EFE / Europa Press.- El precio de la luz en el mercado mayorista sigue en niveles más elevados de lo habitual. En este sentido, el Gobierno y las compañías eléctricas ven conveniente iniciar una reflexión sobre la formación de precios, pero de manera «pensada«.

Entre los factores que están detrás de la subida de los precios en el mercado mayorista destaca el encarecimiento del precio de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) y del gas natural y el carbón en los mercados internacionales. En concreto, el precio del CO2 se ha multiplicado por más de tres: entre mayo y agosto de 2017 era de 5,1 euros por tonelada y en el mismo periodo del presente año ha sido de 16,3 euros. También ha contribuido a estos elevados precios una reducción de la participación de la energía eólica, una producción nuclear inferior a lo habitual debido a operaciones de mantenimiento y un incremento de la demanda, motivada por las altas temperaturas estivales.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en un foro organizado por Cinco Días, ha negado, no obstante, que se estén alcanzando estos días máximos históricos en los precios de la subasta eléctrica con los 74,58 euros/MWh registrados, ya que en el pasado reciente los hubo más altos, como los que se registraron en enero de 2017, en plena ola de frío. Ese mes se registró un precio medio diario máximo de 91,88 euros/MWh, cifra por debajo de los 103,76 euros de media diaria que hubo el 11 de enero de 2002. En este sentido, el Gobierno está trabajando en las políticas necesarias que permitan una evolución “racional” de los precios de la electricidad.

Las perspectivas sobre la evolución de los precios tanto de materias primas para generación de electricidad (gas y carbón) y de derechos de emisión de CO2 indican que podrían seguir subiendo según la ministra, que comparecerá el próximo 19 de septiembre en el Congreso de los Diputados. Ribera ha avanzado que hay que adoptar medidas para asegurarse de que esos incrementos no incidan ni en la economía ni en los sectores sociales más vulnerables y, en este sentido, subrayó que la atención a los 4,6 millones de personas que están en situación de pobreza energética “debe ser prioritaria”, aunque paralelamente se inicie una «reflexión más profunda» sobre los componentes que hacen aumentar la factura eléctrica.

En este contexto, Ribera aseguró que el Ejecutivo está trabajando sobre un paquete de medidas para ver cómo puede operar en el corto plazo sobre cada uno de los componentes de la factura, algunos «muy alejados» de su capacidad de acción. «Hay que generar consensos en cada uno de los bloques de los operadores. Hay componentes fiscales, de coste regulado, de mercado… Estamos trabajando en ello y el Gobierno presentará su reflexión el 19 de septiembre en el Congreso», apuntó. Así, Ribera comparecerá para explicar el incremento en el precio de la electricidad registrado en los últimos meses, que se ha agudizado en agosto con un encarecimiento del 35,5% con respecto a agosto del 2017.

De este modo, para la responsable de la cartera para la Transición Ecológica está «bien» que se refleje el hecho de que generar energía de manera «sucia» es caro. «No podemos permitirnos el lujo de que en este proceso de cambio a un sistema enteramente limpio se vean afectados los colectivos con menos recursos», subrayó. El precio de la luz en el pool supone en torno al 35% de la factura para los consumidores con tarifa regulada o Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) (unos 11 millones de usuarios frente a los más de 16 millones que hay en el mercado libre), mientras que el 65% restante depende de los peajes que fija el Gobierno y de los impuestos.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, asegura que no está habiendo ningún «abuso» por parte de las compañías eléctricas, que no se están beneficiando de esta subida. «Lo que está ocurriendo en el mercado mayorista es una consecuencia del CO2», indicó Bogas, que ha manifestado que ya les gustaría a las compañías que los precios de los derechos de emisión y de las materias primas como el gas y el carbón «fueran más baratos«.

No obstante, ha apuntado que podría plantearse la revisión del mecanismo por el que se fija el PVPC, mientras que la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, ha manifestado que no es razonable que la tarifa PVPC sea «un espejo de los precios del mercado mayorista», ya que es la que usan los consumidores con menor poder adquisitivo, que necesitan tener más certidumbre, y ha apostado por un modelo que evite que las volatilidades del mercado les afecten. Eso sí, ha reivindicado que las reformas en el sistema de fijación de precios deben hacerse de manera pensada y «no guiadas por la presión y las noticias» de la prensa.

Por su parte, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) denuncia el «elevadísimo» y «desproporcionado» encarecimiento energético habido en los últimos dos años y ha instado a implantar medidas que abaraten este gasto como, por ejemplo, el autoabastecimiento energético. La organización ha puesto ejemplos prácticos como el de una pequeña cafetería donde contratan 9,9 kilovatios y consumen 37.000 kilovatios anuales. En esta situación, el precio aumenta de los 4.900 euros en 2016 a 6.500 euros en 2017 y llegará a una factura de 8.450 euros en 2018, un aumento del 72,45% en dos años.

Además, el secretario general de UPTA, Eduardo Abad, avanza que el precio de los mercados futuros no indica mejoría sobre la situación actual y se ha mostrado pesimista. Desde UPTA proponen a los autónomos vigilar que las facturas sean correctas, revisar que el contrato es el adecuado para las necesidades tanto en consumo como en precios, buscar alternativas en el mercado y comparar las ofertas, evaluar si las necesidades de consumo actuales responden a criterios de negocio y estudiar posibles inversiones que reduzcan el consumo.

Unidos Podemos también pide explicaciones

Mientras el grupo parlamentario de Ciudadanos ya presentó una pregunta para saber qué medidas planea llevar a cabo el Gobierno ante el incremento de los precios de la electricidad, el diputado de Unidos Podemos-En Comú, Joan Mena, ha registrado un escrito en el Congreso en el que pide explicaciones al Gobierno sobre lo que denomina un «aumento desmesurado» del recibo de la luz, que cifra en un 12,4% más en agosto respecto a agosto del 2017, lo que supone la cuarta factura eléctrica más alta de la historia en España.

También denuncia situaciones de desatención a los usuarios y de falta de mantenimiento de las instalaciones por parte de las empresas eléctricas. Unidos Podemos, cuyas respuestas por parte del Ejecutivo las recibirá por escrito, ha calificado de «lamentables» las averías eléctricas durante el verano y se ha referido en concreto a la sufrida en el barrio de Torre-romeu de Sabadell (Barcelona). La formación que lidera Pablo Iglesias ha preguntado al Gobierno sobre los mecanismos que tiene previstos para garantizar el reconocimiento de estas averías por parte de Endesa, la compañía suministradora en este barrio barcelonés.