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Cañete pide a España ser «ambiciosa» en materia de Clima y Energía y espera cerrar pronto los procedimientos de infracción

Europa Press.- El comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, demandó a la ministra española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que sea «ambiciosa» a la hora de redactar el plan integrado de energía y clima que todos los países miembro tienen que presentar a Bruselas antes de final de año para alcanzar el objetivo europeo de reducir las emisiones de gases invernadero en un 40% para 2030 y que debe servir de hoja de ruta para la descarbonización.

Arias Cañete ha reflexionado sobre las principales líneas de actuación de la Unión Europea para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y para iniciar una transición ecológica global. Tal y como ha comentado, en la reunión con la ministra le trasladó la «visión global» de la Unión Europea y le ha reclamado que establezca planes ambiciosos, con la pretensión de actualizarlos cada 5 años, para que cumplan la legislación comunitaria. «No tiene sentido iniciar una revolución energética, si no se cumple», ha indicado Cañete. Sobre la posición del nuevo Gobierno socialista, el comisario europeo ha apostillado que, cuando se han estado «discutiendo los objetivos sobre renovables» para buscar un consenso entre todos los país, España «apoyó objetivos ambiciosos».

Además, el comisario europeo habló con Ribera sobre los procedimientos de infracción abiertos a España en materia climática y energética, para poder cerrar los 5 relativos a Energía y así no tener que acudir a los tribunales de Justicia europeos. Arias Cañete se ha mostrado confiado en poder cerrar «en los próximos 6 meses» los 5 procedimientos de infracción abiertos a España en materia de energía. Según indicó, en estos momentos hay abiertos 1.819 procedimientos de infracción en la Unión Europea por no cumplir con las actuaciones relacionadas con el Clima en el ámbito europeo, de los cuales 116 afectan a España, mientras que en materia de Energía, hay abiertos a nivel comunitario 104 procedimientos, 5 de ellos en España.

Dentro de estos cinco procedimientos abiertos por la Unión Europea a España se encuentra el correspondiente a las medidas adoptadas por el anterior Gobierno, por las que éste se reservaba la fijación de los peajes eléctricos en menoscabo de las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tal y como obligan las reglas europeas. A este respecto, Ribera ya ha mostrado su intención de desactivar estas medidas, aunque Arias Cañete consideró que esperará a «ver cómo quedan plasmadas las competencias del legislador en una norma».

A este respecto, Cañete subrayó que, al igual que hace con el resto de países, transmitió a Ribera la necesidad de que los países miembros «cumplan con la legislación comunitaria», aunque señaló a Ribera que se cuenta con «poco» tiempo para cerrar estos frentes ya que España está «a punto» de llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). «Estoy seguro de que se resolverá», confió Cañete, que espera que al menos se cierre 1 procedimiento. Por otro lado, Cañete se ha mostrado convencido de que la Unión Europea puede incrementar su objetivo de reducción de emisiones hasta el 45% en 2030 y convertirse en el primer firmante del Acuerdo de París que revisa sus objetivos al alza.

Además, ha recalcado que el Acuerdo de París «no es una aspirina para un dolor de cabeza que se te quita en 4 horas», sino un sistema «dinámico«, y ha recalcado que él ya afirmó que con la aprobación del Acuerdo no se estaría en condiciones de evitar que el aumento de la temperatura media del planeta suba menos de 2 grados centígrados a finales de este siglo. Pero, ha insistido, cada 5 años se van a reunir para procurar subir el nivel de ambición.

«No hemos diseñado un sistema estático. Tenemos estas contribuciones, pero cada 5 años nos vamos a reunir, vamos a tener un sistema de transparencia y vamos a ver dónde estamos y propondremos subir el nivel», apuntó Arias Cañete, para después destacar que el Acuerdo de París ha sido firmado por más de 190 países y ratificado por más de 179.

En este sentido, se ha mostrado «muy contento» de que la Unión Europea pueda incrementar sus compromisos hasta el 45%. «Se lo dije a la ministra. Si España, Francia, países ambiciosos, pueden liderar, hagamos formalmente lo que de facto ya tenemos. De facto, tenemos legislación para reducir emisiones un 45%, formalmente las podemos considerar», añadió. A su juicio, en este contexto, «lo fundamental» es que la Unión Europea tenga un liderazgo tecnológico, que financie a los países en vías de desarrollo para que caminen en la misma dirección. «Y que nosotros mismos vayamos marcando el camino», recalcó, al tiempo que destacó que, por eso, se va a realizar la estrategia de descarbonización a largo plazo.

«La lucha contra el cambio climático es a lo largo de todo este siglo, y supone revoluciones tecnológicas, revoluciones de la movilidad, transición energética. También cambiar los pactos sociales de esta transición, cambiar totalmente la formación profesional. Es un reto que afecta universalmente y a todos», recalcó. Sobre si el Acuerdo de París seguirá siendo válido si Estados Unidos lo abandona, Arias Cañete aclaró que «el Gobierno Federal está de vacaciones climáticas, pero Estados Unidos está haciendo la transición energética«.

Finalmente, el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía apuesta por que las empresas cotizadas hagan un informe anual de evaluación de riesgo climático y carbono de su actividad. «Es bueno para las empresas saber cuál es su grado de exposición y cuál es el impacto que puede tener», ha apuntado. El encuentro tuvo lugar en Madrid con la asistencia de numerosas autoridades, cargos públicos y presidentes de empresas, embajadores, ONG y asociaciones. Entre ellos, destacan los secretarios de Estado de Energía y de Medio Ambiente, José Domínguez y Hugo Morán, respectivamente; o el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, José María Marín.

Bruselas ve «prudente» dar un margen de actuación al Gobierno ante el conflicto con la CNMC por los peajes eléctricos

Europa Press / EFE.- El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, ha asegurado que Bruselas ha preferido ser «prudente» y hablar con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez antes de tomar la decisión de denunciar o no a España por el conflicto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la fijación de los peajes de acceso a las redes de electricidad.

«La Comisión ha tenido conversaciones con el Gobierno anterior sobre la independencia de la autoridad nacional reguladora. Se había conseguido avanzar un poco pero no a la velocidad que hubiera deseado la Comisión, que desea que el regulador sea el que regule los precios. Algunas de estas infracciones estaban preparadas pero pensamos que es prudente, en un escenario de cambio de Gobierno, hablar con el nuevo Gobierno«, indicó el comisario español. «Así que visitaré España y debatiré con el nuevo Gobierno cuál es la situación, qué soluciones se podrían encontrar y a qué ritmo se podría hacer», añadió el comisario en el marco de la reunión de ministros de Energía de los Veintiocho en Luxemburgo.

El Gobierno fija las tarifas

En cualquier caso, Arias Cañete ha subrayado que se trata de una infracción que se produce ya desde hace años, así como también hay otros socios comunitarios que tienen el mismo problema. El anterior Gobierno le retiró competencias a la CNMC en 2014, limitando su capacidad de actuación sobre las tarifas eléctricas, de forma que en la actualidad, esa comisión valida la metodología y el Gobierno fija las tarifas de peaje, que suponen más de un tercio de la factura.

El comisario y el Ejecutivo español vienen discrepando abiertamente desde que Bruselas abriese en septiembre de 2015 un procedimiento de infracción a España, especialmente con el que fuera ministro de Energía del anterior Ejecutivo, Álvaro Nadal. En concreto, la Comisión Europea considera que la asunción por parte del Gobierno de la capacidad para fijar los peajes de luz, con los que se sufragan los costes regulados del sistema eléctrico, contraviene dos directivas comunitarias. Los precios del mercado mayorista eléctrico suponen alrededor del 35% del recibo de la luz, mientras que el 65% restante corresponde a impuestos y a los denominados peajes que fija el Gobierno.

Tras el cambio de Gobierno, Arias Cañete tendrá que establecer un diálogo con la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha asumido las competencias energéticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El objetivo de Ribera será, por tanto, convencer a Bruselas para evitar una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Precisamente, respecto a los expedientes abiertos contra España en materia energética y medioambiental, Ribera ha confiado en que puedan cerrarse «cuanto antes y de la mejor manera posible».

La CNMC y el Gobierno

Por su parte, el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, espera que el nuevo Gobierno no divida este organismo y le ceda las competencias para fijar los peajes eléctricos. En este sentido, Marín Quemada ha afirmado que todavía no sabe si el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene la intención de «partir» la CNMC, como había manifestado el anterior ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, pero reiteró que «ojalá no lo haga«.

Sobre los peajes eléctricos, indicó que tampoco conoce las ideas del Gobierno, aunque comentó que espera que les ceda las competencias, «como les ha conminado Bruselas». El presidente de la CNMC quiere que su institución tenga unas competencias en materia de energía «parecidas al resto de reguladores y agencias independientes de supervisión de Europa, similar a lo que hay en Francia, Alemania o Reino Unido».

Tras un primer aviso, la Comisión Europea abrió a España un procedimiento de infracción en 2016, al considerar que la fijación de los peajes debe estar en manos de organismos independientes, tal y como obligan las reglas comunitarias. Marín Quemada ha afirmado que todavía es «extraordinariamente» pronto para tomar estas decisiones, puesto que el nuevo Ejecutivo acaba de iniciar su gestión, pero ha manifestado que «la CNMC siempre está a disposición de hablar de todos estos temas porque son críticos«.

José María Marín Quemada, presidente de la CNMC, considera «un error» dividir el organismo regulador al enfrentar un «mundo poliédrico»

EFE.– El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha recalcado en el Senado que dividir este organismo supervisor sería «un error» porque vivimos en un «mundo poliédrico» y las respuestas necesarias no son sectoriales. Durante su comparecencia en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad de la Cámara Alta, Marín ha vuelto a reclamar competencias para la CNMC en sectores como la energía o las telecomunicaciones.

«Es público que no soy partidario de la división de la CNMC», ha explicado Marín, quien ha pedido a los senadores que «se lo piensen dos veces» antes de respaldar esa opción. Marín ha apuntado que dividir el organismo cuando hay una situación de tensión con el Gobierno «es muy poco meritorio«. Según Marín, para que la CNMC «ponga todo su potencial al servicio de los ciudadanos, es imprescindible que disponga de los recursos, las competencias y la independencia necesarias».

Como ejemplo, el presidente de la CNMC ha dicho que este organismo trabaja «con una mano atada a la espalda» en el sector energético porque es la única autoridad independiente de Europa que carece de las competencias sobre peajes fijadas en las directivas europeas. Marín expresó su «sorpresa» por la pretensión del Gobierno de «fijar esas competencias» en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, cuando es probable que se abra un procedimiento de infracción contra España por este motivo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El presidente de la CNMC recordó que el organismo recurrió ante el Tribunal Supremo el real decreto que concedía esas competencias a Energía, recurso que se admitió a trámite en diciembre del año pasado. El nuevo ministro de Economía, Román Escolano, ha manifestado en varias ocasiones su intención de reactivar el proyecto de ley de racionalización y reordenación de los organismos supervisores de los mercados. La reforma supondrá la división de la CNMC en dos organismos, uno para la competencia y otro para los mercados.

Las Cortes de Castilla y León dan el primer paso para retirar la normativa que prohibía las gasolineras desatendidas

EFE.- Las Cortes de Castilla y León han dado el primer paso para volver a permitir que haya gasolineras desatendidas en la comunidad autónoma, después de prohibirlas en octubre de 2016, debido a los avisos al respecto de la Unión Europea y a algunos avances en seguridad y accesibilidad. Se trata de una propuesta del PP que apoya Ciudadanos, el único grupo que se opuso a que se prohibieran esas gasolineras desatendidas, y la abstención del PSOE, Podemos y el grupo mixto.

El procurador del PP, Salvador Cruz, ha detallado esa proposición de ley, presentada en un «ejercicio de pura responsabilidad», para derogar la modificación del Estatuto del Consumidor que se aprobó en octubre de 2016 y que, en la práctica, implicó la prohibición de la existencia de gasolineras desatendidas en esta comunidad. Cruz ha argumentado la derogación en 4 cambios que se han producido desde que se aprobó la ley, entre ellos la normativa estatal que ha regulado los objetivos de seguridad y de accesibilidad para personas discapacitadas y la amenaza de sanción europea que pesa sobre España en esta materia.

También la iniciativa legislativa popular impulsada por la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (URCACyL) para que se haga una excepción a la hora de que pueda haber gasolineras desatendidas en los casos en los que el titular sea una cooperativa o ésta tenga mayoría. Esta iniciativa ha cumplido con todos los requisitos de firmas y representación, lo que sólo ha sucedido en otra ocasión en la comunidad, aunque Cruz entiende que, de aprobarse la ley para la que ha pedido el PP la toma en consideración, no tendría sentido seguir con la tramitación que pide URCACYL.

Evitar un procedimiento de infracción

El cuarto argumento procede del expediente informativo que ha anunciado la Unión Europea, que podía dar paso a otro de infracción, en la línea de lo que ha sucedido en Grecia o Italia, y Cruz ha recordado que otras autonomías, como Aragón o Valencia han derogado los decretos que también prohibían esas gasolineras desatendidas, lo que también han anunciado Navarra y Castilla-La Mancha, y en Asturias no se va a seguir con la regulación prevista.

El único grupo que respaldó este primer paso para la vuelta atrás fue Ciudadanos, que ya votó en contra del cambio anterior, ya que según el procurador David Castaño si de lo que se trataba era de proteger a los discapacitados no hacía falta prohibir las gasolineras desatendidas sino que quitaran los obstáculos y se adaptaran. Castaño ha reprochado al PP que legislara la prohibición de esas gasolineras «cuando ya había alertas» desde Europa y se conocían esas nuevas normativas para la mejora de la seguridad y acceso a las gasolineras y ha vuelto a pedir «prudencia» también ahora para dar seguridad jurídica al sector.

Por el contrario, desde Podemos, Félix Díez ve este nuevo cambio como «un paso atrás», y se ha preguntado si la libertad de mercado que esgrime la Unión Europea puede estar por delante de los derechos de las personas con discapacidad. De «ridículo» ha calificado el procurador del PSOE, José Francisco Martín, la vuelta atrás normativa que ha atribuido a las «presiones de las estaciones desatendidas», ya que la propia Comisión Europea ha calificado de «rumor» las sanciones y ha precisado que «no tenía intención de multar a las comunidades». Martín se preguntó si las estaciones de servicio de la comunidad, incluidas las de las cooperativas agrarias, cumplen esos nuevos requisitos de seguridad y accesibilidad.

La CNMC investiga los métodos de captación de clientes de las comercializadoras energéticas

EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga la actuación de las comercializadoras energéticas para captar clientes, especialmente en los casos que acuden a domicilios particulares, con el objetivo proteger a los consumidores. El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, ha explicado que también pretenden evitar la «confusión» y «obstáculo a la competencia» que se produce porque los grupos eléctricos muestran marcas similares para sus distribuidoras, comercializadoras del mercado libre y las de referencia, que son las que ofrecen los precios regulados.

También se ha referido a la «más que probable» apertura de un procedimiento de infracción contra España por atribuir al Gobierno la fijación de tarifas de peajes eléctricos y otras funciones que deberían corresponder a la CNMC, lo que fue recurrido por ésta ante el Tribunal Supremo. Marín Quemada ha afeado la «resistencia» a «entender y aceptar el papel que las autoridades de regulación independientes han de jugar en economías modernas«. Finalmente, cifró el ahorro para los consumidores derivado de las actuaciones en defensa de la competencia de la CNMC entre 2013 y 2017 en 600 millones de euros anuales.

La Comisión Europea insta a España a trasponer la nueva normativa comunitaria sobre eficiencia energética y emisiones de los combustibles

EFE.- La Comisión Europea insta a España a trasponer a su legislación nacional en los próximos dos meses la nueva normativa comunitaria en materia de eficiencia energética y de cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles, según indicó la propia Comisión Europea.

En el primero de los dos dictámenes motivados, el segundo paso del procedimiento de infracción de la Comisión Europea, el Ejecutivo comunitario solicita a España la «transposición correcta de los requisitos sobre contadores individuales en edificios de pisos, establecidos en la Directiva sobre eficiencia energética». Dicha directiva exige la instalación de contadores de calefacción y de agua caliente en todos los edificios, en aquellos casos en que sea rentable y técnicamente factible, mientras que las medidas de transposición nacionales establecen esta obligación solamente para los edificios construidos después de 2007.

En octubre de 2017, Bruselas remitió a las autoridades españolas una carta de emplazamiento y ahora la Comisión Europea avanza hacia la siguiente fase del procedimiento de infracción. «Las autoridades españolas disponen de 2 meses para subsanar las deficiencias señaladas en el dictamen; de lo contrario, la Comisión puede llevarlas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea«, indicó.

En cuanto al segundo punto, relativo a la calidad del combustible, la Comisión Europea remitió un dictamen motivado a España y otros 9 Estados miembros (Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Finlandia, Grecia, Letonia, Rumanía y el Reino Unido) por no incorporar la normativa de la Unión Europea sobre la calidad de la gasolina y el gasóleo a su ordenamiento jurídico. Las reglas europeas establecen normas para calcular y notificar las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y de otros tipos de energía procedentes de fuentes no biológicas.

Dicha regulación tiene por objetivo «obtener información con un nivel suficiente de exactitud, de forma que la Comisión pueda evaluar el comportamiento de los suministradores de combustible a la hora de cumplir sus obligaciones a tenor de la directiva sobre la calidad del combustible», señaló la Comisión Europea. La directiva aspira a conseguir una reducción del 6%, como mínimo, de la intensidad en gases de efecto invernadero del combustible y la energía suministrados de aquí a 2020, agregó la Comisión. En este caso, los países también disponen de dos meses para transponer la normativa comunitaria.

La CNMC insiste a Energía en la «urgente necesidad» de aprobar medidas para adecuar sus competencias a la normativa comunitaria

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reiteró al Gobierno la «urgente necesidad» en que apruebe las medidas legislativas necesarias para adecuar sus competencias con las del resto de reguladores europeos de acuerdo con la normativa comunitaria.

El organismo ha aprovechado la publicación de los informes sobre peajes de acceso de energía eléctrica para 2018 y sobre peajes, cánones y retribución asociados al acceso a las instalaciones gasistas en 2018, para volver a pedir al Ejecutivo la aprobación de estas medidas con el objetivo de poner fin al procedimiento de infracción abierto en 2016 contra el Reino de España por «la incorrecta transposición al ordenamiento español de las Directivas 2009/72/EC y 2009/73/EC».

De acuerdo con ello, la CNMC señala que debe ser ella quien debe determinar tanto la retribución de las actividades reguladas que se financian con cargo a peajes, como la estructura, las condiciones de aplicación de los mismos y las reglas de asignación de la retribución a los peajes regulados. Así, el superregulador advierte de que este incumplimiento «ha impedido cumplir con las obligaciones impuestas en el Reglamento (UE) 2017/460».

La CNMC mantiene un enfrentamiento con el Ejecutivo, cuyo último episodio ha acabado en los tribunales con la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo por el organismo contra el Real Decreto 903/2017 por el que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital asumía funciones que hasta la fecha correspondían al regulador, entre ellas las liquidaciones del sistema eléctrico. En el fondo de esta pugna por estas competencias entre la CNMC y Energía se encuentra la determinación de la cuantía y el reparto de los peajes eléctricos.

En lo que se refiere al informe sobre el sector eléctrico, la CNMC considera que los ingresos de peajes en el sector eléctrico serán suficientes para cubrir los costes previstos tanto en 2017 como en 2018. Eso sí, señala que la demanda prevista para 2018 en la propuesta de orden del Ministerio de Energía es inferior a la estimada por diversos agentes, mientras que los ingresos son un 1% superiores a los previstos en 2017.

Suficientes para cubrir los costes

Respecto a los costes previstos para 2018, afirma que se tiene en cuenta el impacto de la sentencia del Tribunal Supremo del 25 de octubre respecto al recurso contencioso-administrativo número 1379/2016 en la retribución de la distribución y estiman un aumento relevante de la retribución adicional de los sistemas no peninsulares. Asimismo, según la propuesta de Orden, los ingresos de peajes serán suficientes para cubrir los costes previstos de 2018, si bien se prevé la incorporación de superávit de ejercicios anteriores, para cubrir posibles desajustes.

Adicionalmente, Competencia realiza observaciones sobre la falta de metodología de cálculo de los cargos, lo que deja en suspenso su metodología de determinación de los peajes de transporte y distribución. A este respecto, subraya que ambas cuestiones «contribuirían a la transparencia y darían certidumbre al desarrollo del autoconsumo». Además, se reclama el desarrollo reglamentario para los superávits acumulados de los ingresos y se urge al Ministerio para que apruebe la metodología de retribución del Operador del Mercado Ibérico de Energía y del Operador del Sistema.

En lo que se refiere a los peajes y retribuciones del sector gasista, el regulador cree que las previsiones de la propuesta de orden de demanda e ingresos podrían estar infravaloradas para el cierre del ejercicio 2017 y, por el contrario, sobrevaloradas para el ejercicio 2018, lo que tiene como consecuencia una sobreestimación del déficit esperado para el ejercicio 2017 y una sobrevaloración del superávit del ejercicio 2018. Según la propuesta del Ministerio, los ingresos de peajes y cánones previstos para cerrar el ejercicio 2017 son insuficientes para cubrir los costes y el déficit se elevará a 120 millones de euros, mientras que en 2018 se registrará un superávit estimado en 10 millones de euros.

Según las estimaciones de la CNMC, el desajuste de 2017 y 2018 podría alcanzar saldos negativos de 84 millones de euros y de 99 millones de euros, respectivamente. Adicionalmente, realiza algunas observaciones como la no inclusión de referencia a la tarifa de alquiler de contadores propuesta por la CNMC en marzo y que supondría una rebaja para 7 millones de consumidores o la valoración positiva de la habilitación a Mibgas a negociar productos de transferencia de titularidad de gas con entrega en instalaciones no incluidas en el sistema gasista español.

Bruselas insta a España a aplicar las normas comunitarias sobre contadores individuales de calefacción suministrada desde una instalación central

Europa Press.- La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción a España por no trasponer correctamente la directiva sobre eficiencia energética y, concretamente, para que aplique correctamente el artículo sobre la instalación de contadores individuales en edificios en los que la calefacción, la refrigeración o el agua caliente se suministran desde una instalación central. La advertencia del Ejecutivo comunitario tiene la forma de una carta de emplazamiento y España dispone ahora de un plazo de dos meses para contestar a la misiva.

En concreto, el artículo 9 de la directiva, que data del año 2012, establece que se deberán instalar contadores de calor o de agua caliente en el intercambiador de calor o punto de entrega cuando se suministren calefacción y refrigeración o agua caliente a partir de una red de calefacción urbana o de una fuente central que abastezca a varios edificios. También establece que, en los edificios de apartamentos y polivalentes con una fuente central de calefacción o refrigeración, o abastecidos a partir de una red de calefacción urbana o de una fuente central, se instalarán contadores de consumo individuales antes de 2017 «siempre que sea técnicamente viable y rentable».

La normativa añade que, cuando no sea técnicamente viable o rentable, se utilizarán calorímetros para medir el consumo de calor de cada radiador, a menos que el Estado demuestre que la instalación de dichos calorímetros tampoco es rentable. En estos casos, podrán estudiarse métodos alternativos de medición de consumo de calor que sí lo sean. Además, el artículo dice que, en edificios de apartamentos que se abastezcan a partir de una red de calefacción o refrigeración urbana, se podrán introducir normas transparentes sobre el reparto de los costes del consumo de potencia térmica o de agua caliente en dichos edificios, con el fin de garantizar la exactitud del consumo individual.

Por último, el artículo insta incluir, cuando proceda, orientaciones sobre el modo de asignar los costes del calor y del agua caliente que se consuma en función del agua caliente para uso doméstico, del calor irradiado por instalaciones del edificio y destinado a calentar las zonas comunes y para la calefacción de los apartamentos. El objetivo es promover la instalación de contadores individuales o sistemas de imputación de costes de calefacción para medir el consumo y asignar los costes correspondientes.

La Comisión Europea expedienta a España por limitar la participación y el derecho de voto en Red Eléctrica y Enagás

Europa Press.- La Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España por establecer límites a la participación en Red Eléctrica y en Enagás, así como por restringir el derecho a voto en ambas compañías. Así consta en el directorio de procedimientos de infracción del Ejecutivo comunitario, en el que se detalla que Bruselas envió una carta de emplazamiento al Gobierno español en diciembre por esta cuestión.

La Comisión Europea suele informar cada mes sobre los procedimientos de infracción abiertos contra los Estados miembros por incumplir alguna normativa europea, pero en su comunicación de diciembre no incluyó este asunto. La carta de emplazamiento es la primera etapa de estos procedimientos, en la que Bruselas invita a los Estados miembros a dar explicaciones sobre el caso en cuestión. Si las observaciones no convencen lo suficiente, Bruselas da un ultimátum de dos meses al país para que cumpla con la normativa. Es el último paso antes de llevar el asunto ante la justicia europea.

Éste no es el único expediente que el Ejecutivo comunitario mantiene abierto contra Red Eléctrica y Enagás, puesto que en septiembre dio dos meses al Gobierno para romper el monopolio de ambas sociedades para «construir y operar interconexiones» con otros países del bloque comunitario. También denunció entonces que España ha transpuesto de forma incorrecta algunas normas sobre la independencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).