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La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) denuncia a España ante la Comisión Europea por los pagos por capacidad

Europa Press.- La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) y el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) han presentado una denuncia ante la Comisión Europea por considerar ilegales los pagos por capacidad que reciben las centrales eléctricas. Según indicaron ambas entidades, si la Comisión Europea admite a trámite la denuncia, las compañías eléctricas podrían tener que devolver más de 3.000 millones de euros percibidos por estas ayudas solo durante el periodo 2011 a 2015.

En la actualidad, estas ayudas suponen unos 700 millones de euros anuales que pagan los consumidores y aprueba el Estado para garantizar el suministro. La directora de IIDMA, Ana Barreira, señaló que los pagos por capacidad «violan el derecho de la Unión Europea» relativo a las ayudas de Estado. «Además, no hay constancia de que el Estado las notificara a la Comisión, estando obligado a ello. Son contrarias a derecho, pues no son de interés general y son desproporcionadas», asegura.

En concreto, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y el IIDMA han denunciado ante Bruselas los pagos correspondientes al incentivo a la inversión y el servicio de disponibilidad. A este respecto, Piet Holtrop, abogado voluntario de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, consideró que se tratan de «ayudas ilegales recibidas principalmente por las centrales de gas o carbón desde 1997 para que sigan funcionando, en un contexto de sobrecapacidad de nuestro sistema eléctrico».

UNEF, Anpier, Px1NME y ecologistas piden al Gobierno un cierre progresivo de las centrales de producción eléctrica no renovable

Europa Press.- Organizaciones sociales y empresariales como los fotovoltaicos de UNEF y Anpier, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME), Fundación Renovables, Amigos de la Tierra o Greenpeace exigen al Gobierno «el cierre progresivo de todas las centrales eléctricas no renovables». Las organizaciones consideran que la reciente subasta de energías renovables demuestra un importante interés por invertir en estas tecnologías a precios de mercado, sin incentivos y consideran que el volumen de inversión podría ser mucho mayor con un plan de subastas.

La planificación del Gobierno, indican, debe contemplar la total descarbonización y desnuclearización del sector eléctrico, impidiendo la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares y de carbón, y garantizando su sustitución con renovables a través de un calendario de subastas periódicas de renovables. Según dicen, el plan debe incorporar la implantación de tecnologías sostenibles de generación renovable, almacenamiento, redes inteligentes y gestión de la demanda, ya disponibles a cada vez menor precio. «Resulta esencial establecer criterios adicionales a los puramente económicos en la subasta, como cupos para proyectos con participación ciudadana o impacto positivo en el empleo», señalan.

Industria no llega al 6% en la subida del margen de comercialización que la CNMC cifraba en el 31%

Redacción / Europa Press.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo reconoce un impacto de más de 26,11 millones de euros en los ingresos de las comercializadoras de referencia de electricidad por la regularización del margen de comercialización dentro del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) en los últimos tres años. Esta subida, más pronunciada para 2015 que en 2014 y 2016, apenas llega al 6% en su nivel máximo frente al 31% que pidió la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En la propuesta de real decreto, el Gobierno cifra un impacto de 4,48 millones de euros por la regularización de los ingresos en 2014, de 12,71 millones de euros en 2015 y de 8,91 millones de euros en 2016, estimando en este ejercicio una potencia facturada igual que en 2015. En concreto, el margen de comercialización será para 2014 de 4,08 euros por kilovatio, 4,24 €/kW para 2015 y 4,17 €/kW para el presente año.

Según consta en la propuesta de Industria, que ha sido puesta en trámite de audiencia, para los años 2017 y 2018 el valor del término fijo de potencia será de 3,09 euros por kilovatio (kW), el mismo que en 2016. Asimismo, el valor del término variable del margen comercial a aplicar en 2016 será de 0,001699 euros por kWh. El pasado mes de mayo, la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo emitió un auto en el que obligaba al Gobierno a aprobar antes de que finalizara junio una metodología para calcular el margen de las comercializadoras de referencia de electricidad dentro del PVPC.

En 2014, el Gobierno sustituyó la Tarifa de Último Recurso (TUR) por este precio regulado, de cuyo suministro se encargan las filiales de comercialización de las compañías verticalmente integradas del sector, esto es, Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP España. Este margen de comercialización, que estaba fijado por el Gobierno en 4 euros por kW al año, ronda el 3% del recibo final y había sido denunciado por las compañías eléctricas por ser insuficiente y abocar a sus comercializadoras a operar en pérdidas. Así, el fallo obligaba a revisar el margen de comercialización desde la implantación del PVPC, esto es, abril de 2014.

Lejos del planteamiento de Competencia

A mediados de junio, la CNMC presentó un informe en el que advertía de que el margen actual de la tarifa eléctrica regulada no cubría los costes de comercialización en que incurren las empresas, y que para hacerlo debería subir al menos un 31%. De este modo, estimaba que el margen de comercialización debería subir al menos a 5,24 euros por kW contratado y año. Esto supondría para una familia media una subida de 5 euros anuales. No obstante, la CNMC también consideraba que debía incluirse un margen de retribución de la actividad, para lo cual se habían analizado distintos escenarios y se habían determinado los costes de captación y retención de los clientes por si fuera procedente su inclusión.

En lo que respecta a los costes de captación, Industria señala en su propuesta de decreto que no deberían incorporarse ya que «no existe tal coste para los comercializadores de referencia y, además, el PVPC pretende ser un producto básico, un contrato mínimo de garantía, por lo que es preciso ser especialmente cuidadoso con los costes que incluye» y no estaría en absoluto justificado que se cargara al consumidor”. En la propuesta, Industria, según datos de la CNMC, señala que el número de consumidores con derecho a acogerse al PVPC era de 15 millones en enero de 2014 y en enero de 12,45 millones, por lo que se ha reducido en más de 2,5 millones.

“Ocultar” subida de la luz

Por su parte, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) ha denunciado la «irresponsabilidad política» del Gobierno por haber esperado «hasta el último momento, con criterios claramente electoralistas», para establecer una metodología para el cálculo del margen de comercialización dentro del PVPC, como exigía el Supremo. La asociación Px1NME estima que este impacto supondrá un incremento medio del 0,2% del recibo de la luz y una facturación de atrasos de unos 2 euros por familia, «muy inferior al propuesto inicialmente por la CNMC, aunque considera que el efecto retroactivo del ajuste será, «sin duda, relevante a efectos de incrementar la enorme confusión que existe actualmente con la facturación eléctrica».

La Plataforma subraya que la propuesta «dista mucho de eliminar la permanente incertidumbre que se cierne sobre el recibo de la luz» y se trata de la tercera vez desde 2012 en la que se efectúan refacturaciones sobre consumos de energía pasados, «complicando aún más la de por sí difícil interpretación del recibo y abonando el terreno para los abusos de comerciales de las eléctricas, aprovechando la complejidad reinante para engañar al consumidor haciéndole creer que debe aceptar unas ofertas comerciales supuestamente muy ventajosas; pero que, según Competencia, finalmente resultan en un coste mayor que la tarifa oficial del Gobierno».

Facua: «una tomadura de pelo»

Asimismo, Facua-Consumidores en Acción considera «una tomadura de pelo» que el Gobierno haya «agotado el plazo» para proponer la nueva metodología de cálculo del margen de comercialización dentro del PVPC, «a fin de pasar las elecciones generales y minimizar el impacto electoral» de una nueva subida de la luz. El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, consideró que «más allá del ajuste» que supondrá en el recibo de la luz, la medida supone continuar con las actuaciones en la regulación energética «en la última legislatura». Así, Sánchez señaló que, más allá del modelo de PVPC, «habría que revisar el sistema para acabar con las prácticas oligopolísticas».

El Supremo admite a trámite dos recursos de Cide y Px1NME contra el decreto de autoconsumo

EFE / Europa Press.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite dos nuevos recursos, de la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica (Cide) y de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME), en contra del real decreto 900/2015, contra la normativa que regula el autoconsumo. Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), los dos recursos se han interpuesto ante la sala tercera del Tribunal Supremo y se admitieron a trámite los pasados 20 y 21 de enero.

En ambos casos van contra el decreto con el que el Gobierno reguló las condiciones y las modalidades de la producción eléctrica para autoconsumo. La normativa, fuertemente criticada por renovables, ecologistas y oposición, prevé el pago de una serie de cargos a los usuarios conectados a la red con el objetivo de que contribuyan a sufragar los costes del sistema.

La Px1NME había anunciado junto a la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y diversas organizaciones como Greenpeace y CC.OO. la interposición de diversos recursos ante el Supremo contra el decreto de autoconsumo al considerar que «vulnera la Constitución Española». A juicio de las asociaciones, el decreto discrimina a las tecnologías renovables en beneficio de las tecnologías fósiles, al tiempo que vulnera el principio constitucional de la libertad de empresa e incurre en el incumplimiento de la Directiva 2009/28/CE de fomento del uso de energía procedentede fuentes renovables.

Además, entienden que existe una «clara vulneración» de la Directiva 2009/72/CE del mercado interior de la electricidad, puesto que la norma impone «unos peajes discriminatorios, así como medidas antieconómicas y desproporcionadas para los consumidores». La denuncia de estas organizaciones se suman a otras contra la misma norma presentadas por empresas como Villar Mir Energía o Valoriza Servicios Medioambientales, filial de Sacyr, además de otras de Lasal del Varador, Solares-Solartys, Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya, Josep Puig Boix, Lluís Maria Coll i Ripoll, Andrés Montesinos Campos, Alternativa Verda, Dia de la Terra, Grup de Cientifics i Tecnics per un Futur no Nuclear, Eurosolar y Solar Tradex.

Px1NME denunciará ante Bruselas el «exceso de compensación» a las compañías eléctricas por los CTC

Servimedia / Europa Press.- La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) presentará una denuncia ante la Comisión Europea para solicitar que se ordene a España recuperar el «exceso de compensación» a las eléctricas en concepto de Costes de Transición a la Competencia (CTC) y cuya devolución, según Px1NME, no fue exigida aunque lo cierto es que la última liquidación no llegó a realizarse.

Px1NME recuerda que se trata de las compensaciones acordadas entre el Gobierno y las eléctricas en 1997 ante la «pretendida» liberalización del sector, justificadas en la previsión de que ésta devendría en precios de la electricidad inferiores a los que se consideraron en el momento de realizar las inversiones en centrales eléctricas. Sin embargo, apunta Px1NME, los precios «resultaron ser muy superiores a los previstos, por lo que, además de recibir pagos compensatorios, el balance ha sido claramente favorable a los intereses de las eléctricas y desfavorable para los ciudadanos».

A pesar de que la Ley del Sector Eléctrico de 1997 contemplaba expresamente que «el Gobierno establecería el procedimiento que asegurara la compensación procedente, en su caso, a los consumidores», los sucesivos Gobiernos «optaron por no exigir la devolución y dejar que la obligación de hacerlo, según criterio de la Abogacía General del Estado, prescribiera». Como consecuencia de esto, tras el archivo del caso por parte de la Fiscalía Especial contra la Corrupción por no apreciar indicios de delito penal, la iniciativa de Px1NME se dirige ahora a «recuperar el dinero» instando a la Comisión Europea a que declare «ilegal» el «exceso de ayudas concedido».

El director general de la empresa Geoatlanter, Jorge Morales de Labra, asegura que, según cálculos de la Comisión Nacional de Energía (CNE) realizados en 2007, el reparto del «exceso de cobro» a 30 de junio de 2006 por empresas ascendía a 3.588 millones de euros. En concreto, «se reparten entre Endesa (1.563 millones), Iberdrola (1.160 millones), Viesgo (434 millones), Unión Fenosa (275 millones) y HC Energía (156 millones)». Esta cifra es 192 millones superior a la considerada hasta la fecha debido a que, según recogía la propia CNE en sus cálculos, Elcogas, a diferencia del resto, no tenía excedente de cobro de compensaciones, sino déficit, cuantificado precisamente en esa cantidad.

Morales explicó que el problema no se limita a los 3.588 millones de euros a junio de 2006, sino que «se extiende hasta la actualidad», debido a que la mayoría de centrales eléctricas que disfrutaron de CTC siguen produciendo electricidad hoy en día, por lo que «gozan de beneficios extraordinarios» que aumentan «sustancialmente» la deuda. En este sentido, recordó que, según un estudio elaborado recientemente por el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), se calcula que los beneficios «llovidos del cielo» de las centrales hidroeléctricas y nucleares entre 1998 y 2013 asciende a 10.583 millones de euros, que equivaldrían a más de 22.000 millones a precios de 2013.

Por ello, Px1NME reclama una «regularización» de esta situación para «mejorar la competencia» en el mercado eléctrico y eliminar la mayoría del déficit de tarifa acumulado en los anteriores. «El impacto en la factura eléctrica de los españoles sería inmediato y supondría rebajas del entorno del 10% del importe de la misma, muy superior a, por ejemplo, el derivado del «hachazo» a las renovables aprobado por el actual Gobierno y que reforzaría la seguridad jurídica en lugar de dinamitarla», dijo.

Por su parte, la coordinadora de la Plataforma, Cote Romero, remarcó la importancia de que «la ciudadanía organizada marque el paso a los políticos, llegando incluso a asumir iniciativas que, como en este caso, debieran haber promovido ellos». A este respecto, señaló que el próximo 30 de septiembre la Plataforma tiene previsto celebrar una reunión con la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea en Bruselas para explicar la denuncia y someterse a las preguntas de los funcionarios europeos.

Px1NME explota la calculadora y cifra en hasta 76.680 millones de euros los “pagos ilegítimos” al sector eléctrico desde 1998

Servimedia.- La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) y el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) cifran entre 66.097 millones y 76.680 millones de euros los “pagos ilegítimos” al sector eléctrico entre el inicio de la liberalización en 1998 y 2013. Estas cifras aparecen recogidas en un estudio realizado por Pablo Cotarelo, investigador en ODG, y presentado por la coordinadora estatal de PX1NME, Cote Romero, que explicó que actualizando el valor del dinero se llegaría a 103.899 millones.

Cotarelo explicó que a través de la tarifa eléctrica se han realizado pagos que, a su juicio, «van contra los intereses de la población«. En concreto, en el apartado del componente regulado, Cotarelo indicó que debido a la «opacidad y falta de racionalidad» en el pago de déficit de tarifa, los «pagos ilegítimos» ascenderían a 13.169 millones, así como en los pagos relacionados con el carbón (2.799 millones), los costes de transición a la competencia (9.479 millones) y la nuclear (6.100 millones). Respecto a otros pagos, el mayor montante se deriva de los pagos por capacidad y garantía de potencia (15.607 millones), seguido del alquiler de contadores (3.943 millones), la interrumpibilidad (2.804 millones) y el impuesto de electricidad (1.965 millones).

De igual forma, Cotarelo se refirió a los beneficios generados por un «comportamiento totalmente irregular en el mercado diario«, que en el estudio se recoge mediante una comparativa entre los ingresos reales obtenidos por instalaciones antiguas frente a lo que habrían recibido en caso de haber seguido vigente el marco normativo anterior. Así, los ingresos recibidos por las instalaciones nucleares e hidroeléctricas son más de 70.762 millones, mientras que con el marco anterior 48.573 millones, por lo que los beneficios «extraordinarios» conseguidos por este tipo de instalaciones ascienden a 22.190 millones. En cuanto a la subasta Cesur, el sistema anterior que determinaba los precios de la luz, los «pagos ilegítimos» habrían alcanzado los 1.605 millones.

De igual forma, las grandes eléctricas españolas representadas por la patronal eléctrica Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y E.ON) habrían percibido «más de 65.000 millones en pagos ilegítimos». En este sentido, Cotarelo indicó que estas empresas «no serían sostenibles económicamente sin estas ayudas» reconocidas por el Estado y realizada por los usuarios finales. De igual forma, desde PX1NME señalaron que «no se comprende» que con un sistema actual que presenta sobrecapacidad de generación los consumidores abonen pagos por capacidad, y pagos por interrumpibilidad.

«El sistema eléctrico encubre una transferencia de renta de los consumidores a las grandes eléctricas», apuntó Cote Romero, quien advirtió de que por este motivo el recibo de la luz es «muy complejo». Romero criticó también que se subvencione al carbón y en cambio se pongan «todas las trabas del mundo» a las energías renovables, al tiempo que reprobó la deuda millonaria contraída con las eléctricas cuando tienen «beneficios milmillonarios».

El estudio incide también en la «deuda ecológica», y propone como solución para la «opacidad y generación normalizada de pagos ilegítimos» comenzar por la realización de una auditoría con la «ineludible» participación ciudadana. Además, desde PX1NME y el ODG pide la cancelación de las normas que han permitido y generan estos «pagos ilegítimos», sustituir el mercado eléctrico actual por un sistema de fijación de precios basado en la «racionalidad» y un plan de recuperación y devolución de estos pagos. Al acto de presentación acudieron representantes de asociaciones de consumidores como Facua, que exigirá a los partidos políticos para que se comprometan en sus programas a efectuar una auditoría del sistema.

SEO/BirdLife presenta alegaciones al borrador del real decreto de autoconsumo

Servimedia.- La Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), como parte de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, ha presentado alegaciones al borrador de real decreto de autoconsumo publicado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. La organización señala que el borrador de Industria haría que el consumidor pagase más peajes sobre la misma energía si la autoconsume desde fuentes renovables autónomas , que si la saca de la red eléctrica.

Dicho cargo, además, sería «todavía más elevado» si hace uso de baterías, lo que a su juicio resulta «inaceptable» ya que el almacenamiento de energía es un importante elemento de gestión de la demanda que, además, proporciona más autonomía y flexibilidad al consumidor. Además, critica que el borrador de Industria no contiene una Memoria del Análisis de Impacto Normativo elaborada de acuerdo a la ley, que «habría sido fundamental para poder valorar, entre otras cosas, el impacto del borrador de autoconsumo sobre el empleo y la economía». La organización conservacionista recuerda el autoabastecimiento de electricidad podría cubrir el 50% de la demanda energética de los municipios del Estado para 2050, y crear 136.000 empleos de calidad en solo diez años.

Px1NME y 17 organizaciones aseguran que el borrador de autoconsumo vulnera directivas europeas

Europa Press / Servimedia.- La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) y otras 17 organizaciones de consumidores, sectoriales y ambientales, han promovido la recogida de alegaciones en Internet de miles de particulares acerca del borrador de decreto de autoconsumo y diseñaron un documento propio en el que consideran que la norma elaborada por el Ministerio de Industria vulnera tres directivas comunitarias. En concreto, las alegaciones presentadas ante el Ministerio de Industria por estas asociaciones consideran que la norma vulnera las directivas europeas sobre renovables, eficiencia energética y eficiencia en edificios.

Entre las alegaciones genéricas a la norma figuran denuncias como la ausencia de un procedimiento específico que regule la tramitación simplificada de las instalaciones de autoconsumo o la inexistencia del balance neto. También se critica que se penalice a los autoconsumidores que tengan almacenamiento de energía o que se produzca la pérdida del derecho a la tarifa PVPC y al bono social. Además, también se apela al concepto de «inseguridad jurídica», al dejar al criterio del Ministerio de Industria la determinación de la cuantía de los «peajes de acceso» y «otros cargos asociados a los costes del sistema» y cargos de «otros servicios del sistema».

Compleja, discriminatoria y sin transparencia

Las asociaciones señalan que la norma «penaliza con carácter retroactivo» y tiene carácter «discriminatorio» para las instalaciones de energías renovables frente a la cogeneración, que tienen una exención hasta el 31 de diciembre de 2019. También lamentan que se niegue o no se reconozca la contribución de los sistemas de autoconsumo con fotovoltaica a reducir las emisiones y la dependencia energética y producir con renovables. Aparte de la Px1NME, en el documento de alegaciones han participado asociaciones como ADICAE, Amigos de la Tierra, ASGECO, ATTAC, CECU, Ecologistas en Acción, Ecooo, EnerPlus, Facua, Fundación Renovables, Goiener, Greenpeace, Holtrop SLP, SEO/Birdlife, Som Energía, UNEF y WWF España.

«La propuesta de autoconsumo basa sus restricciones y cargos en el hecho de que el sistema presta un respaldo y unos servicios a las instalaciones de generación eléctrica, cuando más bien es al revés», apuntan las organizaciones. En concreto, explican que son las instalaciones de generación, incluidas las de autoconsumo, las que prestan un servicio al sistema, especialmente al consumir de forma instantánea la energía generada, al reducir la demanda del consumidor-generador, pero también al generar excedentes, ya que en general disminuyen la demanda total del sistema, reduciendo las pérdidas y evitando la emisión de gases de efecto invernadero, además de no tener en cuenta los beneficios de la generación distribuida, tal y como establece la directiva comunitaria de renovables.

Por último, la «extrema complejidad» de los procedimientos administrativos que define, así como «la muy deficiente redacción de la norma, confusa y hasta en ocasiones inteligible, provoca, según criterios jurisprudenciales, incidencias en el principio de seguridad jurídica y vicios de competencia«. Además, estas organizaciones también consideran que la propuesta del Ministerio de Industria «adolece de falta de transparencia y participación social activa de los ciudadanos».

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético recaba más de 9.000 firmas para apoyar las alegaciones al decreto de autoconsumo

Europa Press.- Más de 9.000 personas han suscrito las alegaciones al proyecto de real decreto que regula el autoconsumo eléctrico, iniciativa impulsada por organizaciones de consumidores, sectoriales y ambientales en el marco del trámite de audiencia pública, según informó la plataforma Nuevo Modelo Energético. Según el texto de las alegaciones, el proyecto del Gobierno desincentiva totalmente la práctica del autoconsumo en España y vulnera las directivas europeas de eficiencia energética y de fomento de las energías renovables.

A juicio de estas organizaciones, se impone un peaje por la energía autoconsumida, lo que denominan como impuesto al sol. Además, prohíbe que los consumidores acogidos a tarifa regulada PVPC o bono social puedan tener una instalación de autoconsumo, «lo que impide al autoconsumo convertirse en una herramienta de lucha contra la pobreza energética, un problema que afecta a más de siete millones de personas en nuestro país y cuya solución debería ser prioritaria para el Gobierno», señala la plataforma Px1NME. La iniciativa para recabar apoyos a estas alegaciones se prolongará, mediante una campaña online, hasta este miércoles, cuando concluye el periodo de información pública.

Plataformas energéticas, partidos políticos y asociaciones llevan a la Fiscalía el recorte a las renovables

Europa Press.- La Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, junto a más de treinta organizaciones y partidos políticos, presentaron a la Fiscalía Especial contra la Corrupción una denuncia para que investigue si ha habido prevaricación en el comportamiento del Ministerio de Industria en la orden que estableció el cambio en la modalidad de retribución a las energías renovables.

En concreto, el escrito, avalado también por la firma de más de 100.000 ciudadanos, denuncia un recorte de 3.000 millones de euros anuales caracterizado por «la arbitrariedad y falta de respeto técnico», así como «la manipulación» del Gobierno a las consultoras Boston Consulting y Roland Berger, a las que se destinó más de 600.000 euros para elaborar unos informes con los que no se contó a la hora de redactar la normativa, indicó la coordinadora estatal de la Plataforma, Cote Romero.

Asimismo, Romero indicó que el conocido como hachazo a las renovables, que representó «un varapalo a la retribución que estaba pactada», es una «demostración palpable» de que el Gobierno tiene abierta «una guerra contra las tecnologías energéticas eficientes». «El Gobierno legisla sólo para preservar el statu quo de las grandes corporaciones», añadió. Además, subrayó que a «los graves hechos» que las organizaciones presentan ante la Fiscalía Anticorrupción, se suma el proyecto de Real Decreto para la regulación del autoconsumo recién publicado para alegaciones por el Ministerio de Industria, que «supone un nuevo golpe antidemocrático» al derecho de los ciudadanos a elegir la energía que consumen.

Mientras, el vicepresidente de la Fundación Renovables, Jorge Morales de Labra, advirtió de que de este recorte sólo ha permitido «cerrar en falso» el problema del déficit de tarifa, ya que en cualquier momento un tribunal, nacional o extranjero, puede «echarlo atrás y lo pagaremos todos en la factura con intereses«. Así, recordó que el Gobierno de España ya ha recibido un total de 14 demandas ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, por los recortes a las renovables, y las probabilidades de que un tribunal acabe «echando atrás estos recortes son altas».

En la denuncia, se considera que en los hechos pudo haber existido un delito de presunta «prevaricación» y se apunta «como autor, fundamentalmente», al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal. En el acto de entrega del escrito de denuncia en la Fiscalía estuvieron presentes, junto a las organizaciones denunciantes, representantes de los partidos políticos que han suscrito la denuncia: Álvaro Abril (PSOE), Carolina Bescansa (Podemos), Carolina Punset (Ciudadanos), Chuse Inazio Felice (CHA), Juantxo López de Uralde (EQUO), Joan Baldoví (Compromís), Joan Coscubiela (ICV e Izquierda Unida) e Inés Sabanés (Ahora Madrid).

Bescansa destacó que los hechos que recoge la denuncia demuestran que la corrupción «es el gran enemigo de la ciudadanía» y que con unos «parámetros corruptos es imposible cambiar el modelo energético y transitar hacia un modelo más sostenible». Para Alvaro Abril, este tipo de políticas energéticas «en blanco y negro» aplicadas por el Gobierno del PP suponen que España «vuelve a quedarse fuera de la transición energética, mientras otros países «están muy adelantados».

Por su parte, Coscubiela aseguró que el Gobierno «ha sobrepasado todos los límites en su afán por defender al lobby eléctrico», falsificando expedientes para imponer unas medidas que no son justificadas y aseguró que hasta que el ministro José Manuel Soria «no esté sentado en el banquillo» como acusado no pararán. Mientras, Carolina Punset subrayó que «cargarse las renovables supone un error histórico» y dejar pasar la oportunidad de «una energía más barata y de generar empleo«. Asimismo, Inés Sabanés pidió una «transición» hacia a un cambio de modelo energético y el cese «inmediato» de Soria después de haberse confirmado que ha trabajado «de parte, para la minoría».

Entre las asociaciones que se han unido a la denuncia figuran: Adicae, AEBIB, Algamar, Amigos de la Tierra, ANAE, APPA Fotovoltaica, Asgeco, ATTAC, CB Arquitec Bioconstrucción,  CIFV, Coeser, CSolar, Eco-Event, Econactiva, Ecologistas en Acción, Ecooo, Energía Activa, EuroBalaguer, Eurosolar, Federación Arcoiris, Fundación Renovables, Goiener, Greenpeace, Larmendi, OCE, Patrimonial Serrana Solar, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, SEO/Birdlife, SolarWeb, Som Energía, UNEF, WWF España.