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El Gobierno, Carbunión y los sindicatos del carbón rubrican el acuerdo para garantizar una transición justa para el sector minero

Europa Press.- El Gobierno, los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de los Trabajadores (UGT) y Unión Sindical Obrera (USO), y la Federación nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) han rubricado el acuerdo marco para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027.

El acuerdo ha sido firmado en un acto que ha contado con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, así como distintos miembros de los sindicatos y patronal del carbón. Ribera destacó que con este acuerdo se resuelve «la primera tarea urgente» que se encontró encima de la mesa cuando llegó al Gobierno.

«Hemos trabajado con los agentes sociales para dar cumplimiento a la normativa comunitaria, encontrando a la vez la mejor respuesta posible a las necesidades de los trabajadores y de las comarcas. Nuestro propósito ha sido no dejar a nadie atrás«, añadió la ministra, que subrayó además que el compromiso del Gobierno «es a largo plazo» y que esta firma es «solo el comienzo del diálogo».

Mientras, Valerio consideró que el acuerdo es «una demostración de que el diálogo social funciona», aunque siempre sea «muy difícil conseguir el 100% para todos«. «De la negociación entre los agentes sociales y la Administración se pueden y se deben extraer las soluciones necesarias. Desde este Gobierno, nos esforzamos por dar respuestas a la altura que necesita nuestra sociedad», reivindicó.

En términos generales, el acuerdo contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores, así como un fondo de 250 millones de euros, repartidos en 5 años (de 2019 a 2023), para apoyar iniciativas empresariales y de desarrollo de las comarcas mineras. Estas ayudas se complementarán con un plan de choque específico para las zonas afectadas que incluye un plan de restauración de las explotaciones mineras, un plan de desarrollo de renovables y eficiencia energética, y la posibilidad de que las administraciones locales o regionales firmen con el Gobierno contratos de transición justa. Estos contratos movilizarán fondos para la creación y fijación de empleo y promoverán incentivos fiscales, entre otras medidas.

El acuerdo da así respuesta a las consecuencias sociales que se producirán en cumplimiento de la decisión del Consejo Europeo, que obliga al cierre de las minas de carbón en territorio comunitario que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018 antes de finalizar 2018. De esta manera, el pacto actualiza las medidas sociales adoptadas en el Real Decreto 676/2014 por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón.

Así, este ajuste permitirá que los trabajadores afectados por los nuevos cierres puedan acogerse a prejubilaciones o bajas incentivadas en función de su trayectoria profesional. Podrán prejubilarse los empleados con, al menos, 48 años de edad equivalente, 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón o un mínimo de 20 años trabajados. En este último caso, la ayuda experimentará reducciones en función del periodo de antigüedad acreditado. Mientras, el resto de los trabajadores percibirán bajas voluntarias, que variarán en función de su antigüedad. En cualquier caso, los afectados por silicosis de primer grado verán incrementada la cuantía de su indemnización.

El acuerdo contó finalmente con la rúbrica también de la patronal Carbunión, a pesar de no compartir al 100% su contenido. «Hemos firmado pese a que no se recogen nuestros planteamientos de futuro y también porque tenemos el compromiso firme del secretario de Estado de Energía para seguir buscando la continuidad de las empresas que siguen explotando el carbón, pero como empresarios no aceptamos el final del sector», señaló el presidente de Carbunión, Pedro Iglesia. En la misma línea se mostró el secretario general de la Federación de Industria de USO, Pedro Ayllón, que destacó que se firmó «el mejor acuerdo posible, pero no el acuerdo que hubiera querido firmar».

Mientras, el secretario general de CCOO de Industria, Agustín Martín, valoró que este acuerdo supone «superar una época de incumplimientos de gobiernos anteriores y de abandono de los trabajadores» y garantizar una transición energética que «debe ser justa». Por su parte, el secretario general de la Federación de Industria de UGT, Pedro Hojas, destacó que el pacto representa «un comienzo, no el final de nada».

El carbón nacional vincula su futuro más allá de 2019 a la continuidad de las centrales térmicas

Europa Press / EFE.- El sector del carbón ha vinculado «directamente» su futuro más allá de 2019, fecha en la que está previsto el cierre de las minas o la permanencia de solamente aquellas viables mediante la devolución de las ayudas recibidas, a la continuidad de las centrales térmicas propiedad de las eléctricas. «Si las centrales de carbón no tienen la proyección suficiente para continuar, no tiene mucho sentido que sigamos con un combustible que no va a ser utilizado», afirmó el presidente de Carbunión, Pedro Iglesia.

Con el debate abierto respecto al futuro de las centrales de carbón, después de que Iberdrola haya pedido el cierre de sus plantas de Lada y Velilla y con la continuidad de otras centrales en el aire más allá de 2020, Iglesia señaló que el sector pide al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que retome la posibilidad de aplicar unos pagos por capacidad para la desnitrificación de las centrales térmicas que permitiría a las compañías abordar esas inversiones necesarias para alargar su futuro por encima de ese horizonte.

«Fue una iniciativa tomada desde la Secretaría de Estado de Energía en 2015, pero en la que la CNMC encontró problemas serios y en aquellos momentos se abandonó. Todos y cada uno de los días que hablamos con el Ministerio, gobiernos autonómicos o cualquier administración, lo solicitamos. No pedimos nada para nosotros, tenemos firmado que las ayudas se han acabado, pero creemos que se podrían establecer los mecanismos adecuados para que las centrales puedan seguir generando electricidad con carbón», apuntó.

Con la garantía de esta continuidad de las centrales, Carbunión considera que las empresas mineras podrían planificar su actividad productiva a partir de 2019, con el objetivo de aportar entre 4 y 6 millones de toneladas anuales de combustible autóctono. Actualmente sobreviven 8 empresas del sector en España, 2 menos que en 2016 y lejos de las 21 que existían en 2011. Las ayudas recibidas por el sector, que ya van tocando a su fin, superan los 520 millones de euros en estos 7 años, aunque se redujeron a apenas 25,7 millones de euros en 2016 y cayeron drásticamente en 2017 con 1,3 millones, que, además, según Iglesia, incluyen la ayuda de 10 euros por tonelada dada por el Ministerio.

Iglesia, que reconoció estar «expectante» por conocer las conclusiones que presentará este mes la Comisión de Expertos sobre la transición energética respecto al mix energético necesario, defendió el «importante» papel del carbón como respaldo para la generación renovable, tal y como se vio el año pasado debido a unas condiciones climáticas en las que se registró la ausencia de viento y precipitaciones. «Si en 2016 o 2017 hubiésemos estado cerrados, los volúmenes de carbón importado habrían sido mayores», añadió Iglesia, quien valoró que gracias al carbón autóctono España no depende «exclusivamente de unos precios internacionales que pueden perjudicar al país».

El presidente de Carbunión ha recordado que el carbón supone un 23% de la generación de electricidad en Europa y un 15% en España, lo que demuestra que el país que tiene carbón lo utiliza para generar energía y ha animado a que España siga esa senda de los países europeos. Respecto a la cuantía de ayudas que tendrán que devolver las empresas que continúen con su actividad a partir de 2019, Iglesias ha dicho que es difícil cuantificarlo, pues para eso habría que saber cuántas y cuáles van a seguir, al tiempo que ha demandado que las ayudas se puedan devolver de forma escalonada para que no interfiera en la actividad de las empresas.

Desde Carbunión, califican 2017 de un año «esperanzador», con unos números que prácticamente recuperaron los niveles de 2015, tras los malos datos de 2016, aunque esperan que 2018 sea un ejercicio de «transición y diálogo» de cara a 2019. Entre 2011 y 2017, el sector redujo la producción y el empleo en un 58% y en un 62%, respectivamente, a pesar de la recuperación del año pasado. La producción con carbón nacional se incrementó en casi un 60%, hasta los 2,78 millones de toneladas, lejos de los más de 6 millones de 2011 y 2012 y frente a los 17,4 millones de toneladas de importación.

Del total de la producción del 2017 en España, más del 60% procedió de explotaciones a cielo abierto, mientras que la de las subterráneas no pasó del medio millón de toneladas. En 2017 la producción de carbón se vio favorecida por la caída de la producción hidráulica, que obligó a utilizar las centrales térmicas que utilizan carbón y gas. Sin embargo, en los dos primeros meses de 2018 ha bajado, aunque Iglesias espera que la producción se mantenga en el entorno de la de 2017, aunque dependerá de la meteorología.

Iglesias apuntó que la producción de carbón autóctono, con excepción de 2017, viene decreciendo desde 2011, mientras que las importaciones oscilan según la necesidad para generación eléctrica. El grueso de las importaciones de carbón que se hacen en España, en concreto el 87% en 2017, proceden de 4 países (Colombia, Rusia, Indonesia y Sudáfrica), naciones con las que, según Iglesias, es difícil competir por los menores costes con que producen. En lo que se refiere a la participación del carbón nacional en el carbón térmico consumido, se limitó al 14%.

En lo que se respecta al empleo, el número total de trabajadores se situaba a cierre de 2017 en 2.197 personas, frente a los más de 5.800 trabajadores de 2011. En 2017 se registró un ligero repunte del 7% con respecto a 2016, incremento que no ocurría desde 2011 aunque fue debido, principalmente, al aumento de las contratas, ya que el número en plantilla sigue descendiendo, según Carbunión. En este sentido, la plantilla de las empresas disminuyó desde los 1.675 trabajadores que tenían en 2016 a 1.592 en 2017, en torno a un 5%, mientras que la de las contratas aumentó un 60%, al pasar de 379 trabajadores a 605.

El sector energético pide estabilidad para abordar con éxito la descarbonización y el gas pretende ser parte de la solución

EFE / Europa Press.- El presidente de Sedigas, Antonio Peris, consideró que el gas tiene que ser «parte de la solución» en el camino hacia la transición energética, ya que sustituye a fuentes «más contaminantes». Peris participaba en una jornada organizada por Enerclub en la que el sector energético español exigió nuevamente estabilidad para poder afrontar con garantías la futura transición energética ante la próxima aparición del informe del comité de expertos analizando diferentes escenarios de cara a la futura ley sobre la materia.

La presidenta de la patronal eléctrica (Unesa), Marina Serrano, recordó que en 2017 la demanda de electricidad aumentó un 1,1% respecto a 2016. Serrano ha indicado que 2018 será un año de importancia vital para todos los sectores energéticos, en el que habrá que alcanzar consensos sobre el futuro mix energético, las diferentes fuentes de energía que cubren el suministro, y la reducción de emisiones.

Serrano ha advertido que la transición energética va a requerir grandes esfuerzos de inversión, lo que exigirá un marco regulatorio «estable y predecible», y ha recordado que sólo en redes la inversión que se precisará hasta 2030 será de 42.000 millones de euros. A este respecto, señaló que será importante que se establezca una tasa de retribución a esta actividad «razonable» y «de acuerdo con los métodos fijados en otros países europeos de nuestro entorno». Además, consideró necesario el diseño de un mercado que de unas «señales a largo plazo, que permita que el sistema sea seguro». Así, solicitó también la regulación de los mecanismos de capacidad, que ayudan a «asegurar la seguridad de suministro».

Por su parte, el presidente de la patronal gasista Sedigas, ha destacado que en 2017 el sector conectó 172.487 nuevos puntos de suministro y está al alcance del 79% de la población española, llegando a alcanzar un 31% de penetración en viviendas. Peris, que ha subrayado que se está a las puertas de la publicación del informe del comité de expertos sobre la Ley de Transición Energética, reclamó que en esta transición el gas se contemple no sólo como una energía de transición, sino que “forme parte de la solución” ya que se trata de una fuente de energía que sustituye a otras «más contaminantes«.

A este respecto, indicó que la mayor presencia del gas aportaría 150 millones de euros a la economía y reduciría las emisiones en 11 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2). Además, señaló el papel que jugaría en movilidad, contribuyendo a reducir las emisiones y mejorando la calidad del aire. Así, Peris subrayó que «el gas tendrá un rol protagonista en la economía baja en carbono y un papel clave en la transición energética global, en especial por la creciente inyección de gas de origen renovable en su infraestructura».

La demanda de gas natural en España alcanzó la cifra de 350.870 gigavatios por hora (GWh) al finalizar 2017, lo que representa un incremento del 9,1% respecto al 2016 y evitó la emisión a la atmósfera de cerca de 25.300 kilotoneladas de CO2. Peris apuntó a la falta de lluvias y al aumento de la demanda de gas de los ciclos combinados en un 26,8%, con una cuota del 17,2%, como los hechos que marcaron el pasado ejercicio. Peris destacó que estos ciclos combinados tienen un rendimiento de hasta un 25% más que las térmicas alternativas, por lo que «suponen menos consumo de energía primaria» y evitan la emisión de casi 5.000 kilotoneladas de CO2″.

La demanda convencional aumentó un 5,1% el año pasado, sobre todo en los meses de agosto y septiembre como consecuencia de las altas temperaturas y la utilización de gas natural para la refrigeración del sector doméstico y comercial. La demanda industrial, que supone el 62% del consumo de gas nacional también siguió una tendencia alcista, lo que, según Sedigas, demuestra la recuperación económica del sector.

Asimismo, el presidente de la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) y de BP España, Luis Aires, destacó que 2017 fue un año «histórico» que refleja «la fortaleza» de las refinerías españolas en un entorno de bajos precios. De cara al futuro cree que el petróleo se moverá entre los 40-70 dólares, aunque ve muy difícil que se supere esta cota por el impacto de la tecnología en las formas de producción y lo más probable es que el mayor tiempo esté entre 50 y 60 dólares. Aires consideró que la transición energética debe llevarse a cabo desde un punto de vista de equilibrio entre el coste y la eficiencia, por lo que «no se debe despreciar ninguna tecnología».

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Empresas de Energía Renovables (APPA), José Miguel Villarig, advirtió de que el sector se «teme lo peor» sobre la próxima revisión que se aplicará a las renovables para el próximo periodo regulatorio sobre su tasa de rentabilidad. «Esta rentabilidad tiene como fallo que nos la cambian cada 6 años y nos la revisan cada 3», señaló

Además, consideró que en el sector «va a haber un antes y un después de las subastas», que van a dinamizar 8.300 millones y crear 9.000 empleos, aunque subrayó que el reto será ejecutar esos 8.000 megavatios (MW) adjudicados «en el corto plazo que se ha dado». No obstante, criticó el cómo se han llevado a cabo las subastas, ya que «ha sido una vez más con improvisación», y pidió que para el futuro se diferencie entre tecnologías y se establezca un calendario para ellas.

Por su parte, el presidente de Carbunión, Pedro Iglesia, ha apuntado que 2017 fue un año algo mejor para el sector del carbón tras el «nefasto» 2016 en el que el Gobierno «denostó el carbón» e incumplió los compromisos con el sector. Aún así, ha indicado que en 2017, pese a crecer la producción con carbón un 20%, la cuota correspondiente al carbón nacional en el mix de generación de electricidad fue sólo del 2,4%. Por otra parte, ha señalado que el carbón debe tener un papel importante en la transición energética por ser el único combustible autóctono y dar garantías de seguridad al suministro.

Iglesia señaló que el sector afronta el reto de la amenaza de cierre para 2018 de todas aquellas empresas que recibieron ayudas desde 2011 o, en caso contrario, afrontar como proceder a devolver estas ayudas recibidas. Por ello, pidió el apoyo del Gobierno para materializar en «medidas concretas» el respaldo al carbón para que siga jugando un papel dentro del mix energético, dado que a los actuales precios es inviable.

Unesa pide «un gran pacto de Estado» que defina el camino hacia la transición energética y reducir la fiscalidad asumida

Europa Press.- El presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, ha pedido «un gran pacto de Estado» que defina el camino hacia la transición energética e insistió en pedir que la tarifa eléctrica recoja «exclusivamente» los costes del suministro eléctrico. Montes también pidió la eliminación de los impuestos a la generación, que producen «distorsiones», así como de los autonómicos de naturaleza pseudo-ambiental.

Además, el presidente de la patronal eléctrica señaló que también debe ser «muy importante» la contribución que el sector puede aportar a la elaboración de la actual normativa europea. En lo que se refiere al balance de 2016, Montes indicó que el consumo eléctrico creció en torno a un 0,6%, situándose en niveles de 2003 o 2004. No obstante, resaltó el saldo «netamente» importador por primera vez en 13 años.

Por su parte, el director general de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Alvaro Mazarrasa, calificó 2016 de un «buen año» para el sector, ya que la recuperación económica se reflejó en el consumo de productos petrolíferos. Así, indicó que las gasolinas repuntaron en 2016 por primera vez «en muchos años». De esta manera, el consumo se incrementó un 1,8% en 2016, con un crecimiento del 7% en los querosenos de aviación.

Mientras, el presidente-director general de Carbunión, Pedro Iglesia, calificó 2016 de un «annus horribilis» para el sector ya que, del carbón consumido en España, solo el 13% fue nacional, con un precio que cayó a mínimos históricos desde 2003. Sin embargo, Iglesia se mostró «moderadamente optimista para 2017» después de que en los últimos meses se registraran subidas del precio de importación del carbón y un repunte en la demanda.