Europa Press.- El PP ha presentado una proposición de Ley en el Congreso de los Diputados para excluir a las instalaciones de energías renovables de pequeño tamaño de la revisión de su rentabilidad razonable prevista para el periodo 2020-2025. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto una tasa de retribución para el segundo periodo regulatorio 2020-2025 del 7,09% para la actividad de producción con renovables. Esta propuesta supondría un recorte del 5,5% con respecto al 7,5% vigente.

En concreto, en su iniciativa el grupo popular pide una modificación de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, para fomentar así estas instalaciones de producción de energías renovables que cuenten con una potencia inferior a los 300 kW. En el texto, señala que la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, aprobada por el anterior Gobierno del PP, establecía una serie de medidas que tenían como finalidad básica la regulación del sector eléctrico, garantizando el suministro eléctrico con los niveles necesarios de calidad y al mínimo coste posible, asegurar la sostenibilidad económica y financiera del sistema y permitir un nivel de competencia efectiva en el sector eléctrico.

El déficit de tarifa en el sistema eléctrico español llegó a alcanzar más de 6.000 millones al año en 2008 o más de 5.500 millones en 2010, lo que obligó al Gobierno de Mariano Rajoy a tomar medidas de urgencia en 2012. Entre las medidas adoptadas figuraron, en primer lugar, el Decreto Ley 1/2012 por el que se procedía a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de renovables, que suprimió los incentivos para la construcción de las instalaciones de tecnologías de régimen especial, a fin de evitar la incorporación de nuevos costes al sistema eléctrico.

Del mismo modo, el Decreto Ley 2/2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero introdujo nuevas medidas para corregir los desajustes entre los costes del sector eléctrico y los ingresos obtenidos a partir de los precios regulados, tratando de evitar la asunción de un nuevo esfuerzo por parte de los consumidores. Además, el Decreto Ley 9/2013 establecía que los parámetros sobre los que gira la rentabilidad razonable se fijaran teniendo en cuenta la situación cíclica de la economía, de la demanda eléctrica y la rentabilidad adecuada para dichas actividades por períodos regulatorios con una vigencia de 6 años, modificando de este modo las rentabilidad existentes para este tipo de instalaciones.

Esta batería de normativas consiguió en 2014 que el sistema eléctrico cerrara su primer ejercicio con superávit de tarifa, después de años consecutivos de déficit. Así, en su proposición, el PP destaca que las energías renovables se han desarrollado y han reducido su precio de un modo exponencial. Por ello, cree necesario revisar, potenciar, dar seguridad y fomentar las instalaciones de producción de energía eléctrica con energías renovables y comenzar con aquellas de menor tamaño.