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El sistema eléctrico acumula un déficit de 1.562 millones hasta mayo, con una evolución 324 millones mejor de lo previsto

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Europa Press.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico se situó en 1.562 millones de euros en los cinco primeros meses del año, 324 millones menos de lo previsto, según la quinta liquidación mensual realizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El consumo eléctrico registrado en mayo fue de 81.917 gigavatios hora (GWh), un 1,5% superior al valor promedio observado en años anteriores, mientras que los ingresos por peajes de acceso y cargos de consumidores fueron de 4.860,5 millones de euros, también un 1,3% superiores al valor promedio histórico. En la liquidación 5/2017 de la CNMC, los costes regulados han sido 240,5 millones de euros inferiores a los previstos debido, principalmente, a unos menores costes de la retribución específica de la producción de renovables, cogeneración y residuos del sistema peninsular, y de la retribución adicional y específica de los sistemas extrapeninsulares.

El coeficiente de cobertura de la liquidación provisional se situó en un 74,26%, frente al 71,65% en la liquidación 4/2017, y se aplica a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar por ahora con cargo a la liquidación. En cuanto a las renovables, en mayo, la CNMC ha gestionado la liquidación de 63.665 instalaciones del colectivo total de instalaciones que estaban inscritas en el Registro de Régimen Retributivo Específico del Ministerio de Energía y que tienen derecho a retribución específica.

La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada desde enero a mayo de 2017, con cargo a las Liquidaciones de las Actividades Reguladas del Sector Eléctrico se elevó hasta los 2.886,440 millones de euros. Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, es necesario aplicar un coeficiente de cobertura del 74,26% al importe total de las liquidaciones acumuladas. La cantidad a pagar a cuenta a los productores en la Liquidación 5/2017 asciende a 501,06 millones de euros.

En cuanto al sector gasista, el total de ingresos declarados por las empresas al sistema supuso 1.239 millones de euros. Esta cantidad es un 2,9% superior al mismo periodo del ejercicio anterior, destacando el incremento de los ingresos por peaje de transporte-distribución y por peaje de regasificación. La retribución total acreditada es de 1.214 millones de euros, que es un 2,4% inferior a la del año anterior. El déficit provisional de la liquidación del sector gasista 5/2017 fue de 80 millones de euros, frente al déficit de 120 millones de euros en el mismo periodo del año anterior.Teniendo en cuenta los ingresos, se tiene un índice de cobertura del 93,4% de la retribución acreditada.

El déficit provisional de tarifa eléctrica asciende a 1.345 millones de euros hasta abril, 259 millones menos de lo previsto

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Europa Press.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son inferiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.345 millones de euros hasta abril, 259 millones menos de lo previsto, según la liquidación provisional de 2017 del sector eléctrico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El regulador señala que en esta liquidación los costes regulados fueron 184 millones de euros menores a los previstos debido, principalmente, a unos menores costes de la retribución específica de la producción de renovables, cogeneración y residuos del sistema peninsular, en 54 millones, y de la retribución adicional y específica de los sistemas extrapeninsulares, en 130 millones de euros. No obstante, la CNMC subraya que el desfase entre la declaración de los ingresos y la liquidación de las distintas partidas de costes hace que esta liquidación tenga una «escasa relevancia».

La demanda eléctrica en abril alcanzó los 62.805 gigavatios hora (GWh), un 1,14% superior al valor promedio observado en años anteriores; mientras que los ingresos por peajes de acceso y cargos de consumidores fueron de 3.755 millones de euros, un 1,4% más. Por su parte, el coeficiente de cobertura se situó en un 71,65% y se aplicó a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación.

En la liquidación correspondiente a abril, la CNMC gestionó 63.657 instalaciones del colectivo total de instalaciones que estaban inscritas en el Registro de Régimen Retributivo Específico del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, y que tienen derecho a retribución específica. La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada desde el 1 de enero y hasta el 30 de abril, con cargo a las liquidaciones de las actividades reguladas del sector eléctrico se elevó hasta los 2.292 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente.

Merma el déficit del gas

En lo que se refiere al sector gasista, el déficit provisional de esta liquidación se situó en 49 millones de euros, frente al desajuste de 114 millones de euros en el mismo periodo del año anterior. De esta manera, se tiene un índice de cobertura del 95,1% de la retribución acreditada. El total de ingresos declarados por las empresas al sistema supusieron 1.022 millones de euros por facturación de tarifas, peajes y cánones. Esta cantidad fue un 6,5% superior al mismo periodo del ejercicio anterior, destacando el incremento de los ingresos por peaje de transporte-distribución y por peaje de regasificación.

La retribución total fija acreditada a las empresas ascendió a 976 millones de euros. A ello se suma una retribución variable de 9 millones de euros por las actividades de regasificación, carga de cisternas, trasvase GNL y puesta en frío de buques. Como resultado, se tiene una retribución total acreditada de 985 millones de euros, que es un 2,1% inferior a la del año anterior. En cuanto a la energía suministrada, la demanda nacional de gas hasta abril fue de 104,1 teravatios hora (TWh), incluida la carga de cisternas desde plantes, lo que supone un crecimiento del 4% respecto al mismo mes del año anterior.

La autoridad catalana de Competencia denuncia desequilibrios territoriales en los peajes eléctricos que consiguió el PNV para el País Vasco

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Europa Press.- La Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) denuncia que la modificación de los tramos de peaje de las líneas de distribución de tensión entre 30 y 36 kV acordada entre el Gobierno central y el PNV, en el marco del debate de los Presupuestos Generales del Estado de 2017, altera la competencia entre las empresas y comporta desequilibrios entre territorios.

La Acco ha asegurado que esta medida «aparentemente neutra, que se aplica nacionalmente sin excepción, genera en la práctica un claro desequilibrio», remarcando que parten con ventaja los operadores ubicados en aquellos lugares en los que las líneas eléctricas tienen una tensión superior.

Ha concretado que la red energética instalada en el País Vasco cuenta con tensiones comprendidas entre los 30 y los 36kV, mientras que en Catalunya son inferiores a los 30 kV, y que la regulación existente contempla distintos peajes a pagar en función de la tensión.

Así, las líneas inferiores a 30 kV se les asigna el peaje 6.1A y a las de tensión iguales o superiores a 30 kV en inferiores a 36 kV les corresponde la tarifa 6.1B, y la Acco ha destacado que la reforma pactada tendría como objetivo la desaparición del segundo peaje y su incorporación en una tarifa superior (6.2).

Según la Acco, la desaparición de la tarifas 6.1B supondrá efectos diferentes entre las empresas en función del territorio donde estén implantadas, y «se agudiza el desequilibrio que ya existía» en base a la regulación actual.

Ha añadido que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya mostró su contrariedad ante una rebaja de los peajes a los usuarios a los que se les aplica el peaje 6.1B.

 

El déficit eléctrico provisional asciende a 1.128 millones de euros hasta marzo, 276 millones de euros menos de lo previsto

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Redacción / Agencias.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.128 millones de euros hasta marzo, 276 millones menos de lo previsto, según la tercera liquidación provisional de 2017 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), correspondientes al sector eléctrico, de energías renovables, cogeneración y residuos y también al sector del gas natural.

El regulador señala que este resultado de la liquidación se debe a la evolución favorable de los ingresos por peajes de acceso y cargos, que supusieron 136 millones de euros más de lo previsto, y a unos menores costes de la retribución adicional y específicos de los sistemas no peninsulares, de 91 millones de euros, y de la retribución a la producción renovable, cogeneración y residuos peninsular, de 45 millones. No obstante, subraya que el desfase entre la declaración de los ingresos y la liquidación de las distintas partidas de costes hace que esta tercera liquidación tenga «una escasa relevancia».

La demanda eléctrica en marzo alcanzó los 43.747 gigavatios hora (GWh), un 4% superior al valor promedio observado en años anteriores; mientras que los ingresos por peajes de acceso y cargos de consumidores fueron 2.707 millones de euros, resultando un 5% superiores, 134,1 millones de euros, al valor promedio histórico. Mientras, los costes regulados en la liquidación fueron 133 millones de euros inferiores a los previstos por la menor retribución a la producción renovable y a la cogeneración de alta eficiencia. Por su parte, el coeficiente de cobertura de la liquidación provisional de marzo se situó en un 68,12% y se aplica a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación.

En esta tercera liquidación, la CNMC gestionó la liquidación de 63.663 instalaciones del colectivo total con derecho a retribución específica. La liquidación provisional de la energía generada desde enero hasta el pasado marzo en las instalaciones de producción de energía renovable, cogeneración y residuos alcanzó un valor de 1.710 millones de euros, antes de IVA o equivalente. La cantidad a pagar a cuenta a los productores asciende a 534 millones.

En lo que se refiere al sector gasista, el déficit provisional de esta liquidación se situó en 68 millones de euros, frente al déficit de 149 millones de euros en el mismo periodo del 2016. Teniendo en cuenta los ingresos netos de la presente liquidación, se tiene un índice de cobertura del 91% de la retribución acreditada. El total de ingresos declarados por las empresas al sistema de liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones ascendió a 761 millones de euros, un 15% superior al mismo periodo del 2016.

En cuanto a la retribución total fija acreditada a las empresas ascendió a 757 millones de euros, más 7 millones de euros de las actividades de regasificación, carga de cisternas, trasvase de GNL y puesta en frío de buques que se acredita en esta liquidación. Como resultado la retribución total acreditada es de 764 millones de euros, un 0,7% inferior a la del año anterior.

Respecto a la energía suministrada, la demanda nacional de gas en 2017 y facturada hasta el 31 de marzo asciende a 79,3 teravatios hora (TWh). Esta cifra supone un aumento del 11%, debido principalmente al descenso de la temperatura media en enero respecto a 2016 y a la menor participación de la generación eólica y la hidráulica en el mix de generación. El número de consumidores ha ascendido a los 7,73 millones, según lo declarado por las empresas distribuidoras hasta el 31 de marzo. Representa un aumento interanual de 83.432 consumidores, un 1%, de los que 1,65 millones pertenecen a la tarifa de último recurso.

No es país para órganos reguladores independientes

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Las alegaciones del Ministerio de Energía en torno a las objeciones de la Comisión Europea a los órganos reguladores españoles y sus competencias es sólo un episodio más en la historia episódica de los órganos reguladoresy de la displicencia que desde el poder ejecutivo se viene ejerciendo. Bien es cierto que, por su propio comportamiento, nunca defraudan.

Su comportamiento en las operaciones corporativas del sector; el atrabiliario final a la proliferación de órganos reguladores y nombramientos, que caracterizó las postrimerías de la última etapa de la legislatura Zapatero; el proceso de destrucción y voladura de los mismos resultando un macroorganismo cauterizado con un enfrentamiento en su cúpula para finalmente devenir en la polémica larvada y submarina por los vínculos familiares con el Ministerio del ramo; y como guinda la forma en que se publican sus informes y deliberaciones; nada en la CNMC escapa a su cuestionamiento permanente.

Un buen modelo de órganos reguladores precisa de dos elementos para su funcionamiento razonablemente armónico. El primero es un diseño institucional y legal adecuado: composición, funcionamiento, régimen de autonomía, nombramientos, competencias, capacidad ejecutiva, duración de las designaciones de los mismos, proceso de evaluación de los candidatos, procedimientos de publicidad de sus decisiones, deliberaciones, etc…  El segundo tiene que ver con los «recursos humanos» más allá de la plantilla. Es decir, quienes la dirigen, qué experiencia, conocimientos, prestigio institucional, comprensión del modelo de mercado, quienes forman parte o cómo son elegidos (consejeros, responsables y equipos directivos).

España, en esta tesitura y con estos requerimientos, evidentemente, no es país para órganos reguladores. La de los órganos reguladores independientes es una figura en la que no cree la política de nuestro país, con independencia de las filiaciones, porque es muy molesta en la propia concepción verticaldel sistema de partidos español. No encontraremos grandes defensores de esos organismos.

O bien, se han percibido como una forma de recompensar los servicios prestados de los partidos políticos, con resultados diferentes en cada momento según los equilibrios parlamentarios para el reparto de canonjías, sinecuras y puestos. O bien se convierten en unos cuerpos extraños inescrutables por su necesidad de adecuarse a un marco legal y de mercado, cuando lo que requiere el país es la ideologización de cada acción y su politización (véase el CSN). Ni siquiera los periodistas españoles escapan a ese marco, fruto de la propia ausencia de cultura económica, además de asumir la designación digital partidista y la organización por banderías de sus decisiones (en algunos casos más o menos conniventes con el regulador principal), como procedimiento habitual.

Fijar peajes: Energía versus CNMC

A más a más, con ese modelo distorsionado de teledirección de estos organismos, desde su selección y nombramiento, hasta su tutela efectiva como si fueran menores de edad con un grado de permisividad administrada, el Ministerio de Energía no quiere aceptar una mayor participación de la CNMC en la fijación de los precios de la energía, tal y como se requiere desde la Unión Europea. Por ello, argumenta que “no son organismos democráticos», como si el sistema de partidos debiera extrapolarse a todas las instancias de la administración y de gestión de la actividad pública. Vamos, una concepción de cultura política, sociedad económica y sociedad civil basada en un modelo de partidos de tinte venezolano.

Entre otras cosas, porque el hecho de su desaparición o su inanidad de facto facilita el hecho de saltarse la ley cuando establece que hay que aprovechar cualquier superávit para rebajar el déficit acumulado, permite ajustar la evolución de los precios al calendario electoral de cada momento, desata un proceso de agitación política para abolir las subastas o favorece soluciones creativas para abordar cuestiones que se calzan en las tarifas como los subsidios cruzados, las inversiones reguladas, las primas, las sentencias y penalizaciones pendientes dentro de los costes de acceso y a la vez conseguir el laminado de las tarifas

Volviendo al requerimiento de la Unión Europea y, como el Gobierno español sigue revolviéndose contra este modelo contenido en las Directivas comunitarias, hasta ahora teníamos como referencia el modelo del regulador inglés de la OFGEM. Y, quizá, por ese alejamiento de las pautas de las directivas comunitarias y del triunfo de la política en Londres del Brexit sobre la economía y los mercados, la lideresa Theresa May, a fuer de liberal, ahora defiende intervenir los precios de gas y electricidad.

Por eso, un pequeño exit de órganos reguladores podría ser nuestro acto de rebeldía, sui géneris, muy made in Spain.  

El sistema eléctrico evoluciona 845 millones mejor de lo previsto en 2016 a falta de la última liquidación

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Redacción / Agencias.- El sistema eléctrico registró un déficit de tarifa provisional de 430 millones de euros en la decimotercera liquidación de 2016 elaborada por el organismo regulador Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), lo que, a falta de una liquidación para cerrar el ejercicio, arroja una evolución de 845 millones de euros mejor a la prevista.

La previsión para 2016 pasa por cerrar con superávit, como ha ocurrido en los ejercicios 2014 y 2015. El déficit de tarifa provisional de 2016, que se produce porque los ingresos vía peajes son aún insuficientes para cubrir los costes regulados reconocidos, fue inferior a lo previsto gracias a un incremento en la demanda del 0,8%, superior al valor promedio observado en años anteriores. Los ingresos por peajes de acceso de consumidores ascendieron en esta liquidación a 13.741,6 millones de euros, un 0,2% superiores al valor promedio histórico, mientras que los ingresos de peajes de generadores fueron 1,19 millones de euros inferiores a los previstos.

Por su parte, los costes regulados fueron 751,4 millones de euros inferiores a los previstos debido, principalmente, a unos menores costes de la retribución específica de la producción renovable, cogeneración de alta eficiencia y residuos, por importe de 323,8 millones de euros, de la retribución adicional de los sistemas extrapeninsulares (342,8 millones de euros) y de los pagos por capacidad (90,8 millones de euros). Además, en esta liquidación se produjo la amortización de los bonos de la Serie 19 de FADE (emisión 45ª), lo que ha dado lugar a un ajuste en la anualidad, con un impacto en la liquidación de -24,9 millones de euros.

En cuanto a las renovables, la liquidación provisional a cuenta correspondiente a la energía generada en todo 2016 ascendió a 6.396 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. La cantidad a pagar a cuenta a los productores asciende a 481,8 millones de euros, antes de impuestos. El coeficiente de cobertura se situó en el 96,9%, es decir, que los agentes del sistema cobrarán ese porcentaje de los ingresos reconocidos ahora, mientras que el resto se abonará a medida que haya nuevos recursos disponibles.

En lo que respecta a la primera liquidación provisional de 2017, el déficit del sistema eléctrico ascendió a 781,6 millones de euros, lo que supone una evolución 126,6 millones de euros mejor a la prevista. El regulador precisó que los ingresos por peajes correspondientes a lecturas del mes de enero no se reciben completamente hasta marzo, por lo que la primera liquidación tiene una “escasa relevancia”, debido al desfase existente entre la declaración de los ingresos y la liquidación de las distintas partidas de coste.

Según los datos de la liquidación, la demanda en consumo registrada en la liquidación ascendió a 4.665 gigavatios hora (GWh), lo que es un 3,4% superior al valor promedio observado en años anteriores. Los ingresos por peajes de acceso ascendieron a 387,3 millones de euros, siendo un 8,6% superiores al valor promedio histórico. Por su parte, los costes regulados fueron de 90,3 millones de euros inferiores a los previstos para esta liquidación, debido, principalmente, a unos menores costes de la retribución específica peninsular de la producción renovable, cogeneración y residuos del sistema peninsular y de la retribución adicional y específica de los sistemas extrapeninsulares, inferior en 29,8 millones de euros.

En cuanto a las renovables, la CNMC ha gestionado la liquidación de 63.722 instalaciones con derecho a retribución específica. La liquidación provisional a cuenta correspondiente a la energía generada en enero del 2017 ascendió a 514,271 millones de euros, antes de impuestos. La cantidad a pagar a cuenta a los productores en la liquidación ascendió a 156,322 millones de euros, antes de impuestos. El coeficiente de cobertura fue del 30,39%.

En cuanto al sistema gasista, registró un déficit de tarifa de 175 millones de euros, un 83,3% superior a los 95 millones de euros en el mismo periodo del año anterior. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación, se tiene un índice de cobertura del 93,7% de la retribución acreditada. El total de ingresos declarados por las empresas al sistema de liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones ascendió a 2.612 millones de euros, que es un 0,3% inferior al mismo periodo del año anterior. La retribución total acreditada de 2.787 millones de euros, que es un 0,2% superior a la del 2016.

Respecto a los datos de enero, registró un déficit de 169,6 millones de euros en esta primera liquidación de 2017, lo que supone un 0,3% menos que los 170,1 millones de euros registrados en enero de 2016. El total de ingresos declarados por las empresas ascendió a 109,7 millones de euros, que es un 7,8% superior al 2016, debido al incremento de los ingresos por término de conducción en puntos de suministro. La retribución total acreditada fue 261,6 millones de euros, un 0,4% superior a la del año anterior. La demanda nacional de gas en 2017, facturada en enero, ascendió a 18,9 teravatios hora (TWh), con un aumento del 17%.

5.800 industrias sufren una «discriminación eléctrica» de 350 millones, según una plataforma molesta por el trato favorable al País Vasco

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Europa Press.- Un total de 5.800 industrias sufren una «discriminación tarifaria eléctrica» consistente en el pago de un sobrecoste anual de 350 millones por estar encuadradas en un tramo tarifario diferente al que consideran que les corresponde, según la Plataforma Energética kV 25/30. El Gobierno bajó los peajes en 2014 a las tarifas con una tensión mayor o igual a 30 kilovoltios (kV) y menor de 36.

Esta plataforma está liderada por SEA Empresarios Alaveses, Grupo ASE, Federación Española de Asociaciones de Fundidores (FEAF), Desarrollo Protección Ambiental, Metro Bilbao y Transportes Metropolitanos de Barcelona, y presentó sus reivindicaciones en el Senado, acompañada por responsables de Confemetal. Estas empresas denuncian una «incoherencia regulatoria» y piden que se les ubique «en la tarifa eléctrica que les corresponde, evitando así un inexplicable sobrecoste». El promotor de la plataforma y gerente de ASE, Ramón López, indicó ante la Comisión de Energía de la Cámara Alta que estas empresas sufren una «incoherencia regulatoria que supone una arbitrariedad que origina inseguridad jurídica, discriminación y, en definitiva, un sobrecoste».

El problema, explica la plataforma, se originó en 2008, cuando se modificó el Reglamento de Líneas y las redes de 25 y de 30 kilovoltios (kV), clasificadas como de segunda categoría, pasaron a pagar como de tercera categoría. La solución que reclama esta plataforma es que las redes entre 25 y 30 kV se trasladen al nivel de tensión 2 de la tarifa, en concreto a la tarifa 6.2, cuyos peajes eléctricos son inferiores. Este nivel de tensión contempla unos peajes eléctricos inferiores de los que se beneficia buena parte de la industria vasca, cuya tensión es de 30 kV. En todo caso, estas reivindicaciones también beneficiarían a empresas vascas.

Nadal pide «acostumbrarse» a precios más altos de la energía en algunos momentos y prevé 2017 a niveles de 2015

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Europa Press / EFE.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, indicó que España se deberá «acostumbrar» a precios de la energía más altos en algunos momentos e hizo un llamamiento a tener una demanda más gestionable para poder cumplir los objetivos ambientales. Además, asegura que España cumple la normativa europea actual de peajes y pide mantener su control político.

El ministro ha destacado como retos aumentar la flexibilidad de generación del sistema energético y gestionar el sistema teniendo en cuenta que todavía faltan interconexiones entre países en Europa: «Veo a los Gobiernos más pegados a la realidad, respecto a los planteamientos teóricos de la Comisión Europea», indicó Nadal, defendiendo menos ideología y más tecnología, frente a una confrontación actual entre el deseo de adonde se quiere llegar, especialmente en materia medioambiental, y la realidad. «Se está regulando un mercado europeo que todavía no existe. Hay lugares todavía muy poco interconectados y los diferentes países no fijamos precios de la misma manera» ni en gas ni en electricidad, ha argumentado.

En cualquier caso, ha dado por sentado que España «va a cumplir sin ningún problema» el objetivo de contar en 2020 con un 20% de renovables. Nadal indicó que ir por detrás de la tecnología hace perder oportunidades de ganar competitividad, pero ir muy por delante también puede generar sobrecostes. Eso sí, el ministro admitió dificultades en el cumplimiento de los objetivos en materia de eficiencia energética. En este punto, lamentó que las inversiones en eficiencia energética hechas por el sector público computen como gasto en lugar de como inversión, algo que considera «demencial», por lo que criticó una normativa «prácticamente inasumible» tanto para el sector público como el privado.

Por otra parte, el ministro argumentó que “hoy por hoy” no se puede prescindir de ninguna energía, ni siquiera del carbón, «a menos que se dé un salto tecnológico», y subrayó la dificultad de hacer compatible el suministro energético, una política razonable de precios y el cumplimiento de todos los objetivos medioambientales. «Estoy a favor de las renovables sí, pero si son baratas», aseguró el ministro para dejar claro que, actualmente, no es posible que el sistema funcione al 100% solo con este tipo de energías, y por ello ha defendido el papel que juegan las nucleares o las térmicas.

Respecto a la previsión de precios de la electricidad en España este año, hizo hincapié en que los precios mayoristas han vuelto a la normalidad en febrero, después de la «casi tormenta perfecta» que se produjo en enero, y ahora los precios de la energía atraviesan una «situación diferente» ya que las circunstancias meteorológicas han cambiado por completo. En esta línea, destacó el «vendaval enorme» en España que ha hecho que los precios de la electricidad estén 20 euros por debajo de Francia y Alemania.

Asimismo, ha destacado que las medidas impulsadas por el Gobierno en el sector del gas, con la introducción del creador de mercado, han contribuido a que el precio del megavatio hora en gas descendiera de 40 a 30 euros. Por ello, aunque no se ha atrevido a aventurar cómo evolucionarán los precios en los próximos meses, dado que dependerá de la meteorología, sí que ha apuntado que parece que los precios de la energía no podrán estar al nivel de 2016, sino que serán «muy similares a los de 2015», lo que ve como «razonable» ya que el petróleo es más caro que en 2016.

Sobre la negociación con Bruselas respecto a la interpretación de la directiva sobre la fijación de los peajes eléctricos, con los que se sufragan los costes regulados del sistema eléctrico, Nadal ha asegurado que España cumple la normativa actual, algo que Bruselas discute, pero que con los cambios que se están preparando y que dan más peso al regulador nacional en la fijación de precios, al pretender que pueda establecer la metodología y los precios, el Gobierno quiere mantener «una dirección política en la política tarifaria«. En este sentido, resaltó que «en todos los países europeos hay cierta dirección política», y en este punto recordó que en Francia el ministro de Energía puede vetar la propuesta de precios del regulador.

La Comisión Europea publicará el 17 de febrero el paquete de infracciones en el que decidirá si sanciona y denuncia a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no ceder poder al regulador para fijar los peajes de electricidad o si, por el contrario, acepta los compromisos remitidos por carta por el Gobierno en noviembre, cuando comunicó que cambiará la estructura de los peajes, en la medida en que acepta «aumentar las competencias» de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pero reivindica un mecanismo de doble lectura en el que la CNMC realizará una propuesta y el Gobierno fijará los precios y quedará a la espera del posterior visto bueno del regulador.

Eso sí, el Ejecutivo español no especificaba qué ocurrirá en caso de discrepancia y pedía un periodo de adaptación para abordar la reforma que debe dar más peso a la CNMC en la fijación de la metodología y de las tarifas en transporte y distribución. Por su parte, el director general adjunto de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, Christopher Jones, ha defendido la propuesta de diseño del mercado energético europeo y se ha mostrado convencido de que situará a Europa como líder global en lucha contra el cambio climático con un sistema energético competitivo y eficiente.

Pide a Cataluña evitar ideología

Por otro lado, Nadal instó al Gobierno catalán a no hacer de la política energética y del uso de las diferentes fuentes de energía un «debate ideológico» y a actuar en este ámbito con «sentido común». Así se refirió al documento aprobado en el que se dibuja el modelo energético de futuro que aspira a construir y el ministro subrayó que «tiene que haber mucho sentido común, poner todas las piezas juntas y no usarlo como un debate ideológico» porque lo importante, a su juicio, es «acertar» porque eso daría una ventaja estratégica al país.

El modelo energético de futuro que el Ejecutivo autonómico aspira a construir para Cataluña está basado en las energías renovables y marca como objetivo para el 2050 que el 100% de la energía que se consuma en hogares y empresas proceda de fuentes renovables, además de otorgar un papel importante al autoconsumo. «No creo que podamos prescindir ideológicamente de nada», ha dicho Nadal en referencia a la renuncia a la energía de origen nuclear. El ministro ha señalado que «hay que vivir de realidades y la realidad es que la nuclear es la que nos permite avanzar sin emitir CO2».

El pool sube un 11,7%

Mientras tanto, el precio de la electricidad en el mercado mayorista alcanzó los 55,46 euros el megavatio hora, un 11,7% más que los 49,66 euros el MWh previos, según datos de OMIE, el operador del mercado. Este precio está muy lejos de los picos alcanzados a finales de enero, en plena ola de frío y con la actividad hidroeléctrica y eólica bajo mínimos. El 25 de enero, la electricidad alcanzó los 91,88 euros el MWh en el mercado mayorista, un nivel que no se veía desde diciembre de 2013. El precio mayorista supone en torno al 35% de la tarifa eléctrica regulada, mientras que el 65% restante depende de los peajes, que fija el Gobierno, y de los impuestos aplicados.

Nadal rechaza «por demagogia” la propuesta de Ciudadanos para eliminar el Impuesto Especial sobre Electricidad porque habría que subir otro

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Redacción / Agencias.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha rechazado la eliminación del Impuesto Especial sobre Electricidad, petición realizada por Ciudadanos en una iniciativa registrada en el Congreso de los Diputados con lo que calcula que se conseguiría un ahorro del 6% para las familias, porque «existe en todos los países» y habría que subir otro impuesto ante el elevado déficit de España.

Nadal afeó a Rodríguez que Ciudadanos «presume de no hacer demagogia» y sin embargo propone eliminar el Impuesto Especial sobre Electricidad cuando «no se puede decir que se baje un impuesto y no subir otros». En este sentido, recordó que este impuesto existe «en todos los países de Europa» y aclaró a Rodríguez que, en el caso de España, este gravamen recogido en la factura de la luz no procede de la época del expresidente del Gobierno, José María Aznar, sino «de mucho más atrás». Asimismo, ante la petición de Ciudadanos de eliminar el impuesto al sol para potenciar el autoconsumo, Nadal subrayó que «mi obligación es beneficiar a todos y no a unos cuantos».

Asimismo, Nadal señaló que la parte regulada del recibo de la luz, competencia del Gobierno, supone entre un 60% y un 65% de la factura y se ha mantenido «constante» en los últimos años, además de haberse congelado de nuevo este año y haber bajado un 2,8% en 2016 porque había «superávit». Esto ha permitido una bajada del precio de la factura de electricidad desde el año 2013, presumió Nadal, quien, frente a un 2016 en el que la parte del mercado del recibo fue «excepcional mente bueno» por las favorables condiciones meteorológicas y los bajos precios del petróleo, el ejercicio actual es «totalmente diferente».

«España ha marcado precios que no son buenos pero algo mejores que Suiza, Bélgica o Italia», apuntó el ministro, que ha añadido que Francia marca a España «mínimos y máximos prácticamente todos los días», porque aunque todavía no hay un nivel suficiente de interconexiones, cada vez está más interconectado. En todo caso, Nadal afirmó que el Gobierno quiere que la parte de mercado de la factura sea «más eficiente», para lo que se han implementado medidas en el ámbito del gas, lo que está permitiendo que haya un «mejor funcionamiento de un mercado que compartimos con el resto de países».

Asimismo, a otra pregunta del diputado socialista Miguel Ángel Heredia sobre el precio de la luz, Nadal ha respondido que «no se sostiene que el precio sigue subiendo», ya que en la última semana ha disminuido de los 91 euros por megavatio hora (MWh) a unos 69 euros. El titular de Energía espetó a Heredia que desde el PSOE no pueden dar «lecciones» de precios de electricidad porque durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la factura se encareció un 70% y dejaron un «pufo descomunal» de 30.000 millones de euros, en referencia al déficit de tarifa del sistema.

Si no se hubiese acometido la reforma energética, Nadal calcula que el recibo se habría encarecido un 42%, si bien ha reconocido que este año el precio «va a subir» por las condiciones meteorológicas, frente al descenso que se venía registrando desde 2013. En cualquier caso, ha defendido que «se están mejorando muchas cosas», y se está evitando que suba la electricidad «como antes». A este respecto, ha recordado que se convalidó el decreto sobre el bono social, aprobado en 2009, y que con la nueva norma habrá un desarrollo reglamentario con las comunidades autónomas y se atenderá de forma integral a las familias vulnerables.

Por otra parte, Nadal aseguró que la política social de una comunidad autónoma no puede generar costes y gastos al conjunto de consumidores eléctricos de España. «No es una postura del Gobierno, es una postura del Constitucional», señaló Nadalen respuesta a la pregunta de la diputada de Unidos Podemos, Irene Montero, sobre los motivos que han llevado al Gobierno a recurrir la Ley de Vivienda de Murcia, que establece la obligación de las suministradoras de servicios básicos (agua, luz y gas) de pedir información a los servicios sociales sobre la situación de las familias antes de proceder al corte del suministro. Según explicó, la comisión bilateral Gobierno-Región de Murcia está negociando para evitar el recurso ante el Tribunal Constitucional.

Nadal, que subrayó que esa norma no estaba recurrida por el Gobierno, afirmó que en el decreto ley por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica, convalidado por el Congreso, «por primera vez» se enlaza esa competencia exclusiva de las comunidades autónomas con esa competencia general de energía. Así, Nadal acusó a Unidos Podemos de «no querer aportar» en la redacción del decreto, como si hicieron otros partidos políticos como PSOE y Ciudadanos. «Lo que mandaron fue un papel de hayques. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Para protestar, los primeros, pero para trabajar, no tienen ninguna capacidad», apostilló Nadal.

Por ello, en referencia a la protección de los hogares vulnerables, destacó que este decreto permitirá «atender de manera integral los problemas de corte de energía a las familias en situación de mayor vulnerabilidad». Mientras, la diputada de Unidos Podemos pidió al Gobierno que, en lugar de recurrir leyes «que garantizan derechos», se pongan a hacer una ley adecuada que permita que «no haya cortes de luz a la gente que no puede pagarla». «En definitiva, que se pongan al servicio de la gente y no de los especuladores», añadió Irene Montero, que considera que se está vulnerando «sistemáticamente» un derecho fundamental alegando que hay un conflicto de competencias entre el Estado y las autonomías.

Por su parte, el socialista Miguel Ángel Heredia denunció que hay cinco millones de españoles que «no pueden encender la calefacción», a lo que se suma que más de un millón destina hasta el 20% de sus ingresos para poder pagar la energía. «¿Cómo puede mirar a los ojos de los jubilados cuando ha anunciado que la luz va a subir este año más de 100 euros?», le preguntó a Nadal. Por ello, el diputado socialista pidió al Gobierno que realice una auditoría de costes, una reforma «en profundidad» del sector para no «condenar» al «frío y la oscuridad» a los que no pueden hacer frente al recibo. «Apriete el cinturón a las eléctricas, haga algo y hágalo ya», enfatizó.

La diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez ha anunciado que la formación naranja va a presentar una iniciativa para suprimir el Impuesto Especial sobre Electricidad para conseguir un ahorro directo del 6% a las familias, y ha defendido que si se aplicasen medidas de mejora a la competencia se podrían ahorrar unos 400 euros por familia al año. En este sentido, ha pedido un Pacto de Estado por la Energía y que los ciudadanos no paguen «errores políticos», y ha apostillado que sí «hay dinero» para poder bajar el recibo, aludiendo a los 2.800 millones de la amnistía fiscal, los 5.000 millones del rescate de las radiales y los 41.000 millones de las cajas de ahorro.

¿Qué se paga con la tarifa eléctrica regulada?

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EFE.– La tarifa eléctrica regulada, a la que están acogidos 12 millones de consumidores, sigue siendo una gran desconocida a pesar de la polémica que ha suscitado durante las últimas semanas la brusca subida de la electricidad en el mercado mayorista, que parece haber empezado a remitir. De hecho, en numerosas ocasiones se ha confundido la evolución del precio en el mercado mayorista con el comportamiento de la tarifa regulada, denominada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).

Si dejamos al margen los contratos de suministro firmados por los consumidores que están en el mercado libre, unos 13 millones, el primer dato a destacar es que el coste de producción representa tan sólo el 35% de la tarifa regulada. El 65% restante corresponde a impuestos (IVA e Impuesto de Electricidad), al margen de comercialización, al alquiler del contador y, sobre todo, a los llamados peajes de acceso, que suponen en torno al 40% del recibo de la luz y que fija el Gobierno.

Aunque los peajes están congelados e incluso bajaron en 2016, no faltan los expertos que cuestionan algunos de los conceptos que engloban. El capítulo de costes regulados incluye la retribución de dos actividades necesarias para hacer llegar la electricidad a hogares y empresas: el transporte, que permite llevar la energía desde las centrales hasta las subestaciones, de la que se ocupa Red Eléctrica de España; y la distribución, que la reparte entre los consumidores finales.

Pero también son costes regulados las primas a las energías renovables; la compensación a los sistemas extrapeninsulares (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) por sus mayores costes de producción; la recuperación del déficit tarifario acumulado en ejercicios anteriores; los pagos por capacidad, para que siempre haya centrales de reserva, y la financiación de la interrumpibilidad, el descuento aplicado a las empresas a las que se puede cortar la luz en caso de necesidad. Si se eliminaran algunos de estos conceptos, la tarifa regulada bajaría sensiblemente, pero habría que determinar de qué forma se pagarían, por ejemplo, las primas a las renovables.

Mención especial merece la recuperación del déficit tarifario, una bola de deuda de más de 20.000 millones de euros que empezó a gestarse en los gobiernos de José María Aznar por la decisión de no subir la tarifa más del 2% durante varios años y que se disparó con la política de ayudas a las renovables en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero. Esa «pesada mochila» se sigue pagando a través de la tarifa, aunque la reforma energética acometida por el Gobierno del PP ha conseguido, aparentemente, eliminar el déficit.

Sin embargo, lo que disparó la polémica en las últimas semanas ha sido la subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista. Hay razones que pueden explicar la subida: la ola de frío, que ha disparado la demanda; la ausencia de agua y viento, que ha obligado a utilizar centrales más caras; el encarecimiento del petróleo y el gas natural, y el parón de varias nucleares francesas. Pero tanto el Ministerio de Energía como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) analizan si, además, hubo algún comportamiento anticompetitivo por parte de los agentes del sector.

El Ministerio de Energía ha tomado medidas para aumentar la competencia en el mercado gasista y conseguir precios más competitivos. En la situación actual, los precios del mercado eléctrico mayorista los marcan las centrales de ciclo combinado, que utilizan el gas como combustible. Energía ha incorporado la figura del «creador de mercado», que ya existe en otros países europeos, para conseguir más liquidez en Mibgas, el mercado gasista organizado. Además, obligará a los operadores dominantes del sector gasista a ofrecer un volumen determinado de gas en el mercado. Ahora se espera que los precios de la electricidad se moderen a medida que suban las temperaturas, vuelva a soplar el viento y, si hay suerte, llueva.