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Podemos promete un plan para reducir en un 50% la factura eléctrica y el 90% de las emisiones en 2040

Europa Press.- Podemos ha anunciado un Plan Horizonte Verde, que forma parte de su programa electoral para las elecciones del 28 de abril, y con el que pretenden reducir la factura de la luz al 50%, una media de 400 euros por hogar, y disminuir en un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2040.

En este sentido, los portavoces de la formación morada, Noelia Vera y Pablo Echenique, han señalado que este Plan se basa en la proposición de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que el grupo parlamentario de Unidos Podemos presentó en el Congreso en julio de 2018. Su propuesta, según han indicado, tiene como objetivo fundamental «una transformación masiva» del sistema productivo. Echenique ha indicado, en este sentido, que quieren «reducir la producción eléctrica basada en combustibles fósiles a la mitad en una década y alcanzar el 100% de producción de energías renovables en 2040». Además, esta iniciativa incluye también un plan de rehabilitación de edificios para la eficiencia energética.

Inversión del 2,5% del PIB

Otro de los objetivos es reducir las emisiones en un 50% en 2030 y lograr llegar al 90% en 2040, respecto a las emisiones actuales. «Un ritmo que está incluso por encima de lo que en este momento está pidiendo el IPCC para estabilizar la temperatura del planeta, lo cual situaría a España en el lugar que se merece a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático y las tecnologías renovables», expone Echenique.

Para la puesta en marcha de estas medidas, explica la formación, se requerirá de una «movilización sin precedentes» de todas las energías productivas e intelectuales del país mediante una inversión público-privada anual en el entorno del 2,5% del PIB español. Según reivindicó Echenique, «este nuevo modelo creará cientos de empleos de calidad, aumentará innovación, recuperará el talento migrado e iniciará una senda para competir por arriba en industria de valor añadido para competir con países como Alemania o Japón y no competir en precariedad laboral».

Protermosolar afirma que en 2030 las renovables podrían aportar el 84% de la generación eléctrica

Europa Press.- Protermosolar asegura que en 2030, según el mix propuesto por la patronal de la industria solar termoeléctrica, la contribución de las energías renovables a la generación eléctrica podría alcanzar el 84% a un coste por debajo de 50 euros por megavatio/hora, según su estudio Transición del Sector Eléctrico: Horizonte 2030. Además, esta elevada contribución de las renovables a la generación de electricidad que plantea Protermosolar permitiría alcanzar el objetivo del 35% de consumo de energías renovables en 2030, cumpliendo con las metas propuestas por Bruselas.

El reparto equilibrado de la potencia solar entre energía fotovoltaica y termosolar es la clave del mix propuesto en el informe. Para ello, la patronal recomienda planificar con perfiles de despacho diferenciados a las tecnologías renovables, apostando por su complementariedad estacional y horaria, al tiempo que se prescinde del carbón, las nucleares y parte del parque actual de ciclos combinados.

Estas conclusiones, con datos de 2018, son coincidentes con las que había presentado Protermosolar con la serie histórica hasta 2017, a pesar de que el pasado año fue el peor año meteorológicamente hablando para la energía solar. La patronal defiende que las centrales termosolares aportan otro conjunto de ventajas adicionales para la economía, como el incremento de PIB, del empleo y de la convergencia regional, contribuyendo además a una transición energética «justa», gracias al suministro de componentes, equipos y servicios desde Asturias, País Vasco, o Cataluña al sur del país.

El mix que propone Protermosolar pretende ser una «respuesta sólida» frente al reto de la transición energética. Para la patronal, una de las líneas básicas de actuación para alcanzar dicho objetivo pasa por que la energía fotovoltaica sea la tecnología que experimente un crecimiento exponencial y que, a medida que se vayan cerrando las centrales convencionales, las termosolares tomen el relevo, acompañadas por un crecimiento más constante de la potencia eólica y de biomasa. No obstante, aunque su papel no sería esencial hasta pasados unos años, la patronal asegura que deberían establecerse subastas específicas de algunos cientos de megavatios termosolares.

Abogados ambientales resaltan que el carbón solo supone el 2,9% de la producción minera y el 0,007% del PIB nacional

Europa Press.- La industria carbonífera en España ha pasado de extraer más de 30 millones de toneladas de carbón en 1993 a menos de 3 millones en 2017, con un valor de producción de 83 millones de euros, algo que solo supone un 2,9% del sector minero en su conjunto y únicamente un 0,007% del PIB nacional.

Así se desprende del análisis realizado por el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), que también refleja la disminución «drástica» del número de trabajadores en esta industria, que ha pasado de 30.000 en 1994 a poco más de 2.000 en octubre. El número de explotaciones también ha descendido de forma paralela. Si a principios de los años 90 contaba con 146 explotaciones de carbón, a finales de 2017 solo 12 quedaban abiertas, 8 de ellas situadas en Asturias, 2 en Castilla y León, y otras 2 en Aragón.

En medio de este panorama, la industria ha rebasado la fecha límite marcada por la Unión Europea para el fin de las ayudas a las minas de carbón en el marco del plan de cierre de las explotaciones, un proceso empezado hace casi 3 décadas. Para la directora del IIDMA, Ana Barreira, el sector del carbón está «en claro declive y tiene un papel residual dentro de la economía española», por lo que ve «inevitable» su fin, no solo en España, sino en todo el continente, ya que la norma europea prevé el cierre de todas las minas no competitivas.

Por ello, la prioridad ahora, según explica Barreira, es lograr que la transición de las cuencas mineras sea «ordenado y progresivo» y se apoye en un marco legal «adecuado» que garantice una transición «justa» para todos los trabajadores y comunidades afectadas». Entre las dificultades encontradas para alcanzar esta transición se encuentran «el monocultivo industrial, la ausencia de sectores alternativos, la despoblación y envejecimiento, la identidad minera de la población y un personal con baja formación».

Según comenta el ingeniero medioambiental del IIDMA, Massimiliano Patierno, la implementación de actividades económicas alternativas no deslocalizables, así como la planificación, la cooperación entre actores, la participación de la sociedad civil y el fomento de una formación profesional específica son algunos de los elementos «fundamentales» para que esta transición se realice con buenos resultados. La reconversión económica de las regiones mineras, tomando como ejemplo algunos casos de éxito registrados en otros países como Francia o Inglaterra, pasa por los sectores verdes y la economía circular, el ocio, la cultura y el I+D+i, de forma que se canalice el turismo mediante la creación de áreas recreativas o reconvirtiendo el patrimonio minero.

La eólica aportó 16.379 millones de euros al PIB y ahorró 21.807 millones al sistema eléctrico entre 2012 y 2017

Europa Press.- El sector eólico aportó un total de 16.379 millones de euros entre 2012 y 2017 a la economía española y ahorró 21.807 millones de euros al sistema eléctrico en ese periodo, según el Estudio Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España elaborado por Deloitte para la Asociación Empresarial Eólica (AEE). En este sentido, la presidenta de AEE, Rocío Sicre, destacó que pocos sectores de la economía pueden estar «tan orgullosos de su adaptación al cambio como el sector eólico».

En 2017, el sector eólico aumentó su contribución al PIB de España hasta los 3.394 millones de euros, representando un 0,31%, frente al 0,25% que suponía en 2015. Este crecimiento del sector se debió, principalmente, a su enfoque en la exportación de la mayor parte de su producción, a la prestación de servicios de operación y mantenimiento y al suministro de repuestos a los parques eólicos existentes en España. Así, las exportaciones del sector eólico el año pasado ascendieron a 2.391 millones de euros, frente a unas importaciones de 890,5 millones de euros, lo que hizo que las exportaciones netas supusieran 1.500,4 millones de euros, un 65% de la contribución directa al PIB del sector.

En lo que respecta al empleo, las empresas eólicas empleaban en 2017 a 22.578 personas, lejos de los máximos de más de 41.000 empleados que se alcanzó en 2008, pero confirmando la recuperación frente a los 20.201 a los que cayó en 2016. Además, el uso de potencia eólica en lugar de combustibles fósiles supuso ahorros para el sistema valorados en 21.807 millones de euros en el periodo 2012-2017, debido a la reducción en el precio del pool del mercado eléctrico. De esta manera, para un consumidor medio residencial, con un consumo de 4.000 kilovatios hora (kWh) anuales, el ahorro fue de 351 euros en su factura de la luz.

En lo que respecta a impuestos y tributos, el sector abonó en los últimos seis años un total de 2.774 millones de euros, de los cuales 1.097 millones de euros se corresponden con 2016 y 2017. En el caso de los productores eólicos, por cada 1.000 euros de ingresos, 160 euros se dedican a pagos de impuestos y tributos, mientras que 137 euros se generan como beneficio neto después de impuestos. Así, los tributos suponen más del doble que los gastos de personal, superando sólo el impuesto del 7% sobre la generación la partida destinada a remunerar a los empleados.

A finales de 2017, España contaba con 23.092 megavatios (MW) y la generación eólica en ese año fue de 47.628 gigavatios hora (GWh), lo que supone una cobertura de la demanda del 18%. Por otra parte, Sicre destacó que, tras las tres subastas celebradas en 2016 y 2017, el sector tiene por delante el compromiso de instalar 4.600 MW en la Península Ibérica, más el cupo canario a 2020, un objetivo «ambicioso» pero que el sector «no ha enviado señal alguna de que esta potencia no se vaya a poder instalar«. No obstante, subrayó que para hacer posible ese «crecimiento lineal, sin parones y acelerones», el sector necesita el respaldo en materia administrativa y regulatoria.

Así, pidió un marco regulatorio estable, «con consenso político y que perdure», además de una visibilidad a largo plazo «para generar confianza, atraer a los inversores y tomar decisiones industriales» y de la formulación de un sistema adecuado que «garantice la rentabilidad razonable y perdure durante la vida útil de las instalaciones«. También consideró necesario un sistema de subastas «bien diseñado», con un calendario como el de países del entorno, así como unas reglas que incentiven la repotenciación de los parques eólicos más antiguos y situados en los emplazamientos con mejor recurso y una regulación que permita extender la vida útil de los parques en las condiciones más óptimas posibles.

Con los objetivos que prevé el borrador del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética para 2030, con un horizonte de un 70% de electricidad renovable y un 35% de renovables en energía final, el sector prevé una media de crecimiento anual para la eólica de 1.700 MW hasta 2020 y como mínimo de 1.200 MW desde 2020 a 2030. «Estas cifras de incremento de la eólica en España para los próximos años ofrecen una visión objetiva del papel que esta tecnología tendrá en el futuro», añadió Sicre.

155 millones de toneladas evitadas

Por otro lado, la sustitución de producción de electricidad a partir de combustibles fósiles por energía eólica durante 2017 contribuyó a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en 25 millones de toneladas de CO2, según Sicre, que ha añadido que esta sustitución de electricidad de origen fósil por eólica evitó además la importación de 9,2 millones de toneladas de petróleo en ese año.

El estudio señala también que la eólica en España ha evitado la emisión a la atmósfera de 155 millones de toneladas de CO2 entre 2012 y 2017, de las que 50 millones se evitaron entre 2016 y 2017. En total, desde el 2000 hasta 2017 la eólica ha evitado la emisión a la atmósfera de 328 millones de toneladas de CO2, de los que 25 millones se evitaron en 2017. Asimismo, el análisis compara los «beneficios ambientales» de la eólica respecto del carbón e indica que durante 2017 las emisiones que permitió reducir la energía eólica equivalen al 58% del total de emisiones que generaron las centrales térmicas de carbón.

En total, las emisiones evitadas desde el 2000 hasta 2017 por el sector alcanzaron las 328 millones de toneladas de CO2 equivalente, un volumen superior a todas las emisiones de España durante 2016, cuando se lanzaron a la atmósfera 325 millones de toneladas de CO2. Es decir, que el parque eólico ha ahorrado el equivalente a un año de emisiones de gases de efecto invernadero.

En cuanto al volumen de importación de combustible fósil que se ha evitado mediante la energía eólica, el informe para la organización que representa al sector eólico señala que solo en 2017 se evitó la importación de 57 millones de toneladas equivalentes de petróleo, y 113 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Este volumen ha supuesto un ahorro estimado de unos 2.554 millones de euros.

Bruselas quiere eliminar las emisiones en 2050 con un mix de fuentes renovables apoyado por un 15% de energía nuclear

Europa Press.- La Comisión Europea se fijó el objetivo de eliminar las emisiones de gases invernadero para 2050, un escenario que requerirá «inversiones adicionales significativas» en todos los sectores de la economía, pero supondrá una «profunda transformación» que implicará numerosos efectos «positivos».

El Ejecutivo comunitario ha adoptado su estrategia climática a largo plazo ante la COP24 de Katowice (Polonia). El objetivo del documento es confirmar el compromiso del bloque comunitario para «liderar» la acción climática global y presentar una «visión» que pueda ayudar a conseguir unas emisiones netas de gases invernadero nulas mediante una transición «socialmente justa» y eficiente. «El status quo no es una opción», defiende Bruselas, que identifica las oportunidades que la transición ofrece a los ciudadanos y la economía europea y los retos que supone. El documento, sin embargo, no incluye nuevas políticas y no es una propuesta legislativa.

La Unión Europea se comprometió en el Acuerdo de París a reducir un 40% sus emisiones contaminantes en 2030 en comparación con los niveles registrados en 2030. Bruselas calcula que esta cifra llegará al 45% cuando toda la legislación esté completamente vigente y estima que avanzará hasta el 60% a mitad de siglo. «Esto, sin embargo, no es suficiente para que la Unión Europea contribuya a los objetivos del Acuerdo de París«, apunta la Comisión.

En este sentido, Bruselas otorga «un papel central» a la energía en la transición hacia una economía libre de emisiones contaminantes, puesto que aglutina más del 75%, pero añade que también requerirá avances en sectores como el transporte, la agricultura, los edificios y la industria. También podrá «acelerarse» con progresos en digitalización, inteligencia artificial y biotecnología. Igualmente exigirá, advierte Bruselas, cooperación «en diferentes niveles» entre regiones y Estados, con la meta de «maximizar las sinergias» y poner en común recursos y conocimientos. «Los países deberían actuar juntos para proteger a sus ciudadanos del cambio climático», recomienda la Comisión Europea en el documento, en el que expone 8 líneas de actuación.

En primer lugar, insta a «maximizar» el despliegue de energías renovables para «descarbonizar» completamente el suministro de energía en Europa. Según sus cálculos, en 2050 más del 80% de la electricidad provendrá de fuentes renovables, que junto con una cuota de energía nuclear del 15%, será la «columna vertebral» de una economía libre de combustibles fósiles. La eficiencia energética asumirá también un papel importante en la senda hacia una economía libre de emisiones en 2050, momento en el que Bruselas prevé que el consumo energético sea la mitad que el registrado en 2005 potenciando el ahorro energético de los edificios, responsables del 40% del consumo.

De la misma forma, Bruselas subraya que «todos los medios de transporte» tendrán que contribuir a la descarbonización del sector para hacerlo más limpio, seguro y conectado. Esto supone, avanzar en una movilidad multimodal, eficiente e innovadora tanto para pasajeros para el transporte tanto de pasajeros como de mercancías. La Comisión Europea también resalta la importancia de desplegar una red «inteligente» de infraestructuras e interconexiones energéticas en Europa, así como por desarrollar una economía circular «competitiva», aprovechar los beneficios de la bioecononía y acabar con las emisiones residuales de CO2 mediante su absorción y almacenamiento.

La estrategia climática a largo plazo de la Unión Europea defiende que la modernización y descarbonización de la economía comunitaria dará un impulso «significativo» a la inversión para alcanzar hasta los 575 millones anuales. «En general, los efectos económicos de la profunda transformación son positivos a pesar de las importantes inversiones adicionales que se requieren en todos los sectores de nuestra economía», apunta el texto. En este ámbito, el documento remarca que una trayectoria compatible con un escenario libre de emisiones contaminantes tendría «un impacto positivo moderado» sobre el PIB europeo que estima en hasta el 2% para 2050, en comparación con el escenario base.

Además, el despegue de la inversión en la transformación energética, economía circular, movilidad limpia, infraestructuras verdes y bioeconomía creará «nuevas oportunidades de nuevos empleos, locales y de alta calidad». Más allá de los beneficios económicos, la descarbonización de la economía europea reducirá casi a la mitad las muertes prematuras por contaminación del aire. En la actualidad, fallecen en la Unión Europea casi 500.000 personas al año por estas causas, relacionadas con los combustibles fósiles, los procesos industriales y la agricultura, las principales fuentes de contaminación.

Acción climática “aplazada a 2030”

Amigos de la Tierra lamenta que la Estrategia de Clima de la Unión Europea para una Economía cero emisiones próspera, moderna, competitiva aplace la acción climática al periodo 2030-2050 sin aumentar la ambición entre 2020 y 2030. En este sentido, la ONG critica que no se plantee revisar los objetivos para la próxima década, 2020-2030, sino que posterga hasta 2030-2050 «toda la acción necesaria» para llegar a un horizonte libre de emisiones. Además, lamenta que en el documento se plantean 8 escenarios pero de estos, solamente 2 contemplan un futuro libre de emisiones en 2050. La ONG advierte de que para estar en línea con la ciencia del clima, ese objetivo será necesario en 2040.

Entre los aspectos positivos, celebra que incluya términos como «energía comunitaria», «empoderamiento ciudadano» o «transición justa». Por el contrario, cuestiona que el texto promueva lo que la ONG califica de «distracciones peligrosas» que no permiten avanzar hacia un futuro 100% renovable ya que considera necesarias tecnologías «no probadas o peligrosas» como la del hidrógeno, el biogás, la nuclear o la captura de carbono. Igualmente la ONG ve «muy grave» que ninguno de los escenarios contempla un mix sin aportación de carbón ya que es el combustible fósil que más perjudica al clima y la salud.

«Sabemos que la COP24 será complicada, y la Comisión ha querido arrojar algo de luz al proceso, no obstante se queda corta en objetivos y posterga las decisiones importantes», comenta Héctor de Prado, responsable de clima y energía de Amigos de la Tierra. Por ello, Amigos de la Tierra exige a la Comisión Europea y a los Gobiernos europeos una revisión de los acuerdos para 2030 y que apueste de forma decidida para alcanzar un sistema 100% renovable para 2040 basado en la eficiencia, el ahorro, las renovables, y la transferencia de conocimientos y financiación a los países en desarrollo.

La OCDE insta a mover las economías hacia una senda baja en carbono para cumplir con el Acuerdo de París

Europa Press.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha advertido a los países de que es necesario que respeten sus compromisos climáticos al tiempo que los riesgos crecen y afea que, 3 años después de sus promesas en la Cumbre del Clima de París, una «aplastante mayoría» de Gobiernos no han tomado las acciones necesarias para contener el aumento de los riesgos climáticos.

Por ello, en un contexto de nuevo crecimiento de emisiones, la OCDE urge a sus 42 miembros que necesitan más seriedad para abordar la cuestión y dirigir a sus países a un modelo bajo en carbono y dejar de invertir en infraestructuras intensivas en carbón. Así lo recomienda la OCDE en el documento de la OCDE Financing Climate Futures: Rethinking Infraestructure. El estudio denuncia que solamente 9 de los 180 países firmantes del Acuerdo del Clima de París se han comprometido con la estrategia baja en carbono de largo plazo para 2050 de la ONU.

Sin embargo, se siguen gastando más de 424 billones de euros anuales en subsidios al petróleo, al carbón o al gas y la mayoría no han roto su dependencia presupuestaria de los ingresos procedentes de los combustibles fósiles. Además, el documento también denuncia que los Gobiernos están fallando a la hora de hacer un suficiente uso del gasto público como palanca para descarbonizar sus economías mediante la inversión en infraestructuras bajas en emisiones e innovación.

«Después de todos los compromisos de París y a pesar de tener en la mano todas las herramientas que se necesitan para avanzar, esta inercia nos pone en el riesgo de perder la guerra contra el cambio climático», alerta el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría. Por ello, insiste en que los Gobiernos necesitan implantar sus compromisos por completo y entonces aumentar la acción.

Para alcanzar el objetivo de temperatura de París, las emisiones globales de CO2 necesitan dejar de crecer tan pronto como sea posible y desde ahí iniciar un rápido declive hasta llegar prácticamente a cero durante la segunda mitad de este siglo. La OCDE valora que se han producido algunos progresos en materia de financiación verde, por ejemplo el mercado de bonos verdes, que se ha inflado en un 1.000% en los cinco años antes de 2017 y la transparencia sobre los riesgos climáticos está mejorando.

El informe sugiere también vías para atraer mayores flujos financieros, públicos y privados, a alinearse con los objetivos de París y en particular con la financiación de infraestructuras. El estudio cree que debería hacerse a través de una mejor planificación y previsión, mediante la integración de la preocupación climática en las decisiones presupuestarias y dar ventaja a la compra pública de infraestructuras bajas en emisiones.

El análisis de la OCDE muestra asimismo como el cambio hacia inversiones en infraestructuras hacia opciones bajas en carbono combinadas con reformas estructurales para apoyar esta transición podría en la actualidad aumentar el Producto Interior Bruto como mucho un 5% en 2050, más que situarse como una amenaza para el crecimiento económico. Esta conclusión incluye también los efectos de tener menor riesgo de daños a consecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, ya que el coste de impulsar las infraestrucutras verdes frente a otras podría ser mayor que el balance por los ahorros de combustibles fósiles.

Todavía se ha hecho poco por los gobiernos para nivelar el campo de juego entre las alternativas altas o bajas en carbono, según la OCDE, que pone de ejemplo que las centrales eléctricas que están en la actualidad bajo construcción o en la planificación conducirán casi a duplicar las emisiones procedentes de la generación eléctrica actual. Por ello, la organización admite que todavía son débiles los incentivos para hacer el cambio hacia la energía e infraestructuras verdes y desincentivar las emisiones en todos los sectores.

El análisis de precios de carbono de la OCDE se basa en los impuestos y las emisiones transferibles, que permiten a 42 países que el 46% de las emisiones globales de CO2 no están sujetas a precio y solo el 12% de las emisiones globales de CO2 tienen un precio por encima del coste real estimado para el medio ambiente, que se sitúa en 30 euros por tonelada de CO2. Entiende la organización que con el ritmo de crecimiento anual del precio de las emisiones, los precios del carbón solo llegarán a sus costes reales para el clima en 2095.

El sector fotovoltaico contribuyó con 2.250 millones de euros al PIB en 2017 y UNEF propone redefinir el mercado eléctrico

EFE / Europa Press.– La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera que se debe redefinir el actual modelo de mercado eléctrico y reformar la tarifa eléctrica para que en ella tenga cada vez mayor peso el coste variable de la energía. Según un estudio de un grupo de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), el sector fotovoltaico tuvo en 2017 una contribución directa al PIB de 2.250 millones de euros, lo que representó un 0,2% del total, un 4,45% más que en 2017.

El saldo exportador neto del sector en 2017 ascendió a 404 millones, de los que más del 60% correspondió a ingenierías e instaladores (247 millones) y un 18% a fabricantes (73,4 millones). El sector fotovoltaico en España lo constituyen más de 70 empresas con actividad en 72 países y su gasto en I+D+i en 2017 se incrementó en un 2,5% con respecto a los 60 millones que invirtió en 2016, lo que supone un 1,6% de su facturación, una cifra muy por encima del 0,89% de media en este tipo de inversión en el país.

En cuanto a su incidencia en el empleo, el sector representaba el 0,09% del total del país, con 19.057 empleos, de ellos 6.102 de forma directa y el resto de forma indirecta o inducidos. Más del 10% de los trabajadores del sector son titulados superiores, medios o con Formación Profesional, y con empleos caracterizados por ser de calidad y estables.

En materia fiscal, la aportación neta del sector fue de 550 millones de euros en 2016 y algo menos, 540 millones, en 2017, cantidades de las que el 60% fueron aportadas a través del Impuesto de Sociedades y el de la Electricidad. Por otra parte, las primas a la fotovoltaica ascendieron a 2.436 millones de euros en 2016 y a 2.496 millones en 2017. El sector fotovoltaico también reduce la dependencia energética y, según el estudio, en 2016 evitó la importación de 258 millones de euros en gas y de 304 millones en 2017. En cuanto a su incidencia medioambiental, en 2016 la energía fotovoltaica evitó la emisión de 3.504 kilotoneladas de CO2 y el año pasado de 3.631 kilotoneladas.

Reformar mercado eléctrico y tarifa

Por su parte, el director general de UNEF, José Donoso, asegura que la principal barrera que se encuentra el sector fotovoltaico es que quiere ir al mercado, pero que éste está definido para otras tecnologías, pues se diseñó en los años 80, cuando a nadie se le pasaba por la imaginación que iba a haber tecnologías renovables, sin costes variables, que iban a ser preponderantes en el mercado. Por eso, UNEF cree que hay que redefinir el modelo de mercado y adecuarlo a las tecnologías que van a ser las dominantes en el futuro, pues, según ha apuntado Donoso, es absurdo tener un mercado que no tiene en cuenta las tecnologías que se quiere que en un futuro sean mayoritarias.

Por eso, cree que hay que diseñar un nuevo sistema de mercado en el que se compatibilice el modelo marginalista (por el que el precio en el pool para cada hora lo marca la central más cara que entra al cruzarse oferta y demanda) con contratos con diferencias para las renovables, o bien hacer un modelo nuevo. Donoso descarta volver a un modelo de primas y subvenciones para ir al mercado e «independizarse» del riesgo regulatorio, aunque de manera adecuada.

En cuanto a la tarifa eléctrica, Donoso considera que hay que incrementar el componente variable, que ahora es sólo un 35% de la tarifa regulada, para desincentivar un excesivo uso de la energía y que el que más consuma más pague. Además, ha señalado que para bajar el precio de la electricidad sería urgente eliminar las barreras al autoconsumo, si bien ha afirmado que la subida de precios, con la luz por encima de los 70 euros el megavatio hora en el mercado mayorista, no es estructural. En este sentido, ha vaticinado que habrá volatilidad en el mercado, al tiempo que ha apuntado que, según se introduzca más energía renovable en el sistema eléctrico, el precio de la electricidad bajará.

Por otra parte, UNEF ha pedido al Gobierno acabar con la imagen de incertidumbre jurídica, pero no una marcha atrás en los recortes que practicó el PP en la retribución al sector, sino que «se dejen las cosas como están», ha recalcado Donoso. En este sentido, ha pedido que no se revise la rentabilidad que perciben las instalaciones, como pretendía el Gobierno anterior, y que las que hay sigan cobrando lo mismo hasta el final de su vida regulatoria prevista.

Además, ha pedido la eliminación de las cargas y peajes sobre la energía autoconsumida, la simplificación, certidumbre administrativa y regulación del autoconsumo colectivo, y la convocatoria de nuevas subastas en Canarias e Islas Baleares. En este sentido, la asociación, que representa a más del 85% del sector, solicita también la creación de una Ley de Transición Ecológica y Cambio Climático en línea con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París, una nueva fiscalidad ambiental y la reestructuración de la tarifa eléctrica, entre otras demandas.

UNEF también reclama que se simplifiquen las condiciones de acceso y conexión a la red, eliminando herencias del pasado diseñadas para otros momentos. Donoso ha indicado que en el autoconsumo estiman un crecimiento 200 a 300 megavatios (MW) de potencia instalada al año, cifra que supone duplicar lo que hay ahora. Respecto a la potencia obtenida por la fotovoltaica en las subastas, 3.900 MW, UNEF cree que se construirán todos, aunque reconoce que están habiendo problemas en la tramitación medioambiental porque las comunidades tienen pocos recursos para el «aluvión» de proyectos que les están llegando.

La instalación de potencia fotovoltaica en España marcó en 2017 su mayor nivel de los últimos cinco años, al alcanzar 135 megavatios (MW) instalados, un 145% más frente a los 55 MW en 2016. Este dato posiciona a España en el quinto puesto europeo con mayor potencia fotovoltaica instalada con 5,6 GW instalados, un 4,9% del total de Europa, después de Alemania (42 GW), Italia (19,7 GW), Reino Unido (12,7 GW) y Francia (8 GW). En estos momentos, hay 30 gigavatios (GW) de potencia solar en tramitación en España, de la que se espera que un alto porcentaje se traduzca en instalaciones en próximos años.

Por su parte, en el conjunto de Europa, el año pasado se agregaron 9,2 GW, lo que supone un aumento del 30% en comparación con los 7 GW instalados un año atrás, impulsado, principalmente, por el crecimiento de Turquía, Sin embargo, en Reino Unido se efectuaron «importantes» recortes de instalación en potencia fotovoltaica, al añadir tan solo la mitad de lo instalado en 2016, aunque sigue siendo el único país, junto con Francia y Holanda, que agregó más de 500 MW a su parque fotovoltaico.

La patronal Protermosolar pide una subasta específica para hacer plantas termosolares y acabar con las nucleares y las térmicas

Europa Press / EFE.- La patronal de la industria termosolar Protermosolar reclama la convocatoria de subastas de 1.000 megavatios (MW) para relanzar la instalación de nuevas centrales termosolares, ya que permitirían prescindir de las nucleares y el carbón y a un precio menor que los barajados en varios estudios. En este sentido, proyecta un escenario de sistema eléctrico para 2030 con un 85,6% de generación renovable y a un coste de menos de 5 céntimos de euro por kilovatio/hora (kWh).

El presidente de Protermosolar, Luis Crespo, presentó el informe Transición del Sector Eléctrico Horizonte 2030, en el que han reflejado el efecto que tendría para cumplir los objetivos medioambientales de 2030 la introducción de más energía termosolar, una fuente que considera que ha sido olvidada en otros informes que se hacen sobre transición energética, incluido el del Comité de Expertos para la Ley de Transición Energética y Cambio Climático (CdE). De hecho, el porcentaje de generación renovable proyectado por la asociación supera ampliamente el 62,1% sugerido por la CdE, con una reducción del 82% de vertidos (hasta los 830 GWh) y del 60% de emisiones de CO2 (hasta los 4,99 millones de toneladas) respecto a lo propuesto por dicha comisión.

Crespo ha explicado que las instalaciones termosolares tiene la ventaja de que pueden recoger la energía del sol, almacenarla y entregarla cuando se necesite, y que las centrales termosolares del futuro se podrían hacer más grandes para que tuvieran 9 horas de almacenamiento y que el despacho de la energía se hiciera a partir del que el sol se pone.

Según Crespo, habría que hacer otro tipo de subastas, pues las subastas neutras comparando exclusivamente costes de generación no entienden de ese tipo de diferencias, por lo que Promotermosolar pide que se haga una subasta de 1.000 MW con el perfil de despacho descrito y otra de 100 MW para demostrar el concepto de hibridación con turbinas de gas de ciclo abierto. En el informe de Protermosolar, los47 gigavatios (GW) de energía fotovoltaica que contempla el Comité de Expertos de Transición Energética para 2030 se reparten en un mix (diferentes fuentes de energía) en el que habría 25 GW de energía fotovoltaica y 20 GW de termosolar. Se contemplan 33 GW de eólica y 5 GW de otras renovables.

Además, Protermosolar reduce de 25 GW que fija el informe de los expertos a 16 GW la representación de los ciclos combinados a gas en el mix de 2030 y elimina totalmente la nuclear y el carbón para atender a la misma demanda prevista que contempla para esa fecha el comité de expertos, que es de 296 teravatios hora (TWh). Según Crespo, ese mix desmonta toda la necesidad de respaldo a las renovables que contempló la Comisión de Expertos en su informe, pues con el despacho de termosolar a partir de la puesta de sol se abastece la misma demanda. Asimismo, las energías renovables alcanzarían una penetración en la demanda energética del 34%, cumpliendo los objetivos de la Unión Europea.

Protermosolar también contempla importar algo de energía, un 4,5% del mix aproximadamente, porque eso es más barato que generar con ciclos combinados y su presidente ha recordado que en cuatro años sólo se han necesitado 16 gigavatios (GW) de potencia máxima de respaldo de ciclos combinados y en momentos muy puntuales. Además, ha recordado que se han pagado 10.000 millones de euros por contratos de interrumpibilidad que no se han utilizado y «eso es también déficit y no sólo las renovables». También ha explicado que el coste sería inferior, pues si se hicieran entre 17 y 18 gigavatios (GW) de termosolar en España el precio sería de 5,5 céntimos de euro el kilovatio hora (KWh).

Crespo ha pedido al nuevo Gobierno que estabilice la retribución de las instalaciones actuales en el 7,4% que perciben, frente a la «amenaza» del anterior Ejecutivo que quería revisarla para rebajarla al 4,2% «ya que no se puede construir el futuro sobre las cenizas del sector», señala. También calificó de «pesadilla» lo vivido con el Gobierno anterior, primero con la moratoria a las renovables y luego con la modificación de su retribución, que ha recordado que ha convertido al sector español en constructor de plantas en lugar de ser dueño.

El informe también especifica la estimación razonable de la media de costes a los que resultaría la generación eléctrica tras las sucesivas subastas por tecnologías durante la próxima década: eólica 4 céntimos de euro/kWh, fotovoltaica 3,5 centimos/kWh, termosolar 5,5 céntimos/kWh, biomasa 6 céntimos/kWh, turbinación por bombeo 2,5 céntimos/kWh, hidráulica 2 céntimos/kWh, residuos no renovables 8 céntimos/kWh, cogeneración 7 céntimos/kWh, ciclo combinado 7,4 céntimos/kWh, importaciones 6 céntimos/kWh y exportaciones 4 céntimos/kWh.

Por lo tanto, la media de costes de generación, de acuerdo a las producciones de cada tecnología, se situaría en el entorno de 4,9 céntimos/kWh y la generación a partir de viento y sol representaría el 65% de la generación total, mientras que el resto dependería de la cogeneración (11%), biomasa y biogás (9%), que elevarían ligeramente el precio del mix, e hidráulica (12%) que reduciría el precio al valor medio de sol y viento.

«El recorte retributivo nos cortó alas para ser promotores en el exterior», ha añadido el presidente de Protermosolar, cuyo informe señala que las inversiones termosolares contribuirían a un incremento de 62.000 millones de euros (3,5 millones de euros/MW para 17,7 GW) del PIB en la fase de construcción y de 5.000 millones de euros (0,25 millones euros/MW para 20 GW) en la de operación. Además, generarían 88.550 puestos de trabajo al año durante la construcción y 1.770 empleos directos adicionales al año en la fase de operación. A partir de 2030, el parque termosolar en operación tendría 20.000 empleos permanentes.

Este estudio es una propuesta alternativa al informe de la comisión de expertos y no se basa en modelos informáticos sino en la proyección realizada a partir de datos horarios de generación reales en años pasados del mix propuesto, «por lo que sus resultados se corresponden con una comprobación real de un mix de renovables optimizado identificando la potencia real de respaldo que le faltaría y llegando a la conclusión de que sobrarían el carbón, las nucleares y parte del parque actual de ciclos combinados».

El sector renovable ve con esperanza el futuro tras el objetivo del 32% fijado a nivel europeo para 2030

EFE.- Los promotores de renovables y las industrias ligadas al sector en España miran con esperanza al futuro tras el acuerdo alcanzado para que la cuota de renovables en la Unión Europea en 2030 sea del 32%, cuyo cumplimiento requerirá grandes inversiones.

Las renovables españolas encaran un horizonte más despejado después de los años de moratoria que el Gobierno del PP impuso a la instalación de nuevas renovables a partir de 2012 y que duró hasta enero de 2016, cuando se rompió con la convocatoria de una primera subasta de 700 megavatios (MW) a la que luego siguieron en 2017 otras dos.

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea cerraron un acuerdo que superaba el conservador objetivo del 27% de renovables que defendían inicialmente los países pero que tampoco llegaba al 35% propuesto por la Eurocámara, aunque con la posibilidad abierta de que en 2023 se revise al alza. España e Italia, que estrenaron recientemente nuevos Gobiernos, fueron claves en el cambio de postura de los países, al defender unos objetivos más ambiciosos. También el comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, veía factible ampliar la cuota renovable al 30%.

Según los datos facilitados por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) referidos a 2016, en España las renovables aportaron unos 8,5 millones de euros al PIB ese año, un 3,3% más que en 2015 al reactivarse algunos sectores tecnológicos por la celebración de las subastas de nueva capacidad. El sector de las renovables perdió, no obstante, en 2016 un total de 2.760 puestos de trabajo. Empleó ese año a 74.566 personas, cifra que es casi la mitad de las que trabajaban en 2008, cuando empleaba a 142.940 personas.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que apostó por el objetivo del 35% defendido por el Parlamento Europeo, destacaba al conocerse el acuerdo que se abría una gran oportunidad para los profesionales e industrias de un sector que tuvo que explorar nuevas vías fuera de España en los «momentos más duros de la crisis y la recesión antirenovable».

También agentes del sector esperan que la directiva de renovables dé un nuevo impulso ya que se requerirán inversiones para llegar a ese mínimo del 32% en 2030, aunque el objetivo sea vinculante a nivel comunitario. Por ejemplo en la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), su director general, José María González Moya, estima que el objetivo fijado del 32% podría suponer unas inversiones en España de entre 80.000 y 100.000 millones de euros.

En el sector, organizaciones como APPA o la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) confían en que la cuota de renovables para 2030 pueda verse ampliada al 35% en la revisión que se haga en 2023. Antes de ello, en España tienen que estar ejecutados los 8.000 megavatios (MW) renovables adjudicados en subastas y que deben estar terminados antes de finalizar 2019 y con los que el anterior Gobierno consideraba que prácticamente alcanzaría el objetivo de 2020 de que las renovables sean el 20% del consumo final de energía en el país.

La concentración en poco espacio de tiempo de la ejecución de todas esas instalaciones va a poner a prueba la capacidad del sector en España, aunque la ministra para la Transición Ecológica espera que se cumpla el objetivo del 20%. No obstante, ha subrayado que habrá que repasar con detalle en qué situación está España y detectar las «lagunas» que habrá que cubrir en un plazo «relativamente corto» para cumplir con los objetivos a 2020.

La Xunta de Galicia destaca el potencial undimotriz de la comunidad para generar energía a partir del oleaje

EFE.- El consejero de Economía, Empleo e Industria de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, ha destacado en la presentación del proyecto LifeDemoWave en el puerto exterior de Punta Langosteira que Galicia es la comunidad con mayor potencial de energía undimotriz.

Francisco Conde ha añadió que Galicia es la única comunidad, junto con el País Vasco, que está experimentando con este tipo de fuente energética producida a partir de las olas del mar.

En el marco del proyecto LifeDemoWave se va a instalar un prototipo de boya undimotriz en la zona experimental marítima de Punta Langosteira, que gestiona el Inega.

En este proyecto participa un consorcio de 6 empresas y centros tecnológicos gallegos, tal y como ha confirmado la Xunta.

Este tipo de iniciativas demuestra, tal y como ha destacado Conde, que Galicia “ya va un paso por delante en el camino hacia las energías renovables”,

En este sentido, el consejero ha apuntado que el sector energético gallego representa el 4,3% del PIB, destacando las posibilidades que se abren con las energías undimotriz y mareomotriz.

Así, Conde ha subrayado que corresponde a Galicia un 40% del potencial de energía de las olas en España, entre 6 y 8 GW de un total de 20 GW.

Francisco Conde ha remarcado que la reducción del impacto del cambio climático impulsando las energías renovables y la eficiencia energética es un reto prioritario para Galicia, recogido en las Directrices Energéticas 2018-2020.

Según indica la Consejería, estas directrices nacen como la herramienta central de la política energética del Gobierno gallego, que va a permitir alcanzar los objetivos de ahorro y eficiencia que se derivan de la directiva europea.

Con ellas, indican las mismas fuentes, Galicia busca avanzar en un nuevo modelo energético que impulse el desarrollo de la economía verde, instalar nueva capacidad renovable y fomentar un cambio en los patrones de consumo de hogares, administraciones y empresas.

Durante la presentación del proyecto LifeDemoWave, Conde ha destacado que la inversión programada hasta 2020 para impulsar las energías limpias en Galicia será de 1.300 millones de euros.

Esta inversión permitirá la instalación de 1.200 megavatios de fuentes renovables.

El objetivo es que entre el 85% y el 90% del consumo eléctrico en Galicia y el 34% del consumo en calefacción y refrigeración provengan de fuentes renovables, y que la biomasa represente el 35% del consumo de combustibles para uso térmico.

 

El conselleiro de Economía, Empleo e Industria ha destacado que se trata de objetivos ambiciosos, pero realistas, ya que Galicia ya está inmersa en una nueva cultura energética y es un lugar privilegiado en el que la biodiversidad y recursos naturales se refiere.