pontes (Galicia), Litoral (Andalucía) y Alcudia (Baleares).

También duda el colectivo sobre la legalidad de la disposición transitoria única que prevé la retroactividad del mismo, porque el texto sería de aplicación a «todos» los cierres solicitados desde el 15 de septiembre. La memoria que acompaña al borrador tampoco justifica de forma razonada la necesidad de retroactividad. Asimismo, recuerda que el futuro Plan de Energía y Clima del Paquete de Invierno de la Unión Europea, que está en negociación, incluirá los objetivos, metas y la contribución de España en descarbonización, metas de energía renovable y eficiencia energética, seguridad, mercado interno de la electricidad y la I+D+i y competitividad.

Finalmente, el IIDMA ve necesario aumentar la capacidad de generación fotovoltaica y precisamente, en el contexto de sequía, que está agotando la fuente de energía hidroeléctrica, insiste en la importancia de buscar soluciones que permitan cumplir los compromisos internacionales como el Acuerdo de París contra el cambio climático. La directora del IIDMA, Ana Barreira, criticó el Decreto por no ser «razonable» en un contexto de transición energética y lamenta la «falta de visión» y previsión a medio plazo del Ministerio ya que «un gran número de centrales» tendrán que cerrar en julio de 2020 y, como máximo, todas tendrán que terminar como mucho en 2030.

El Gobierno transfiere al Ministerio de Energía algunas funciones que ejercía la CNMC como las inspecciones y las liquidaciones

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EFE / Europa Press.- El Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el que la Secretaría de Estado de Energía asumirá algunas funciones que desempeñaba hasta ahora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este traspaso de funciones se enmarca en una reestructuración orgánica del Ministerio.

Fuentes del Ministerio señalaron que esta nueva distribución de funciones se hará progresivamente y que no se había acordado antes «por falta de medios materiales y humanos» del propio departamento. Esta estructura organizativa, según el Gobierno, pretende «ayudar a alcanzar un crecimiento económico sólido y duradero, que permita una generación de empleo sostenible». Las funciones transferidas en el ámbito energético son las inspecciones y liquidaciones, la supervisión del sector de hidrocarburos líquidos (petróleo y sus derivados y líquidos del gas natural), el sistema de certificados de biocombustibles y control de operaciones, todas recogidas en la Ley de la CNMC de 4 de junio de 2013.

El objetivo de esta medida es adaptar la estructura del Ministerio para adecuarla a las competencias en materia de energía y telecomunicaciones recogidas en diferentes leyes sectoriales. Por tanto, se han creado ad hoc las siguientes subdirecciones generales: Energías Renovables y Estudios, Eficiencia Energética e Inspecciones y Liquidaciones Energéticas. Por el contrario, desaparece la subdirección general de Planificación Energética, mientras que la de Relaciones Energéticas Internacionales refuerza su dimensión exterior y participará en las funciones de estudios, estadísticas y prospectivas.

Energía lanza a consulta pública el proyecto para regular el cierre de centrales eléctricas

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha lanzado una consulta pública para el proyecto de real decreto que quiere aprobar para regular el procedimiento de cierre de las instalaciones de generación eléctrica.

El gabinete dirigido por Álvaro Nadal señala que mediante este real decreto pretende abordar una serie de medidas que garanticen «en todo momento la seguridad del suministro en el territorio nacional».

Así, considera que la norma tiene como finalidad establecer las medidas regulatorias que aseguren que las decisiones de cierre de centrales de generación eléctrica «son coherentes con los instrumentos de planificación energética y, de esta manera, son compatibles con los objetivos en materia de seguridad del suministro, cambio climático y precio de la energía».

En concreto, la consulta, que tiene como objetivo recabar la opinión de las personas y entidades potencialmente afectadas por la norma, estará abierta hasta el próximo 15 de septiembre.

Por medio de este real decreto, el Ministerio busca desarrollar las medidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica cuando concurran una serie de supuestos, como el riesgo cierto para la prestación del suministro de energía eléctrica, situaciones de desabastecimiento de las fuentes de energía primaria, amenaza grave a las instalaciones, a la integridad de la red de transporte, a la distribución de energía eléctrica, así como en situaciones que impliquen una reducción sustancial de la disponibilidad de las instalaciones de producción, transporte o distribución del suministro.

Además, considera necesario tener en cuenta las proyecciones e impactos de cada tecnología en la generación eléctrica nacional, de cara a las obligaciones de planificación energética con la Unión Europea en el horizonte 2030 y 2050, para lograr el cumplimiento de los objetivos energéticos y de cambio climático que los Estados miembros han asumido como consecuencia, entre otros, del reciente Acuerdo de París.

Asimismo, afirma se debe ponderar el coste-beneficio que implicaría el cierre de una central y la posible apertura de una nueva central, considerando el impacto sobre el precio de la energía para usuarios domésticos e industriales y sobre la competitividad de la economía española.

Dotar de los instrumentos para garantizar la continuidad

De esta manera, el objetivo final de este real decreto que prepara el Gobierno es dotarse de los instrumentos para garantizar la continuidad de las centrales ante eventuales cierres y otras situaciones de contingencia.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, que ha buscado los apoyos parlamentarios de PSOE y Ciudadanos para regular este cierre de centrales a través de una ley, aunque sin éxito, ha reiterado en varias ocasiones que esta decisión no puede depender únicamente de las empresas porque influye en la configuración del ‘mix’ energético, un tema que debe ser competencia del Parlamento y el Gobierno.

El discurso de Nadal respecto a este tema se endureció a partir de mayo, después de que Enel, principal accionista de Endesa, confirmara que, en base a la vigente normativa ambiental y teniendo en cuenta las actuales condiciones del mercado, cerraría sus centrales de carbón de la Compostilla (León) y Teruel antes del 30 de junio de 2020.

Asimismo, Gas Natural Fenosa también anunció en junio que acometería un «cese paulatino» de la actividad de su central térmica de Anllares hasta 2019.

Cerca de 4.500 MW de solar fotovoltaica esperan su oportunidad en la nueva subasta de renovables del 26 de julio

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Europa Press.– Proyectos con una capacidad conjunta de cerca de 4.500 megavatios (MW) esperan una oportunidad en la nueva subasta de energías renovables organizada por el Ministerio de Energía, que se celebrará el 26 de julio y que permitirá la instalación de más de 3.000 MW. El volumen de megavatios solares interesado por el proceso da muestras del interés en torno a la subasta, que está limitada a proyectos fotovoltaicos y eólicos, a la vista de que son las renovables más competitivas.

Fuentes de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) precisan que la cifra de 4.500 MW procede de una estimación de los proyectos que se presentaron a la anterior subasta, en la que la fotovoltaica apenas pudo obtener una potencia residual. Es previsible que este volumen de demanda vuelva a presentarse a la puja del 26 de julio, si bien las fuentes precisan que el dato debe tomarse como un «pronóstico» del sector. En la subasta anterior, también de 3.000 MW, la demanda triplicó la oferta, de modo que quedaron unos 6.000 MW de renovables sin asignar.

Subastar más de 3.000 MW

En el real decreto 650/2017, publicado en el BOE, el Ministerio de Energía abre la puerta a ampliar por encima de los 3.000 MW la potencia adjudicada, lo que eleva las opciones del sector fotovoltaico, que se siente discriminado por el sistema de desempate en el que se priman las horas de producción y, con ello, a la eólica. El artículo 1 del real decreto establece que «el cupo de potencia se incrementará, por encima de los 3.000 MW, para permitir la inclusión de la potencia de todas aquellas ofertas que tengan el mismo sobrecoste que la última oferta adjudicada».

Este incremento en el número de megavatios licitados será posible siempre que el sobrecoste para el sistema «sea nulo» e inferior a un valor que se establezca en una «cláusula confidencial» de la resolución por la que se convocará la subasta. El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha asegurado que su departamento no descarta ampliar la potencia que se adjudicará en la próxima subasta de renovables «si las ofertas son competitivas y a costes interesantes para el consumidor». Navia se mostró convencido de que España alcanzará el objetivo del 20% de energías renovables en el horizonte de 2020.

El Gobierno modifica el real decreto de certificación de eficiencia energética en edificios

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Europa Press.- El Consejo de Ministros aprobó un real decreto que recoge dos modificaciones puntuales de otro real decreto del 5 de abril de 2014 que regula el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. De esta manera se da cumplimiento a la transposición de una Directiva comunitaria de 2010, explica el Gobierno en las referencias tras la reunión.

La primera modificación del decreto recoge la definición exacta del término «edificio de consumo de energía casi nulo»‘, con el fin de hacerla coincidir con las exigencias recogidas en la citada Directiva comunitaria. La segunda modificación afecta a los edificios que están excluidos del ámbito de aplicación del real decreto. En este caso, la modificación supone que determinados edificios protegidos oficialmente, a partir de ahora sí tendrán que contar con un certificado de eficiencia energética.