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Red Eléctrica y RTE adjudican la capacidad de intercambio de energía entre España y Francia durante 2018 por 76 millones

Europa Press.- Red Eléctrica de España (REE) y Réseau de Transport d’Electricité (RTE), operadores de los sistemas eléctricos de España y Francia, respectivamente, han asignado la capacidad de intercambio de electricidad para el año 2018, que generará unos ingresos por valor de 76,7 millones de euros para ambas partes. De España a Francia fueron asignados 700 megavatios (MW), estableciéndose un precio resultante de 2,25 euros/MW. Del lado contrario se ofrecieron y se asignaron 700 MW, con un precio resultante de 10,25 euros/MW.

Según REE, la mitad de los ingresos generados correspondiente a España se destinará a la reducción de los costes regulados del sistema eléctrico español. REE explica que la subasta anual para 2018 permite a los agentes acreditados obtener el derecho a utilizar la capacidad de intercambio disponible entre ambos sistemas eléctricos mediante la presentación de ofertas «en todas las horas del año». La capacidad horaria de intercambio eléctrico entre España y Francia ha alcanzado valores de hasta 3.450 MW y 3.500 MW en la dirección de España a Francia y de Francia a España, respectivamente, en condiciones favorables de operación.

Narbona afirma que la sustitución de las centrales térmicas de carbón por energías renovables reduciría el precio de la electricidad

Europa Press.- La exministra de Medio Ambiente y presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha defendido que en España «no hay un problema de precios» de la energía y que, «en contra de lo que dice el ministro de Energía, Álvaro Nadal, el cierre de las centrales térmicas de carbón en nuestro país y su sustitución por energías renovables supondría una reducción en el precio de la electricidad».

La exministra ha lamentado que el mercado eléctrico español «en absoluto es el idóneo para el desarrollo masivo de las energías renovables», que es «lo que necesitamos impulsar». En este sentido, ha manifestado que el mercado eléctrico estatal se ha construido «de acuerdo con las energías que dominaban el mix en nuestro país y con la distribución del poder económico propia de los combustibles convencionales, energía nuclear, petróleo, carbón o gas, y para la utilización de estas energías son necesarias muy importantes inversiones para la construcción de las correspondientes plantas, para mantener el proceso dentro de límites de control del riesgo, en el caso de la nuclear» y en manos de «pocas empresas poderosas económicamente».

Narbona ha destacado que este modelo «sobrerretribuye» el precio de las energías fósiles y de la electricidad en España, situándolo «entre los más altos de Europa», pese a que nuestro país es «excedente» en su capacidad de generación de electricidad, y así hay «muchísimas plantas de ciclo combinado que están paradas«. En este contexto, asegura que en España «no hay en absoluto un problema de precios, como pretende el ministro de Energía, Álvaro Nadal, en el supuesto de que se eliminen gradualmente las plantas de carbón o las centrales nucleares».

Narbona aseveró que está demostrado que, «en contra de lo que dice Nadal, no solamente no subiría el precio de la electricidad con el cierre de las centrales térmicas de carbón, sino que, si se sustituyen por energías renovables, habría una reducción en el precio de la electricidad». Al respecto, ha sostenido que cualquier transición energética «seria» en España requiere de una «reforma en profundidad» del mercado energético, de manera que cuente «con un sistema diferente de formación de los precios que permita la entrada de las energías renovables sin provocar desajustes en el sistema».

Además, ha censurado que España es el único país de Europa donde se está «penalizando» el autoconsumo de energía, en lugar de estimularlo como promueve la Comisión Europea. Narbona ha abogado así por un mercado energético que favorezca el autoconsumo, las renovables, para lo cual «las subastas energéticas deberían de ser por tecnologías» y que vaya prescindiendo «de manera gradual» de la energía nuclear, de manera que la vida de las centrales nucleares no se prolongue más de 40 años.

Por otro lado, Narbona ha apostado por que la futura Ley de cambio climático y transición energética contemple horizontes a 2030 y 2050 con revisiones cada 5 años, para ver cómo se cumplen los objetivos que se establezcan, que contemple una fiscalidad que incentive el abandono «gradual» de los combustibles fósiles y un fondo para la transición «justa» en las comarcas más afectadas por el cambio en el modelo energético.

Sobre esta cuestión, ha recordado que el PSOE ha propuesto que si se creara, como propone el Gobierno central, una figura de «pago por capacidad» a las centrales térmicas o nucleares que considere que no tienen que cerrarse, algo que va «en contra de los criterios» de la Comisión Europea y que es «inviable desde el punto de vista jurídico», esa figura «en todo caso beneficie exclusivamente al carbón autóctono, en ningún caso al importado«. Además, ha apostado por adoptar medidas «concretas de transición justa en las comarcas afectadas con centrales térmicas y nucleares» y ofrecer «nuevos puestos de trabajo con la formación requerible» para que los trabajadores de estas infraestructuras puedan cambiar de actividad.

Por ejemplo, sugiere la celebración de subastas de energías renovables en esas comarcas para «ir reconstruyendo tejido productivo asociado a la transición energética y garantizando empleo y bienestar en esas zonas» y lamenta que el Gobierno central del PP «dice no» a esta propuesta porque «no le importa en absoluto la minería del carbón», pero sí lo hace para «mantener el parque nuclear con una compensación económica que las grandes eléctricas le vienen pidiendo de manera explícita desde hace años».

En este contexto, Narbona ha lamentado la «posición nefasta» del Gobierno central en la negociación paquete de invierno, medidas planteadas por la Comisión Europea sobre política energética, ya que «no quiere aceptar» el incremento hasta el 35% del peso de las energías renovables respecto al consumo final de energía para 2030, algo que, a su juicio, es «absolutamente viable«. Por otro lado, ha opinado que España debería incorporar la obligación para las empresas cotizadas de presentar un informe anual «sobre sus riesgos financieros de origen climático», es decir, los «asociados a sus inversiones en sectores de combustibles fósiles», algo que «ya se está dando en Reino Unido y en Australia».

También ha propuesto consensuar «a escala europea» la fiscalidad sobre CO2 ya que esto «sería de mucha utilidad» y proporcionaría «un paraguas a todos para desarrollar la fiscalidad adecuadamente», así como «instrumentar exigencias claras» en la política de compras públicas, que representan el 20% del PIB, no solo en lo relativo a la energía sino también, por ejemplo, en lo que se refiere a la alimentación en la escuela pública».

Además ha incidido en la necesidad de generar «pautas de consumo sostenibles» y apoyar a los países en desarrollo para facilitarles el acceso a las energías renovables. Finalmente, Narbona ha opinado que la «planificación de la transición energética» desde las administraciones públicas debe permitir una «gradualidad» para que sea «lo menos traumática posible». Por su parte, el diputado foral de Medio Ambiente de Guipúzcoa, José Ignacio Asensio, destacó que el cambio climático «va a incidir en nuestro día a día» y Guipúzcoa «debe prepararse para hacer frente a este desafío».

Moody’s prevé que el precio de la electricidad en España no sobrepasará los 47 euros por MWh hasta 2022

Europa Press.- Moody’s prevé que el precio medio de la electricidad del mercado mayorista español se mantendrá dentro de un rango relativamente «estrecho» entre los 42 euros y los 47 euros por megavatio hora (MWh) en los próximos 5 años, debido a un modesto crecimiento de la demanda de energía mientras se reanudan las inversiones en energías renovables.

Así se desprende de un informe realizado por la firma estadounidense sobre los mercados de electricidad en Europa, en el que dedica un apartado para analizar y realizar pronósticos sobre la trayectoria de este sector en la Península Ibérica (España y Portugal). En este sentido, Moody’s subraya que la decisión de España de reanudar la inversión en renovables después de una moratoria de 4 años impulsará la cuota de capacidad instalada de las energías limpias en la región, incluyendo la hidráulica, hasta el 59% aproximadamente para 2022, 6 puntos porcentuales más que la de 2016.

«Esto compensará el cierre de 4,5 gigavatios (GW) de capacidad instalada en centrales de carbón nacional y ayudará a estabilizar los precios de la electricidad», asegura el vicepresidente senior de Moody’s, Niel Bisset. Así, la firma cree que la capacidad eólica y solar en la Península Ibérica tiene perspectivas de crecimiento para los próximos años a medida que España reanude sus inversiones, al compensar el cierre de centrales eléctricas de carbón y estabilizando los precios.

Por otro lado, Moody’s explica que, al igual que sucedió en otros países de Europa, la decisión del Gobierno español de utilizar subastas competitivas para otorgar el derecho a construir nueva capacidad a los operadores privados y la caída de los costes de inversión en tecnologías renovables ha concluido en menos subvenciones. «Parte del riesgo de inversión en renovables se transfiere desde el sistema/consumidor a las empresas eléctricas/operadores, lo cual es un factor negativo para las empresas eléctricas propietarias de estos activos«, asevera la firma, al tiempo que apunta que la exposición de los operadores al riesgo de precios aumentará dado que el rendimiento de las inversiones en nuevos proyectos dependerá de la venta de energía a precios de mercado.

No obstante, Moody’s indica que las grandes compañías como Endesa o Gas Natural tienen un tamaño y una diversidad que les permite gestionar este riesgo, si bien otros operadores más pequeños puede que necesiten adoptar una estructura de capital más conservadora para poder hacer frente a esta situación. Respecto a las compañías con centrales eléctricas renovables construidas después de 2004, como Iberdrola, la firma prevé que continuarán beneficiándose de las subvenciones que han sido preestablecidas por el Gobierno, si bien, estas ayudas suponen aproximadamente el 50% de los beneficios de las renovables y comenzarán a disminuir a mediados de la próxima década, cuando los activos eólicos se acerquen al final de su vida útil regulatoria de 20 años», explica Moody’s.

Moody’s sostiene que los déficits tarifarios del sistema eléctrico en el conjunto de la Península «continúan disminuyendo», lo cual reduce el riesgo de una intervención adversa en los mercados de energía por parte del Ejecutivo. No obstante, cree que la crisis entre el Gobierno central de España y el autonómico de Cataluña puede disminuir los riesgos de intervención. «La crisis catalana incrementó la incertidumbre en el país. Sin embargo, parece más probable que los políticos desvíen su atención de las preocupaciones del mercado energético, reduciendo así la probabilidad de una intervención adversa», señala la firma.

De esta forma, Moody’s prevé que la crisis no afecte a los precios de la energía, excepto en la medida en que la incertidumbre pueda arrastrar el crecimiento de la demanda de electricidad. Asimismo, cree que debe seguir siendo de interés para Cataluña, como receptor neto de energía producida, permanecer integrado dentro del sistema energético ibérico. En 2016, esta comunidad autónoma consumió un total de 46,6 teravatios hora (TWh), lo que la consolida como la autonomía que más energía consume.

Moody’s estima que la demanda de electricidad en España crecerá a una tasa anual compuesta (CAGR) del 0,8% entre 2017 y 2022. «Estas previsiones incluyen un ligero aumento durante 2017-2018, debido a la mejora macroeconómica y a las previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), y un crecimiento gradual a partir de entonces, aunque a un ritmo más lento dado el arrastre acumulado de las medidas de eficiencia energética», explica. «La previsión de que la demanda de electricidad en España será mayor que en otros mercados europeos refleja el impulso económico en curso del país tras haber experimentado una recesión muy profunda», explica Moody’s.

Según apunta, estas estimaciones son muy similares a las del Ministerio de Energía, que sitúan el crecimiento de la demanda de electricidad CAGR en un 0,8% entre 2017 y 2018. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sitúa la tasa de crecimiento en el 0,7%. No obstante, no son tan optimistas como las de Iberdrola o Endesa, las cuales ven el crecimiento de la demanda en una tasa anual del 1,2%, o de Red Eléctrica, que apunta a una tasa del 1,5%.