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La industria electrointensiva de AEGE prevé que 2017 y 2018 serán los años con la electricidad más cara desde 2009

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EFE / Europa Press.- La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) estima que, si se cumplen las previsiones de precios para el mercado eléctrico mayorista en 2018, este año será, junto a 2017, el del precio medio más caro desde 2009. AEGE señala que teniendo en cuenta la evolución del mercado diario en 2018 hasta la fecha y las cotizaciones de los precios futuros, el precio medio del mercado eléctrico español de 2018 será de 51,4 euros por megavatio hora (MWh).

En lo que va de 2018, el precio medio del mercado eléctrico español se sitúa en los 51,6 euros por MWh, situándose así 17,5 euros por encima de Alemania (34,2 euros) y 12,3 euros más que Francia, según datos del Barómetro Energético de la AEGE. El precio medio de 2017 fue de 52,2 euros/MWh. Asimismo, en el mes de febrero del presente año, el precio medio diario ha sido de 54,96 euros/MWh, un 6,2% superior al del mismo mes de 2017 y un 10% mayor que en enero de 2018.

La cotización del futuro para 2019 del mercado eléctrico español en estos momentos se sitúa en 48,4 euros/MWh, un 42,1% superior a la cotización del mercado alemán, que ha sido de 34,06 euros/MWh. El Barómetro Energético de AEGE detalla la evolución del coste de la energía eléctrica, mostrando los precios del mercado eléctrico spot (al contado) y a plazo, tanto nacional como de los principales mercados eléctricos europeos, así como la evolución del precio de otros segmentos relevantes en la factura eléctrica final pagada por los consumidores industriales. En el caso de la industria electrointensiva, los precios de la electricidad llegan a representar el 50% de sus costes de producción.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad. El mercado mayorista, también conocido como pool, funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última en participar, la más cara, marca el precio para el conjunto. Por otro lado, el Gobierno ha congelado para 2018, y por quinto año consecutivo, los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados.

PP y Unidos Podemos acuerdan condicionar la bajada de impuestos al autoconsumo energético a la sostenibilidad económica del sistema eléctrico

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Europa Press.- El Congreso, con votos a favor de PP, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, Compromís, EH Bildu, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria, abstención de PSOE, PDeCAT, PNV y Nueva Canarias y el voto en contra de Ciudadanos, ha confirmado un cambio en la Ley del Sector Eléctrico introducido en el Senado recientemente para condicionar por ley la reducción excepcional de peajes a determinadas formas de autoconsumo a que el sistema energético sea económica y financieramente sostenible.

Esta condición se incluyó en la ley de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía en determinadas cuencas hidrográficas a su paso por el Senado y así se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La citada enmienda modifica el apartado dedicado a autoconsumo en la Ley del Sector Eléctrico de 2013 y venía a permitir la posibilidad de reducir los peajes, la carga impositiva que deben hacer frente los autoconsumidores, en sectores intensivos en el consumo energético o de actividad estacional.

Una redacción final más restrictiva

Sin embargo, si en la redacción original esta posibilidad se hacía con el fin de «garantizar la viabilidad económica» de esta producción de energía, la modificación introducida en el Senado, y respaldada por el Congreso ahora, condiciona esta bajada de impuestos a la sostenibilidad económica y financiera. Esto es, «siempre que la modificación propuesta sea consistente con la seguridad y sostenibilidad económica y financiera recogida en la Ley del Sector Eléctrico, así como en la normativa comunitaria de aplicación». Además, la enmienda concreta que esta reducción podrá hacerse «de forma excepcional» y para «determinadas categorías de consumidores en la modalidad de suministro con autoconsumo caracterizados por ser intensivos en consumo energético o sujetos a estacionalidad«.

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales apuesta por la electrificación de la economía y disminuir la dependencia de los hidrocarburos

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Europa Press.- El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM) ha remitido un documento con recomendaciones al grupo de expertos que trabaja en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en el que, entre otras medidas, aconseja al Gobierno evitar que ninguna fuente de hidrocarburos llegue al 50%, así como apoyar una mayor penetración del vector eléctrico en la demanda final, sobre todo en el transporte y la movilidad sostenible. Así lo desveló el nuevo decano del COIIM, César Franco.

Franco considera «imparable» la actual revolución digital y económica y confía en su contribución en la transición energética hacia una economía baja en carbono en España, para lo que ve necesario atraer a los jóvenes y a las mujeres a la ingeniería. En este sentido, ha explicado que el informe técnico que el COIIM ha remitido al citado grupo supone un marco de referencia y actuaciones, entre las que se insta a realizar un conjunto de inversiones y acciones, como por ejemplo cambiar el modelo de transporte o favorecer la interconexión eléctrica con Francia para alcanzar el 10% en 2020 y el 15% en 2030.

Entre estas recomendaciones también destaca la importancia de potenciar una gestión de la demanda razonable, incluyendo acuerdos de garantía de suministro, ahorro y eficiencia energética y la mejora de la intensidad energética. Otra de las propuestas donde el representante de los ingenieros ve «margen de maniobra» es en los peajes y costes ajenos a la generación, transporte y distribución, que se deberían quitar de la tarifa eléctrica y pasarlos a los Presupuestos Generales del Estado. Estas propuestas forman parte del documento que aboga por una reforma profunda del mercado de la electricidad y por apostar por el desarrollo del autoconsumo incluidos los de balance neto.

Entre otras de las recomendaciones formuladas, ha añadido que se debe lograr un mercado eficiente de CO2 con señales claras al mercado de cara a la descarbonización y la instalación de la generación eléctrica libre de emisiones. En este contexto, Franco defiende el papel de los ingenieros industriales que están «tratando de pujar en esta dirección» en los distintos sectores energéticos donde intervienen, como la nuclear, los combustibles fósiles, el agua, las energías renovables y en medio ambiente en general.

«Somos una asociación profesional con capacidad de desarrollo de la industria en general», señaló Franco, que considera «urgente» que la producción industrial española llegue al 20% del PIB. Por ello, cree que España necesita planes estratégicos de industrialización y planes específicos que desde los Colegios profesionales están impulsando de cara a la transición energética, donde considera que en la actualidad hay «parámetros contrapuestos». «Queremos más industria, pero con un acceso a fuentes de energía más barata para poder ser competitivos. En el largo plazo todos sabemos dónde ir, pero se difiere en el camino. Se puede cumplir los objetivos de París de forma que las industrias puedan acceder a fuentes de energía más baratas», manifestó.

Sin embargo, reconoce que el Gobierno tiene «un papel complicado» para dar una respuesta a este reto que guste a todo el mundo, porque cree que a todos los sectores les gustaría que de hoy para mañana toda la energía sea de origen renovable, pero admite que esto «a veces es inabordable en el corto plazo» para poder mantener la seguridad de suministro. A su juicio, el actual mix energético permite asegurar el suministro con fuentes de energía diversas, carbón, gas, nuclear, petróleo, hidráulica y renovables lo que ha permitido a España «una buena posición».

El Gobierno congela los peajes de electricidad y gas para 2018 y reduce el alquiler de los contadores de gas

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Europa Press.- El Ministerio de Energía publicó las órdenes ministeriales en las que se adopta la congelación de los peajes de electricidad y de gas para 2018, por quinto y cuarto año consecutivo respectivamente. Estos peajes, fijados por el Gobierno, recogen los ingresos necesarios para cubrir los costes regulados previstos tanto en el sistema gasista como en el eléctrico. Aparte de estos peajes, los consumidores abonarán en su recibo los impuestos y el coste de la energía.

El Ministerio de Energía señaló que se estima un equilibrio económico en los sistemas eléctrico y gasista para los próximos años, que permite la congelación de esta parte regulada de las facturas. Asimismo, considera que no incrementar los peajes redundará «en un impacto positivo tanto en la competitividad de la economía española como en la actividad económica». Adicionalmente, en el caso del gas natural, se reduce el precio del alquiler de los contadores que pagan los consumidores en las facturas. Así, se estima que la rebaja supondrá un ahorro medio de ocho euros al año y por cliente, para unos 7,8 millones de consumidores domésticos.

El déficit eléctrico provisional de 2017 asciende a 1.443 millones de euros hasta octubre, 365,3 millones menos de lo previsto

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Europa Press.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.443,6 millones de euros en los diez primeros meses del 2017, 365,3 millones menos de lo previsto, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), debido, fundamentalmente, a la menor retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares en 376,5 millones de euros.

El consumo eléctrico registrado en la liquidación fue de 185.638 gigavatios hora (GWh), un 1,9% superior al valor promedio observado en años anteriores; mientras que los ingresos por peajes de acceso y cargos de consumidores (10.642,7 millones de euros) fueron un 0,3% superiores al valor promedio histórico. Mientras, los ingresos registrados por peajes de acceso de generadores resultaron un 1,6% inferiores (1,5 millones de euros).

En cuanto a las renovables, en la liquidación del mes de octubre la CNMC ha gestionado la liquidación de 63.572 instalaciones del total de las inscritas en el registro de régimen retributivo específico del Ministerio de Energía y que tienen derecho a retribución específica. La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada desde el 1 de enero y hasta el 31 de octubre de 2017, con cargo a las liquidaciones de las actividades reguladas del sector eléctrico, se elevó hasta los 5.956,4 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente.

Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, contemplados en el artículo 19 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, es necesario aplicar un coeficiente de cobertura de 88% a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación. La cantidad a pagar a los productores en la décima liquidación asciende a 685,28 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. Asimismo, la liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, asciende a 57,3 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente.

En cuanto al sector gasista, el déficit registrado hasta octubre fue de 466 millones de euros, frente a los 462 millones de euros en el mismo periodo del 2016. Así, teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación, se tiene un índice de cobertura del 79,9% de la retribución acreditada. El total de ingresos declarados por las empresas al sistema de liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones ascendió a 2.076 millones de euros, un 2,8% más que en el mismo periodo del 2016, destacando el incremento de los ingresos por reserva de capacidad y por peaje de regasificación.

Mientras, los costes liquidables del sistema ascendieron a 327 millones de euros, un 27,8% superiores a los del mismo periodo del ejercicio anterior, debido principalmente al aumento del coste de adquisición del gas de operación en el Mercado Organizado de Gas (Mibgas). Por su parte, la demanda nacional de gas facturada hasta el 30 de octubre de 2017 ascendió a 245,9 teravatios hora (TWh). El número de consumidores declarado por las empresas distribuidoras ascendía a 7,78 millones, con un aumento interanual de 91.044 consumidores (+1,2%).

La CNMC insiste a Energía en la «urgente necesidad» de aprobar medidas para adecuar sus competencias a la normativa comunitaria

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reiteró al Gobierno la «urgente necesidad» en que apruebe las medidas legislativas necesarias para adecuar sus competencias con las del resto de reguladores europeos de acuerdo con la normativa comunitaria.

El organismo ha aprovechado la publicación de los informes sobre peajes de acceso de energía eléctrica para 2018 y sobre peajes, cánones y retribución asociados al acceso a las instalaciones gasistas en 2018, para volver a pedir al Ejecutivo la aprobación de estas medidas con el objetivo de poner fin al procedimiento de infracción abierto en 2016 contra el Reino de España por «la incorrecta transposición al ordenamiento español de las Directivas 2009/72/EC y 2009/73/EC».

De acuerdo con ello, la CNMC señala que debe ser ella quien debe determinar tanto la retribución de las actividades reguladas que se financian con cargo a peajes, como la estructura, las condiciones de aplicación de los mismos y las reglas de asignación de la retribución a los peajes regulados. Así, el superregulador advierte de que este incumplimiento «ha impedido cumplir con las obligaciones impuestas en el Reglamento (UE) 2017/460».

La CNMC mantiene un enfrentamiento con el Ejecutivo, cuyo último episodio ha acabado en los tribunales con la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo por el organismo contra el Real Decreto 903/2017 por el que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital asumía funciones que hasta la fecha correspondían al regulador, entre ellas las liquidaciones del sistema eléctrico. En el fondo de esta pugna por estas competencias entre la CNMC y Energía se encuentra la determinación de la cuantía y el reparto de los peajes eléctricos.

En lo que se refiere al informe sobre el sector eléctrico, la CNMC considera que los ingresos de peajes en el sector eléctrico serán suficientes para cubrir los costes previstos tanto en 2017 como en 2018. Eso sí, señala que la demanda prevista para 2018 en la propuesta de orden del Ministerio de Energía es inferior a la estimada por diversos agentes, mientras que los ingresos son un 1% superiores a los previstos en 2017.

Suficientes para cubrir los costes

Respecto a los costes previstos para 2018, afirma que se tiene en cuenta el impacto de la sentencia del Tribunal Supremo del 25 de octubre respecto al recurso contencioso-administrativo número 1379/2016 en la retribución de la distribución y estiman un aumento relevante de la retribución adicional de los sistemas no peninsulares. Asimismo, según la propuesta de Orden, los ingresos de peajes serán suficientes para cubrir los costes previstos de 2018, si bien se prevé la incorporación de superávit de ejercicios anteriores, para cubrir posibles desajustes.

Adicionalmente, Competencia realiza observaciones sobre la falta de metodología de cálculo de los cargos, lo que deja en suspenso su metodología de determinación de los peajes de transporte y distribución. A este respecto, subraya que ambas cuestiones «contribuirían a la transparencia y darían certidumbre al desarrollo del autoconsumo». Además, se reclama el desarrollo reglamentario para los superávits acumulados de los ingresos y se urge al Ministerio para que apruebe la metodología de retribución del Operador del Mercado Ibérico de Energía y del Operador del Sistema.

En lo que se refiere a los peajes y retribuciones del sector gasista, el regulador cree que las previsiones de la propuesta de orden de demanda e ingresos podrían estar infravaloradas para el cierre del ejercicio 2017 y, por el contrario, sobrevaloradas para el ejercicio 2018, lo que tiene como consecuencia una sobreestimación del déficit esperado para el ejercicio 2017 y una sobrevaloración del superávit del ejercicio 2018. Según la propuesta del Ministerio, los ingresos de peajes y cánones previstos para cerrar el ejercicio 2017 son insuficientes para cubrir los costes y el déficit se elevará a 120 millones de euros, mientras que en 2018 se registrará un superávit estimado en 10 millones de euros.

Según las estimaciones de la CNMC, el desajuste de 2017 y 2018 podría alcanzar saldos negativos de 84 millones de euros y de 99 millones de euros, respectivamente. Adicionalmente, realiza algunas observaciones como la no inclusión de referencia a la tarifa de alquiler de contadores propuesta por la CNMC en marzo y que supondría una rebaja para 7 millones de consumidores o la valoración positiva de la habilitación a Mibgas a negociar productos de transferencia de titularidad de gas con entrega en instalaciones no incluidas en el sistema gasista español.

El déficit eléctrico provisional asciende a 1.645 millones de euros en septiembre, 390 millones menos de lo previsto

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Europa Press.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.645 millones de euros en los nueve primeros meses del año, 390,2 millones menos de lo previsto, según indicó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Este desajuste inferior a lo previsto se debió, fundamentalmente, a la evolución favorable de los ingresos por peajes de acceso y cargos (94,2 millones de euros) y de la retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares (341,7 millones de euros menos de lo previsto). El consumo eléctrico registrado en la liquidación fue de 165.956 gigavatios hora (GWh), un 2,2% superior al valor promedio observado en años anteriores; mientras que los ingresos por peajes de acceso y cargos de consumidores ascendieron a 9.557 millones de euros, un 1% superiores al valor promedio histórico. El coeficiente de cobertura registrado en esta liquidación se situó en un 84,93%, lo que determina hasta qué punto se cubren los costes en esta liquidación.

En cuanto a las renovables, en la liquidación de septiembre la CNMC ha gestionado la liquidación de 63.629 instalaciones del total de las inscritas en el Registro de Régimen Retributivo Específico del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, y que tienen derecho a retribución específica. La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada desde el 1 de enero hasta el pasado 30 de septiembre, con cargo a las liquidaciones de las actividades reguladas del sector eléctrico, se elevó hasta los 5.367,09 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente.

506 millones en esta liquidación

Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, contemplados en el artículo 19 de la Ley 24/2013, la cantidad a pagar a cuenta a los productores en la novena liquidación aplicando el coeficiente de cobertura señalado asciende a 506,58 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. Asimismo, la liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), asciende a 51,5 millones de euros, antes de impuestos.

En cuanto al sector gasista, el déficit registrado fue de 396 millones de euros, frente a los 417 millones de euros en el mismo periodo del año anterior. Así, teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación, se tiene un índice de cobertura del 81,3% de la retribución acreditada. El total de ingresos declarados por las empresas al sistema de liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones ascendió a 1.902 millones de euros, un 2,8% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, destacando el incremento de los ingresos por reserva de capacidad y por peaje de regasificación.

Mientras, los costes liquidables del sistema ascendieron a 32 millones de euros, un 25,5% superiores a los del mismo periodo del 2016, debido principalmente al aumento del coste de adquisición del gas de operación en el Mercado Organizado de Gas (Mibgas). Por tanto, teniendo en cuenta los ingresos existentes, se han obtenido unos ingresos netos declarados de 1.870 millones de euros. La retribución total fija acreditada a las empresas ascendió a 2.094 millones de euros. Por su parte, la demanda nacional de gas este año facturada hasta el 30 de septiembre ascendió a 220,5 teravatios hora (TWh). El número de consumidores declarado por las empresas distribuidoras ascendía a 7,7 millones, con un aumento interanual de 88.805 consumidores, un 1,2% más.

UGT cree que el nuevo bono social de electricidad «no es la respuesta adecuada» para proteger a los consumidores vulnerables

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Redacción / Agencias.- La Unión General de Trabajadores (UGT) ha denunciado que el nuevo bono social aprobado por el Gobierno «no es la respuesta adecuada» para proteger a las personas más vulnerables ni para garantizar el acceso al suministro básico de electricidad en condiciones de igualdad para todas las rentas «y menos para los hogares que más lo necesitan». En este sentido, el sindicato considera que el bono social es «claramente insuficiente» para evitar los cortes de suministro en casos de pobreza extrema.

UGT cree que tanto la regulación del bono social como la definición de consumidores vulnerables no es la adecuada ya que «no garantiza el acceso a toda la población a un suministro básico de electricidad«. El sindicato ha señalado que el nuevo bono social «no resuelve las situaciones que se están produciendo por el incremento del recibo de la luz» y ha reclamado una reforma «en profundidad» del mercado eléctrico, revisar los conceptos fijos de las tarifas y reducir la fiscalidad del suministro básico con la aplicación del IVA supereducido.

Entre las críticas al bono social, la central sindical indicó que el descuento sobre la factura de la luz es «claramente insuficiente» porque se fija un límite máximo de consumo bonificado según la unidad familiar. Asimismo, considera que en el consumo de calefacción deberían tenerse en cuenta fundamentalmente los metros de la vivienda y no tanto el número de personas que componen el hogar. Además, afirma que tampoco se tiene en cuenta el mayor consumo que hay en los meses de invierno, así como que no se diferencia por zonas climáticas, con lo que el exceso de kilovatios en caso de exceder el límite de consumo se pagará sin descuento.

Respecto a la definición que realiza el Gobierno de consumidor vulnerable, UGT no la comparte ya que “fija criterios basados fundamentalmente en los ingresos, el número de miembros de las familias y el límite de consumo, sin tener en cuenta que la mayoría de estos hogares pertenecen a viviendas energéticamente ineficientes e incluso que el gasto medio de consumo en hogares energéticamente pobres tiene un consumo superior al límite establecido». Finalmente, UGT subraya su desacuerdo con que las familias numerosas, «por el hecho de serlo y sin considerar sus rentas», puedan disponer del bono social sin límite temporal hasta que dejen de ser familia numerosa.

También ha criticado que para comprobar la renta del solicitante se pida la declaración de la renta del año anterior, que no acredita los ingresos que se tienen en el momento de presentar la solicitud, cuando su renta puede haber cambiado, así como que a los únicos perceptores del bono social a los que no se podrá cortar el suministro es a los que estén en riesgo de exclusión social. A juicio del sindicato UGT, «una persona pasa en un espacio muy breve de tiempo a situación de exclusión social, desde el momento en el que no se reciben rentas».

Por otra parte, el sindicato propone que el precio de kilovatio por hora «se fije en función de su coste real de generación, acabando de esta manera con el actual sobrepago a las empresas eléctricas», y que se revise el conjunto de conceptos incluidos en la parte fija de las tarifas eléctricas para determinar la procedencia de los que deban ser asumidos por el conjunto de consumidores, permaneciendo en la tarifa,y los que proceda que sean sufragados por los Presupuestos Generales del Estado, por ser más propios de otras políticas sectoriales, industriales o territoriales.

La tarifa regulada de gas natural baja un 1,3% para este trimestre, encadenando su segundo descenso trimestral consecutivo

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Europa Press.- La Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural ha bajado este trimestre en torno a un 1,3% de media respecto al precio del tercer trimestre del año, según la resolución publicada en el Boletín Oficial de Estado (BOE). Este abaratamiento de la TUR media en su revisión para el cuarto trimestre del año responde a una caída superior al 4% en el coste de la materia prima, según fuentes del sector.

Concretamente, el precio de la TUR 1, a la que se acogen los consumidores con consumos menores o iguales a 5.000 kWh anuales (agua caliente y cocina) caerá un 1,1%, mientras que para la TUR2, para consumidores con consumos entre 5.000 y 50.000 kWh al año (agua caliente y calefacción), bajará un 1,4%. De esta manera, el precio del gas natural encadenará su segunda bajada consecutiva, después del abaratamiento del 1% que registró en el tercer trimestre. En julio, la TUR de gas natural puso fin a la senda alcista que había encadenado en las tres revisiones de precios anteriores.

Para el cálculo de la TUR se tienen en cuenta los peajes de acceso y el precio del gas. La parte regulada de la factura (peajes de acceso), que fija el Gobierno, se mantendrá congelada. En cuanto al precio del gas, éste se obtiene según la cotización internacional del gas, la evolución del crudo Brent y la subasta de adquisición de gas. La TUR de gas natural se actualiza por el Gobierno de forma trimestral. De los 7,7 millones de consumidores de gas natural, unos 6 millones son suministrados a través de una comercializadora de mercado a precio libre y 1,7 millones se encuentran acogidos al precio de la TUR.

Europa abre una investigación sobre el euskopeaje a instancias de Cataluña y el Ministerio argumenta que no vulnera la competencia

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EFE.- El Ministerio de Energía considera que la eliminación de la tarifa del peaje de acceso a líneas de alta tensión de 30 kilovoltios (kV), utilizada sobre todo por empresas vascas y sobre la que la Comisión Europea ha abierto una investigación a instancias de la Generalitat de Cataluña, no vulnera la competencia. Así se manifestó Energía tras confirmar el viceconsejero vasco de Industria, Javier Zarraonandia, la investigación del acuerdo entre el Gobierno y el PNV sobre la tarifa eléctrica industrial.

El acuerdo presupuestario entre el Gobierno del PP y el PNV incluyó la eliminación de la tarifa del peaje de acceso a líneas de alta tensión de entre 25 y 30 kV, utilizada sobre todo por empresas vascas, y su inclusión en otro apartado tarifario, lo que se calculó que supondría un ahorro de unos 50 millones de euros para las industrias vascas afectadas. Cinco patronales catalanas se quejaron de ese cambio tarifario, tras lo que la Generalitat ha decidido denunciarlo ante la Comisión Europea.

Zarraonandia ha explicado que el acuerdo «de ninguna manera puede considerarse como una ayuda pública o una ayuda de Estado», ya que su objetivo es «corregir una discriminación histórica» que supuso en 2013 «un sobrecoste de 100 millones de euros para la industria vasca». No se trata, ha insistido, de «un trato de favor a la industria vasca» ni posiciona a las empresas de Euskadi en situación de ventaja, sino que simplemente «las homologa respecto a otras industrias del Estado».

De hecho, el viceconsejero ha explicado que de este cambio de tarifa se beneficiarán también empresas de otras comunidades autónomas, como Navarra, Cantabria, Asturias y Andalucía. Sin embargo, las empresas catalanas, en general, no se benefician por el acuerdo «porque están conectadas a un nivel de tensión de 25 kV”. «Nosotros tenemos que defender los intereses de la industria vasca y la Generalitat tiene que defender los intereses de las empresas catalanas y no perjudicar a los demás», ha agregado.

Energía niega vulnerar la competencia

Por su parte, fuentes del Ministerio de Energía han indicado que hasta el momento no han tenido conocimiento oficial de la investigación abierta por la Comisión Europea por la eliminación de esa tarifa. Al igual que Zarraonandia, las mismas fuentes han señalado que la eliminación de esa tarifa no vulnera la competencia y no privilegia a unas zonas de España respecto a otras, pues afecta no sólo a empresas del País Vasco, sino también de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra y parte de Andalucía.

Según los datos de la Plataforma KV25/30, formada por empresas consumidoras de energía eléctrica de alta tensión en toda España, unas 1.250 empresas en las 5 comunidades autónomas afectadas, de ellas 790 del País Vasco, se beneficiarán del cambio en la tarifa. Esta plataforma, que ha venido reclamando cambios en la regulación de las tarifas de acceso a la electricidad para las empresas consumidoras de alta tensión, señaló que en Cataluña 3.277 empresas no podrán beneficiarse del cambio porque la potencia aplicada es de 25 kV, al igual que les ocurrirá a otras de Extremadura, Aragón, Murcia y Castilla-La Mancha.

Partidos vascos critican a Cataluña

Por otro lado, los partidos vascos han considerado un error la denuncia presentada por Cataluña ante Bruselas para que investigue la rebaja a la industria vasca. El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar, ha precisado que no es la Generalitat catalana la que promueve el recurso, sino el Defensor del Pueblo catalán, y ha considerado que la actuación «políticamente no es muy presentable«. El portavoz nacionalista ha opinado que la denuncia «en el fondo no tiene demasiado recorrido» y ha afirmado que el acuerdo entre PP y PNV ha corregido «una discriminación histórica» sufrida por la industria vasca, que paga tarifas más altas por el uso de las redes eléctricas en comparación con otras regiones de España.

Asimismo, el PNV, a través de las redes sociales, ha asegurado que «lamenta» la denuncia catalana y ha insistido, como el Gobierno del País Vasco, en que esa reforma «no constituye ningún privilegio para la industria vasca sino que viene a paliar la sobretasa que pagaba desde hace años». «Grave incoherencia catalana: no es justo ni necesario atacar los derechos legítimos de otros para defender los propios», ha criticado la formación presidida por Andoni Ortuzar.

El parlamentario de EH Bildu, Iker Casanova, ha considerado el recurso catalán «un error en el fondo y la forma» porque esa reforma no supone «una ayuda de Estado«, sino «la subsanación de un agravio» sufrido por las empresas vascas. A su juicio, «quien ha hecho perder cientos de millones a las empresas vascas» por este asunto «han sido los gobiernos del PP y del PSOE» por «permitir» que esta situación se mantuviese en el tiempo. Para el portavoz parlamentario de ElkarrekinPodemos, Lander Martínez, el recurso catalán en este momento «es sorprendente». A su juicio, no tendrá «mucho recorrido» y «tiene más que ver con marcar una posición política de enfrentarse al Gobierno Vasco».

En opinión del representante socialista Eneko Andueza, la denuncia es «un error» y «una especie de agresión, de falta de respeto». «Llama la atención que algunos quieran construir país a costa de destruir el país de otros», ha indicado. Por su parte, la parlamentaria del PP, Laura Garrido, ha opinado que la iniciativa es «un contrasentido» y «un disparate«. En su opinión, «choca» que quien hace «planteamientos rupturistas» y «menoscaba» la democracia «mire a una cuestión negociada entre dos Administraciones». Garrido también ha destacado que el acuerdo en materia de tarifa eléctrica no constituye «ningún trato de favor» para la industria vasca, sino una solución a la situación «de desventaja» en la que se hallaba.

El Gobierno defenderá el euskopeaje

Por su parte, el PP del País Vasco ha confiado en que el Gobierno de España responderá ante la denuncia presentada desde Cataluña y defenderá ante la Comisión Europea el cambio en las tarifas eléctricas que pagan las empresas vascas. La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, ha manifestado su «apoyo rotundo» a la industria vasca y ha mostrado su confianza en que el Gobierno de España defenderá ante la Comisión Europea los «intereses de la industria de Euskadi».