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Madrid y Barcelona exigen lealtad al Estado frente a la contaminación y piden eliminar las ventajas fiscales al diesel

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Europa Press.- Los ayuntamientos de Madrid y Barcelona han exigido «lealtad» al Estado y que emplee sus competencias para unirse en la lucha contra la contaminación con la revisión del impuesto especial sobre carburantes, eliminando las ventajas fiscales que favorezcan la compra de vehículos diesel, o el incremento de la financiación del transporte público de proximidad «alcanzando como mínimo los niveles de 2010».

La delegada madrileña de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y la concejala responsable en Barcelona de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, han presentado más de una decena de exigencias dirigidas al Gobierno central. Sabanés y Sanz han coincido en que la contaminación es un «problema de Estado», razón por la que ambas ediles han exigido «el máximo nivel de lealtad y que cada cual cumpla con su obligación».

Las exigencias planteadas al Gobierno central incluyen la modificación del impuesto de matriculación para priorizar los menos contaminantes, especialmente los Cero y ECO; la obligatoriedad de la identificación mediante el etiquetado establecido por la DGT en función del potencial contaminante, así como su perfeccionamiento con las etiquetas para motocicletas, ciclomotores no eléctricos y vehículos industriales hibridados de bajas emisiones; o el desarrollo de programas PIVE para incentivar la renovación de los vehículos profesionales y turismos más contaminantes en NO2 y PM y que la ayuda tenga en cuenta criterios sociales.

Las dos ciudades plantean la aplicación de descuentos en función de la etiqueta ambiental de la DGT en los peajes de competencia estatal; la priorización de inversiones vinculadas a las infraestructuras ferroviarias; la habilitación de BUS VAO; y modificar la Ley de tráfico para incluir como infracción grave o muy grave el incumplimiento de las medidas especiales de ordenación de la circulación por razones medioambientales.

También proponen modificar el Reglamento de Circulación para prever medidas de ordenación de la circulación por razones ambientales; la revisión de la fiscalidad y tasas portuarias y aeroportuarias con el fin de permitir una mayor diferenciación en función del nivel de contaminación y promover medidas de competencia autonómica que tengan impacto en la mejora de la calidad del aire, como el control de calderas, legislación autonómica de movilidad sostenible aplicable a empresas o una mejora de los controles de las emisiones contaminantes en las ITV.

Revisar la fiscalidad del diesel

Inés Sabanés, por su parte, ha defendido que los planes municipales de lucha contra la contaminación, como el Plan A, «requieren la coordinación con el resto de administraciones porque hay cuestiones que las ciudades no pueden resolver» como, por ejemplo, la afección en los aeropuertos, los carriles Bus VAO o medidas relacionadas con la fiscalidad de los coches diésel, asunto que ha calificado de nuclear.

Janet Sanz puso el foco en que la contaminación es «un problema de Estado» y de salud pública que genera 24.000 muertes al año en España según un estudio ambiental de la Unión Europea. El Ayuntamiento de Barcelona, a su vez, ha elaborado un estudio que cuantifica las muertes prematuras en 600/700 al año, unidas al incremento de ingresos hospitalarios. «La inacción no es alternativa porque está en juego la salud de la gente», esgrime.

La edil ha cargado con el «sin sentido» de que haya incentivos fiscales para la compra de vehículos diésel por parte del Estado cuando las ciudades limitan el acceso de este tipo de coches en determinados episodios contaminantes. Además, Madrid y Barcelona han defendido el transporte público exigiendo que el Gobierno central no sólo no siga recortando en esto sino que aumente su contribución, como hacen los ayuntamientos. La concejala de Barcelona también se ha referido al coste que le supone al municipio la recarga de vehículos eléctricos, unos 4.000 euros al año el kw/h.

Polémica de Madrid con Tejerina

Por otro lado, Sabanés ha defendido la coordinación de su cartera con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente en materia de contaminación y ha asegurado que las nuevas medidas de su plan, que restringen el uso del coche privado en Madrid, estaban «más que anunciadas«. Así, Sabanés respondió a la ministra del ramo, Isabel García Tejerina, que admitió que le «chocó» que el Ayuntamiento de Madrid no les informara de sus nuevas medidas anticontaminación, en relación a la prohibición de los vehículos más contaminantes, de cara a defender su actuación ante la Unión Europea.

La edil de Ahora Madrid ha defendido que desde el Consistorio de la capital han hecho «todos los esfuerzos de coordinación con el Gobierno y la Comunidad». Asimismo, Sabanés señaló que la reunión con la Comisión Europea trataba fundamentalmente de medidas «que va a tomar y que debe tomar» el Gobierno de España, y no de planes anticontaminación municipales, que asegura que ya han sido presentados a la Unión Europea.

El 37,8% de los vehículos de la Comunidad de Madrid estarán afectados por las nuevas restricciones en el plan anticontaminación

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Europa Press.– El 37,76% de los vehículos de la Comunidad de Madrid, un total de 1.792.208, que son aquellos más contaminantes y que, por tanto, no cuentan con un distintivo ambiental, son los que se verían afectados por las nuevas medidas para el protocolo anticontaminación que estudia el Ayuntamiento de Madrid y que restringirían la circulación a aquellos sin etiquetas de la Dirección General de Tráfico (DGT) en escenarios 2 y 3.

Así se recoge en los datos de la DGT, que indican que a 1 de diciembre de 2017 se encontraban registrados en la Comunidad de Madrid un total de 4.746.526 vehículos: 9.516 de ellos son Cero emisiones, 1.610.981 del grupo B, 1.282.963 del C, 50.858 ECO y 1.792.208 sin etiqueta, correspondientes a aquellos de gasolina anteriores al año 2000 y los diésel anteriores a 2006.

La DGT cuenta con 4 etiquetas ambientales distintas en función de varios aspectos, como la naturaleza del vehículo o su potencial efecto contaminador. La primera, la más pura, es la de Cero emisiones, que se otorga a vehículos eléctricos de batería (BEV), de autonomía extendida (REEV) o híbrido enchufable (PHEV) con una autonomía mínima de 40 kilómetros, así como en vehículos de pila de combustible. En segundo lugar, los ECO son vehículos híbridos enchufables con autonomía menor de 40 kilómetros, vehículos híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural, vehículos propulsados por gas natural (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP). En todo caso, deberán cumplir los criterios de la etiqueta C.

Esta última se aplica a turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de 2006 y diésel a partir de 2014. También a vehículos de más de 8 plazas y pesados, tanto de gasolina como de diésel, matriculados a partir de 2014. Los de gasolina deben cumplir la norma Euro 4,5 y 6 y en diésel la Euro 6.

Por último, la B se limita a turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir del 2000 y de diésel a partir de enero de 2006. Incluye, a su vez, a vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como de diésel matriculados a partir de 2005. Por tanto, los de gasolina deben cumplir la norma Euro 3 y en Diésel la Euro 4 y 5.

Esta clasificación de los vehículos se deriva del Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016 (Plan Aire) en el que se recoge que tanto las partículas como el dióxido de nitrógeno tienen en el tráfico rodado la principal fuente de emisión y propone, además, la clasificación de los vehículos en función de los niveles de contaminación que emiten, todo ello bajo criterios europeos. En definitiva, la medida tiene como objetivo «discriminar positivamente» a los vehículos más respetuosos con el medioambiente.

Información en web de DGT

La DGT recomienda, dado que facilita la rápida identificación de los vehículos menos contaminantes, que se adhiera este distintivo en el ángulo inferior derecho del parabrisas delantero, si se dispone de él, o en su defecto, en cualquier sitio visible del vehículo. En todo caso, explican que las administraciones competentes podrán acceder en tiempo real al registro de vehículos de la DGT y conocer la clasificación ambiental y el tipo de etiqueta que corresponde a cada vehículo. Además, el ciudadano que quiera conocer qué distintivo ambiental corresponde al vehículo de su titularidad puede consultarlo en la web de la DGT.

Cada autoridad con competencias en fiscalidad del automóvil, movilidad o medio ambiente podrá decidir en cada momento qué incentivos ofrece a los vehículos más limpios. Por ejemplo, la DGT permite circular en el carril bus VAO a vehículos Cero emisiones. Por otra parte, las oficinas de Correos venden desde el pasado diciembre en Madrid el distintivo ambiental para vehículos de la DGT por un precio de 5 euros. Esta medida es voluntaria salvo para aquellos vehículos afectados por alguna medida de restricción por la contaminación, como ocurre en la capital.

Evitar activar el protocolo anticontaminación

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido al Gobierno municipal que trabaje en elaborar medidas preventivas que ayuden a evitar establecer el protocolo anticontaminación. Así se ha expresado Almeida después de que la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, avanzara que se está revisando el protocolo de medidas a adoptar ante episodios por alta contaminación de dióxido de nitrógeno (NO2) de modo que se limite la circulación de vehículos sin distintivo ambiental de la DGT.

José Luis Martínez-Almeida ha indicado que estas medidas están pensadas para los días de alta contaminación, por lo que ha propuesto «cambiar de medidas antes». «Este gobierno adopta medidas que son un auténtico fracaso«, ha apuntado. Por ello, ha hecho hincapié en la necesidad no de hablar del protocolo anticontaminación «que se aplica los días de contaminación», sino de estudiar las medidas preventivas a adoptar «para que no se tenga que llegar a esta situación».

La Generalitat de Cataluña recurre la sentencia que anula el protocolo de la comunidad autónoma contra la pobreza energética

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Europa Press.- La Generalitat de Cataluña ha presentado un recurso ante el Juzgado Contencioso Administrativo 2 de Barcelona contra la sentencia que declara nulo el protocolo de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

La titular de este Juzgado, Elsa Puig, anuló a principios de diciembre el protocolo por un defecto de forma y de competencias, aceptando el recurso interpuesto por Endesa contra la Agencia Catalana de Consumo (ACC), la Federación Catalana de Municipios (FCM) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM). La Generalitat ha recordado que la anulación de este protocolo no afecta a la lucha contra la pobreza energética, ya que en este ámbito la ley de pobreza energética de 2015 es de aplicación directa y no requiere de desarrollo reglamentario posterior.

En la sentencia, la juez consideró que el contenido del protocolo es propio de una disposición general que no se aproxima a las leyes vigentes en el momento de su aprobación: «De ahí que, no habiéndose aprobado por la Generalitat, es un acto nulo de pleno derecho». En este sentido, el recurso se fundamenta en que el protocolo es una guía que facilita a los servicios sociales la interpretación de la normativa aplicable para desplegar los mecanismos de protección necesarios para los consumidores vulnerables, y no una disposición de carácter general. Aclara que todos los elementos que la sentencia identifica como indicadores del carácter normativo del protocolo son solo prescripciones de la ley que el protocolo se limita a reproducir.

Endesa también alegó como motivo de nulidad el hecho de que el protocolo fuera aprobado por un órgano que considera «incompetente (la ACC), cuando, en su caso, debió de haberlo aprobado el Gobierno de la Generalitat». El recurso de la Generalitat considera que, como el protocolo no es una disposición de carácter general, no se puede considerar que no ha sido aprobado por el órgano competente ni que no ha seguido el procedimiento legalmente establecido.

La juez consideró que la prohibición de interrumpir el suministro es competencia del Estado. La Generalitat recuerda que ni la ley ni el protocolo vulneran la distribución competencial en materia de energía, ya que la normativa no impone ninguna prohibición a las compañías suministradoras, sino que establece que cuando la empresa tenga que hacer un corte de servicio debe solicitar previamente un informe a los servicios sociales municipales para determinar si la persona o familia está en situación de riesgo de exclusión. La Generalitat puntualiza que del protocolo no se derivan sanciones ni ninguna empresa ha sido objeto de expedientes sancionadores basados en este protocolo.

Protección Civil dará apoyo técnico y asesoramiento a municipios cercanos a centrales nucleares en caso de emergencia

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Europa Press.- La Dirección General de Protección Civil y Emergencias asesorará y prestará apoyo técnico a las autoridades de los municipios que se encuentran a menos de 10 kilómetros de las centrales nucleares para preparar y desarrollar las actividades programadas en casos de emergencia nuclear.

Así consta en el Protocolo General firmado entre el Ministerio del Interior y la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) para mejorar la eficacia de los planes de actuación en caso de emergencia nuclear en los municipios ubicados en las zonas I (10 kilómetros alrededor de la central nuclear). En el acto participaron el subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Aguilera, el director general de Protección Civil y Emergencias, Juan Díaz Cruz, y los alcaldes de Bozoo (Burgos), Millanes de la Mata (Cáceres), Valdeconcha (Guadalajara), Solanillos (Guadalajara), Vandellós y Hospitalet de L’Infant (Tarragona) y Ascó (Tarragona), así como el presidente, el gerente y la coordinadora de AMAC.

El objetivo es garantizar una adecuada preparación y respuesta de los Planes de Actuación Municipal, en coherencia con otros órganos de la Administración General del Estado implicados en la gestión de esas emergencias, en particular, las Unidades de Protección Civil de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y los órganos competentes de las comunidades autónomas. Por su parte, AMAC dirigirá sus actuaciones a conseguir los acuerdos necesarios entre sus miembros para que las actividades que se deriven de la aplicación del Protocolo puedan realizarse siguiendo el orden de prioridad más conveniente para cada municipio. También deberá facilitar la intervención del personal designado por la Dirección General de Protección Civil y por las Subdelegaciones del Gobierno.

Concretamente, el desarrollo del protocolo se centrará especialmente en la preparación y puesta en práctica de Programas de Información Preventiva a la población en el ámbito municipal; en el fomento y desarrollo de la formación teórica y práctica en la gestión de emergencias nucleares del personal adscrito a la organización de los Planes de Actuación Municipal de Emergencia Nuclear y en la preparación y puesta en práctica de Ejercicios y Simulacros, en los Planes de Actuación Municipal de Emergencia Nuclear.

Asimismo, el protocolo prevé la creación de una Comisión Mixta de Seguimiento, formada por cuatro representantes designados por cada una de las partes, que se reunirá al menos dos veces al año. Entre otras actuaciones, también se constituirá una Subcomisión de Zona en cada una de las zonas I de los Planes de Emergencia Nuclear, compuesta por tres representantes de los municipios concernidos que formen parten de la AMAC, dos de la Dirección General de Protección Civil y uno de la Subdelegación del Gobierno correspondiente.