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El Gobierno lanzará un plan de incentivos para mejorar la eficiencia energética en empresas dotado con 307 millones de euros

Europa Press.- El Gobierno lanzará un nuevo programa de incentivos para actuaciones de eficiencia energética de pequeñas y medianas empresas (pyme) y la gran empresa industrial, dotado con 307,6 millones de euros provenientes del Fondo Nacional de Eficiencia Energética de 2018 y de remanentes de años anteriores.

El Ministerio para la Transición Ecológica lo comunicó en la Conferencia Sectorial de Energía, principal órgano de colaboración entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en materia de energía. El presupuesto de las ayudas cuenta, además, con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Hasta el momento, el programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector industrial 2014-2020, que gestiona el IDAE, ha realizado dos convocatorias, dotadas respectivamente con 115 y 168 millones de euros.

Asimismo, la Conferencia acordó la propuesta de reparto de las ayudas del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (Moves), dotado con 45 millones de euros para 2019. En el encuentro también se informó de la próxima convocatoria de un programa de ayudas para proyectos singulares en materia de movilidad sostenible, que cuenta con 15 millones de euros, con lo que se eleva a 60 millones de euros la dotación para movilidad sostenible.

En concreto, el programa Moves está dirigido a incentivar la compra de vehículos alternativos, instalar infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, el desarrollo de incentivos para implantar sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y la implantación de medidas recogidas en planes de transporte a los centro de trabajo. Pueden ser beneficiarios de las ayudas profesionales autónomos, personas físicas, comunidades de propietarios, empresas privadas, entidades locales y las entidades públicas, las administraciones de las comunidades autónomas y otras entidades públicas de la Administración General del Estado.

Las comunidades y ciudades autónomas deberán ahora realizar la correspondiente convocatoria de ayuda en sus respectivos territorios. El presupuesto asignado deberá repartirse de acuerdo a los criterios establecidos. Así, entre un 20% y un 50% de la partida asignada irá a la adquisición de vehículos alternativos; y entre un 30% y un 60% a la implantación de infraestructuras de recarga. De este último porcentaje, un mínimo del 50% ha de dirigirse a puntos de recarga rápida o ultrarrápida. Por otro lado, la implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas puede suponer ente un 5% y el 20% del presupuesto asignado y el apoyo a planes de transporte en centros de trabajo pueden contar entre un 0% y un 10%.

El decreto también fija los importes de las ayudas para la adquisición de vehículos, que oscilan entre los 700 euros para motos eléctricas y los 15.000 euros para la compra de camiones y autobuses con propulsión alternativa. Las ayudas para la compra de vehículos ligeros eléctricos se sitúan en torno a los 5.000 euros. En paralelo, como incentivo adicional para apostar por la movilidad sostenible, se exigirá a fabricantes, importadores de vehículos o puntos de venta un descuento mínimo de 1.000 euros en la factura, excepto para cuadriciclos y motos.

En lo que respecta a los incentivos para vehículos de gas, se reservan para camiones y furgones. En cuanto a los puntos de recarga eléctrica de vehículos eléctricos (públicos y privados) y a los sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, las ayudas serán de un 30% o un 40% del coste subvencionable, dependiendo del tipo de beneficiario, estableciéndose un límite de 100.000 euros. Finalmente, se fija un límite de 200.000 euros de ayuda por beneficiario para la implantación de Planes de Transporte a los Centros de Trabajo con una ayuda del 50% del coste subvencionable.

En lo que se refiere a los 15 millones adicionales que el programa Moves dirige a proyectos singulares de movilidad sostenible en Ciudades Patrimonio de la Humanidad, municipios con alto índice de contaminación, municipios ubicados en islas o iniciativas de innovación en electromovilidad, el gabinete dirigido por Teresa Ribera indicó que en estos momentos se están preparando las bases del programa, que será gestionado por el IDAE en concurrencia competitiva a fin de poder incentivar proyectos piloto ambiciosos en las áreas descritas en la convocatoria.

La demanda de gas natural permaneció estable en 2018 gracias al consumo doméstico tras caer el utilizado para generar electricidad

Redacción / Europa Press.– La demanda total de gas natural en España en 2018 se situó en 349.290 GWh, unos valores similares a los registrados en 2017, cuando el consumo creció un 9%. Las regiones en las que más creció la demanda en 2018 fueron: Baleares, con un incremento del 29%, Madrid, con un crecimiento del 15% y Cantabria con un crecimiento del 13%.

En este sentido, la demanda convencional de gas natural en España, la destinada a los consumos doméstico-comercial, industrial, servicios y cogeneración, ha alcanzado en 2018 los 287.316 gigavatios hora (GWh), lo que supone un incremento del 4,4% con respecto al 2017 debido, principalmente, al incremento de la buena marcha del consumo industrial y de la positiva evolución de la demanda doméstico-comercial, según apuntó Enagás. En concreto, la demanda de gas natural en la industria finalizó 2018 con un aumento del 4% frente al año anterior, «lo que pone de manifiesto la positiva evolución de la economía», indicó el gestor gasista. Actualmente, la industria representa el 60% del total de la demanda nacional de gas natural.

Mientras, la demanda doméstico-comercial, destinada a los consumos de hogares, comercios y pymes, cierra 2018 con un crecimiento de más del 7%. La evolución del consumo doméstico-comercial ha sido positiva a lo largo de todo el año, registrando hasta en ocho ocasiones el valor más alto de la última década para un mes específico. Por su parte, la demanda de gas natural para generación de electricidad alcanza a final de año los 61.937 GWh. Este año se ha registrado una mayor generación hidráulica en comparación con 2017, que fue especialmente seco. De esta manera, el gas natural empleado en los ciclos combinados cayó un 18,3%.

Podemos propone abaratar la factura de la luz reduciendo el coste fijo y el IVA de los consumidores vulnerables

Europa Press.- El grupo parlamentario de Unidos Podemos registró una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados con un paquete de 13 medidas encaminadas a reducir la factura de la luz, entre las que incluye una reducción del coste de la parte fija del recibo, una bajada del IVA para los consumidores vulnerables y una reforma del bono social eléctrico, junto con la creación de un bono social gasista cuyo único criterio de adjudicación sea la renta del hogar.

La citada PNL será debatida en la comisión de Transición Ecológica y expone que el coste energético para la industria española ha tenido el mayor crecimiento acumulado en la última década respecto de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia.

Recuerdan que también la evolución de las tarifas eléctricas para una persona consumidora de electricidad con un perfil medio de 366 kilowatios hora mensuales de consumo han pasado de los 48,95 euros al mes del año 2007 a los 75,52 euros al mes del año 2017. Lo que supone, según recuerda el partido morado, una subida de un 50% con respecto a la tarifa de hace 10 años.

En este sentido, exponen que los incrementos de precio tienen «como principal motor» además de la subida de los peajes y la presión impositiva, «el componente de energía cuyo precio se fija en el mercado mayorista«. Así, exponen que el sistema por el que se fijan los precios determina que el precio del megavatio hora pueda ser igual para la hidroeléctrica que para una central térmica «a costa de las personas consumidoras y del tejido productivo español».

Por ello, plantean como «ineludible» la necesidad de «intervenir y modificar la formación de los precios de la energía en España» ya que consideran que con el actual sistema se ha producido una reducción del margen de actividad para las pymes, una desprotección de los consumidores y un aumento de las reclamaciones convirtiendo así a los ciudadanos y al tejido empresarial en «rehenes del mercado eléctrico».

Para hacer frente a esta situación, el Grupo de Unidos Podemos propone 13 medidas encaminadas a reducir la factura de la luz. Así, plantea una reforma de la factura eléctrica reduciendo el coste de la parte fija, reduciendo los pagos por capacidad que reciben determinadas centrales solo por el hecho de estar disponibles.

Recuerdan que la reforma del bono social de octubre de 2017 puede dejar en riesgo de pobreza energética a 1,7 millones de personas por el complicado proceso de solicitarlo. Por ello, plantean una reforma del bono social eléctrico y crear un bono social gasista para que, en ambos casos, su solicitud sea automática, que el único criterio de adjudicación sea la renta del hogar y que sea suficientemente progresivo como para garantizar que cualquier hogar tiene acceso a un suministro esencial.

A estas medidas se suma la propuesta de reducir el IVA de la electricidad a los consumidores vulnerables. «Una reforma así, garantizaría un abaratamiento de la factura para gran parte de la ciudadanía en su residencia habitual», apostillan en el texto.

Junto con estas propuestas, proponen recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas permitiendo que los usos del agua operen en favor del interés general, facilitando una transición hacia un modelo 100% renovable.

Además, plantean reformar el mercado eléctrico, del tal forma que se apruebe un gravamen sobre el exceso de retribución que reciben en el mercado centrales ya amortizadas, con el fin de «acabar con los beneficios caídos del cielo«.

También piden ajustar la retribución del transporte y la distribución eléctrica, de acuerdo con los recientes informes del organismo regulador y modificar los requisitos, reglas y convocatorias de las subastas para la asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable.

El partido morado quiere que se impongan nuevas obligaciones a las empresas para facilitar el acceso a la información, la toma de medidas de eficiencia y ahorro energético de los consumidores; que se apoyen reformas normativas para eliminar las trabas al autoconsumo, derogando el «nefasto» Real Decreto 900/2015, que recoge el llamado impuesto al sol e implantar un plan público para fomentar la eficiencia energética y promover techos solares.

A todo ello, añaden una propuesta para desarrollar los certificados de ahorro energético para que las empresas puedan descontarse dichas cantidades de la cantidad que les corresponda aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que actualmente están repercutiendo en factura a los consumidores.

Para Podemos es importante también introducir modificaciones normativas encaminadas al aumento de control y lucha contra la corrupción, que impidan las puertas giratorias desde la gestión pública hacia las empresas energéticas y también realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico nacional. De esta forma se podrían determinar los costes reales de producción de la electricidad con cada tecnología así como los costes asociados a los servicios de transporte y distribución, así como una auditoría específica del déficit de tarifa.

Finalmente, proponen realizar una «reforma de calado» que permita alcanzar un sistema fiscal que fomente la lucha contra el cambio climático y la transición energética. «Dicha reforma debería buscar incrementar la recaudación asociada a la fiscalidad ambiental en varios puntos porcentuales del PIB, en línea con la media europea, al mismos tiempo que incremente la progresividad fiscal».

El Gobierno asegura que el aumento de la fiscalidad sobre el diésel será «progresivo» y eximirá «totalmente» a los profesionales

Europa Press.– Mientras desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal) han advertido de que es un «error» prescindir de tecnologías maduras y de «demostrada utilidad económica y social» como es el diesel, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que la subida de impuestos al diésel será «progresiva» y que cualquier regulación que adopte el Gobierno en esta línea excluirá «expresamente» a transportistas profesionales y a autónomos.

En este sentido, Montero afirmó que la equiparación entre diésel y gasolina «no incidirá» sobre las cuentas de resultados de las pymes, los autónomos o aquellos sectores que puedan ser «vulnerables» en el desarrollo de su actividad. La titular de Hacienda defendió que la subida de impuestos al diésel planteada por el Ejecutivo está en línea con las recomendaciones de Europa. «Es un camino que hay que recorrer progresivamente para eliminar prácticas que puedan ser contaminantes con el medio ambiente o nocivas para la salud, como ya han hecho ayuntamientos de grandes ciudades con las limitaciones al tráfico de los vehículos diésel más contaminantes», subrayó.

Montero afirmó que esta subida de impuestos al diésel para equipararlo con la gasolina no se producirá de un día para otro, sino que será un «camino progresivo» con el que intentar «disuadir» de la utilización de este carburante como el más empleado por los españoles. «Es responsabilidad del Gobierno contribuir a corregir todo aquello que sea nocivo para la salud y malo para el medio ambiente. El Ministerio de Transición Ecológica trabaja, entre otras muchas medidas, en todo aquello que Europa dice que es necesario para contribuir en esta línea», agregó. Precisamente la ministra Ribera aseguró recientemente que el diésel «tiene los días contados».

Un «error» prescindir del diesel

Por su parte, Confemetal subraya que lejos de «condenar» al diésel, se debería considerar su uso como una herramienta más de la descarbonización de la economía española, «en cumplimiento de la demanda social y las exigencias de Europa». Además, Confemetal defiende que la implantación de «supuestos impuestos verdes» y tasas medioambientales, de modo directo o en sustitución de otros gravámenes, tiene un efecto «contraproducente», tanto para la actividad económica como para la «protección del entorno».

«Cualquier iniciativa medioambiental debería, además, incorporar el concepto de economía de inversión, de forma que una empresa que invierta en control medioambiental bajo una normativa determinada no pueda verse obligada a modificar los equipos correspondientes en tanto que no se hayan amortizado en términos económicos», añade. Confemetal, que no pone en duda la necesidad de regular el tráfico en áreas muy congestionadas para combatir la contaminación, destaca que los motores diésel se basan en tecnologías “muy eficientes” y tienen unos niveles de emisiones “muy ventajosos” respecto al resto de los motores de combustión interna, incluidos los de gasolina. Finalmente, resalta que los motores diésel son básicos para la industria, por lo que su sustitución es “muy difícil” y “muy costosa”.

Los Premios a la Movilidad Sostenible y Accesible amplían el plazo de presentación de candidaturas hasta el 19 de abril

EFE.- La convocatoria para la VI edición de los Premios a la mejor práctica de Movilidad Sostenible y Accesible ha ampliado el plazo de inscripción hasta el próximo 19 de abril con el objetivo de facilitar la concurrencia de participantes teniendo en cuenta diversas consideraciones y solicitudes de ampliación del plazo, según han indicado sus impulsores.

Los premios, promovidos por la Fundación Renault para la Movilidad Sostenible y el Club de Excelencia en Sostenibilidad con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, tienen como objetivo poner en valor las iniciativas más destacadas de grandes empresas, pymes/emprendedores y Administraciones Públicas para el desarrollo de la movilidad sostenible en las ciudades españolas. Además, en esta edición se ha incorporado una nueva categoría que busca reconocer los trabajos de final de carrera o master de mujeres universitarias, relacionados con la movilidad sostenible como concepto global.

Así, los ganadores en cada una de las tres primeras categorías (Gran Empresa, Pyme/Emprendedor y Administración Pública) serán premiados con la cesión durante un año del nuevo modelo eléctrico Renault ZOE 40 y la instalación, en caso de que fuera necesario y se dispusiera de las infraestructuras requeridas, del punto de recarga. En la categoría de mujer universitaria, las ganadoras recibirán un cheque de 3.000 euros. Asimismo, los departamentos de sus respectivos tutores recibirán 2.000 euros para la compra de material pedagógico o de investigación.

La Consejería de Empleo de Andalucía incentiva hasta un 70% el cambio de ventanas y el aislamiento de edificios

EFE. – La renovación de ventanas, el aislamiento de edificios y la mejora de la iluminación interior contarán a partir del 23 de abril con un incremento de los incentivos concedidos por la Consejería de Empleo de Andalucía de hasta el 70% de la inversión.

Según ha informado la Consejería de Empleo, el proceso de solicitud de dichas ayudas se abrió en mayo de 2017 y, junto con las líneas pyme sostenible y redes inteligentes, componen el Programa para el Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

La sustitución de ventanas o huecos acristalados es la actuación que más ha aumentado su porcentaje de incentivo, pasando del 20% que tenía inicialmente hasta el 60%, pudiendo alcanzar el 65% si la actuación se realiza en un edificio construido entre 1980 y 2007; y hasta un 70% si el año de construcción es anterior a 1980 y si incluye soluciones avanzadas de aislamiento térmico, que originalmente se incentivaban con entre el 35% y el 45%. El aislamiento de edificios, tanto por el interior como por el exterior, que contaban con entre un 30% y un 45%, suben hasta el 60% y el 70% de la inversión, según el año de construcción.

El cambio de ventanas y la mejora del aislamiento pueden lograr un ahorro de hasta el 80 % de la energía que se requiere para la calefacción y refrigeración, lo que supone un ahorro económico anual estimado de entre 400 y 1.000 euros.

En el mismo sentido, otras actuaciones cuyo porcentaje de incentivo ha aumentado, y con las que se busca principalmente reforzar las pymes del sector turístico andaluz, son las referidas a la iluminación interior (renovación de equipos e implantación de proyectos luminotécnicos).

Estas medidas, que pueden llevar a cabo pymes o autónomos, contarán con entre el 40% y el 55% de ayudas, en función del alcance del proyecto, teniendo en cuenta que pymes o autónomos del sector turístico y de otros sectores considerados prioritarios en la RIS3 o que usen TIC para la medición y seguimiento energético son los que optan a un mayor incentivo.

Así, según la Consejería, con el incremento de los porcentajes de incentivo se prevé mejorar energéticamente 5.000 hogares y más de 1.500 establecimientos turísticos, comerciales, de oficinas u otros centros de trabajo, lo que hará más patente el impacto y alcance de los fondos FEDER.

Desde la apertura del programa de incentivos en mayo de 2017 se han resuelto favorablemente 1.868 solicitudes, lo que supone un incentivo de 56,4 millones que conllevará una inversión de 103,7 millones.

Audax firma con Cox Energy el mayor contrato de compraventa de energía solar a largo plazo con 1.300 gigavatios/hora anuales

Europa Press / EFE.- Audax firmó con la también española Cox Energy el mayor contrato de compra de energía eléctrica de origen solar a largo plazo del mundo (PPA, por sus siglas en inglés). El acuerdo cubre un volumen total de 660 MW de potencia instalada, suficiente para suministrar unos 1.300 GW/h año de energía renovable, equivalente al consumo de más de 390.000 hogares.

El contrato establece que Cox Energy atenderá la venta de electricidad acordada con una potencia instalada de 495 MWp en España y otros 165 MWp en Portugal. Los proyectos iniciarán su construcción a lo largo de este 2018 y entrarán en operación progresivamente hasta 2020, con una inversión total que superará los 400 millones de euros. Según las dos empresas, los 660 MW de este acuerdo solar posicionan a España y Portugal como los países europeos con mayor volumen de energía renovable vendida a través de este tipo de contratos.

Audax, que centra principalmente sus actividades en la comercialización de energía eléctrica y gas, así como en la generación de electricidad 100% renovable, ha recibido recientemente autorización de la CNMC para integrar su negocio de comercialización en España con Unieléctrica, operación que en caso de fructificar le convertiría en el cuarto suministrador de pymes a nivel nacional. La compañía está presente en España, Portugal, Italia, Alemania, Polonia, Países Bajos, Francia y Panamá, con un portfolio de más de 300.000 clientes.

La compañía danesa Vestas invertirá 15 millones de euros en instalar una fábrica de aerogeneradores en Argentina

EFE.- La compañía danesa Vestas invertirá 15 millones de euros (18,54 millones de dólares) para instalar una fábrica de aerogeneradores en Argentina que sumará 300 empleos entre directos e indirectos. «La llegada de Vestas a Argentina es una gran noticia por el empleo que generará, pero también por la transferencia tecnológica a las pymes locales, que tienen un gran potencial para convertirse en proveedores globales», afirmó el ministro de Producción de Argentina, Francisco Cabrera.

Vestas, fabricante de aerogeneradores que producen energía eólica en 77 países, anunció su inversión en Argentina después de que el Gobierno firmara en 2017 un acuerdo con empresas y sindicatos para mejorar la integración local y el empleo en el sector de energías renovables. El objetivo de ese convenio, según recordó la cartera de Producción, es llegar a un nivel de integración local de al menos el 50% de los componentes de los parques eólicos para 2023. «Nuestra posición de liderazgo, con más de 900 megavatios instalados o en construcción, nos lleva a apoyar las ambiciones del Gobierno «, señaló el director de Ventas para Sudamérica de Vestas, Andrés Gismondi.

Gas Natural Fenosa inaugura su primer centro de atención al cliente en Badajoz

EFE.- La compañía Gas Natural Fenosa cuenta actualmente con una cartera de más de 32.800 clientes en el mercado doméstico y de pymes de la comunidad autónoma extremeña, de ellos unos 20.000 en la provincia de Badajoz. El director territorial de la Zona Levante Sur de Gas Natural Fenosa, Miguel Ángel Bara, y el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, han destacado esta cifra de clientes en los mercados gasista, eléctrico y de servicios durante la inauguración de su primer centro de atención al cliente en la ciudad.

Bara ha valorado el potencial de la compañía en la región, en el país y en el mundo, y ha afirmado que este nuevo centro sirve para reafirmar el «compromiso» de la empresa con sus clientes residenciales y pymes de Badajoz. Por su parte, Fragoso ha destacado “el gran potencial» de Badajoz para atraer a las grandes empresas a instalarse.

Fragoso ha destacado también que la compañía apueste por la cercanía con la ciudadanía a la hora de informar a sus consumidores y dar a conocer sus servicios en un momento como el actual, con las posibilidades que ofrecen también las nuevas tecnologías. En esta oficina, los profesionales de la compañía informarán a los consumidores domésticos y comerciales sobre su cartera de servicios relacionados con el suministro de gas natural y electricidad que la empresa pone a disposición, junto a otras facetas como la eficiencia energética o resolución de dudas.

Cae una red de empresas piratas por un fraude con descuentos en la luz de hasta el 30% para pymes

Europa Press.- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido al menos a 18 personas en Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana por formar parte de una organización criminal liderada por una única persona que, con ayuda de una amplia red de testaferros, defraudó 60 millones de euros a las empresas generadoras de electricidad, así como otros 14 millones a la Hacienda Pública y 20 millones en peajes no recaudados.

La organización desmantelada en este operativo dirigido por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que mantiene abierto y en secreto las diligencias, sobre todo en lo que afecta al entramado internacional, hacía negocio con el desfase entre la energía contratada y pagada y la que posteriormente consumían 4.000 clientes, entre los que destacan grandes pymes y algunos de alta tensión y clientes domésticos.

De la operación Ámbar informaron el teniente coronel responsable del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, Francisco Almansa, y la subdirectora adjunta de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Paloma Espeja. Fue este último organismo el que alertó de un fraude al detectar el desfase entre la energía contratada y la finalmente comercializada. La UCO investigaba el fraude desde 2012, con un primer expediente en 2014 remitido a la Fiscalía. La red la lideraba una única persona con vínculos en el sector energético desde que se liberalizó, permitiéndose que las empresas pudieran ofertar energía directamente a una cartera de clientes. Se detuvo a 18 personas en Barcelona, Madrid, Tarragona, Girona, Alicante y Valencia.

«El movimiento es lo que caracteriza a esta organización, todo tenía que hacerse muy rápido«, explicó el teniente coronel de la UCO, que puso en valor que por primera vez se haya conseguido acusar penalmente a unas empresas que, hasta ahora, eran sancionadas administrativamente, por lo que podían seguir defraudando a las generadoras y a Hacienda. La organización criminal ofrecía descuentos de entre el 20% y el 30% con respecto a la comercialización habitual, según detalló la subdirectora de Energía de la CNMC. «Buscaban una red de clientes y una vez consolidada, accedían al mercado mayorista para ofrecerles la electricidad con precios muy competitivos para, inmediatamente, dejar de comprar energía, desapareciendo tras detectarse por los reguladores el desfase», explicó Espeja.

La red se aprovechaba de los 4 meses que transcurren hasta que la CNMC abre investigaciones por los desfases entre la demanda contratada y la finalmente consumida. Disponía de 2 centros operativos con oficinas en Madrid y Barcelona, que fueron registradas en la operación, cuando se detuvo a los primeros 14 integrantes de la organización. Desde Madrid gestionaban la relación con las comercializadoras eléctricas, principales perjudicadas de un fraude que también tenía un «coste indirecto en el aumento del precio de la luz que paga el usuario final». En Barcelona se canalizaban todos los fondos, con un canal de blanqueo aún pendiente de investigación, a semejanza de lo que ocurre con otros fraudes parecidos en sectores como el de hidrocarburos.

Los responsables de la investigación han subrayado que en la CNMC existe un comparador de precios con tarifas máximas y mínimas, por lo que una tarifa con descuentos por debajo de esta horquilla resulta para los supervisores «sospechoso». El teniente coronel de la UCO se mostró convencido de que, tras la operación Ámbar (electricidad en griego), «bajarán el número de empresas piratas» en un mercado en el que compiten 450 comercializadoras, un número elevado en comparación con otros países, según los responsables de la CNMC.