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España remite a Bruselas las medidas adicionales de Madrid para mejorar la calidad del aire

Europa Press.- El Gobierno contestó a la Comisión Europea para remitir la documentación sobre las medidas que han puesto en marcha las administraciones competentes para mejorar la calidad del aire, según indicaron fuentes ministeriales, que precisaron que la Comisión Europea ya disponía de esta documentación que ahora se ha completado con las nuevas medidas que ha anunciado el Ayuntamiento de Madrid y con el compromiso de las administraciones competentes para agilizar todas las medidas puestas en marcha.

Respecto a las medidas propias del Gobierno, la Administración General del Estado, en función de sus competencias, ha indicado que remitirá el Plan Nacional de Calidad del Aire 2017-2019 (Plan Aire II), que se aprobó el 15 de diciembre de 2017 y que es la continuación del Plan Aire I, de 2013. El Plan Aire II cuenta con un presupuesto de 276 millones de euros e incluye 52 medidas agrupadas en ocho áreas (información, fiscalidad ambiental, movilidad, investigación, agricultura y ganadería, sector residencial, sector industrial y transporte). La Comisión Europea espera medidas encaminadas combatir la contaminación atmosférica que eviten una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Gobierno aprueba el Plan Aire II que incluye 52 medidas y una estimación económica de 276 millones de euros

Europa Press.- El Consejo de Ministros aprobó el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera (Plan Aire II), que incluye 52 medidas y que tendrá una dotación presupuestaria de 276 millones de euros para su cumplimiento durante sus dos años de vigencia, según anunció el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.

Méndez de Vigo ha recordado que el primer Plan Aire es de 2013 y ahora el nuevo plan estará en vigor durante dos años. En este sentido, ha definido el plan como un «marco de referencia de la Administración General del Estado» teniendo en cuenta que las competencias son de las comunidades autónomas y de los Ayuntamientos. Eso sí, precisó que la Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera habilita al Gobierno, en el ámbito de sus competencias, a aprobar los planes y programas de ámbito estatal necesarios para prevenir y reducir la contaminación atmosférica y sus efectos transfronterizos, así como para minimizar sus impactos negativos.

Méndez de Vigo ha dicho que el objetivo del plan, en el que están involucrados la mayor parte de los Ministerios, busca garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de calidad del aire en todos los ámbitos (nacional, europeo e internacional); reducir las emisiones a la atmósfera de aquellos contaminantes más relevantes y con mayor impacto sobre la salud y los ecosistemas; mejorar la información disponible sobre la calidad del aire y fomentar la concienciación de la ciudadanía para la prevención y abordar a nivel nacional las superaciones del valor objetivo para la protección de la salud de los niveles de ozono troposférico que se producen en muchas ciudades.

Entre las principales medidas destacan, en el sector residencial, la puesta en marcha de incentivos económicos para mejorar la eficiencia energética de los edificios, con un presupuesto de 200 millones de euros. En el sector del transporte, el establecimiento de ayudas que permitan la renovación del parque automovilístico y el fomento de los vehículos de energías alternativas y menos contaminantes, con un presupuesto de 50 millones de euros; o un programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en el sector ferroviario, con un presupuesto de 13 millones de euros.

APP sobre calidad del aire

En total el plan contempla 52 medidas de las que 15 son responsabilidad del MAPAMA y, entre estas, destacan la adopción de un índice de calidad del aire a nivel nacional, homogéneo y comprensible, que elaborará el Ministerio de forma consensuada con las administraciones competentes en materia de calidad del aire (comunidades autónomas y entidades locales) para mejorar la información sobre la calidad del aire.

También se elaborará un protocolo marco en casos de episodios de alta contaminación para compartir índices y escenarios con las administraciones competentes (comunidades autónomas y entidades locales). Se trata, según el ministro, de un marco general común para la mejor comprensión de los españoles cuando se produzcan sucesos de contaminación atmosférica, independientemente del lugar del país en el que se produzcan. En este marco, el plan incluye el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles que permita la difusión en tiempo real de datos de calidad del aire almacenados en la Base de Datos de Calidad del Aire del Ministerio.

La estimación económica de 276 millones de euros está, según el ministro portavoz, «en línea con los acuerdos» de la cumbre de París sobre cambio climático y con «el compromiso» del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En ese contexto, explicó que el presidente ha participado en la cumbre One Planet Summit celebrada para dar un impulso al Acuerdo de París, que establece compromisos de reducción de emisiones, de aumento de renovables y eficiencia energética. Para Méndez de Vigo, esta cumbre demuestra que existe una coordinación para cumplir con estos acuerdos y un marco político de cooperación reforzada público-privada y con las grandes entidades y fondos de inversión para reducir al máximo las emisiones a la hora de planificar las inversiones.

Asimismo, ha destacado que las 100 empresas más contaminantes del mundo de los sectores de la energía y el transporte se han comprometido a reducir sus emisiones de carbono. «La mejora de estas variables en la valoración de la empresa será tan importante que los fondos podrán llegar a retirar su inversión en las sociedades que incumplan sus compromisos», advirtió.

Finalmente, recordó que el presidente anunció en París una cumbre de interconexiones eléctricas organizada por Francia, España, Portugal y la Comisión Europea y que tendrá lugar en Lisboa en 2018 y ha añadido que anunció la Ley de cambio climático y de transición energética que también se aprobará en 2018 para sentar las bases de una transición ordenada y eficiente que permitirá cumplir los compromisos.