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El Plan de Energía y Clima de España es el mejor valorado de la UE por la European Climate Foundation

Redacción.– Las economías con 0 emisiones netas no se producirán por casualidad, asegura la European Climate Foundation: “se requerirá un enfoque y una planificación dedicados, con una mirada clara al objetivo final”. En este sentido, esta organización ha destacado el trabajo realizado para España por el Ministerio para la Transición Ecológica, un plan que obtiene 52,4 puntos sobre los 100 máximos.

A juicio de la European Climate Foundation, los Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC) representan una oportunidad para que los Estados miembros de la Unión Europea puedan trazar sus próximos pasos en el camino hacia un futuro seguro para el clima y ​​para cosechar los beneficios económicos y sociales que vienen aparejados. Los PNIEC claros y sólidos pueden servir como reclamos para grandes y pequeños inversores e involucrar a las partes interesadas en su desarrollo, además de indicar donde se necesitarán esfuerzos adicionales. Sin embargo, los proyectos de PNIEC presentados por los Gobiernos tienen una gran necesidad de mejora.

Estos son los resultados de un nuevo informe encargado por la European Climate Foundation y realizado por Ecologic Institute y Climact. Forma parte de la serie Net-Zero 2050, una iniciativa de la European Climate Foundation con contribuciones de un consorcio de expertos y organizaciones. Este informe evalúa todos los proyectos de PNIEC presentados a la Comisión Europea y los califica de acuerdo con 3 variables: el nivel de ambición, el nivel de detalle de las políticas y medidas descritas así como la calidad e inclusividad de su proceso de redacción.

Según el ranking, España es el país que obtiene mayor puntuación con 52,4 puntos sobre 100. El PNIEC elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica es el más ambicioso de la Unión Europea. La ambición de los planes representa 45 puntos como máximo y España es el país que más puntuación obtiene, con 21,1 puntos, gracias a su hoja de ruta para alcanzar la descarbonización en 2050 y sus objetivos de 2030 de energías renovables, aunque sus objetivos de reducción de emisiones de gases invernadero para 2030 no parece coherente con el objetivo a largo plazo. Donde España obtiene un 0 rotundo es en la ambición de sus objetivos de eficiencia energética para 2030.

En cuanto al nivel de detalle de sus políticas, España ocupa el segundo lugar tras Grecia como país con mejor PNIEC en este sentido y logra 30,7 puntos sobre los 45 máximos. En este apartado se valora la concreción con la que el Ministerio para la Transición Ecológica aborda la consecución de los objetivos de eficiencia energética, energías renovables y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Aprueba también las medidas de corte financiero y de apoyo a las inversiones mientras que aún tiene que mejorar España a la hora de acabar con las subvenciones a los combustibles fósiles y en sus planes para disminuir el uso de carbón.

Donde España no ha obtenido una buena puntuación es en la calidad e inclusividad de su proceso de redacción. En este apartado España ha estado por debajo de la media comunitaria y apenas ha obtenido un 0,6 sobre 10. Nuestro país amerita un suspenso al no tener en cuenta la participación de los agentes llamados a estar involucrados en la implementación del PNIEC, entregar el documento con retraso y con la ausencia de algunos apartados importantes como la cooperación regional.

Tras el liderazgo de España, el segundo PNIEC mejor valorado es el de Francia, con un 47%. A estos dos países les siguen Grecia (44%) y Suecia (43%). El plan climático de Eslovenia es el último con un 3%, con Eslovaquia (12%) y Alemania (12%) por delante. La puntuación media para el bloque de la Unión Europea es del 29%.

Esta evaluación encuentra que, si bien los proyectos de planes climáticos nacionales indican que los países están tomando medidas hacia la acción climática para 2030, todavía no cumplen con las ambiciones establecidas por los legisladores de la Unión Europea y el Acuerdo de París. Los problemas recurrentes incluyen planes limitados para la eliminación de los subsidios al carbón y los combustibles fósiles, pocas indicaciones sobre las inversiones necesarias, demasiado uso de biomasa insostenible, consulta pública inadecuada y falta de esfuerzos explícitos para desechar los planes de la meta de 2050. Así, el informe identifica varias buenas prácticas en los planes preliminares que los responsables políticos nacionales y de la Unión Europea pueden inspirar y replicar.

Ingenieros Industriales piden al Gobierno un calendario en el PNIEC que garantice la estabilidad de precios en el suministro eléctrico

Europa Press.- El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM) pide al Gobierno que añada al borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) un calendario «planificado y consensuado con todos los sectores» que garantice la continuidad del suministro eléctrico y unos precios estables.

En este contexto, se ofrece al Ejecutivo para plantear alternativas que presenten mejores perspectivas de ser ejecutadas en los plazos previstos, iguales o mejores resultados en cuanto a costes y reducción de emisiones y menores riesgos de suministro. Para el colegio profesional los plazos del PNIEC son «muy ambiciosos» ya que el ritmo anual de implantación de generación eólica y solar que sería necesario «multiplica por cuatro» el del periodo de mayor crecimiento del sector.

El borrador del plan aprobado por el Gobierno el 22 de febrero y remitido a la Unión Europea contempla una «ambiciosa» transformación del sistema energético a través de la reducción de emisiones, la eficiencia energética y potenciar las energías renovables con una inversión de 236.000 millones de euros hasta 2030, lo que supone unos 23.600 millones de euros anuales, de los que el 80% será asumida por el sector privado.

El plan incluye también la disminución en un 25% de la cogeneración con gas natural, prevé el cierre de 9 centrales de carbón en 2020 y otras 5 antes de 2030 y el cierre de 4 centrales nucleares entre 2025 y 2030 y otras 3 entre 2030 y 2035. Otros aspectos del plan incluyen un importante cambio en la movilidad que plantea pasar de los 58.000 vehículos eléctricos actuales a los 5 millones en 2030.

Se necesitan renovables y almacenamiento

A este respecto, el COIIM pide este calendario “planificado y consensuado con todos los sectores» porque en función del ritmo real de cierre sería necesario sustituir entre 2020 y 2030 los 80.081 gigawatios hora al año, que dejarán de generar las centrales de carbón y las nucleares. Las nucleares proporcionan en torno al 21% de la electricidad sin emisiones de CO2. De este modo, advierten al Gobierno de que ese plan de cierre «solo sería viable» si se añaden 65.456 megawatios de generación eólica y solar, incluida la fotovoltaica y la termosolar hasta 2030 en los plazos previstos, «con suficiente capacidad» de sistemas de almacenamiento y respaldo, tanto de corta duración como de carácter estacional.

De acuerdo con los cálculos realizados por los ingenieros, el ritmo anual de instalación debería ser de 5.950 megawatios al año, lo que equivale a casi cuadriplicar la instalación en los años de mayor crecimiento (periodo entre 1998 y 2011), cuando el ritmo era de 1.600 MW/año. En cuanto a las cifras de inversión, el colegio profesional asegura que en la actualidad la inversión total al año del sector industrial en España es de 23.000 millones de euros, lo que supone el 1,9% del PIB. El nivel de inversión del sector de producción eléctrica representa el 0,3% del PIB, 3.630 millones de euros al año.

Sin embargo, la inversión anual total propuesta en el PNIEC es de 23.600 millones de euros, una cifra que en el plan para renovables, redes y electrificación es de 14.348 millones, lo que también multiplica por 4 la inversión anual del sector eléctrico. En este contexto, advierte de que el hecho de no abordar estas inversiones podría incrementar el riesgo de incumplimiento y multa por parte de la Unión Europea.

Por otro lado, además de las medidas indicadas, el Colegio ve «interesantes» otras acciones como actualizar tecnológicamente las plantas renovables existentes, aumentar las interconexiones con el resto de Europa y África, instalar nuevos bombeos en centrales hidroeléctricas existentes o repotenciarlas, aumentar la eficiencia energética de los procesos en la industria, transporte y edificación, con mejoras del aislamiento y los sistemas de climatización o la producción distribuida para favorecer la autogeneración.

Ribera no ve fácil que las empresas titulares de centrales nucleares pidan prorrogar su vida útil más allá de 2035

Europa Press.- La Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, cuestionó que las empresas titulares de las centrales nucleares puedan pedir prorrogar la vida útil de estas instalaciones más allá del año 2035, ya que ello les obligaría a acometer inversiones que pondría en riesgo su rentabilidad.

«En general, cuando una empresa de estas características introduce en su calendario de actuaciones e inversiones hitos importantes, tienden a ser bastante respetuosos, y no veo fácil el que puedan acometerse cambios muy relevantes en el funcionamiento y en el calendario que están manejando», explicó la titular de Transición Energética. En su opinión, «las empresas están viendo que el volumen de inversiones que requiere acometer un nuevo ciclo en estos emplazamientos no es la solución más rentable para su objeto de negocio, que es producir electricidad». Según Ribera, «hoy existen otras tecnologías que, incluso si se acometen la inversión ex novo, resultan más competitivas en el mercado que no renovar».

En cuanto al plazo pactado con los titulares de las centrales para retrasar el cierre hasta 2035 en vez del plazo previsto en el programa electoral socialista, que fijaba la clausura a no más tardar de 2028, la ministra ha defendido el cierre «ordenado» que supone ampliar el calendario inicial. «El resultado de las conversaciones es un cierre que empieza en 2025 y termina en 2035, 10 años en los que Enresa puede operar con total tranquilidad y seguridad y en los que cada uno de los titulares de las centrales deben someter su solicitud de prórroga o cierre autorizado de la planta al CSN».

Vandellós II cerraría en 2035

Vandellós II, central nuclear situada en Tarragona donde son socios Endesa e Iberdrola con una participación del 72% de la energética dirigida por José Bogas y del 28% para la presidida por Ignacio Galán, cerrará en 2035. El protocolo firmado entre Enresa y las compañías eléctricas titulares de centrales incluye un calendario de cierre para el parque nuclear español, contemplando las clausuras ordenadas y escalonadas de los actuales 7 reactores desde 2027 (Almaraz) hasta 2035 (Trillo). De tal manera que, tras Almaraz, le tocaría el turno a Ascó I (2029) y Cofrentes (2030). En 2033 sería clausurado Ascó II y, en 2035, Vandellós y Trillo.

Este calendario establecido en el protocolo serviría para fijar la nueva tasa de gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales. No obstante, Endesa no quiere que el calendario de fechas de cierre para los distintos reactores sea algo definitivo, sino que considera que debe ser «flexible» y «orientativo». Las discrepancias entre las compañías eléctricas respecto a las nucleares surgieron en cómo afrontar su cierre. Mientras que Iberdrola y Naturgy defendían no alargarlas más allá de los 40 años, Endesa apostaba por ir más a largo plazo.

No obstante, las compañías acordaron a finales de enero un cierre ordenado para las nucleares entre ese horizonte de 2025 y 2035. El Gobierno remitió el pasado 22 de febrero a Bruselas su borrador de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), en el que prevé que en 2030 todavía haya operativos en el mix eléctrico algo más de 3 gigavatios (GW) de nuclear y un cierre ordenado de estas plantas por orden cronológico.

1 euro en la factura

Por otro lado, Ribera ha estimado que el fin de la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación de energía eléctrica desde abril puede suponer un alza de entre «2 o 3 puntos porcentuales», lo que representará un encarecimiento en el recibo de la luz de «entre 0,5 y 1 euro por familia«. En este sentido, Ribera señaló que el alza en la factura de la luz dependerá del precio antes de impuestos, aunque señaló que prevé que se pueda «absorber prácticamente todo el efecto de la suspensión si hay una generación renovable que permita mantener precios estables».

La ministra insistió en que el Gobierno no ha tenido margen para prorrogar esta medida, que fue adoptada el pasado octubre dentro del paquete de medidas aprobadas ante la subida del precio de la luz experimentada después del verano pasado, ante la situación de final de legislatura en que se encuentra. «La razón por la que descartamos acometer una reforma en profundidad de toda la fiscalidad del sistema energético es porque no tenemos tiempo para hacerlo. Prorrogarlo supondría un decreto ley que debería ser inmediatamente convalidado por el Congreso. No tengo claro que no nos acusaran de electoralistas y haya grupos políticos que voten en contra de esa convalidación», reprochó.

Por otra parte, la titular de Transición Ecológica indicó que la Estrategia de Pobreza Energética recoge la prohibición de los cortes de suministro energético cuando haya olas de frío. «Pensamos que eso es importante, que haya unas garantías de servicios mínimos, servicios mínimos vitales que deben proteger a los consumidores en los periodos más duros del invierno«, afirmó. En este caso de la Estrategia de Pobreza Energética, Ribera sí que mostró su confianza en que contará con «un consenso importante».

Dos meses quedan para la recepción de propuestas a incluir por REE en la planificación de la red de transporte

Europa Press.- Red Eléctrica de España ha abierto un plazo hasta el 1 de junio para recibir las propuestas de desarrollo de la red de transporte remitidas por los agentes del sector eléctrico, las comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla y los promotores de nuevos proyectos de generación eléctrica, según indicó la compañía.

Una vez reciba las propuestas, la compañía, en su calidad de operador del sistema, remitirá antes de 2020 al Ministerio de Transición Ecológica la propuesta inicial de planificación de infraestructuras de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2021-2026. Según REE, esta nueva planificación será un instrumento «de especial relevancia» en la consecución de los objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, enviado para su tramitación a la Comisión Europea. Esta planificación también será un instrumento fundamental para el logro del Mercado Interior de la Energía en Europa mediante la puesta en servicio de nuevas interconexiones internacionales.

Entre los principios definidos para la elaboración de la nueva planificación destacan el cumplimiento de los compromisos en materia de energía y clima que se concreten en el PNIEC 2021-2030, así como maximizar la integración de renovables en el sistema eléctrico y posibilitar su evacuación en zonas con alto potencial de desarrollo de las mismas y siempre que sea medioambientalmente posible. Además, será prioritario la mejora y actualización de la red existente y la utilización de nuevas tecnologías. Igualmente, se tendrá en cuenta la eficiencia económica, la reducción de restricciones técnicas y las pérdidas de la red; y todo ello garantizando la seguridad de suministro.

La propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte incluirá para cada una de las nuevas infraestructuras una memoria justificativa de su contribución a los principios definidos para la planificación, alternativas de desarrollo y las razones que avalan la opción elegida como óptima para el sistema eléctrico. De tal manera que ninguna instalación que no presente un análisis coste/beneficio positivo podrá llevarse a cabo.

El proceso de elaboración de la planificación de la red de trasporte de electricidad se define como un proceso en el que intervienen los sujetos interesados en el desarrollo de la red de transporte y la sociedad representada por las comunidades autónomas, estableciendo trámites para la participación de todos los posibles interesados. El PNIEC constituye la hoja de ruta hasta 2030 de la estrategia definida por la Comisión Europea en materia de energía y cambio climático, con el objetivo de conseguir una sociedad europea descarbonizada y con un suministro energético basado en su totalidad en las energías renovables en 2050.

La Fundación Renovables aplaude «el paso adelante» del Gobierno a favor de las renovables en su plan de transición energética

Europa Press.– La Fundación Renovables aplaude «el paso adelante» dado por el Gobierno a favor de las renovables al fijar un objetivo del 42% para 2030 en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 remitido a Bruselas.

La Fundación valora que el documento reconoce que es posible alcanzar en 2050 un modelo energético 100% renovable y destaca que marca que para 2030 un 74% de la generación de electricidad será con energías verdes. Asimismo, valora la propuesta en movilidad de alcanzar los 5 millones de vehículos eléctricos en 2030, así como la delimitación de acceso a los vehículos más emisores y contaminantes a las zonas centrales en las ciudades de más de 50.000 habitantes a partir de 2023. No obstante, la Fundación lamenta que el objetivo del 20% de reducción de emisiones sobre 1990 «es claramente insuficiente«.

Además, subraya que el PNIEC mantiene la estructura de consumo en origen y no apuesta por cambiar el modelo de demanda. «Actuar prioritariamente por el lado de la demanda y por su electrificación supone democratizar el sistema energético», añade la Fundación Renovables, que añora también «objetivos concretos» de generación a través de autoconsumo. La Fundación también lamenta que el documento no ponga una fecha de cierre para las centrales térmicas de carbón y que posponga 10 años el apagón nuclear, «que debería producirse cuando caduque la última licencia de explotación».

El Gobierno destinará 1.000 millones al impulso del vehículo eléctrico hasta 2025 para que alcancen los 5 millones en 2030

Europa Press.- El Gobierno lanzará un plan de impulso a la movilidad eléctrica con un importe total de 1.000 millones de euros entre 2021 y 2025, según las cifras recogidas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, que contempla que el parque español de vehículos eléctricos alcanzará 5 millones de unidades en 2030.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica señalaron que para impulsar el vehículo eléctrico en la movilidad sostenible el plan prevé dotar de unos 200 millones de euros anuales a este objetivo durante el periodo 2021-2025. De esta manera, en esos 5 años, en que se considera que es necesaria una mayor ayuda para su desarrollo, se destinarán un total de 1.000 millones de euros. El Ejecutivo estima que el número de vehículos eléctricos en el parque automovilístico español se disparará en el horizonte de 2030 hasta los 5 millones, según el PNIEC, que contempla medidas de apoyo para lograr este objetivo de movilidad sostenible.

El documento prevé que la presencia de las renovables en el sector de la movilidad-transporte alcanzará al final de la próxima década el 22% por medio de la electrificación, con esos 5 millones de turismos, furgonetas, autobuses y motos, en torno al 16% del parque móvil en 2030, y el uso de biocarburantes avanzados. Actualmente la presencia del vehículo eléctrico en el parque automovilístico apenas supera las 36.000 unidades. Estas cifras ambiciosas del Gobierno también chocan con las previsiones de otros sectores, como el petrolero, que augura para el vehículo eléctrico un millón de unidades en 2030, representando un 4-5% del parque total de automóviles.

El plan del actual Gobierno prevé que el sector de la movilidad y transporte reduzca sus emisiones en 28 millones de toneladas de CO2 equivalentes en el periodo 2021-2030. Para alcanzar ese periodo se apuesta por un cambio modal que, según las estimaciones, implicará que el 35% de los pasajeros-kilómetro que se cubren mediante vehículos convencionales de combustión sean realizados sin emisiones. A este respecto, el Ejecutivo prevé acompañar al sector automovilístico en el proceso de descarbonización durante la próxima década. De hecho, ya se trabaja en el Acuerdo Estratégico del Sector de la Automoción, que determinará la colaboración público privada para impulsar el sector.

En este sentido, también se ha fijado un Plan de Apoyo Integral al sector de la automoción 2019-2020 dotado con 562 millones de euros para fomentar acciones de movilidad sostenible y conectada. Además, para aprovechar las oportunidades que brinda la nueva movilidad para el sector del automóvil, el Gobierno trabajará para facilitar su adaptación a las nuevas tecnologías y a las demandas de los ciudadanos y se pondrán en marcha, junto con el Ministerio de Industria y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, como instrumentos de apoyo a la I+D+i en el área de la automoción, o un plan de acompañamiento al sector.

También se creará una Mesa de la Movilidad como órgano de reflexión y asesoramiento, con la participación de todos los agentes implicados. De forma paralela, el Gobierno elaborará una Estrategia de la Movilidad Sostenible, Intermodal y Conectada que dará respuesta a los retos derivados del previsible crecimiento de la movilidad en los próximos años, a la desigualdad a la hora de acceder a modos de transporte más limpios, a la innovación y transformación digital en el transporte, y a la necesidad de una mejor planificación y eficiencia de las inversiones destinadas a infraestructuras de transporte.

Además, el anteproyecto de Ley elaborado por el Ministerio, puesto que casi el 70% de las emisiones de CO2 se produce en las ciudades, insta a los municipios de más de 50.000 habitantes a fomentar la introducción de medidas de lucha contra el cambio climático, entre otras, la creación de zonas de bajas emisiones, no más tarde de 2023; la puesta en marcha de medidas para la mejora y uso de la red de transporte público y su progresiva electrificación.

Igualmente, el anteproyecto de Ley, manteniendo lo que figuraba en el borrador, recoge que, para facilitar el despliegue de los nuevos vehículos limpios, las grandes instalaciones de suministro de combustibles y carburantes a vehículos, aquellas que en el 2018 tengan un volumen agregado de ventas de gasolina y gasóleo superior o igual a 5 millones de litros, deberán contar con al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 22 kw.

A este respecto, fuentes de Transición Ecológica estiman que esta medida afectará a unas 1.000 estaciones de servicio localizadas en centros de población con gran actividad, que representan en torno al 9% de la actual red de gasolineras. En lo que respecta a la inversión, consideran que el coste de un punto de recarga de 22 kw asciende a unos 31.000 euros, por lo que el montante total de introducir, al menos un punto de recarga por gasolinera, será de unos 31 millones de euros.

También se prevé que el sector del transporte marítimo y puertos reduzca paulatinamente sus emisiones, con un objetivo de cero emisiones directas en los puertos de competencia del Estado para el 2050. Para ellos se promoverá, entre otras medidas, la articulación y consolidación de cadenas logísticas sostenibles con origen o destino en puertos, de forma que se reduzcan las emisiones.

El PP ve en el plan climático de Ribera un futuro con más paro, menos crecimiento y energía más cara

Europa Press.- Mientras la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno garantizará que los turismos y vehículos comerciales nuevos que se vendan en 2040 serán 0 emisiones, aunque el Ejecutivo evita hablar de prohibiciones, el PP entiende que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) elaborado por el Ministerio supone «un paso claro a la ralentización económica, a la futura generación de desempleo y, sin lugar a dudas, a un incremento de la factura eléctrica».

Así lo auguró el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Guillermo Mariscal, quien denuncia la ausencia de «negociación» para un plan «que afecta a más de una legislatura y, probablemente, a más de una generación». El dirigente popular cree que el Gobierno es «víctima de la politización de las tecnologías» y que, por ello, plantea «la desaparición» de una energía libre de emisiones, como la nuclear, lo que, a su juicio, «contraviene» lo defendido por la Unión Europea o la Agencia Internacional de la Energía, que «abogan por su mantenimiento como energía de respaldo«.

Asimismo, ha criticado que Ribera anticipe un abaratamiento de la energía y un fortalecimiento de la industria, cuando el Gobierno «ha colaborado activamente a la salida de Alcoa y que ha propiciado un ERE en Ferroatlántica«. «Hemos escuchado ensoñaciones y cantos de sirena. Tenemos una ministra que practica una suerte de realismo mágico, que obvia y olvida los números, las cifras y las propuestas creíbles. Nos encontramos humo», señaló, acusando a Ribera de «lanzar soflamas o propaganda electoral para conseguir votos» en las próximas elecciones.

«Un ejemplo más es lo que ocurre con el diésel. Siguen sin responder qué piensan hacer en 2040, si es cierto que deben de circular los coches diésel o de gasolina, o no. Ha cambiado de opinión ya dos veces«, indicó, subrayando que el comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, «la obligó a rectificar porque en Europa está prohibido prohibir tecnologías».

Ribera evita la palabra “prohibir”

El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética recoge que el Gobierno adoptará las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos y destinados a usos no comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones de modo que «no más tarde de 2040 sean vehículos con emisiones de 0 gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilómetro». Así, a partir de esa fecha no se podrán vender vehículos que emitan CO2.

«En el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, los objetivos de penetración de sistemas de movilidad descarbonizada, y parte electrificada, son importantes para 2030, pero no se incluye ningún tipo de prohibición», ha afirmado Ribera, que reivindicó que el borrador del PNIEC 2021-2030 recoge «palabra por palabra» lo que Arias Cañete propuso al Colegio de Comisarios. «Debemos garantizar que los vehículos ligeros sean 0 gramos de CO2 por kilómetro recorrido en 2040. Es muy difícil imaginar escenarios de descarbonización del sistema energético si no se presenta atención a la movilidad y creo que es importante acompañar a este proceso de transformación», ha defendido la titular para la Transición Ecológica.

Con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Ejecutivo pretende renovar «paulatinamente» el parque automovilístico con modelos de menores emisiones para «culminar» en 2050 con vehículos sin emisiones de CO2, así como definir un sistema de indicadores de impactos y adaptación al cambio climático. El Gobierno lanzará un plan de impulso a la movilidad eléctrica con un importe total de 1.000 millones de euros entre 2021 y 2025, según las cifras recogidas en el borrador del PNIEC, que contempla que el parque español de vehículos eléctricos alcanzará 5 millones de unidades en 2030.

El gas reclama su papel

Por su parte, la Asociación Española del Gas (Sedigas) ha destacado que el gas «es una energía de presente y futuro» que ayuda a conseguir las metas fijadas por el Gobierno en su PNIEC. Sedigas reclama así que el gas renovable «debe tener un papel prominente» en la matriz energética, ya que supone un sumidero de dióxido de carbono (CO2) que sirve para restar emisiones. Por ello, Sedigas valora «positivamente» la inclusión del gas renovable en el plan, por suponer una solución «realista y técnicamente viable» para lograr una mayor eficiencia energética en la edificación.

Por otra parte, el sector gasista sí echa en falta «un gran impulso sobre la movilidad a gas», al considerar que con el gas natural vehicular se pueden reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno en un 80% y casi la totalidad de las partículas sólidas y el azufre, además de disminuir los gases de efecto invernadero en un 20%.

Abogados ambientales piden el fin del carbón en España en 2025 para evitar 700 muertes prematuras al año

Europa Press.- El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) reclamó al Gobierno un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que establezca 2025 como fecha límite para el fin del carbón y que cuente con el debido proceso de participación pública. El IIDMA pide al Ejecutivo que el PNIEC 2021-2030 que España debe remitir a Bruselas antes de final de año debe ser «ambicioso» y «urgente» y ser sometido a una Evaluación Ambiental Estratégica y cumpla los requisitos de participación pública.

El colectivo recuerda que las emisiones de las centrales térmicas de carbón provocan más de 700 muertes prematuras al año en España y un coste económico sanitario derivado cuantificado entre 880 y 1.667 millones de euros. La directora del IIDMA, Ana Barreira, insiste en que la Evaluación Ambiental Estratégica requiere que el PNIEC de 2021 a 2030 cumpla con las obligaciones de evaluación y participación pública del Convenio de Aarhus, del que España es parte, porque de lo contrario el plan será contrario a derecho. En este contexto, reclama al Gobierno un compromiso público firme para el abandono del carbón.