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La factura de la luz se encarece un 4,2% en octubre

Redacción / Agencias.– Un consumidor doméstico medio pagó 75,1 euros en su factura de la luz de octubre, por lo que esta factura se incrementó en un 3,2% respecto a los 72,07 euros de octubre de 2017, lo que supuso una subida en el recibo eléctrico de 3,03 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía: un consumo de electricidad de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio atribuye al consumo de una familia media con dos hijos. De los 75,1 euros abonados en los 31 días de octubre del 2018, 15,38 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de octubre, 43,67 euros obedecen al consumo, 3,02 euros al impuesto eléctrico y 13,03 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

En el caso del precio medio del mercado eléctrico español, el conocido como pool, el nivel de octubre es un 14% más caro que los 56,77 euros por MWh de media que marcó hace un año. El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad. El mercado mayorista funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última de ellas en participar, la más cara, marca el precio para todas.

El Gobierno congeló para 2018, y por quinto año consecutivo, los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados. Para contrarrestar la espiral alcista de la luz en los últimos meses, el Gobierno aprobó en octubre un real decreto de medidas urgentes que contempla, entre otras medidas, la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el anterior Ejecutivo del PP, y una exención del céntimo verde para el uso del gas para producir electricidad.

Por ello, la factura de la luz de octubre bajó un 3,59% respecto al mes anterior, septiembre, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,42 euros en octubre respecto a los 2,51 euros de septiembre. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses. De esta forma, el recibo eléctrico corta la espiral alcista que le había llevado a encadenar 6 meses consecutivos de subidas.

Con esta subida interanual en octubre, el recibo de la luz cerró los primeros diez meses del año con una subida del 2,54% con respecto al mismo periodo de 2016. La subida de precios en octubre ha contribuido a que el recibo de los diez primeros meses del año se haya situado en 701,11 euros, 17,35 euros más frente a los 683,76 euros en el mismo periodo del 2017. En los primeros diez meses, la factura media de electricidad se desglosa a razón de 150,82 euros por el término fijo, de 400,43 euros por el consumo, de 28,18 euros por el impuesto de electricidad y 121,68 euros por el IVA.

El Gobierno amplía las coberturas para el bono social eléctrico y lanza medidas para abaratar la factura de la luz

Europa Press.- El Gobierno ha aprobado un plan de medidas para ampliar las coberturas del actual bono social eléctrico, incluyendo a las familias monoparentales y recogiendo la prohibición de cortar el suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años, y así como para abaratar la factura de la luz, ante la espiral alcista de los últimos meses en el precio de la electricidad.

En este sentido, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, destacó que el objetivo de esta nueva norma es ofrecer cobertura a los consumidores vulnerables durante los próximos meses de invierno «mientras se construye una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética». El decreto-ley hace extensiva la medida de prohibir el corte de luz también para los hogares donde resida al menos una persona con un nivel de discapacidad del 33% o superior. De igual modo, se aplicará cuando viva en la vivienda al menos una persona en situación de dependencia en grado II y III. Estas circunstancias, que deberán evaluarse y acreditarse mediante certificados expedidos por los servicios sociales, no estaban contempladas en la anterior regulación del bono social.

Asimismo, con el objetivo de que más familias monoparentales puedan acceder al bono social, se han establecido por el Ejecutivo criterios de renta específicos para estos colectivos, más susceptibles al riesgo de pobreza energética, especialmente las mujeres, considerando que el 85% de los hogares monoparentales tienen al frente a una madre. Así, el umbral de renta máximo para que una familia monoparental pueda acceder al bono social se incrementará en 0,5 veces el IPREM respecto al de las familias biparentales.

La normativa fija como prioridad del Ejecutivo la lucha contra la pobreza energética, que afecta a unos 4,6 millones de personas. En el plazo de 6 meses desde su entrada en vigor, el Gobierno presentará una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética que establecerá objetivos, en el medio y largo plazo, y un marco de acción estable para su erradicación. Ribera también dejó claro que, dentro de esta Estrategia contra la Pobreza Energética, se podrían revisar los criterios actuales para que la renta «sea un elemento determinante para todos los colectivos potencialmente afectados» algo que, por ejemplo, no sucede con el actual modelo para las familias numerosas, que tienen derecho al bono social eléctrico por el simple hecho de serlo.

En lo que respecta a los límites de consumo de energía con derecho a descuento, la nueva normativa los amplía un 15% con el objetivo de acercarse más a los consumos reales de los hogares más vulnerables. Asimismo, el cómputo de consumo anual con derecho a descuento que se liquidaba cada mes se flexibiliza. Ahora la energía con derecho a descuento no consumida un mes puede utilizarse en otro momento, con lo que se facilita también la protección durante los meses de mayor consumo, que suelen corresponderse con los de temperaturas más bajas. Además, la norma también prorroga hasta el próximo 31 de diciembre el plazo para renovar el bono social eléctrico a aquellos consumidores acogidos al bono social antiguo.

Paralelamente, se crea un nuevo bono social térmico, al que podrán acogerse los hogares que sean beneficiarios del bono social eléctrico a 31 de diciembre y que se trata de una ayuda económica directa para que los hogares vulnerables puedan hacer frente a sus gastos de calefacción, agua caliente o cocina este invierno, con independencia del combustible que utilicen. El importe de esta ayuda dependerá de la cantidad que se consigne cada año en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y del número de beneficiarios del bono social eléctrico en diciembre y su cuantía dependerá de la condición de consumidor vulnerable o vulnerable severo, y de la zona climática donde esté ubicada la localidad en la que reside el beneficiario.

A modo de referencia, con un presupuesto de 100 millones de euros y si el número de beneficiarios del bono eléctrico a 31 de diciembre fuera de 1,5 millones, las cuantías del bono oscilarían entre un mínimo de 25 euros (para el consumidor vulnerable en zona cálida) y un máximo de 130 euros (para el consumidor vulnerable severo en zona muy fría), señala el Ministerio.

Asimismo, el Gobierno endurece las medidas sancionadoras a las empresas comercializadoras, que gestionan y financian el bono social. Por ejemplo, aquellas que impongan injustificadamente condiciones, dificultades o retrasos en relación con la tramitación de las solicitudes podrían ser sancionadas con multas de hasta 60 millones de euros, en el caso de infracciones muy graves. Este real decreto-ley también contiene medidas dirigidas a incrementar la protección del conjunto de consumidores de electricidad, lo que permitirá optimizar la contratación de este suministro y reducir la factura eléctrica.

Así, si se dispone de contador digital, se podrá contratar la potencia en múltiplos de 0,1 para ajustarla con exactitud a las necesidades de consumo, frente a los actuales escalones de contratación de potencia eran de 1,1 kilovatios (kW). Teniendo en cuenta que en el último trimestre de 2017 casi el 40% de los hogares tenía una potencia contratada entre los 4 y los 6 kW, existe un margen para el ajuste y, por tanto, para el ahorro y la eficiencia en el consumo. Por ejemplo, un cambio de potencia de 0,5 kW, de 4,6 a 4,1 kW, podría suponer un ahorro en la factura anual de 26 euros en un hogar tipo, donde vivan 4 personas, estima el Ministerio.

Además, en cada período de facturación, las comercializadoras deberán incluir en la factura de cada consumidor que tenga contratado el PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) el importe al que hubiera ascendido de haberse aplicado una tarifa con discriminación horaria. En este caso, son 2 las posibles: tarifas con precios de la electricidad dividido en 2 tramos, punta y valle; o en 3 tramos, punta, valle y supervalle. En la actualidad, tan sólo 660.000 consumidores de los 11,1 millones de usuarios con PVPC se acogen a tarifas con discriminación horaria mientras que el mero cambio puede generar un ahorro que, en muchos casos, pueden superar los 20 euros anuales.

La normativa también prohíbe a las comercializadoras eléctricas y de gas natural realizar acciones de publicidad o contratación de sus productos a través de visitas domiciliarias, el sistema puerta a puerta, salvo que la visita fuera solicitada expresamente por el consumidor. De igual modo, se regulan los términos en los que las comercializadoras eléctricas podrán acceder a los datos de consumo y potencia contratada de los consumidores para que puedan ofrecerles mejoras en la gestión de su demanda o la adopción de medidas de eficiencia energética. Además, se permite la inhabilitación directa de las comercializadoras que realicen prácticas fraudulentas en el mercado mayorista, entre ellas, el incumplimiento de las obligaciones de compra de energía en los mercados diario e intradiarios.

La parte fija de la factura de la luz se incrementó más de un 150% en 15 años, según Facua

Europa Press.- La factura de la luz de un usuario medio se incrementó un 92,2% en los últimos 15 años, representando 40 euros más, según datos de Facua. Según su análisis, realizado para un usuario que consume 366 kWh mensuales y tiene una potencia contratada de 4,4 kW, la factura ha pasado de los 43,47 euros de 2003 a 55,31 euros entre julio y diciembre de 2008, 74,81 euros en agosto y septiembre de 2013 y 83,55 euros en septiembre de 2018.

Así, en el año 2003, el usuario medio, que tenía contratada la tarifa 2.0, pagaba al mes 43,47 euros, 35,65 euros más el 21,93% de impuestos indirectos vigentes en esa fecha. Mientras, con las tarifas vigentes entre julio y diciembre de 2008, el usuario medio (que tenía contratada la tarifa 2.0.2) pagaba 55,31 euros mensuales, 45,37 euros más el 21,93% de impuestos indirectos). Por su parte, en agosto y septiembre de 2013, un usuario medio con la denominada TUR pagaba 74,81 euros al mes, 58,82 euros más el 27,19% de impuestos indirectos vigentes. Con las tarifas de septiembre, el usuario medio sujeto al PVPC paga 83,55 euros, 65,69 más el 27,19% de impuestos vigentes actualmente.

Según calcula Facua, la parte fija de la factura se ha incrementado en 15 años en un 152,8%. En cuanto a la parte variable del recibo, el precio del kWh de energía consumida se ha encarecido en un 79,4% desde agosto de 2003. Por otra parte, Facua reclama al Gobierno que emprenda medidas «realmente eficaces» para abaratar el recibo, como bajar el IVA de la luz al 4%, y «no vuelva a poner parches similares a los que han visto los usuarios legislatura tras legislatura».

2018 apunta con 59,5 euros/MWh a ser el segundo año con el precio del mercado eléctrico más elevado desde 1998

Europa Press.- El precio medio del mercado eléctrico español ha alcanzado en septiembre los 71,3 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone un encarecimiento del 45% con respecto al mismo mes del año pasado. Según datos del Barómetro Energético de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), este precio es un 10,8% superior al registrado el pasado agosto.

La cotización del futuro para 2019 del mercado eléctrico español se sitúa en los 60 euros por MWh, un 1,9% más caro que hace un mes, y un 11,1% superior a la cotización del mercado alemán, que era de 54 euros por MWh. Así, considerando la evolución del mercado diario y las cotizaciones de los precios futuros hasta fin de año, el precio medio previsto del mercado eléctrico español en 2018 es de 59,5 euros por MWh, un precio un 14,1% mayor que el de 2017. AEGE destacó que, de confirmarse esta previsión, 2018 sería el segundo año con el precio medio del mercado eléctrico más caro desde 1998, tan sólo por detrás de 2008.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante obedece a impuestos. El mercado mayorista funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última de ellas en participar, la más cara, marca el precio para el conjunto. El Gobierno congeló para 2018, y por quinto año consecutivo, los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados.

75,37 euros de factura mensual

De esta manera, este incremento en el precio mayorista de la electricidad supone un aumento en el recibo de electricidad de septiembre de casi el 3,5% con respecto a agosto de los consumidores, encadenando así su sexto mes al alza. En concreto, la factura media para un consumidor doméstico superó en septiembre los 75,37 euros. De este importe de la factura, 14,88 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura, 44,38 euros obedecen al consumo, 3,03 euros al impuesto eléctrico y 13,08 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Con respecto al mismo mes del año pasado, el encarecimiento registrado este septiembre en el recibo es de un 15,39%, más de 10 euros.

Para contrarrestar esta espiral alcista de la luz, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció en septiembre la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el anterior Ejecutivo del PP, enmarcada en un paquete de medidas impulsadas por el Ejecutivo, entre las que también figuran la garantía de cobertura a los consumidores más vulnerables, mejorar el bono social eléctrico y crear un nuevo bono para calefacción, que estará vigente para este invierno.

En concreto, esta suspensión del impuesto supondrá una rebaja en la factura de la luz para un consumidor doméstico de entre el 2,5% y el 4%, y alrededor del 5% o el 5,5% para el consumidor industrial. Además, la ministra subrayó la «clara voluntad» del Gobierno de abordar con seriedad la reforma estructural del mercado, asegurar señales fiscales coherentes y regular ordenadamente el almacenamiento para avanzar hacia un modelo energético distribuido, limpio, eficiente y digitalizado.

El tercer recibo más caro

Por su parte, Facua destacó que la subida de septiembre convierte a esta factura eléctrica mensual en la tercera más cara de la historia. Según los datos de Facua, 83,55 euros es lo que ha pagado un usuario medio (366 kWh de consumo y 4,4 kW de potencia) con las tarifas reguladas PVPC de todo el mes de septiembre. En cuanto al precio de la energía consumida, en septiembre el kWh se ha situado en 17,58 céntimos (13,83 más impuestos), un 21,7% por encima de los 14,45 céntimos (11,36 más impuestos) de septiembre del 2017.

Los análisis de Facua ponen de manifiesto que la factura de la luz más cara a nivel histórico fue la del primer trimestre de 2012, cuando se situó en 88,66 euros para el usuario medio tras la corrección de la tarifa fijada por el Gobierno por una sentencia del Tribunal Supremo. Tras ella, los 87,81 euros de enero de 2017 y los 83,55 euros de este mes de septiembre. La cuarta factura más elevada fue de 81,18 euros, correspondiente a la tarifa de julio de 2015, y la quinta 80,73 euros, de agosto de 2018.

Facua trasladó al Gobierno un documento con sus reivindicaciones para reducir la factura eléctrica de las familias españolas y luchar contra la pobreza energética. La bajada del IVA de la electricidad es una de las medidas reclamadas. Bajarlo al 4% ahorraría al usuario medio casi 130 euros anuales, aunque la principal medida propuesta por Facua es la creación de una tarifa regulada para todas las familias que no superen los 10 kW de potencia contratada y determinados límites de consumo.

La asociación advierte además de que el bono social del Gobierno de Rajoy ha sido un fracaso aún mayor que el que se aprobó durante la etapa socialista de Zapatero. Por un lado, porque supone descuentos poco significativos e impone niveles de renta excesivamente bajos para acceder a él, salvo a las familias numerosas, que pueden beneficiarse todas. Por otro, porque el desconocimiento de su existencia para muchas familias y el hecho de que deba ser solicitado expresamente a las compañías eléctricas, con la aportación de documentación acreditativa de los niveles de renta y la situación familiar, han provocado que un ínfimo porcentaje de sus beneficiarios potenciales acceda a él.

La factura de la luz se encarece un 15,39% en septiembre

Redacción / Agencias.- Un consumidor doméstico medio pagó 75,37 euros en su factura de la luz de septiembre, por lo que esta factura se incrementó en un 15,39% respecto a los 65,32 euros de septiembre de 2017, lo que supuso una subida en el recibo eléctrico de 10,05 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía: un consumo de electricidad de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio atribuye al consumo de una familia media con dos hijos. De los 75,37 euros abonados en los 30 días de septiembre del 2018, 14,88 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de septiembre, 44,38 euros obedecen al consumo, 3,03 euros al impuesto eléctrico y 13,08 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

Eso sí, la factura de la luz de septiembre subió en un 3,5% respecto al mes anterior, agosto, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,51 euros en septiembre respecto a los 2,43 euros de agosto. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses. De esta forma, el recibo suma su quinto incremento consecutivo.

Septiembre no ha hecho más que agudizar la espiral alcista en el precio de la electricidad que ya se había pronunciado en agosto y registró uno tras otro los máximos diarios del año en el mercado, tocando su techo el 19 de septiembre, cuando alcanzó una media para el día de 75,93 euros por MWh. Además, la época de verano conlleva una caída en la producción renovable que, en el caso de la eólica, ha sido inferior a la media de este periodo, lo que ha aboca a recurrir a la generación térmica para la cobertura de la demanda, siendo su coste la principal referencia de precio del mercado, que ha sido casi un 11% superior a la de agosto.

Con esta subida interanual en septiembre, el recibo de la luz cerró los primeros nueves meses del año con una subida del 2,36% con respecto al mismo periodo de 2017. La subida de precios en septiembre ha contribuido a que el recibo de los nueves primeros meses del año se haya situado en 626,42 euros, 14,44 euros más frente a los 611,98 euros en el mismo periodo del 2017. En los primeros nueve meses, la factura media de electricidad se desglosa a razón de 135,44 euros por el término fijo, de 357,08 euros por el consumo, de 25,18 euros por el impuesto de electricidad y 108,72 euros por el IVA.

Para contrarrestar esta espiral alcista de la luz, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el anterior Ejecutivo del PP, enmarcada en un paquete de medidas que se impulsará por el Ejecutivo, entre las que también figuran la garantía de cobertura a los consumidores más vulnerables, mejorando el bono social eléctrico y creando un nuevo bono para calefacción, que estará vigente para este invierno.

La CNMC obliga a las compañías energéticas a diferenciar sus marcas que ofrecen tarifas reguladas de las del mercado libre

Europa Press / EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado una decisión jurídicamente vinculante por la que obliga a varias sociedades de los principales grupos energéticos integrados presentes en España a que cambien su imagen de marca con el fin de hacerlos más fácilmente identificables para los consumidores, que podrán identificar correctamente en sus facturas qué comercializadora les ofrece el servicio y saber si están en el mercado libre o en el regulado.

Según Competencia, esta medida se centra en las empresas distribuidoras de gas y electricidad de más de 100.000 clientes y comercializadores de referencia o de último recurso, que tendrán que realizar cambios en la información y presentación de su marca respecto a la filial del mismo grupo empresarial que comercializa en el mercado libre. El regulador ha tomado esta decisión después de observar que, en la actualidad, un mismo grupo empresarial puede comercializar el gas y la electricidad a sus clientes a través de dos empresas distintas que facturan distintos precios, a las que se les denomina como comercializadoras de referencia, o de último recurso en el caso del gas.

El cliente de estas comercializadoras paga un precio regulado por su consumo (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) en luz y TUR en gas), mientras que si tiene su suministro con una comercializadora del mercado libre, pagará el precio que acuerde con la empresa por la energía consumida. Ante esta situación, el organismo ya emitió varios informes y guías en los que alerta de la confusión que existe entre los consumidores a la hora de identificar quién es su suministrador y si está en el mercado regulado o libre. Según sus datos, 8 de cada 10 hogares es incapaz de distinguir en qué mercado están.

La resolución de la CNMC obligará a las empresas a modificar la denominación social para evitar confusión entre distribuidoras y comercializadoras, para lo que no será suficiente sólo con incorporar los términos «distribuidor» o «comercializador de referencia» o «comercializador de último recurso«. En segundo lugar, tendrán que cambiar el logotipo, de forma que su comparación gráfica, fonética o conceptual no induzca a ningún error, advirtiendo que utilizar los mismos símbolos para las comercializadoras o distribuidoras podría confundir a los clientes. También se obliga a diferenciar claramente las empresas en la información enviada a los clientes.

Las empresas tendrán 3 meses para aportar a la CNMC las medidas que van a realizar para que se valore si se ajustan a los cambios requeridos y 6 meses para ejecutarlas. Los grupos afectados son Iberdrola, Endesa, Viesgo, EDP y CHC, que deberán modificar el nombre de sus filiales. Naturgy, la antigua Gas Natural Fenosa, ya se adelantó a esta resolución al cambiar recientemente su denominación y al diferenciar claramente sus distribuidoras (Unión Fenosa Distribución y Nedgia) y comercializadoras.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), esta medida está motivada por las denuncias realizadas por la organización en 2016 ante la CNMV al observar que los grupos energéticos no diferenciaban claramente sus actividades en el mercado libre y en el regulado. Para la OCU, se trata de una estrategia de estas compañías para confundir a los clientes con marcas similares «de forma consciente», de forma que se dificulta la entrada de nuevas y menos conocidas comercializadoras y se facilita que los clientes sean traspasados del mercado regulado al libre creyendo que se trata de la misma compañía, cuando, en realidad, se trata de una nueva, con sus propias tarifas y condiciones de contratación.

700.000 consumidores tenían al finalizar agosto el nuevo bono social frente a los más de 2 millones del anterior sistema

EFE.- Un total de 700.034 consumidores disfrutaba al concluir agosto del nuevo bono social eléctrico, que sustituye al anterior y al que deben acogerse antes del 8 de octubre los beneficiarios que tienen el antiguo y quieran seguir disfrutando de él, que eran más de 2,2 millones en febrero de 2018.

El anterior Gobierno aprobó en 2017 un real decreto por el que modificó las condiciones y criterios socio-económicos para acceder al bono social, un descuento que se hace sobre la factura eléctrica para proteger a los colectivos de consumidores económica o socialmente más vulnerables. Para poder seguir disfrutando del bono social, se estableció un primer plazo para renovarlo que finalizaba en abril de este año y que luego se extendió hasta el 8 de octubre.

A 31 de agosto, 700.034 consumidores disfrutaban del nuevo bono social, según datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica, que han señalado que hasta esa fecha se habían presentado 954.000 solicitudes completas, aunque no todas fueron aprobadas por falta de documentación o porque sus datos no se ajustaban. Para que el nuevo bono social llegue al máximo número de beneficiarios posible, el Ministerio lanzará próximamente una campaña en radio y televisión, tal y como anunció a primeros de agosto su titular, Teresa Ribera.

El nuevo bono social, aprobado en octubre del año pasado, establece descuentos en la factura eléctrica del 25% o del 40% de su importe en función del nivel de renta y las circunstancias personales del consumidor. Para poder acogerse a estos beneficios, además de cumplir los requisitos de ingresos y personales, hay que presentar una solicitud a la empresa comercializadora por teléfono, fax, correo postal o electrónico en la oficina de la compañía o a través de su página web. El nuevo bono social establece 3 categorías de consumidores que pueden ser beneficiarios del bono social: «vulnerable», dentro del cual se encuentran los pensionistas con pensiones mínimas y las familias numerosas; «vulnerable severo» o «vulnerable en riesgo de exclusión social».

La subida de la luz reabre el debate sobre el mercado y la factura eléctrica

EFE.- El crecimiento ininterrumpido del precio de la luz en los últimos cuatro meses y los altos precios fijados en el mercado mayorista han vuelto a reabrir el debate sobre la mejora de los mecanismos de formación y de determinación del precio de la factura eléctrica.

En agosto el recibo de la luz encadenó su cuarta subida consecutiva y alcanzó su precio más alto en todo el año, al encarecerse un 12% respecto al mismo mes de 2017, lo que supuso pagar 8,05 euros más que en la factura que un año antes. No parece que septiembre vaya a ser mejor pues, según el simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en los primeros 11 días de septiembre el coste del recibo es un 16,7% más caro que un año antes.

En agosto el recibo de la luz para el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), la tarifa regulada por el Gobierno, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios y un consumo anual de 3.900 kilovatios hora, alcanzó los 75,21 euros, frente a los 67,16 euros de hace un año y los 73,1 euros a los que llegó en julio pasado.

A pesar de que al comenzar 2018 las circunstancias meteorológicas fueron más favorables para la producción de energía hidráulica y eólica (fuentes de generación más baratas) que en 2017, marcado por la escasez de lluvia y viento, tan sólo en los primeros meses de este año la factura eléctrica bajó, para empezar en mayo a encadenar subidas. La actual subida, según expertos del sector, se debe al encarecimiento de los derechos de emisiones de carbono, cuyo precio se triplicó entre mayo y agosto frente a 2017, y de los precios del gas y el carbón, que se emplean para producir electricidad en las centrales de ciclo combinado y las térmicas.

En agosto el precio medio en el mercado mayorista fue de 64,33 euros, el más alto en un mes este año, y en septiembre se ha situado varios días por encima de los 70, alcanzando un máximo diario de 75,39 euros este miércoles 12. Las subidas del CO2 y del gas han elevado en 21 euros/MWh el coste del ciclo combinado y en 12 euros/MWh el del carbón, unas subidas que se han unido en los últimos meses a la menor producción hidráulica y eólica en verano, que obliga a usar más el respaldo térmico.

Un 35% de la factura

El incremento de los precios en el pool, en el que se fija el valor del megavatio hora para cada hora del día siguiente, repercute en el recibo de la luz que pagan los consumidores acogidos al PVPC al suponer un 35% del total de su factura, de la que el resto son peajes fijados por el Gobierno e impuestos.

En España hay 11 millones de clientes que tienen esta tarifa, que es para una potencia contratada menor o igual a 10 kilovatios (KW), mientras que más de 16 millones (cerca del 60% del total de los consumidores eléctricos) tienen contratos en el mercado libre. Estos, a diferencia de los acogidos a la PVPC, tienen garantizado el precio de la electricidad durante al menos un año y, por tanto, son ajenos a las variaciones de su valor en el pool.

Generadores y comercializadores fijan en este mercado el precio de toda la energía que se va a consumir al día siguiente y funciona bajo un criterio económico marginalista, por el que todas las tecnologías de generación cobran en cada hora lo que marca la más cara que entra. Las compañías eléctricas afirman que no se están beneficiando de estas últimas subidas y recuerdan que la mayor parte de la factura regulada no lo constituye el coste de la electricidad, sino los peajes y los impuestos.

El grupo de expertos que hizo el informe de cara a la elaboración de la de Ley de Cambio Climático y Transición Energética ya planteó trasladar los costes actuales de la factura eléctrica a los Presupuestos del Estado, financiándolos con nuevos impuestos medioambientales. Según sus cálculos, con esas medidas la luz bajaría un 6,8% pero subirían el gasóleo (un 28,6%), la gasolina (1,8%) y el gas natural (5,8%). El recibo de la luz soporta ahora un 21% de IVA y el impuesto especial de electricidad, del 5%, a lo que hay que sumar los peajes, que el gobierno del PP mantuvo congelados durante 4 años.

El Gobierno y las compañías ven conveniente desligar la tarifa regulada PVPC del precio de cada hora del mercado eléctrico

EFE / Europa Press.- El precio de la luz en el mercado mayorista sigue en niveles más elevados de lo habitual. En este sentido, el Gobierno y las compañías eléctricas ven conveniente iniciar una reflexión sobre la formación de precios, pero de manera «pensada«.

Entre los factores que están detrás de la subida de los precios en el mercado mayorista destaca el encarecimiento del precio de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) y del gas natural y el carbón en los mercados internacionales. En concreto, el precio del CO2 se ha multiplicado por más de tres: entre mayo y agosto de 2017 era de 5,1 euros por tonelada y en el mismo periodo del presente año ha sido de 16,3 euros. También ha contribuido a estos elevados precios una reducción de la participación de la energía eólica, una producción nuclear inferior a lo habitual debido a operaciones de mantenimiento y un incremento de la demanda, motivada por las altas temperaturas estivales.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en un foro organizado por Cinco Días, ha negado, no obstante, que se estén alcanzando estos días máximos históricos en los precios de la subasta eléctrica con los 74,58 euros/MWh registrados, ya que en el pasado reciente los hubo más altos, como los que se registraron en enero de 2017, en plena ola de frío. Ese mes se registró un precio medio diario máximo de 91,88 euros/MWh, cifra por debajo de los 103,76 euros de media diaria que hubo el 11 de enero de 2002. En este sentido, el Gobierno está trabajando en las políticas necesarias que permitan una evolución “racional” de los precios de la electricidad.

Las perspectivas sobre la evolución de los precios tanto de materias primas para generación de electricidad (gas y carbón) y de derechos de emisión de CO2 indican que podrían seguir subiendo según la ministra, que comparecerá el próximo 19 de septiembre en el Congreso de los Diputados. Ribera ha avanzado que hay que adoptar medidas para asegurarse de que esos incrementos no incidan ni en la economía ni en los sectores sociales más vulnerables y, en este sentido, subrayó que la atención a los 4,6 millones de personas que están en situación de pobreza energética “debe ser prioritaria”, aunque paralelamente se inicie una «reflexión más profunda» sobre los componentes que hacen aumentar la factura eléctrica.

En este contexto, Ribera aseguró que el Ejecutivo está trabajando sobre un paquete de medidas para ver cómo puede operar en el corto plazo sobre cada uno de los componentes de la factura, algunos «muy alejados» de su capacidad de acción. «Hay que generar consensos en cada uno de los bloques de los operadores. Hay componentes fiscales, de coste regulado, de mercado… Estamos trabajando en ello y el Gobierno presentará su reflexión el 19 de septiembre en el Congreso», apuntó. Así, Ribera comparecerá para explicar el incremento en el precio de la electricidad registrado en los últimos meses, que se ha agudizado en agosto con un encarecimiento del 35,5% con respecto a agosto del 2017.

De este modo, para la responsable de la cartera para la Transición Ecológica está «bien» que se refleje el hecho de que generar energía de manera «sucia» es caro. «No podemos permitirnos el lujo de que en este proceso de cambio a un sistema enteramente limpio se vean afectados los colectivos con menos recursos», subrayó. El precio de la luz en el pool supone en torno al 35% de la factura para los consumidores con tarifa regulada o Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) (unos 11 millones de usuarios frente a los más de 16 millones que hay en el mercado libre), mientras que el 65% restante depende de los peajes que fija el Gobierno y de los impuestos.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, asegura que no está habiendo ningún «abuso» por parte de las compañías eléctricas, que no se están beneficiando de esta subida. «Lo que está ocurriendo en el mercado mayorista es una consecuencia del CO2», indicó Bogas, que ha manifestado que ya les gustaría a las compañías que los precios de los derechos de emisión y de las materias primas como el gas y el carbón «fueran más baratos«.

No obstante, ha apuntado que podría plantearse la revisión del mecanismo por el que se fija el PVPC, mientras que la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, ha manifestado que no es razonable que la tarifa PVPC sea «un espejo de los precios del mercado mayorista», ya que es la que usan los consumidores con menor poder adquisitivo, que necesitan tener más certidumbre, y ha apostado por un modelo que evite que las volatilidades del mercado les afecten. Eso sí, ha reivindicado que las reformas en el sistema de fijación de precios deben hacerse de manera pensada y «no guiadas por la presión y las noticias» de la prensa.

Por su parte, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) denuncia el «elevadísimo» y «desproporcionado» encarecimiento energético habido en los últimos dos años y ha instado a implantar medidas que abaraten este gasto como, por ejemplo, el autoabastecimiento energético. La organización ha puesto ejemplos prácticos como el de una pequeña cafetería donde contratan 9,9 kilovatios y consumen 37.000 kilovatios anuales. En esta situación, el precio aumenta de los 4.900 euros en 2016 a 6.500 euros en 2017 y llegará a una factura de 8.450 euros en 2018, un aumento del 72,45% en dos años.

Además, el secretario general de UPTA, Eduardo Abad, avanza que el precio de los mercados futuros no indica mejoría sobre la situación actual y se ha mostrado pesimista. Desde UPTA proponen a los autónomos vigilar que las facturas sean correctas, revisar que el contrato es el adecuado para las necesidades tanto en consumo como en precios, buscar alternativas en el mercado y comparar las ofertas, evaluar si las necesidades de consumo actuales responden a criterios de negocio y estudiar posibles inversiones que reduzcan el consumo.

Unidos Podemos también pide explicaciones

Mientras el grupo parlamentario de Ciudadanos ya presentó una pregunta para saber qué medidas planea llevar a cabo el Gobierno ante el incremento de los precios de la electricidad, el diputado de Unidos Podemos-En Comú, Joan Mena, ha registrado un escrito en el Congreso en el que pide explicaciones al Gobierno sobre lo que denomina un «aumento desmesurado» del recibo de la luz, que cifra en un 12,4% más en agosto respecto a agosto del 2017, lo que supone la cuarta factura eléctrica más alta de la historia en España.

También denuncia situaciones de desatención a los usuarios y de falta de mantenimiento de las instalaciones por parte de las empresas eléctricas. Unidos Podemos, cuyas respuestas por parte del Ejecutivo las recibirá por escrito, ha calificado de «lamentables» las averías eléctricas durante el verano y se ha referido en concreto a la sufrida en el barrio de Torre-romeu de Sabadell (Barcelona). La formación que lidera Pablo Iglesias ha preguntado al Gobierno sobre los mecanismos que tiene previstos para garantizar el reconocimiento de estas averías por parte de Endesa, la compañía suministradora en este barrio barcelonés.

Facua denuncia que el recibo de la luz de agosto es el cuarto más caro de la historia de España

Europa Press / EFE.- El recibo de la luz del usuario medio con la tarifa semirregulada PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) se situó un 12% por encima de la factura de agosto de 2017. De este modo, el mes de agosto finalizó con el recibo de la luz más caro desde enero de 2017 y se convierte así en la cuarta factura más alta de la historia, según los datos de Facua.

La factura de la luz más cara a nivel histórico fue la del primer trimestre del año 2012. Tras ella, se sitúa la de enero de 2017 y después la de julio de 2015. La subida mensual de agosto ha sido del 3%, lo que supone que el recibo del usuario medio será 2 euros más caro que el de julio. La factura para un usuario medio también subió en julio un 2,2%. La luz viene subiendo ininterrumpidamente desde abril y este año solamente bajó en enero y marzo mientras que en febrero también subió.

En cuanto al precio de la energía consumida, el kWh se ha situado en agosto en una media de 16,81 céntimos (impuestos incluidos), un 3,9% por encima de los 16,18 céntimos de julio. A nivel interanual, la subida ha sido del 16,9%, ya que el kWh estaba en 14,4 céntimos en agosto de 2017. Ante estos datos, Facua reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “que intervenga las tarifas del sector eléctrico para acabar con la especulación y las injustificadamente altas tarifas eléctricas de España».

A finales de 2016, Facua promovió un manifiesto junto a más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil para reivindicar 6 medidas en materia de política eléctrica. Una de ellas es la aprobación de una tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que puedan acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia. La aprobación de una auténtica tarifa social para los usuarios con menos poder adquisitivo y sufragada por las eléctricas es otra de las reclamaciones de las organizaciones ciudadanas. Facua denuncia que el año pasado el Gobierno de Rajoy recortó los ya de por sí insuficientes descuentos aplicados con el bono social creado por Zapatero.

Entre las reivindicaciones de FACUA y otros movimientos ciudadanos también se incluye la aplicación del tipo de IVA superreducido a la electricidad, pasando del 21% actual al 4% por ser considerado un servicio esencial para la ciudadanía. El manifiesto, denominado No más cortes de luz, no fue suscrito por el PSOE. Las fuerzas políticas que lo apoyaron fueron las formaciones que forman parte de Unidos Podemos, ERC y Coalición Canaria.