Entradas

Podemos pide la comparecencia de la ministra de Industria en el Congreso por el cierre de Vestas en León

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- Podemos registró la solicitud de comparecencia de la ministra de Industria, Reyes Maroto, para que explique en el Congreso de los Diputados qué líneas de actuación seguirá ante la situación que sufre la plantilla de la empresa Vestas en su planta de Villadangos del Páramo (León).

El diputado Rafael Mayoral ha trasladado su apoyo tanto a los trabajadores de Vestas como a la sociedad leonesa, ya que los efectos del cierre «afectarán a toda la provincia tanto a nivel económico como social», según ha señalado. Mayoral ha exigido «mano dura con las multinacionales» porque «no puede ser que vengan aquí, se lleven las subvenciones, se les regalen los terrenos, salgan corriendo con los beneficios y dejen a la clase trabajadora tirada, eso es inadmisible». Frente a ello, Podemos ha apostado por la industrialización, por un empleo «de calidad» y una transición energética «que garantice producción industrial».

Por su parte, la coportavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha criticado que la ministra de Industria esté «desaparecida» en medio de la «crisis» de Vestas. «Tiene que explicar qué va a hacer», ha exigido. Uno de los empleados de la fábrica, Andrés Turienzo, ha recordado que actualmente 360 familias en León dependen de Vestas y que se deben tener en cuenta los más de 200 trabajos temporales generados. «Van pasando los días, los meses, sin cobrar y sin ver movimiento», ha explicado.

Pablo Iglesias pide valentía al Gobierno y que «se siente con las eléctricas» para frenar la subida de la luz

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, reclamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sea «valiente» y «se siente con las eléctricas» para «acabar de una vez a una dinámica de oligopolio que tiene que pagar la gente, que ve cómo se sube sistemáticamente la factura de la luz».

Iglesias considera que este «oligopolio eléctrico» es «responsable en última instancia» de que la factura de la luz en España sea «una de las más caras de Europa», ha recalcado, y considera «insuficiente» la anunciada suspensión del impuesto de generación eléctrica a las compañías. Esta medida, anunciada por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con el fin de abaratar la tarifa eléctrica, dejará en suspenso el 7% que grava la producción de la electricidad a las compañías, impuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy en su reforma energética de 2012. Las estimaciones del Ministerio es que esta medida abarataría un 3% la factura.

“Los intereses de las eléctricas”

Uno de los compañeros de Iglesias en el Congreso, el diputado Rafa Mayoral, ha apostado por «empezar a tocar los intereses de las eléctricas», pues considera que «tienen que asumir que tienen que comprometerse». «No tiene sentido que cuando hablemos del precio de la luz, las grandes ausentes sean las eléctricas«, ha afirmado, apostillando que «el hecho de ser un oligopolio no significa que tengan que tengan que tener súperbeneficios». «Hay que ver cómo se toca la factura de la luz para garantizar el derecho al acceso al suministro», concluyó.

Por otro lado, uno de los grupos que forma parte de la coalición de Unidos Podemos, Equo, ha calificado de «parche» la anunciada suspensión del impuesto de generación eléctrica, y ha reclamado al Gobierno medidas que prioricen al consumidor y al medio ambiente, y no a las empresas eléctricas. «Es hora de que la política energética se haga pensando en los consumidores y en el medio ambiente, en vez de en los beneficios de las eléctricas», subrayó el diputado de Equo, Juan López de Uralde.

Equo critica que esta medida no aborda «el problema de fondo del coste de la luz», que «tendrá un impacto muy moderado en los consumidores», e insiste en abordar una reforma del mercado eléctrico, particularmente en el sistema de fijación de precios para acabar con los beneficios caídos del cielo de las plantas ya amortizadas, como las hidráulicas o nucleares.

Tendrá un «muy limitado efecto»

Por su parte, Izquierda Unida ha advertido al Gobierno del «muy limitado efecto» que tendrá la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, ya que «no logrará reducir de forma significativa el abusivo recibo de la luz«. En este sentido, la portavoz de la dirección federal de Izquierda Unida y el responsable de Políticas Económicas, Sira Rego y Carlos Sánchez Mato, respectivamente, denuncian que la suspensión de esta tasa, instaurado por el PP, «no conseguirá el efecto deseado».

Rego subrayó que el efecto de la medida será «muy limitado, lo que no se corresponde con el triunfalismo y las expectativas con que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, lanzó la medida». Además, advirtió que incluso para aquellas personas que se puedan beneficiar de ella» la reducción media estimada rondará los 1,5 euros al mes y siempre en aquellos meses de precios más elevados, por lo que puede ser incluso inferior en las épocas con un precio más reducido dado el mayor peso de las energías renovables».

Por otra parte, Sánchez Mato apuntó que eliminar el impuesto de generación eléctrica supone, de forma automática, que el erario público pierda una recaudación que sólo en 2017 ascendió a 1.700 millones de euros. «Ribera no ha explicado cómo afrontará el desequilibrio que supone. ¿Acaso quiere financiarlo, como ya hicieron antes, con el famoso déficit de tarifa que seguiremos pagando en el recibo mes tras mes o acaso va a subir otros tributos para que haya más justicia fiscal?», añadió.

Un paso «insuficiente» para UGT

Por otro lado, UGT considera que las medidas propuestas por el Gobierno para frenar la subida de la luz y combatir la pobreza energética «son un primer paso», pero que es «insuficiente». El sindicato reclama al Ejecutivo concreción en sus propuestas, incluido su impacto económico y financiero, y le pide ser «más ambicioso» con la aprobación de una ley «eficaz» para combatir la pobreza energética. Así, propone mejorar el bono social permitiendo que se puedan acoger más familias y que éstas cuenten con mayores descuentos.

Además, el sindicato reclama la participación sindical en la anunciada Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza, que estará lista en 6 meses. Por ello, UGT pide una reforma integral y consensuada del sector eléctrico que garantice el suministro y propicie «la transparencia y la competencia efectiva» del sector. Dentro de estas medidas, reclama una auditoría al sistema eléctrico, mejorar la fiscalidad, la implementación de actuaciones de eficiencia energética y el impulso del autoconsumo, así como «acabar con el monopolio de las redes de distribución eléctrica, pasando a manos públicas».

Podemos pide que no se renueven las licencias de las centrales nucleares para lograr su cierre en España en 2024

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- Unidos Podemos exigió al Gobierno en el Congreso que no prorrogue las licencias de las centrales nucleares con el objetivo de que esta fuente energética desaparezca en 2024, año en el que expira el último permiso de una planta española.

«Es una energía peligrosa y cara que, además, no tiene internalizados los costes, por lo que, al final, terminamos pagando entre todos los beneficios de las eléctricas«, ha denunciado el secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de la formación morada, Rafael Mayoral, quien ha asegurado que es «inadmisible» que estas centrales puedan continuar funcionando «más allá de los permisos que tienen».

Mayoral compartió esta propuesta con representantes del Movimiento Ibérico Antinuclear, que engloba a 80 asociaciones españolas y portuguesas, con quienes se reunió. El coordinador de esta organización, Paco Castejón, destacó el «momento importantísimo» en el que se encuentra actualmente el futuro de las nucleares, ya que éstas son las que «marcan el modelo energético» del país. «Entre esta legislatura y en la siguiente expiran todos los permisos de las nucleares y se tienen que tomar las decisiones sobre prorrogar o no estos permisos», auguró Castejón.

Actualmente, el Ejecutivo se encuentra dentro del plazo de 6 meses para decidir si reabre la planta de Santa María de Garoña (Burgos). Castejón señala que si deciden prorrogar la licencia se hará por, al menos, 10 años, lo que permitirá llegar a la central hasta la cincuentena. Además, Garoña será el modelo a seguir con el resto de centrales.

«Si se produce este paso, al cabo de 10 años se prorrogarán otros 10, que es la pretensión de la industria nuclear», augura el ecologista. En este sentido, Castejón ha señalado que «las nucleares no son compatibles con un desarrollo masivo de energía renovable», porque éstas son intermitentes, mientras que las nucleares no se pueden regular. Es decir, si entraran de golpe 3.000 megavatios de eólica, no se podrían apagar de golpe 3.000 megavatios de nucleares, porque tarda un día.

Podemos y los ecologistas creen que se usará la reapertura de Garoña para alargar la vida de todas las nucleares

/0 Comentarios/en , , , /por

Redacción / Agencias.- Las principales organizaciones ecologistas y partidos políticos como Unidos Podemos y Equo han lamentado el dictamen favorable a la reapertura de la central nuclear de Garoña y auguran que con esta decisión se abre la puerta para alargar el funcionamiento de todo el parque nuclear español, sin un debate previo ni político. En este sentido, el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, calificó de «absolutamente incomprensible» el informe del CSN.

A su juicio, esta decisión es «la punta de lanza para darle otro impulso a una industria que no tiene sentido», por lo que Mayoral señaló que «en estos momentos, lo que hay que hacer es cerrar la central definitivamente» ya que asegura que «otro camino no tiene sentido». Tras conocer el documento presentado por el organismo, y que ha contado con todos los votos a favor del consejo, con excepción de la exministra socialista de Medio Ambiente, Cristina Narbona, Izquierda Unida presentó en el Congreso una iniciativa en la que insta al Gobierno a «tomar las medidas necesarias para decretar el cierre y desmantelamiento definitivo» de la central burgalesa.

La formación recuerda que Garoña es la central nuclear más antigua de España y que ha operado desde 1970 hasta su parada en 2012 con un reactor fabricado por General Electric, similar a la de la accidentada central japonesa de Fukushima. Por ello, llama al Ejecutivo a «asumir la responsabilidad política y penal que pueda derivarse de cualquier decisión relacionada con la reapertura». La proposición también pide que se «elabore un estricto calendario para iniciar el cierre y desmantelamiento progresivo del resto de centrales nucleares que permita la implantación de energías renovables que sustituyan la energía nuclear» y busca que el Gobierno coordine «con las administraciones territoriales planes de dinamización de las comarcas afectadas por el cierre de centrales nucleares«.

También desde Equo se han hecho eco de su descontento con la decisión del CSN. Para su diputado y portavoz, Juan López de Uralde, es «inadmisible» que, pese a que está acreditado que Garoña sigue sin «cumplir los requisitos» de seguridad que le exigió previamente el propio CSN, se apruebe su reapertura. «Garoña es una central obsoleta y peligrosa, pero la industria nuclear la está utilizando de ariete para abrir la puerta al alargamiento de la vida de las nucleares. El hecho de que la central no haya realizado las modificaciones de diseño requeridas es motivo suficiente para que el dictamen fuera negativo, pero una vez más el CSN acomoda la legalidad a los intereses de las nucleares», ha denunciado.

El diputado recuerda que en el Congreso existe una «amplia mayoría» que demanda el cierre definitivo las instalaciones, y ha anunciado que su grupo impulsará las iniciativas parlamentarias necesarias para lograr ese objetivo. «La mayoría parlamentaria se ha mostrado una y otra vez contraria a la reapertura de Garoña, y el Gobierno la está desoyendo. Ahora esa mayoría debe ponerse en acción para evitar la reapertura utilizando todas las vías a su alcance», advirtió. López de Uralde explicó que si el Ministerio de Energía «sigue adelante con este disparate» y concede el permiso para reabrir Garoña, Unidos Podemos propondrá al resto de grupos aprobar una ley para decretar el cierre definitivo de la planta burgalesa.

Alargar vida del parque nuclear

Por otro lado, Paco Castejón, de Ecologistas en Acción, ha señalado que la decisión del CSN por «esperada no es menos grave». En este contexto, el ecologista ha señalado varios motivos: el primero por el riesgo que supone mantener Garoña en funcionamiento, “una peligrosa antigualla situada en la cabecera del Ebro en la que un accidente con fuga al río afectaría ecosistemas y poblaciones de las comunidades”. Por otro lado, se trata de un permiso de 17 años, el más largo concedido a una central nuclear en España que supondrá una autorización para operar hasta los 60 años dentro del actual mercado eléctrico español, en el que «las nucleares son un negocio para sus explotadores».

Castejón ha matizado que existe una batería de cambios a introducir en la central antes de su puesta en marcha, entre las que ha resaltado el cambio de cientos de kilómetros de cables o la torre de enfriamiento que la Confederación Hidrográfica del Ebro impone para la reapertura de Garoña. Para Castejón esta decisión del CSN está destrozando la credibilidad del organismo, ya que se ha elaborado “a la medida de Nuclenor” para reabrir Garoña. «Se ha abierto la puerta para alargar el funcionamiento de todo el parque nuclear español sin un debate previo ni político, ni social ni siquiera tan siquiera técnico ya que en el caso de Garoña, aún faltan inspecciones y protocolos».

Para Raquel Montón, portavoz de Greenpeace, el CSN no sólo ha abandonado la seguridad nuclear sino que la ha dañado profundamente, ya que no garantiza la seguridad nuclear. “Garoña no puede cargar combustible ni producir electricidad, sin embargo el CSN se atreve a dar un informe favorable, aun teniendo sobradas razones para no hacerlo. Sin embargo, el organismo regulador no ha dudado en menoscabar la seguridad nuclear en España e ignorar al Parlamento para favorecer los intereses de la industria nuclear», ha declarado Montón, que también cree que la «intención última» es ampliar el parque nuclear “por la puerta de atrás, sin contar con la opinión pública y el Parlamento”.

Asimismo, Greenpeace acusó al CSN de actuar con «malas prácticas» en materia de seguridad nuclear porque, según la organización, el organismo se ha saltado sus protocolos y ha ignorado sus requerimientos realizados a Garoña en 2015. Por ello, pide al ministro de Industria, Energía y Agenda Digital, Álvaro Nadal que no tenga en cuenta este informe y que «juegue limpio» y que se facilite «un tiempo» para evitar materializar la «situación dantesca» que supondría renovar la central nuclear pero sin dejarle cargar combustible y producir electricidad, los fines para los que se pidió la renovación.

Además, Montón ha señalado que esto tiene «consecuencias» sobre la política energética de España, que debería ser diseñada en función del contexto económico y ecológico, y advierte al ministro que hacer esta política sin debate y por la vía de los hechos supone «transgredir todas las normas de participación en democracia». «Nadal debe pensar si continúa con el proceso o para esta decisión que solo va a defender los intereses de las eléctricas de forma unilateral con una autorización que debería ser directamente denegada», añadió.

Ante esta situación, ha adelantado que Greenpeace pedirá la publicación de los 167 informes técnicos realizados por 16 áreas del regulador nuclear y que han servido de base para la decisión final, primero a través del CSN y, en caso de que no se publiquen, a través del Portal de la Transparencia. Del mismo modo, solicitarán adelantar el Comité para la Información y la Participación Pública del CSN, que suele celebrarse en marzo y octubre, pero no cree que el regulador acceda a su petición.

Diputación de Álava en contra

Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González, aseguró que, tras la decisión del CSN, la Diputación alavesa va a seguir trabajando «en defensa de Álava, para evitar la barbaridad que supondría la reapertura» de Garoña. González denunció en el Parlamento europeo que el CSN está «incumpliendo» la normativa comunitaria en materia de seguridad nuclear, con su «oscurantismo» en torno a esta posible reapertura de la central nuclear, muy próxima al territorio alavés.

Podemos considera que las compañías eléctricas deberían asumir el coste del suministro a los consumidores vulnerables

/0 Comentarios/en , , , , /por

Servimedia / EFE.- El presidente de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso de los Diputados, Ricardo Sixto, considera que el suministro eléctrico de garantía para los hogares en situación de vulnerabilidad «es un coste que debe ser asumido sobre todo por las compañías, puesto que se trata de una cuestión social». Así se expresó Sixto, diputado de Unidos Podemos, que sostuvo que «está claro que tiene que ser un coste compartido entre las compañías y las administraciones».

A este respecto, señaló que la Comisión de Energía del Congreso «va a tener que desarrollar un trabajo muy interesante y muy importante para no dejar en la estacada a la gente que más sufre los efectos de la crisis y que puede acabar padeciendo una situación de indefensión frente a unas compañías enormes que acaban marcando unos precios que mucha gente no puede asumir».

«Es una situación compleja que lo que tiene que llevar en un primer momento es sensibilidad por parte de la empresa cuando se producen estos cortes de suministro, porque son ellos los que manejan los datos, son ellos los que conocen cuáles son las circunstancias del corte que se está produciendo», añadió. En esta línea, argumenta que desde las empresas «son ellos los primeros responsables y los primeros que tienen que estar interesados en que no se produzcan situaciones de este tipo, de extrema vulnerabilidad».

Por otro lado, pidió al Gobierno que aborde este problema, porque «el que haya una cobertura estatal a toda esta normativa sería positivo». «El que las comunidades autónomas tengan que ir cada una por su lado regulando estas cosas puede dar lugar a ciertas disparidades que no tendrían sentido», apostilló. En concreto, abogó por que el departamento dirigido por Álvaro Nadal establezca la obligatoriedad por ley de que las compañías eléctricas tengan que comunicar a los ayuntamientos los cortes de suministro en situaciones de vulnerabilidad, en la línea de lo contemplado en la ley catalana.

Sixto considera necesario hacer que las empresas, a la hora de suministrar los datos, puedan hacer una primera criba de cuáles son esas situaciones de vulnerabilidad que se producen, porque las situaciones de corte son muy diferentes, y «eso las compañías son las que más posibilidades tienen de poder visibilizarlo«. Asimismo, advirtió sobre el problema para las administraciones locales que supone la ley de financiación local, que, según Sixto, les impide contratar personal suficiente para dar los servicios que tienen que prestar a la ciudadanía.

En cuanto a la financiación del bono social, explicó que la opción que «parece contar con más respaldo por parte de los grupos parlamentarios y del Ministerio es buscar una solución similar a la que se venía aplicando hasta ahora, que sean las compañías las que asuman el coste», sin valorar que el sistema de financiación aplicado hasta ahora fue anulado por el Tribunal Supremo.

Asimismo, advirtió de que «hay una cuestión más complicada, que es a quién se aplica», ya que considera que «ha tenido un criterio muy generalista, ligado a un consumo menor de un determinado nivel y a pocas cuestiones más». Esto, según Sixto, «ha llevado a que gente con poderes adquisitivos muy diferentes tengan derecho al bono social, cosa que no tiene mucho sentido». «Hay que ligarlo a las rentas que tiene cada unidad familiar», sentenció.

«El problema no es cómo se hace, el problema es que según los cálculos que manejan las empresas eléctricas ahora mismo hay 2,5 millones de contratos con el suministro en bono social y si se aplicasen criterios de renta probablemente habría un millón menos», advirtió. «Hay un millón de contratos que tienen bono social que si aplicásemos criterios de renta no tendrían derecho a ello. Eso debe tener un coste político para asumirlo en un determinado momento y a veces hay Gobiernos que no han querido asumir ese coste», lamentó.

Pobreza energética “inadmisible” en España

Diputados del Congreso y miembros de la Ejecutiva Estatal de Podemos celebraron en La Granja (Segovia) una jornada de trabajo para preparar la movilización del 21 de diciembre contra la pobreza energética. En este sentido, el secretario de Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, sostuvo que es «inadmisible» que la conocida como pobreza energética «exista en España, uno de los países más ricos de Europa». Mayoral aseguró que «los abusos tarifarios existentes son intolerables y más en un país en el que las compañías energéticas tienen los beneficios más altos».

En su opinión, las movilizaciones que se han desarrollado hasta la fecha han logrado que la pobreza energética forme parte de la agenda política, aunque Mayoral ha insistido que «se sigue violando» la observación de Naciones Unidas que aboga por el derecho a disponer de la energía suficiente para poder alumbrar la casa, cocinar y mantener la temperatura adecuada. En este sentido, ha subrayado que «no sirve de nada una moción» y ha exigido medidas legislativas que «garanticen los derechos de la mayoría y pongan límites a las eléctricas para que dejen de jugar con la vida de la gente». 

Podemos pide cerrar la puerta al carbón de importación «manchado de sangre» así como auditar los fondos mineros

/0 Comentarios/en , , /por

EFE / Europa Press.– El secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos, Rafael Mayoral, ha reclamado «cerrar la puerta» al carbón de importación «manchado de sangre» que «está estrangulando la minería» en España. Unidos Podemos presentó una proposición no de ley en el Congreso que apuesta por la reactivación económica de las cuencas mineras y reclama una auditoría de los fondos mineros que analice el conjunto de las ayudas e inversiones realizadas para reactivar las cuencas.

«El debate no es si se consume o no carbón. Se está consumiendo más, y eso es un problema con nuestros compromisos internacionales para la reducción del CO2, pero al mismo tiempo se está estrangulando de forma inaceptable la minería española», aseveró Mayoral, que ha criticado la importación masiva de mineral procedente de países que no cumplen con la normativa laboral o medioambiental. Según sus datos, sólo el carbón importado que entra cada año por el puerto de Gijón duplica ya al de producción nacional. Por ello, pide que los presupuestos generales del Estado graven con un impuesto especial el consumo de carbón que se produzca «en condiciones sociales y medioambientales menos garantistas» que las que disfruta la Unión Europea.

El diseño de ese impuesto debe adecuarse según Podemos al objetivo de que se aumente el consumo de carbón autóctono «sin menoscabo de una disminución global» de la participación de este combustible en el mix energético. Podemos solicita también la elaboración de un plan «público y transparente» de reactivación económica para las comarcas mineras consistente en garantizar la inversión de las administraciones públicas «hasta reducir el diferencial en desempleo respecto a la media». Finalmente Podemos denuncia el «incumplimiento» de los acuerdos cerrados en 2013 entre el Gobierno y los trabajadores del sector y que, mientras se reduce la producción nacional de carbón, está aumentando la importación de este recurso natural.

Asimismo, también ha reivindicado la necesidad de que se produzcan cierres ordenados de las minas, y puso como ejemplo la ausencia de esto en el cierre de la explotación de Vasco Leonesa, sin tener en cuenta los riesgos de tipo ecológico para los pueblos colindantes. «No entendemos que el Gobierno esté mirando para otra parte ni que la Junta de Castilla y León no haya adoptado las medidas oportunas. La situación es de locura», señaló.

PSOE, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida presentan en el Congreso una iniciativa conjunta para evitar el cierre de Elcogas

/0 Comentarios/en , , , , , /por

Redacción / Agencias.- Mientras los trabajadores de Elcogas se manifestaban en Madrid y entregaban el plan de viabilidad de la empresa al Ministerio de Industria, el PSOE, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida-Unidad Popular registraron en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley conjunta para exigir a Industria que «reconsidere su posición» y solucione el conflicto de Elcogas aprobando un plan de viabilidad que garantice el futuro de la térmica de Puertollano (Ciudad Real) y evite el cierre previsto para este domingo.

La petición al Ministerio de Industria de que apueste por un plan de viabilidad para Elcogas ha logrado la primera iniciativa conjunta de los principales partidos políticos a excepción del PP en esta nueva legislatura. En este sentido, las cuatro formaciones, acompañadas por representantes de los trabajadores de Elcogas, presentaron un texto en el que se reclama a Industria y a la dirección que garantice el futuro de la empresa con un plan de viabilidad que «garantice su continuidad potenciando su actividad en la hibridación con biomasa y como proyecto de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías«. También instan al Ejecutivo a que trabaje en un plan específico de reindustrialización para Puertollano y su comarca.

La diputada castellano-manchega y número tres del PSOE en el Congreso, Isabel Rodríguez, subrayó el «esfuerzo colectivo» plasmado en la iniciativa, con la unión de la oposición, recogiendo un «amplio apoyo social y político» a los trabajadores de Elcogas. Además, aseguró que la solución a este conflicto es «fácil» porque sólo depende de una «decisión política» y criticó al Gobierno del PP que no tenga «la más mínima voluntad política de sacar adelante el proyecto». Por eso, pidió a los populares que «sean al menos capaces de reconocer que están en la recta final de su Gobierno» y que «mantengan todas las posibilidades de viabilidad hasta que haya un nuevo Gobierno con una sensibilidad diferente«.

Por su parte, el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y diputado de Podemos, Rafael Mayoral, hizo hincapié en que su formación pretende ser «vehículo de las reivindicaciones de los trabajadores» porque «las instituciones se tienen que poner al servicio de la mayoría social», y exigió a Industria que «reconsidere su posición» y acabe con el proceso de desindustrialización del país, del que Elcogas no es más que un ejemplo. «Es necesario poner en valor los intereses del país y acabar con este proceso. La obligación de los representantes políticos es estar con los trabajadores. No se puede mirar a otra parte, el empleo es prioritario para poder afrontar el futuro del país», insistió.

También la alcaldesa de Puertollano, la socialista Mayte Fernández, exigió al Ministerio que «dé una respuesta cuanto antes» a las reivindicaciones de los trabajadores para que Elcogas no cierre, matizando en coordinación con la empresa lo que sea necesario del plan de viabilidad que se presentó el pasado mes de diciembre y que ha sido rechazado. En este sentido, recordó que el PP ya no puede justificar sus decisiones en una mayoría absoluta que «ha perdido» pero que Puertollano tampoco puede esperar al cambio de Gobierno, por lo que debe ser el actual Ministerio el que resuelva el conflicto «inmediatamente«, tal y como está haciendo con otras empresas y como exige todo el Ayuntamiento puertollanero.

La unión de las principales fuerzas políticas al margen del PP fue agradecida por Agustín Pérez, representante de UGT de Castilla-La Mancha, quien espera que la apuesta por Elcogas sea una «realidad» y se logre un «plan específico que apoye la quema de carbón limpia y las inversiones que necesita Elcogas para seguir siendo una empresa puntera en innovación». Asimismo, Ángel León, de CCOO en Castilla-La Mancha, resaltó la iniciativa y señaló que la ausencia del PP es un «síntoma muy importe, porque cada uno se está retratando». Esperan que Industria escuche sus peticiones y que esta semana haga pública una resolución «positiva» dado que el cierre inaplazable de Elcogas está fijado para el domingo.

Entregan el plan a Industria

Por su parte, el presidente del comité de empresa de Elcogas, José Antonio Alcaide, explicó que se reunió con la directora general de Política Energética y Minas, Teresa Baquedano, a la que entregó el plan de viabilidad para evitar el cierre de la central. Una reunión que se produjo en el marco de la manifestación frente al Ministerio de Industria que algo más de 100 trabajadores de la termoeléctrica de Puertollano realizaron contra su desconexión. Por otro lado, los sindicatos confirmaron que este miércoles se reunirán con el presidente de Elcogas y consejero delegado de Endesa, José Damián Bogas, y que han solicitado una «reunión urgente tripartita» entre Ministerio, trabajadores y empresa «antes del viernes«.

Sobre el plan de viabilidad elaborado por la empresa, el representante de los trabajadores de la planta lamentó que los problemas con el marco regulatorio no tengan una solución rápida. «Hay que buscar alternativas para garantizar que la planta no se desmantele y evitar la desconexión», apuntó Alcaide. Asimismo, reiteró que «el 100% de la plantilla» seguirá encerrada en las instalaciones hasta que se logre solucionar el conflicto y también se mantendrán las movilizaciones «hasta el último minuto». Por su parte, el secretario del comité de empresa de Elcogas, Jesús Crespo, aseguró que la solución es «reunirse todos los implicados», después de dos años «luchando».

Castilla-La Mancha critica que el Gobierno ayude a Elcogas tras autorizar su cierre mientras Podemos propone «regionalizar» la central térmica

/0 Comentarios/en , , /por

EFE.- El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, cuestionó la confirmación por parte del Ministerio de Industria de apoyar a Elcogas con 27 millones de euros anuales durante los próximos 5 años, si bien criticó que «venga tan tarde«, después de que se haya autorizado el cierre de la planta de Puertollano, que Podemos propone «regionalizar» basándose en la consideración de la energía como sector estratégico de interés general por lo que el Gobierno regional no tendría «obstáculos legales».

«Celebramos el que haya una especie de apertura por parte del Gobierno central, pero la dirección de la empresa no ha recibido aún una propuesta concreta», dijo el portavoz de la Junta. Con ello, indicó que «esta apertura llega tarde porque no se agotaron las vías de negociación antes de autorizar el cierre«. Precisamente, el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se entrevistará este jueves con el ministro de Industria, José Manuel Soria. Una reunión que se produce después de que el secretario de Estado de Industria, Alberto Nadal, confirmase a los sindicatos la propuesta del Gobierno de apoyar la planta con 27 millones de euros anuales.

Podemos quiere «regionalizar» la planta

Podemos explicó que su propuesta de «regionalizar» Elcogas se basa en la consideración de la energía como sector estratégico de interés general y aseguró que el Gobierno regional no tiene «obstáculos legales» ni límites competenciales para no aceptar su propuesta. Así lo destacó el diputado regional de Podemos, David Llorente, que afirmó que el apoyo anunciado por el Gobierno es consecuencia de la movilización de los propios trabajadores, «que han logrado que el Gobierno ceda«. En su opinión, ahora es la dirección de Elcogas la que debe tomar la decisión de mantener la actividad y los empleos después de llevar «mucho tiempo» recibiendo ayudas públicas.

Podemos considera que a medio y largo plazo la solución debe ser la «regionalización» de Elcogas, porque no se puede seguir poniendo «parches» de forma periódica. Llorente precisó que la regionalización de Elcogas es «jurídicamente posible» y económicamente «viable», por lo que «no hay obstáculos legales ni límites competenciales en los que la Junta pudiera refugiarse para no aceptar esta propuesta». Apuntó, además, que es una medida «necesaria» para garantizar que el dinero público invertido «no se pierda o alimente exclusivamente beneficios privados» sino que revierta en toda la sociedad.

Por su parte, el responsable estatal de Sociedad Civil y Movimientos sociales, Rafael Mayoral, aseguró que esta propuesta «encaja» con la estrategia de Podemos de «recuperación de la soberanía energética» en España, algo que debe formar parte de las políticas de Estado. «No entendemos cual es la política energética que está llevando el Gobierno del PP, un Gobierno que parece que piensa que el barril de petróleo va a permanecer a 40 dólares indefinidamente y que, además, no tiene en consideración la sostenibilidad ambiental en materia energética», criticó vehementemente Mayoral.