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La interconexión eléctrica de España y Francia por el Golfo de Vizcaya inicia su tramitación y estará funcionando en 2025

EFE / Europa Press.- Red Eléctrica de España y su homóloga francesa Réseau de Transport d’Électricité han iniciado la tramitación para construir la interconexión eléctrica submarina entre España y Francia por el Golfo de Vizcaya, que supondrá unos 1.750 millones de euros de inversión, y que se prevé que comience a operar en 2025.

Ambas sociedades han abierto la consulta pública del proyecto para cumplir con las exigencias europeas que obligan a un proceso de participación pública en la etapa de tramitación inicial de las infraestructuras energéticas transeuropeas, según indicó Red Eléctrica. El nuevo enlace eléctrico reforzará la interconexión entre España y Francia, así como del sistema ibérico con el resto de Europa, mejorará la seguridad de suministro, aumentará la eficiencia de ambos sistemas eléctricos y permitirá una mayor integración de energías renovables. España cuenta actualmente con un nivel de interconexión con Europa muy alejado del mínimo establecido por la Unión Europea para 2020: el 10% de la capacidad de producción instalada, que en el caso de España tendría que alcanzar los 10.000 MW.

La primera interconexión submarina entre España y Francia permitirá aumentar la capacidad de intercambio desde los 2.800 megavatios (MW) actuales hasta los 5.000, lo que elevará la seguridad, la estabilidad y la calidad del suministro eléctrico entre los dos países y también con el resto de Europa, según Red Eléctrica de España. Con un presupuesto aproximado de 1.750 millones de euros y una fecha de finalización prevista en 2025, esta interconexión fue declarada Proyecto de Interés Común por la Comisión Europea y el Parlamento Europeo en octubre del 2013. La interconexión tendrá una longitud de 370 kilómetros (280 submarinos) y estará compuesta por 4 cables, 2 por cada enlace, en corriente continua, con una capacidad de transporte de 2×1.000 MW.

La construcción empezará en 2020

Para cumplir con la obligación de garantizar la información y participación pública, se ha puesto en funcionamiento un sitio web del proyecto y REE celebrará, durante el último trimestre de 2017, encuentros con los Ayuntamientos afectados por el proyecto. Se establecerán, además, puntos de información y se repartirá documentación en los seis municipios incluidos en el ámbito de estudio. Además, está prevista la celebración de jornadas técnicas para ofrecer información a los diferentes grupos de interés. Según el calendario, el período de participación pública se extenderá hasta marzo del 2018, y el plazo para la elaboración de los estudios de impacto e información pública del proyecto, que durará dos años, irá de abril de 2018 al mismo mes de 2020.

La construcción de la interconexión eléctrica submarina por el Golfo de Vizcaya, cuyas obras durarán aproximadamente 4 años, se iniciará en junio de 2020 y está previsto que finalice en octubre de 2024, mes en que comenzará el período de pruebas para su puesta en servicio en mayo de 2025. La empresa responsable del proyecto es Inelfe, constituida en 2008 a partes iguales por Red Eléctrica y su homóloga francesa, con el objetivo de construir y poner en marcha las interconexiones eléctricas entre ambos países para aumentar el volumen de intercambio de energía eléctrica entre la Península y Europa. Inelfe ya realizó la primera interconexión eléctrica entre Francia y España a través de los Pirineos.

Endesa advierte de que España necesitaría 11.000 MW más en 2025 si se prescinde de la nuclear y del carbón

Europa Press.- Endesa calcula que España necesitaría incorporar aproximadamente 11.000 MW de nueva potencia firme a partir de 2025 si se prescinde de manera prematura de las centrales de carbón nacional e importado y de las nucleares. Así lo indica en la respuesta a la consulta pública previa del proyecto de decreto por el que se regula el procedimiento de cierre de las instalaciones de generación eléctrica.

La compañía eléctrica explica que en 8 años las únicas tecnologías disponibles para proporcionar firmeza a un coste razonable serían nuevas turbinas de gas o nuevos ciclos combinados, «lo que incrementaría notablemente los precios de la electricidad». Por el contrario, el mantenimiento temporal del carbón y de la nuclear permitiría retrasar la necesidad de nueva potencia firme en, al menos, una década, dando así tiempo suficiente para que maduren nuevas tecnologías, actualmente incipientes, con emisiones nulas y a coste competitivo como, por ejemplo, las baterías.

Para la compañía que preside Borja Prado, es «crítico» determinar cuáles serán las necesidades de potencia del sistema eléctrico en distintos horizontes temporales. En la actualidad, considera que hay un cierto exceso de capacidad. No obstante, cree que es una situación transitoria que desaparecerá en un futuro más o menos cercano en función de las decisiones que se puedan tomar sobre el cierre de las centrales de carbón y nucleares.

A juicio de Endesa, la solución ambiental y económicamente más eficiente para la transición energética en España es mantener en operación la capacidad térmica y nuclear actual «hasta que deje de ser necesaria». En todo caso, precisa, mantener esta capacidad no significa continuar utilizándola del mismo modo: la producción de energía de estas plantas seguirá disminuyendo, debido a la creciente penetración de renovables, al igual que lo harán sus emisiones.

En su respuesta, Endesa indica que las herramientas para conseguir una correcta transición serían una planificación adecuada y unos mecanismos regulatorios que garanticen la disponibilidad de las instalaciones que son indispensables para el suministro energético y la reducción de emisiones al mínimo coste. Así, propone, en primer lugar, un plan de transición hacia un sistema energético libre de emisiones de CO2 en 2050 al mínimo coste posible, incluyendo mecanismos que permitan la electrificación de buena parte de la demanda doméstica, industrial, de servicios y del transporte; y garantizando que el cierre de las centrales emisoras existentes se lleve a cabo mediante la sustitución de estas instalaciones por renovables, como medida de eficiencia económica del sistema.

En segundo lugar, aboga por la revisión de la «elevada fiscalidad específica» que afecta a la generación eléctrica y que da lugar a que todas las tecnologías de generación estén afrontando «importantes dificultades económicas». Por último, aboga por el establecimiento de un mecanismo de pago por capacidad firme que sea conforme con los criterios recogidos por la Comisión Europea, basado en las necesidades del sistema, tecnológicamente neutro y cuyo precio esté fijado por criterios competitivos.

Bruselas pide permitir los incrementos

Ante la pregunta de la consulta de si considera oportuno mantener operativa una central por motivos de seguridad del suministro, cambio climático e impacto en el precio, Endesa argumenta que la necesidad de mantener operativa una central cuyo titular ha solicitado su cierre es, por lo general, el síntoma de un fallo de mercado, pues significa que el mercado no está permitiendo recuperar los costes de una central que es necesaria. Para evitar estas situaciones, la Comisión Europea recomienda permitir precios de escasez y eliminar distorsiones que afecten a las señales de precios. Si el fallo persiste, se puede proceder a la introducción de mecanismos de remuneración de la capacidad basados en criterios de mercado.

«En todo caso, si se deniega el cierre de una central, se está imponiendo a su titular una obligación de servicio público por la que debe ser lógicamente compensado, según la legislación y la jurisprudencia comunitarias», subraya. Así, recuerda que la Comisión Europea es contraria a la denegación del cierre si la razón es evitar un incremento del precio de mercado. Según Endesa, justificar el mantenimiento en explotación de una central, cuyo titular ha solicitado su cierre, para evitar un incremento en el precio de mercado, «supone una intervención que distorsiona el proceso de formación de la señal de precio».

Los mecanismos de remuneración de capacidad, que la Comisión Europea contempla como solución a problemas de seguridad de suministro, no son, en opinión de Endesa, «nada más que el pago firme, seguro, de las cantidades aleatorias, inciertas y volátiles que, de no existir esos mecanismos de pago, se recibirían como precios de escasez, así que estos mecanismos tienen el efecto positivo de reducir la volatilidad de los precios y los episodios de precios muy elevados».

Sobre qué procedimiento debería seguirse en el supuesto que el titular solicite el cierre de una central que es necesaria para el sistema, Endesa señala que si se pretende evitar el cierre de la central porque incide en la seguridad del sistema eléctrico o por motivos de cambio climático, «debe establecerse un mecanismo de compensación al titular que debe ser aprobado por la Comisión Europea con anterioridad a su implementación«.

La eléctrica estima que la introducción de un mecanismo de capacidad compatible con la normativa europea permitiría estructurar un proceso ordenado de previsión de las necesidades de capacidad y la modulación de los cierres, y explica que si el problema es de carácter transitorio, la Comisión Europea contempla el establecimiento de una reserva estratégica compuesta por capacidad de generación que ha de mantenerse fuera del mercado para preservar la señal de precios, pero a disposición del operador del sistema para operar en situaciones de escasez.