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La factura de la luz se encarece un 15,39% en septiembre

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Redacción / Agencias.- Un consumidor doméstico medio pagó 75,37 euros en su factura de la luz de septiembre, por lo que esta factura se incrementó en un 15,39% respecto a los 65,32 euros de septiembre de 2017, lo que supuso una subida en el recibo eléctrico de 10,05 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía: un consumo de electricidad de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio atribuye al consumo de una familia media con dos hijos. De los 75,37 euros abonados en los 30 días de septiembre del 2018, 14,88 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de septiembre, 44,38 euros obedecen al consumo, 3,03 euros al impuesto eléctrico y 13,08 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

Eso sí, la factura de la luz de septiembre subió en un 3,5% respecto al mes anterior, agosto, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,51 euros en septiembre respecto a los 2,43 euros de agosto. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses. De esta forma, el recibo suma su quinto incremento consecutivo.

Septiembre no ha hecho más que agudizar la espiral alcista en el precio de la electricidad que ya se había pronunciado en agosto y registró uno tras otro los máximos diarios del año en el mercado, tocando su techo el 19 de septiembre, cuando alcanzó una media para el día de 75,93 euros por MWh. Además, la época de verano conlleva una caída en la producción renovable que, en el caso de la eólica, ha sido inferior a la media de este periodo, lo que ha aboca a recurrir a la generación térmica para la cobertura de la demanda, siendo su coste la principal referencia de precio del mercado, que ha sido casi un 11% superior a la de agosto.

Con esta subida interanual en septiembre, el recibo de la luz cerró los primeros nueves meses del año con una subida del 2,36% con respecto al mismo periodo de 2017. La subida de precios en septiembre ha contribuido a que el recibo de los nueves primeros meses del año se haya situado en 626,42 euros, 14,44 euros más frente a los 611,98 euros en el mismo periodo del 2017. En los primeros nueve meses, la factura media de electricidad se desglosa a razón de 135,44 euros por el término fijo, de 357,08 euros por el consumo, de 25,18 euros por el impuesto de electricidad y 108,72 euros por el IVA.

Para contrarrestar esta espiral alcista de la luz, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el anterior Ejecutivo del PP, enmarcada en un paquete de medidas que se impulsará por el Ejecutivo, entre las que también figuran la garantía de cobertura a los consumidores más vulnerables, mejorando el bono social eléctrico y creando un nuevo bono para calefacción, que estará vigente para este invierno.

Facua asegura que suspender el impuesto a la generación bajará la luz «poco más de lo que cuesta un café»

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Europa Press.- Facua ha advertido que la medida anunciada por el Gobierno de suspender el impuesto del 7% a la generación eléctrica bajará la luz «poco más de lo que cuesta un café«. En este sentido, su portavoz, Rubén Sánchez, calificó de «bochornoso» que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, «haya anunciado con tanta grandilocuencia una medida que venían reclamando las propias compañías eléctricas desde que se creó el impuesto por el Gobierno de Rajoy«.

Asimismo, Facua subraya que en septiembre la factura de un consumidor medio se ha encarecido un 3,4%, unos 2,74 euros, por lo que el incremento interanual es del 15,4%. Por ello, la asociación considera «una tomadura de pelo» que el Gobierno haya afirmado que su medida va a «aliviar la factura eléctrica a los consumidores«. Hay que recordar que Facua entregó sus propuestas sobre el suministro eléctrico al secretario de Estado de Energía, José Domínguez. La asociación pide la bajada del IVA al 4%, desde el 21% actual, lo que, según sus cálculos, ahorraría al usuario medio casi 130 euros anuales. Asimismo, propone crear una tarifa regulada para todas las familias que no superen los 10 kW de potencia contratada.

«Sólo beneficiará a la industria»

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) exige una «revisión completa» del sistema eléctrico para reducir la factura de la luz, ya que considera que la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica «sólo beneficia a la industria y no supondrá una rebaja en el precio de la energía para los consumidores«. En este sentido, la organización afirma que es necesaria esta revisión completa del sistema, «en la que los diferentes agentes que participan en él reciban una remuneración razonable, pero también en el que los consumidores tengan unas tarifas accesibles para todos los hogares».

Asimismo, considera que la medida anunciada no provocará de forma automática una rebaja en el precio de la energía y puede provocar, si no se cuenta con ingresos adicionales, «que haya una subida de las tarifas de acceso en enero de 2019». Al menos, OCU valora «positivamente» el avance que supone que el Ministerio para Transición Ecológica identifique como un problema el sistema de fijación de precio del mercado mayorista y que plantee «la necesidad de revisar el bono social, ampliándolo también a la calefacción».

Sin embargo, la OCU considera que la ausencia de detalles concretos sobre las medidas propuestas genera «serias dudas sobre su utilidad real para el consumidor». Así, pide que se concreten las acciones y propone una combinación de medidas que permitan «una factura más justa», entre las que figuran la retirada o limitación de los conceptos que incrementan artificialmente la factura, así como la asignación de una mejor distribución de los costes entre los diferentes tipos de consumidores y la aplicación de mecanismos para frenar el incremento artificial del precio de la energía en el pool.

El Gobierno suspende el impuesto del 7% a la generación eléctrica y el recibo bajará un 4% como máximo

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Europa Press / EFE.- El Gobierno suspenderá el impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el Ejecutivo del PP con la Ley de Medidas para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, con el objetivo de reducir de manera inmediata la factura de la luz de los consumidores, según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Ribera señaló que actuar sobre los precios a través del impuesto del 7% a la generación «es la medida más adecuada y acertada para enviar una señal por parte del Gobierno y aliviar la factura del consumidor en un momento en que no puede ser él quien cargue con el peso». Ribera anunció esta decisión enmarcada en un paquete de medidas que se impulsará por el Ejecutivo en «las próximas semanas» para afrontar esta espiral alcista del precio de la electricidad, entre las que también figuran la garantía de cobertura a los consumidores más vulnerables, mejorando el bono social eléctrico y creando un nuevo bono para calefacción, que espera que se pueda tramitar con agilidad y este invierno esté vigente.

A este respecto, Ribera indicó que el nuevo bono social eléctrico aprobado en 2017 por el PP, cuyo plazo para su solicitud tuvo que ser ampliado hasta el próximo mes de octubre debido a la confusión para su renovación entre los usuarios, recogía «avances», aunque ha habido «problemas» en su ejecución, por lo que el objetivo es adoptar medidas que sean aplicables «desde ya» para proteger a consumidores vulnerables como las «personas mayores y las familias monoparentales, «que no quedaban cubiertos en el marco actual«. Estas propuestas del Gobierno llegan en un momento en que los precios de la electricidad se encuentran en una espiral alcista, acrecentada en agosto y lo que va de septiembre.

Ha explicado que el impuesto a la generación no se suprimirá, sino que se suspenderá para quedar «prácticamente a cero» temporalmente, lo que supondrá, según fuentes del Ministerio, que se quede en un tipo residual (entre el 0% y el 0,5%), que determinará la Abogacía del Estado.Esta medida podría tener el respaldo del PP, que antes de la comparecencia de la ministra había anunciado la presentación de una proposición de Ley en el Congreso en esta línea. Esta suspensión del impuesto supondrá una rebaja en la factura de la luz para un consumidor doméstico de entre el 2,5% y el 4%, y alrededor del 5% o el 5,5% para el consumidor industrial, según Ribera.

La ministra subrayó la «clara voluntad» del Gobierno de abordar con seriedad la reforma estructural del mercado, asegurar señales fiscales coherentes y regular ordenadamente el almacenamiento para avanzar hacia un modelo energético distribuido, limpio, eficiente y digitalizado. Así, indicó que se opta por esta suspensión del impuesto del 7% a la generación hasta definir «una propuesta de reforma fiscal más global» que, eso sí, subrayó que «debe hacerse con cuidado».

A este respecto, consideró que una rebaja en el caso del IVA que se aplica a la luz, situado en el 21%, es un tema «más complicado, ya que es un ingreso propio de la Unión Europea y no es partidaria de que haya fraccionamientos por tipo de consumidor». «Forma parte de esas cuestiones que son contraintuitivas ¿Cómo es posible que haya un IVA del 21% para un consumidor que por definición es vulnerable? Pero como es un impuesto que no depende de nosotros, no es tan fácil», añadió al respecto Ribera, reconociendo que le hubiera gustado poder ‘tocar’ este impuesto, ya que el impacto sobre el consumidor sería «obvio».

Ribera considera que el sistema actual del mercado eléctrico «no emite las señales adecuadas», con un sistema de fijación de precios en el mercado mayorista pensado hace dos décadas, en el que conviven tecnologías antiguas, como el carbón, la nuclear y el gas, con nuevas, como las renovables, mostrando «el inmenso coste» de los combustibles fósiles y en el que la volatilidad de precios es una tónica, por lo que «se debe de actuar«. Por ello, destacó que el abandono de los combustibles fósiles puede permitir ahorrar 400.000 millones de euros a la economía española hasta el horizonte de 2030, «repercutiendo en la factura eléctrica», y recordó que la transición energética puede movilizar inversiones por hasta 100.000 millones de euros.

Dentro de estas medidas para recuperar el «impacto positivo» que ejercen las energías renovables en el precio, Ribera planteó diferentes líneas de acción urgente para mandar señales adecuadas al mercado, entre las que figuran solventar las barreras existentes al despliegue de renovables o facilitar los contratos bilaterales, los PPA, para desplazar parte de la electricidad contratada en el mercado mayorista a la contratación bilateral a largo plazo de energía de fuentes renovables. «España es uno de los pocos países europeos donde la mayor parte de la energía se obtiene en el mercado mayorista. Tenemos un largo recorrido en la potenciación de los contratos bilaterales», añadió al respecto. Además, también consideró necesario implementar medidas en materia de ahorro y eficiencia energética.

Respecto al autoconsumo, en especial el autoconsumo compartido, afirmó que se debe hacer hincapié en que sea una realidad que reduzca la factura eléctrica, porque el sistema fotovoltaico produce a un precio inferior que la tarifa del consumidor final. «No podemos seguir improvisando y poniendo parches incompatibles con los objetivos de descarbonización a medio y largo plazo, generando expectativas que no se cumplen y que nos acaban pasando factura», añadió.

Asimismo, la ministra apuntó la necesidad de acometer estas medidas estructurales que aborden el funcionamiento del mercado, focalizadas en tres grandes áreas de intervención: el mercado mayorista, que cuenta con una brecha entre precios y costes de las distintas tecnologías que merman la competitividad de las empresas y el poder adquisitivo de las familias; el sistema fiscal, que requiere de mayor coherencia; y el almacenamiento. «Si no abordamos reformas estructurales con respecto al funcionamiento del mercado y el sistema fiscal, es muy difícil que estas cosas puedan cambiar de manera sólida y estable en el tiempo por venir», ha argumentado.

Para Ribera, durante el anterior Gobierno se «perdió el tiempo», abandonando la senda renovable e impulsando medidas «poco predecibles, que generaban confusión e iban en dirección opuesta a la descarbonización». Así, afirmó que «los parches» del Ejecutivo anterior han supuesto «una gran litigiosidad» que ha llevado a España a contar con 42 arbitrajes ante los distintos foros internacionales con unas cuantías reclamadas que se estiman en unos 10.000 millones de euros, así como a unas reclamaciones por los inversores nacionales por otros 5.000 millones de euros. «Los cambios están en marcha y tenemos la clara voluntad de impulsarlos», añadió Ribera.

De esta manera, consideró necesario definir objetivos «ambiciosos» de generación a partir de energías renovables, ya que no sólo han demostrado sus múltiples beneficios ambientales, «sino que son más baratas y reducen el precio de la electricidad». A este respecto, Ribera recordó que este Gobierno trabaja en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para el periodo 2021-2030, un documento que se mantenía «en blanco» por el anterior Ejecutivo.

Por otra parte, Ribera, que considera que «la prioridad» de su departamento es, en estos momentos, «abordar la respuesta que se merecen esos 4,6 millones de españoles que están en situación de pobreza energética», anunció que el Ejecutivo elaborará una Estrategia Nacional de Lucha Contra la Pobreza Energética en los próximos 6 meses para disponer de un marco de actuación en este ámbito. Además, señaló que se propondrán medidas concretas para proteger al consumidor doméstico que tendrán como objetivo evitar gastos innecesarios derivados de tener contratada una potencia superior al consumo real, mejorar la información a los ciudadanos y fomentar la cultura energética, entre otros.

Por su parte, la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, reclamó al Ejecutivo medidas para frenar la escalada en el precio de la luz, advirtiendo además de que «si no aplican medidas contundentes y eficaces que rebajen» la tarifa «va a ser muy difícil que lleguen a un acuerdo presupuestario«. Belarra ha destacado que el Gobierno deberá «elegir si está con las eléctricas o con la gente»: «Nos gustaría saber si van a romper los lazos con las grandes eléctricas», ha espetado. Por ello, Belarra ha instado al Ejecutivo a «apostar por las renovables», a «quitar las trabas al autoconsumo», o a impulsar planes de rehabilitación energética de viviendas.

La comercializadora Gana Energía prevé que el precio mayorista de la electricidad termine 2018 con un incremento del 39%

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EFE / Europa Press.- La comercializadora de electricidad Gana Energía estima que 2018 se cerrará con un incremento del precio de la electricidad del 39% con respecto al año anterior, según indicó. Gana Energía ha precisado que la tendencia es que el precio de la luz, que viene incrementándose desde abril y que este mes de septiembre ha marcado máximos anuales, continúe subiendo hasta finales de 2018 e, incluso, parte de 2019, pudiendo alcanzar en el mercado mayorista los 81,45 euros el megavatio hora (MWh).

Según esta comercializadora, España es el país europeo con el precio de la electricidad más elevado antes de impuestos y el quinto, ya con impuestos incluidos. A juicio del socio director de Gana Energía, el actual sistema de subasta de electricidad, por el que se fija el precio de la electricidad en el mercado mayorista, no favorece al consumidor y considera que hay que hacer un cambio. En su opinión, un cambio regulatorio, el impulso a las renovables, la reducción de la dependencia energética de otros países y una mayor competencia ayudarían a reducir el precio en el mercado energético.

75,93 euros por megavatio hora

Por otro lado, el precio diario mayorista de la luz tocó un nuevo máximo anual, con una media de 75,93 euros por megavatio hora (MWh), según datos del operador del mercado ibérico (OMIE). Este repunte de precios ahonda así en la tendencia alcista del mercado eléctrico, el conocido como pool, superando de nuevo los 75 euros por MWh que ya había pulverizado el 12 de septiembre (75,39 euros por MWh).

La baja aportación de las energías renovables, especialmente de la eólica, al mix diario, unido al encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 y del gas, derivado en este caso del alza del crudo, están contribuyendo a que se mantenga esta tendencia alcista en el precio mayorista de la luz, según indicaron fuentes del sector. El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad. El Gobierno congeló para 2018, y por quinto año consecutivo, los peajes eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados.

El pool funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última de ellas en participar, la más cara, marca el precio para el conjunto. Este verano, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya mostró su preocupación por el «alto» precio de la energía, a pesar de tratarse de una «situación coyuntural», y aseguró estar preocupada por si había «algo más» detrás de este encarecimiento en la electricidad, por lo que anunció que estaba realizando un «análisis del comportamiento» para «garantizar que el mercado funciona correctamente», una investigación para la que el Ministerio de Transición Ecológica ofreció su «colaboración».

El sector fotovoltaico contribuyó con 2.250 millones de euros al PIB en 2017 y UNEF propone redefinir el mercado eléctrico

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EFE / Europa Press.– La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera que se debe redefinir el actual modelo de mercado eléctrico y reformar la tarifa eléctrica para que en ella tenga cada vez mayor peso el coste variable de la energía. Según un estudio de un grupo de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), el sector fotovoltaico tuvo en 2017 una contribución directa al PIB de 2.250 millones de euros, lo que representó un 0,2% del total, un 4,45% más que en 2017.

El saldo exportador neto del sector en 2017 ascendió a 404 millones, de los que más del 60% correspondió a ingenierías e instaladores (247 millones) y un 18% a fabricantes (73,4 millones). El sector fotovoltaico en España lo constituyen más de 70 empresas con actividad en 72 países y su gasto en I+D+i en 2017 se incrementó en un 2,5% con respecto a los 60 millones que invirtió en 2016, lo que supone un 1,6% de su facturación, una cifra muy por encima del 0,89% de media en este tipo de inversión en el país.

En cuanto a su incidencia en el empleo, el sector representaba el 0,09% del total del país, con 19.057 empleos, de ellos 6.102 de forma directa y el resto de forma indirecta o inducidos. Más del 10% de los trabajadores del sector son titulados superiores, medios o con Formación Profesional, y con empleos caracterizados por ser de calidad y estables.

En materia fiscal, la aportación neta del sector fue de 550 millones de euros en 2016 y algo menos, 540 millones, en 2017, cantidades de las que el 60% fueron aportadas a través del Impuesto de Sociedades y el de la Electricidad. Por otra parte, las primas a la fotovoltaica ascendieron a 2.436 millones de euros en 2016 y a 2.496 millones en 2017. El sector fotovoltaico también reduce la dependencia energética y, según el estudio, en 2016 evitó la importación de 258 millones de euros en gas y de 304 millones en 2017. En cuanto a su incidencia medioambiental, en 2016 la energía fotovoltaica evitó la emisión de 3.504 kilotoneladas de CO2 y el año pasado de 3.631 kilotoneladas.

Reformar mercado eléctrico y tarifa

Por su parte, el director general de UNEF, José Donoso, asegura que la principal barrera que se encuentra el sector fotovoltaico es que quiere ir al mercado, pero que éste está definido para otras tecnologías, pues se diseñó en los años 80, cuando a nadie se le pasaba por la imaginación que iba a haber tecnologías renovables, sin costes variables, que iban a ser preponderantes en el mercado. Por eso, UNEF cree que hay que redefinir el modelo de mercado y adecuarlo a las tecnologías que van a ser las dominantes en el futuro, pues, según ha apuntado Donoso, es absurdo tener un mercado que no tiene en cuenta las tecnologías que se quiere que en un futuro sean mayoritarias.

Por eso, cree que hay que diseñar un nuevo sistema de mercado en el que se compatibilice el modelo marginalista (por el que el precio en el pool para cada hora lo marca la central más cara que entra al cruzarse oferta y demanda) con contratos con diferencias para las renovables, o bien hacer un modelo nuevo. Donoso descarta volver a un modelo de primas y subvenciones para ir al mercado e «independizarse» del riesgo regulatorio, aunque de manera adecuada.

En cuanto a la tarifa eléctrica, Donoso considera que hay que incrementar el componente variable, que ahora es sólo un 35% de la tarifa regulada, para desincentivar un excesivo uso de la energía y que el que más consuma más pague. Además, ha señalado que para bajar el precio de la electricidad sería urgente eliminar las barreras al autoconsumo, si bien ha afirmado que la subida de precios, con la luz por encima de los 70 euros el megavatio hora en el mercado mayorista, no es estructural. En este sentido, ha vaticinado que habrá volatilidad en el mercado, al tiempo que ha apuntado que, según se introduzca más energía renovable en el sistema eléctrico, el precio de la electricidad bajará.

Por otra parte, UNEF ha pedido al Gobierno acabar con la imagen de incertidumbre jurídica, pero no una marcha atrás en los recortes que practicó el PP en la retribución al sector, sino que «se dejen las cosas como están», ha recalcado Donoso. En este sentido, ha pedido que no se revise la rentabilidad que perciben las instalaciones, como pretendía el Gobierno anterior, y que las que hay sigan cobrando lo mismo hasta el final de su vida regulatoria prevista.

Además, ha pedido la eliminación de las cargas y peajes sobre la energía autoconsumida, la simplificación, certidumbre administrativa y regulación del autoconsumo colectivo, y la convocatoria de nuevas subastas en Canarias e Islas Baleares. En este sentido, la asociación, que representa a más del 85% del sector, solicita también la creación de una Ley de Transición Ecológica y Cambio Climático en línea con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París, una nueva fiscalidad ambiental y la reestructuración de la tarifa eléctrica, entre otras demandas.

UNEF también reclama que se simplifiquen las condiciones de acceso y conexión a la red, eliminando herencias del pasado diseñadas para otros momentos. Donoso ha indicado que en el autoconsumo estiman un crecimiento 200 a 300 megavatios (MW) de potencia instalada al año, cifra que supone duplicar lo que hay ahora. Respecto a la potencia obtenida por la fotovoltaica en las subastas, 3.900 MW, UNEF cree que se construirán todos, aunque reconoce que están habiendo problemas en la tramitación medioambiental porque las comunidades tienen pocos recursos para el «aluvión» de proyectos que les están llegando.

La instalación de potencia fotovoltaica en España marcó en 2017 su mayor nivel de los últimos cinco años, al alcanzar 135 megavatios (MW) instalados, un 145% más frente a los 55 MW en 2016. Este dato posiciona a España en el quinto puesto europeo con mayor potencia fotovoltaica instalada con 5,6 GW instalados, un 4,9% del total de Europa, después de Alemania (42 GW), Italia (19,7 GW), Reino Unido (12,7 GW) y Francia (8 GW). En estos momentos, hay 30 gigavatios (GW) de potencia solar en tramitación en España, de la que se espera que un alto porcentaje se traduzca en instalaciones en próximos años.

Por su parte, en el conjunto de Europa, el año pasado se agregaron 9,2 GW, lo que supone un aumento del 30% en comparación con los 7 GW instalados un año atrás, impulsado, principalmente, por el crecimiento de Turquía, Sin embargo, en Reino Unido se efectuaron «importantes» recortes de instalación en potencia fotovoltaica, al añadir tan solo la mitad de lo instalado en 2016, aunque sigue siendo el único país, junto con Francia y Holanda, que agregó más de 500 MW a su parque fotovoltaico.

El sindicato USO denuncia que la «especulación» con los derechos de emisión de CO2 dispara el precio de la electricidad

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EFE.- El sindicato USO considera que hay una «especulación» en el mercado de derivados con los derechos de CO2 que está encareciendo la energía y señala que no se han tomado medidas para mitigar esta situación, que pone en riesgo a la industria y a sus trabajadores.

El sindicato sostiene que las ganancias en los mercados las acaban pagando los ciudadanos en su factura y los trabajadores, y señala que el precio por tonelada emitida ha subido desde los 7 euros en enero de este año hasta los 24,85 euros que se alcanzaron recientemente.

En este sentido, sostiene que en solo 9 meses ha pasado a costar más del triple, una subida que está afectando «gravemente» al precio de la luz para las familias, así como a la competitividad de las empresas, sobre todo de las electrointensivas, tal y como indica el responsable de Energía de la Federación de Industria de USO, Jaime Marcos.

En este contexto, USO muestra su preocupación por el precio de las emisiones de CO2 y vaticina que en este año superarán los 20 euros.

Además, indica que esta situación puede afectar a la viabilidad de las centrales térmicas y de gas, que agrega que son indispensables para el respaldo a la red de las energías renovables.

Ciudadanos propone reformar la fiscalidad de la factura de la luz y ceñir el recibo al coste del suministro eléctrico

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EFE / Europa Press.- Ciudadanos ha registrado, por medio de Melisa Rodríguez Hernández, su portavoz parlamentaria adjunta, una proposición no de ley, para su debate en la Comisión para la Transición Ecológica en el Congreso, para reformar la fiscalidad en la factura de la luz a fin de que se eliminen impuestos y se concentre en lo que es el precio de la energía.

En la iniciativa Ciudadanos insta al Gobierno a hacer, en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), una auditoría para determinar qué conceptos determinan el volumen actual del recibo eléctrico y qué costes deben ser asumidos por los consumidores en él. Asimismo pide al Gobierno que impulse una reforma para modificar la base imponible del IVA y del impuesto eléctrico para que dichas bases estén compuestas sólo por el precio pagado por la electricidad y el coste de las redes de transporte y distribución, excluyendo el resto de costes añadidos.

Según Ciudadanos, aunque la subida de los precios que está habiendo en el pool se debe a circunstancias de mercado (subida del precio de los derechos de CO2 y aumento del de los combustibles fósiles para generar energía), la mayor parte de la factura de la luz no se destina a sufragar el precio que alcanza la electricidad. Recuerda que, junto a los costes fijos del sistema, hay una fuerte imposición fiscal, que «avala la factura como una herramienta recaudatoria en perjuicio de la ciudadanía».

Que se note el consumo

Ciudadanos cree que se puede actuar sobre los costes fijos, en concreto sobre aquellos de «origen político» no relacionados directamente con el suministro eléctrico, que constituyen el 70% de la factura. Según Ciudadanos, ese elevado porcentaje que tienen en la factura esos costes distorsionan las señales de precio, que deberían concentrarse en el consumo, para que no resulte indiferente consumir más o menos energía. Entre los costes no relacionados directamente con el suministro está el IVA del 21% en la península, el impuesto sobre la electricidad, creado inicialmente para subvencionar el carbón nacional, así como una tasa municipal del 1,5%.

Además está el impuesto a la generación eléctrica, de un 7% y destinado a sostener los costes del sistema; la tasa hidroeléctrica, del 25,5%, para centrales de esa tecnología, y tasas nucleares, que incluyen el impuesto por combustible nuclear gastado y por generación de residuos. También está la tasa que pagan las centrales nucleares para financiar la Empresa Nacional de Residuos, Enresa; los costes extrapeninsulares y la financiación de las renovables, que se incluyen en los peajes de la factura.

Además, en la transición energética, ve fundamental contar con una factura bien ordenada; que no contenga costes fijos en la parte variable y no generé problemas de distorsión entre consumidores a la hora de optar por la generación distribuida. Asimismo, cree que esta factura debe ser competitiva en virtud tanto de las necesidades de familias y empresas como también para favorecer la movilidad eléctrica en detrimento de los combustibles fósiles.

Ciudadanos aboga por una transición «inteligente» que apueste por las renovables y garantice que los consumidores paguen sólo los costes directamente relacionados con el suministro. Ciudadanos considera «hipócrita» que desde la Administración se trabaje en un bono social para paliar las dificultades de las personas más vulnerables cuando la mayor parte del recibo son impuestos y costes políticos. En opinión de Ciudadanos, sería más eficiente trabajar por una factura que refleje los costes reales de producción y no sea una «herramienta de recaudación del Estado».

La subida de la luz reabre el debate sobre el mercado y la factura eléctrica

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EFE.- El crecimiento ininterrumpido del precio de la luz en los últimos cuatro meses y los altos precios fijados en el mercado mayorista han vuelto a reabrir el debate sobre la mejora de los mecanismos de formación y de determinación del precio de la factura eléctrica.

En agosto el recibo de la luz encadenó su cuarta subida consecutiva y alcanzó su precio más alto en todo el año, al encarecerse un 12% respecto al mismo mes de 2017, lo que supuso pagar 8,05 euros más que en la factura que un año antes. No parece que septiembre vaya a ser mejor pues, según el simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en los primeros 11 días de septiembre el coste del recibo es un 16,7% más caro que un año antes.

En agosto el recibo de la luz para el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), la tarifa regulada por el Gobierno, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios y un consumo anual de 3.900 kilovatios hora, alcanzó los 75,21 euros, frente a los 67,16 euros de hace un año y los 73,1 euros a los que llegó en julio pasado.

A pesar de que al comenzar 2018 las circunstancias meteorológicas fueron más favorables para la producción de energía hidráulica y eólica (fuentes de generación más baratas) que en 2017, marcado por la escasez de lluvia y viento, tan sólo en los primeros meses de este año la factura eléctrica bajó, para empezar en mayo a encadenar subidas. La actual subida, según expertos del sector, se debe al encarecimiento de los derechos de emisiones de carbono, cuyo precio se triplicó entre mayo y agosto frente a 2017, y de los precios del gas y el carbón, que se emplean para producir electricidad en las centrales de ciclo combinado y las térmicas.

En agosto el precio medio en el mercado mayorista fue de 64,33 euros, el más alto en un mes este año, y en septiembre se ha situado varios días por encima de los 70, alcanzando un máximo diario de 75,39 euros este miércoles 12. Las subidas del CO2 y del gas han elevado en 21 euros/MWh el coste del ciclo combinado y en 12 euros/MWh el del carbón, unas subidas que se han unido en los últimos meses a la menor producción hidráulica y eólica en verano, que obliga a usar más el respaldo térmico.

Un 35% de la factura

El incremento de los precios en el pool, en el que se fija el valor del megavatio hora para cada hora del día siguiente, repercute en el recibo de la luz que pagan los consumidores acogidos al PVPC al suponer un 35% del total de su factura, de la que el resto son peajes fijados por el Gobierno e impuestos.

En España hay 11 millones de clientes que tienen esta tarifa, que es para una potencia contratada menor o igual a 10 kilovatios (KW), mientras que más de 16 millones (cerca del 60% del total de los consumidores eléctricos) tienen contratos en el mercado libre. Estos, a diferencia de los acogidos a la PVPC, tienen garantizado el precio de la electricidad durante al menos un año y, por tanto, son ajenos a las variaciones de su valor en el pool.

Generadores y comercializadores fijan en este mercado el precio de toda la energía que se va a consumir al día siguiente y funciona bajo un criterio económico marginalista, por el que todas las tecnologías de generación cobran en cada hora lo que marca la más cara que entra. Las compañías eléctricas afirman que no se están beneficiando de estas últimas subidas y recuerdan que la mayor parte de la factura regulada no lo constituye el coste de la electricidad, sino los peajes y los impuestos.

El grupo de expertos que hizo el informe de cara a la elaboración de la de Ley de Cambio Climático y Transición Energética ya planteó trasladar los costes actuales de la factura eléctrica a los Presupuestos del Estado, financiándolos con nuevos impuestos medioambientales. Según sus cálculos, con esas medidas la luz bajaría un 6,8% pero subirían el gasóleo (un 28,6%), la gasolina (1,8%) y el gas natural (5,8%). El recibo de la luz soporta ahora un 21% de IVA y el impuesto especial de electricidad, del 5%, a lo que hay que sumar los peajes, que el gobierno del PP mantuvo congelados durante 4 años.

Energía plantea redefinir el papel a jugar por el mercado eléctrico pues fue diseñado en condiciones diferentes a las actuales

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EFE.- El secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, ha aseverado que hay que redefinir el papel que han de jugar el operador del sistema y el mercado eléctrico, ya que éste fue diseñado para unas condiciones diferentes a las que se dan ahora y a las que se van a dar en próximos años.

Domínguez Abascal, que ha clausurado el III Foro Energético del diario El Economista, ha manifestado que hay que habituarse a un nuevo modelo energético en el que los ciudadanos toman decisiones, lo que obligará a redefinir tanto el papel del operador del sistema como el del mercado eléctrico.

Ha recordado que antes de que finalice el año habrá una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y un Plan Nacional de Energía y Clima, además de una estrategia de Transición de Justa, a la que el Gobierno da gran importancia, aunque no esté obligado a presentarla.

Antes, en una mesa redonda sobre El rol de las renovables para la transición energética, representantes de este sector han debatido sobre las subastas de renovables.

El presidente de Gesternova, José María González Vélez, ha criticado que este sistema «ha sido nefasto«, mientras que el consejero delegado de X-Elio, Jorge Barredo, considera que son el método correcto, aunque estas pujas deben hacer viable la financiación de los proyectos.

Por eso, ha señalado que no es partidario de «subastas a descuento» como las últimas que se han hecho, sino de subastas con precio a kilovatio hora, que extraigan competitividad del mercado y den certeza al inversor para financiar los proyectos.

Respecto a la próxima subasta de renovables en Canarias, el director de Desarrollo de Generación de Naturgy, Carlos González Samano, ha manifestado que su compañía participará en ella, al igual que lo hizo en el anterior cupo canario.

Ha añadido que este año pondrán en marcha 45 megavatios (MW) en Canarias, donde poner renovables tiene incluso más sentido que en otros lugares, y quieren seguir incrementando su presencia en el sector renovable en las islas.

Jorge Barredo, por su parte, ha indicado que instalar renovables en Canarias tiene el hándicap de la dificultad que hay de puntos de conexión y la dispersión en tres administraciones, al tiempo que ha señalado que su compañía tiene mucha experiencia en las islas, aunque es verdad que tiene poca energía conectada.

El Gobierno y las compañías ven conveniente desligar la tarifa regulada PVPC del precio de cada hora del mercado eléctrico

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EFE / Europa Press.- El precio de la luz en el mercado mayorista sigue en niveles más elevados de lo habitual. En este sentido, el Gobierno y las compañías eléctricas ven conveniente iniciar una reflexión sobre la formación de precios, pero de manera «pensada«.

Entre los factores que están detrás de la subida de los precios en el mercado mayorista destaca el encarecimiento del precio de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) y del gas natural y el carbón en los mercados internacionales. En concreto, el precio del CO2 se ha multiplicado por más de tres: entre mayo y agosto de 2017 era de 5,1 euros por tonelada y en el mismo periodo del presente año ha sido de 16,3 euros. También ha contribuido a estos elevados precios una reducción de la participación de la energía eólica, una producción nuclear inferior a lo habitual debido a operaciones de mantenimiento y un incremento de la demanda, motivada por las altas temperaturas estivales.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en un foro organizado por Cinco Días, ha negado, no obstante, que se estén alcanzando estos días máximos históricos en los precios de la subasta eléctrica con los 74,58 euros/MWh registrados, ya que en el pasado reciente los hubo más altos, como los que se registraron en enero de 2017, en plena ola de frío. Ese mes se registró un precio medio diario máximo de 91,88 euros/MWh, cifra por debajo de los 103,76 euros de media diaria que hubo el 11 de enero de 2002. En este sentido, el Gobierno está trabajando en las políticas necesarias que permitan una evolución “racional” de los precios de la electricidad.

Las perspectivas sobre la evolución de los precios tanto de materias primas para generación de electricidad (gas y carbón) y de derechos de emisión de CO2 indican que podrían seguir subiendo según la ministra, que comparecerá el próximo 19 de septiembre en el Congreso de los Diputados. Ribera ha avanzado que hay que adoptar medidas para asegurarse de que esos incrementos no incidan ni en la economía ni en los sectores sociales más vulnerables y, en este sentido, subrayó que la atención a los 4,6 millones de personas que están en situación de pobreza energética “debe ser prioritaria”, aunque paralelamente se inicie una «reflexión más profunda» sobre los componentes que hacen aumentar la factura eléctrica.

En este contexto, Ribera aseguró que el Ejecutivo está trabajando sobre un paquete de medidas para ver cómo puede operar en el corto plazo sobre cada uno de los componentes de la factura, algunos «muy alejados» de su capacidad de acción. «Hay que generar consensos en cada uno de los bloques de los operadores. Hay componentes fiscales, de coste regulado, de mercado… Estamos trabajando en ello y el Gobierno presentará su reflexión el 19 de septiembre en el Congreso», apuntó. Así, Ribera comparecerá para explicar el incremento en el precio de la electricidad registrado en los últimos meses, que se ha agudizado en agosto con un encarecimiento del 35,5% con respecto a agosto del 2017.

De este modo, para la responsable de la cartera para la Transición Ecológica está «bien» que se refleje el hecho de que generar energía de manera «sucia» es caro. «No podemos permitirnos el lujo de que en este proceso de cambio a un sistema enteramente limpio se vean afectados los colectivos con menos recursos», subrayó. El precio de la luz en el pool supone en torno al 35% de la factura para los consumidores con tarifa regulada o Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) (unos 11 millones de usuarios frente a los más de 16 millones que hay en el mercado libre), mientras que el 65% restante depende de los peajes que fija el Gobierno y de los impuestos.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, asegura que no está habiendo ningún «abuso» por parte de las compañías eléctricas, que no se están beneficiando de esta subida. «Lo que está ocurriendo en el mercado mayorista es una consecuencia del CO2», indicó Bogas, que ha manifestado que ya les gustaría a las compañías que los precios de los derechos de emisión y de las materias primas como el gas y el carbón «fueran más baratos«.

No obstante, ha apuntado que podría plantearse la revisión del mecanismo por el que se fija el PVPC, mientras que la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, ha manifestado que no es razonable que la tarifa PVPC sea «un espejo de los precios del mercado mayorista», ya que es la que usan los consumidores con menor poder adquisitivo, que necesitan tener más certidumbre, y ha apostado por un modelo que evite que las volatilidades del mercado les afecten. Eso sí, ha reivindicado que las reformas en el sistema de fijación de precios deben hacerse de manera pensada y «no guiadas por la presión y las noticias» de la prensa.

Por su parte, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) denuncia el «elevadísimo» y «desproporcionado» encarecimiento energético habido en los últimos dos años y ha instado a implantar medidas que abaraten este gasto como, por ejemplo, el autoabastecimiento energético. La organización ha puesto ejemplos prácticos como el de una pequeña cafetería donde contratan 9,9 kilovatios y consumen 37.000 kilovatios anuales. En esta situación, el precio aumenta de los 4.900 euros en 2016 a 6.500 euros en 2017 y llegará a una factura de 8.450 euros en 2018, un aumento del 72,45% en dos años.

Además, el secretario general de UPTA, Eduardo Abad, avanza que el precio de los mercados futuros no indica mejoría sobre la situación actual y se ha mostrado pesimista. Desde UPTA proponen a los autónomos vigilar que las facturas sean correctas, revisar que el contrato es el adecuado para las necesidades tanto en consumo como en precios, buscar alternativas en el mercado y comparar las ofertas, evaluar si las necesidades de consumo actuales responden a criterios de negocio y estudiar posibles inversiones que reduzcan el consumo.

Unidos Podemos también pide explicaciones

Mientras el grupo parlamentario de Ciudadanos ya presentó una pregunta para saber qué medidas planea llevar a cabo el Gobierno ante el incremento de los precios de la electricidad, el diputado de Unidos Podemos-En Comú, Joan Mena, ha registrado un escrito en el Congreso en el que pide explicaciones al Gobierno sobre lo que denomina un «aumento desmesurado» del recibo de la luz, que cifra en un 12,4% más en agosto respecto a agosto del 2017, lo que supone la cuarta factura eléctrica más alta de la historia en España.

También denuncia situaciones de desatención a los usuarios y de falta de mantenimiento de las instalaciones por parte de las empresas eléctricas. Unidos Podemos, cuyas respuestas por parte del Ejecutivo las recibirá por escrito, ha calificado de «lamentables» las averías eléctricas durante el verano y se ha referido en concreto a la sufrida en el barrio de Torre-romeu de Sabadell (Barcelona). La formación que lidera Pablo Iglesias ha preguntado al Gobierno sobre los mecanismos que tiene previstos para garantizar el reconocimiento de estas averías por parte de Endesa, la compañía suministradora en este barrio barcelonés.