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El Gobierno prevé un impacto económico «directo» en los ingresos del sistema eléctrico por las futuras redes de distribución cerradas

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Europa Press.– El Gobierno prevé un impacto económico «directo» en los ingresos del sector eléctrico por la creación de las redes de distribución de energía eléctrica cerradas, una de las medidas recogidas en el real decreto de medidas urgentes aprobado para ayudar a la gran industria a hacer frente al impacto del precio de la electricidad, debido a la reducción de los ingresos por peajes de acceso.

En la memoria de impacto económico del decreto ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España, el Gobierno indica que esa merma de los ingresos por peajes de acceso se puede producir por el grado de simultaneidad de los consumos pertenecientes a la red cerrada, dependiendo del perfil de consumo de los clientes que se integran, así como por el posible cambio del nivel de tensión en el punto de conexión de determinados consumidores que se integran en la red cerrada.

No obstante, el Ejecutivo precisa que efectuar una valoración del impacto económico de la medida, cuando su determinación no se concreta mientras no se establezca su desarrollo reglamentario, resulta «cuanto menos difícil». A pesar de ello, considera que el mayor impacto en peajes es que el consumidor individual que se conecte a la red de distribución cerrada pase del escalón de tensión más bajo al escalón de tensión más alto. El paso de uno a otro escalón de tensión supone unas reducciones en el peaje en torno al 60%, lo que representa alrededor de 12 euros por megavatios hora (MWh).

Así, en la memoria se estima que, si se considera que toda la industria química que actualmente está en el primer escalón de tensión pasara al de mayor tensión, con una demanda de 790 gigavatios hora (GWh) según los datos del sector, el impacto total en peajes sería de una reducción de los ingresos de 9,5 millones de euros. Además, supondría una reducción de medio millón derivado del impuesto de la electricidad por peajes que impactaría en las comunidades autónomas.

No obstante, el Ejecutivo estima compensar el impacto de este incentivo con el incremento que supondrá de la actividad industrial, lo que podría materializarse en un aumento del consumo que implicaría un incremento de los impuestos, de los peajes y del impuesto de generación. Asimismo, valora los efectos positivos que van más allá del sector eléctrico, derivados del incremento de la actividad en el sector industrial y del aumento asociado del empleo, unido a la obligación de mantener la actividad productiva durante unos 3 años.

El Gobierno aprobó recientemente una batería de medidas para ayudar a las empresas electrointensivas a mantener su competitividad y cuota de mercado frente al impacto del precio de la electricidad, entre las que se encuentran la creación del Estatuto de Consumidor Electrointensivo. En el caso concreto de las redes de distribución de electricidad cerradas, el real decreto-ley modifica la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, permitiendo su creación, lo que facilitarán una reducción de costes de la energía eléctrica para la mediana y gran industria concentrada en ámbitos territoriales reducidos, garantizando unas condiciones de conexión a la red pública de manera que esta no quede afectada.

Ribera trabaja para resolver el conflicto abierto con la CNMC por el PP y devolverle sus competencias sobre los peajes

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Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica trabaja ya para desactivar las medidas adoptadas por el anterior Gobierno, por las que este se reservaba la fijación de los peajes eléctricos en menoscabo de las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tal y como obligan las reglas europeas, según indicó el gabinete dirigido por Teresa Ribera.

En concreto, el Ministerio, a través de la Secretaría de Estado de Energía, ha enviado sendas cartas al comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, y al presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, en las que expresa su intención de desactivar las medidas adoptadas por el Ministerio de Energía. Asimismo, el nuevo secretario de Estado de Energía, José Domínguez, ha expresado su voluntad de «resolver esta cuestión en el menor plazo posible» y, para ello, propone a la CNMC la creación de un grupo de trabajo con la finalidad de «definir un marco legal adecuado en esta materia».

El enfrentamiento entre el exministro de Energía, Álvaro Nadal, con la CNMC por las competencias del organismo en la fijación de los peajes eléctricos llevó a España a un conflicto con la Comisión Europea, que abrió un procedimiento de infracción en 2016 sin que en este tiempo el anterior Ejecutivo aportara una solución que resolviera este conflicto de intereses, incumpliendo la norma europea que obliga a dejar la fijación de precios en manos del regulador. Asimismo, las negativas del anterior Ejecutivo han provocado que dicho expediente esté a punto de ser remitido al Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que podría imponer multas significativas a España.

La relación entre la CNMC y el anterior inquilino del Ministerio de Energía se judicializó después de que Álvaro Nadal respondiera con una negativa al requerimiento del regulador para que se retractara de la decisión de arrebatarle sus funciones. En diciembre, la CNMC presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, que fue admitido a trámite, contra el Real Decreto 903/2017 por el que el entonces Ministerio de Energía asumía funciones que hasta la fecha correspondían al regulador, entre ellas las liquidaciones del sistema eléctrico.

Los peajes de acceso a las redes, los costes regulados para sufragar las inversiones en redes, suponen unos 7.000 millones de euros del total de los 19.000 millones de euros que representan los costes regulados del sistema eléctrico. Desde que se hizo cargo de la nueva cartera de Transición Ecológica, Teresa Ribera reiteró su intención de resolver el conflicto con la CNMC. Respecto a los varios expedientes que la Comisión Europea tiene abiertos contra España en materia energética, Ribera señaló que formaba parte de las «aspiraciones» del nuevo Gobierno resolver estos asuntos «cuanto antes y de la mejor manera posible».

De hecho, una de las primeras medidas adoptadas por Teresa Ribera al frente del nuevo Ministerio fue la modificación de la resolución aprobada por la anterior Secretaría de Estado de Energía sobre las nuevas reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de producción de energía eléctrica, que ya había provocado otra batalla judicial entre la CNMC y el anterior Ministerio de Energía al ser recurrido por el organismo presidido por José María Marín Quemada ante la Audiencia Nacional.

El gas natural bajará un 3,4% a partir de abril gracias al abaratamiento de la materia prima

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Europa Press. – La Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural bajará a partir del 1 de abril un 3,4% de media respecto al precio del primer trimestre del año, según el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Barajando cifras, el precio de la TUR 1, a la que se acogen los consumidores con consumos menores o iguales a 5.000 kWh anuales (agua caliente y cocina) caerá un 2,8%, mientras que para la TUR 2, para consumidores con consumos entre 5.000 y 50.000 kWh al año (agua caliente y calefacción), bajará un 3,6%.

El nombrado descenso en el recibo del gas es gracias al abaratamiento del coste de la materia prima en los mercados internacionales. Así, el precio del gas natural recupera la tendencia bajista, que se había visto cortada en el primer trimestre del año después de la subida del 6,2% registrada en enero.

 

Información útil de precios

Para calcular la TUR se tienen en cuenta los peajes de acceso y el precio del gas. La parte regulada de la factura (peajes de acceso), que fija el Gobierno, se mantiene en 2018 congelada por cuarto año consecutivo.

Hay que saber que se redujo el precio del alquiler de los contadores que pagan los consumidores en las facturas. Se estima que esta rebaja supondrá un ahorro medio de ocho euros al año y por cliente, para unos 7,8 millones de consumidores domésticos.

Si hablamos del precio del gas, éste se obtiene según la cotización internacional del gas, la evolución del crudo Brent y la subasta de adquisición de gas.

Por último destacar que la Tarifa de Último Recurso de gas natural se actualiza por el Gobierno de forma trimestral. De los 7,7 millones de consumidores de gas natural, más de seis millones son suministrados a través de una comercializadora de mercado a precio libre y 1,6 millones se encuentran acogidos al precio de la TUR.

 

Entrevista con el ministro

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Publica El País una entrevista con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, realizada por Miguel Ángel Noceda. Evidentemente se trata de una entrevista ad hoc con motivo del conflicto abierto con la solicitud de cierre de las centrales de carbón por parte de sus empresas titulares, convertido actualmente en el principal caballo de batalla en el ámbito energético en España. Entrevista en la que Nadal reniega que el Decreto presentado sea una respuesta a la reciente solicitud de Iberdrola que algunos medios denominan un «reto al Gobierno» o, como diría el ministro, a la «política».

El ministro Nadal consigue colocar un titular La política energética la hace el Gobierno, no las empresas, reclamando la capacidad de la política para decidir, hacer y deshacer, vía normativa, el marco legal apelando a la «política» en el mismo sentido que utilizan Pablo Iglesias y los retroprogresivos: un modo de pensamiento que confiere todo el poder a la «política” ganadora de unas elecciones y elevada hacia el Gobierno, ante el que los agentes económicos, entre ellos las empresas, están concebidos para ser unos meros brazos armados ejecutores, más allá de su naturaleza empresarial. Potestad que emerge como una amenaza sotovoce de nacionalización de las empresas o de sus activos como han recogido ciertos medios.

Por ello, especialmente en el campo energético, sería preciso distinguir entre política (como proceso de ejercicio de autoridad en la toma de decisiones ejecutivas desde el ámbito del Gobierno, el Parlamento y los organismos reguladores), política (como conjunto de miembros de la clase política y dirigente) y políticas como definición clara de las estrategias que un país se plantea hacia el futuro para organizar una actividad, en un marco jurídico y de gobernanza compartido (en este caso, en la energía y, concretamente, en la electricidad) para conseguir el «bien común». Dicha distinción no es una cuestión menor, puesto que el ministro Nadal mezcla en sus declaraciones intencionalmente estos tres conceptos.

Partamos del hecho de que, en realidad, España no tiene políticas energéticas, que es lo que se trata. Cuestión que, evidentemente, si que le corresponde al Gobierno y, obviamente, a la representación política. Definir un marco completo y predecible dónde actúen los agentes. No tiene un esquema de transición energética, unos objetivos estratégicos de los que se deriven unos objetivos intermedios y finalistas para su consecución, con unas acciones asociadas a los mismos, y que garantice una definición, entre otras muchas cosas, del mix de generación o de los mecanismos estratégicos de potencia de reserva.

Tampoco se define el modelo de gobernanza empresarial, el modelo de mercado (de generación y de comercialización), de precios, tarifas y de competencia en las distintas actividades, el modelo de costes regulados, así como el esquema de ajuste a las directivas y directrices europeas. Por no tener, no tiene ni convicciones concretas, ni una visión integrada de todos los sectores energéticos (inclusive transporte, gas e hidrocarburos) además de evidenciar en muchas ocasiones una contraprogramación entre Energía y Medio Ambiente como se ha podido comprobar durante la reciente Cumbre de Bonn.

Tampoco existe un proceso político en su sentido estricto como mecanismo fiable de elaboración de una política energética, en el sentido de las políticas, basado en el ajuste al Derecho comunitario y al Derecho español, una traslación de los objetivos definidos de forma clara en el ámbito de dónde se ejerce la representación política, esto es en el Parlamento y, como decantación, un mecanismo transparente de estudio, análisis, participación y negociación con los agentes sectoriales.

Realmente, lo que existe en la electricidad es una tenaz lucha de sumo para el control de sus precios eléctricos a efectos de la opinión pública, con los procesos electorales en el punto de mira, que lleva a la congelación de los costes de acceso (aunque aumenten los elementos que lo conforman, como los pagos por interrumpibilidad, y se «intensifiquen» las relaciones cruzadas entre sus componentes, como en el caso de las tarifas de acceso por potencia para favorecer los «compromisos políticos» autonómicos del Ejecutivo). Y todo los demás, son expresiones ambiguas, genéricas y lugares comunes sobre el triángulo economía, medioambiente y seguridad de suministro.

Por lo demás, lo que el ministro reclama es el ejercicio de la autoridad política de forma discrecional y arbitraria, sin limitaciones.  Algo mucho más líquido, incluso en su relación con el Parlamento. Si hay que cambiar una norma previamente aprobada para absorber el déficit tarifario, se cambia, si con eso se compensan o enjuagan los costes de acceso para no subir los precios. Si hay que introducir nuevos mecanismos que afecten a la libertad de establecimiento de los agentes, se interviene. Nadal lo que quiere es una carta blanca y a todos los agentes del sistema eléctrico a su disposición. Eso es a lo que el ministro denomina «política».

El ‘fake’ del impuesto al sol y la polémica sobre la metodología de los costes de acceso

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Recientemente se ha conocido como el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por Anpier contra el Real Decreto 900/2015 conocido como impuesto al sol y que regula el autoconsumo. La sentencia ha sido criticada en el sentido de su alineación con las tesis políticas del Gobierno y su impacto más llamativo se deriva del esclarecimiento jurídico de que el impuesto al sol como figura tributaria no existe, dado que es una contribución de este tipo de consumidores al sistema por su respaldo.

Es cierto, el impuesto al sol como tal no existe, en la misma medida que todos los costes de acceso y peajes que soporta un consumidor doméstico o industrial no son “impuestos”. Ahora, lo que sí es cierto es que es una formidable campaña de comunicación política, de creación de marcos en términos del lingüista americano Georg Lakoff, que además se vio reforzada por una importante campaña de publicidad con coches funerarios y placas solares.

Podemos decir así que ha sido la última gran campaña de comunicación y de creación de concepto mediático en el ámbito energético en la que se combinaban elementos que no podían fallar: la aversión a los impuestos (próxima al libertarismo del Tea Party incluso en el autosuministro energético), la consideración de su aplicación a un recurso natural inagotable pero no gestionable (la luz solar), tercero, el derecho a decidir la fórmula de suministro eléctrico individualmente. Si hiciéramos un paralelismo, esta idea bien podría aplicarse con relación a los impuestos que gravan la generación hidráulica y, en ese caso, no se habla de impuesto al agua o, en el caso de la producción eólica, no se habla de impuesto al viento.

El fondo de toda la controversia, eso sí, es la contribución de los autoconsumidores al sistema, que el Gobierno determinó en el decreto 900/2015 de forma que debían contribuir igualmente que un consumidor convencional. Esta solución tiene además una lógica primaria de no discriminación entre consumidores, la propia existencia de un impuesto a la generación de electricidad (del que estarían exentos los autoconsumidores) y la necesidad de que todos participen en los costes del sistema. Y, esta es la clave, el modelo español se basa en un sistema de suministro articulado que precisa unos costes para su funcionamiento (además de absorber otros que no están relacionados directamente con el suministro).

Consecuentemente, se establece que el autoconsumidor pague por los peajes de acceso a redes y demás cargos del sistema, es decir todo el término fijo de la factura con el agravante de que el Gobierno no hace pública la metodología de cálculo de los peajes. Y la clave está en esa cuantificación que sigue coagulando una liberalización completa del recibo. En realidad, esta contribución en los mismos términos que los consumidores generales (domésticos o industriales) no es una barrera o una discriminación en el sentido de ser una mayor contribución sino que, al tratarse en términos de igualdad, las cuentas del retorno de la inversión no salen para estas instalaciones.

Y la condonación de estas contribuciones lo que implicaba “de facto” es una subvención encubierta. En todo caso, lo que queda claro es que el impuesto al sol es un fake en términos informativos. La inconsistencia de la definición de esa contribución unida a la laguna existente en torno a los costes de acceso es lo que ha proporcionado munición para configurar una de las campañas de comunicación política más potente de los últimos años, nunca bien contrarrestada por una comunicación abierta, clara y pedagógica de nuestro sistema eléctrico y de los costes de acceso.

Ahora bien, en este sentido, la sentencia desmonta esta idea desde la ortodoxia jurídica y tributaria. Lo que pasa es que la aceptación e instalación social del término ya es imparable y es poco propensa a los matices, si además, en medio se trata de instrumentalizar en términos de las políticas energéticas con sus beneficiarios y perjudicados. A la vez, esa polémica y ese éxito comunicacional, de marketing energético, ha desvirtuado la cuestión mollar de la metodología de costes de acceso, verdadero punto débil de la cuantificación de esas contribuciones.

La tarifa regulada de gas natural baja un 1,3% para este trimestre, encadenando su segundo descenso trimestral consecutivo

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Europa Press.- La Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural ha bajado este trimestre en torno a un 1,3% de media respecto al precio del tercer trimestre del año, según la resolución publicada en el Boletín Oficial de Estado (BOE). Este abaratamiento de la TUR media en su revisión para el cuarto trimestre del año responde a una caída superior al 4% en el coste de la materia prima, según fuentes del sector.

Concretamente, el precio de la TUR 1, a la que se acogen los consumidores con consumos menores o iguales a 5.000 kWh anuales (agua caliente y cocina) caerá un 1,1%, mientras que para la TUR2, para consumidores con consumos entre 5.000 y 50.000 kWh al año (agua caliente y calefacción), bajará un 1,4%. De esta manera, el precio del gas natural encadenará su segunda bajada consecutiva, después del abaratamiento del 1% que registró en el tercer trimestre. En julio, la TUR de gas natural puso fin a la senda alcista que había encadenado en las tres revisiones de precios anteriores.

Para el cálculo de la TUR se tienen en cuenta los peajes de acceso y el precio del gas. La parte regulada de la factura (peajes de acceso), que fija el Gobierno, se mantendrá congelada. En cuanto al precio del gas, éste se obtiene según la cotización internacional del gas, la evolución del crudo Brent y la subasta de adquisición de gas. La TUR de gas natural se actualiza por el Gobierno de forma trimestral. De los 7,7 millones de consumidores de gas natural, unos 6 millones son suministrados a través de una comercializadora de mercado a precio libre y 1,7 millones se encuentran acogidos al precio de la TUR.

El déficit provisional de tarifa eléctrica asciende a 1.345 millones de euros hasta abril, 259 millones menos de lo previsto

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Europa Press.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son inferiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.345 millones de euros hasta abril, 259 millones menos de lo previsto, según la liquidación provisional de 2017 del sector eléctrico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El regulador señala que en esta liquidación los costes regulados fueron 184 millones de euros menores a los previstos debido, principalmente, a unos menores costes de la retribución específica de la producción de renovables, cogeneración y residuos del sistema peninsular, en 54 millones, y de la retribución adicional y específica de los sistemas extrapeninsulares, en 130 millones de euros. No obstante, la CNMC subraya que el desfase entre la declaración de los ingresos y la liquidación de las distintas partidas de costes hace que esta liquidación tenga una «escasa relevancia».

La demanda eléctrica en abril alcanzó los 62.805 gigavatios hora (GWh), un 1,14% superior al valor promedio observado en años anteriores; mientras que los ingresos por peajes de acceso y cargos de consumidores fueron de 3.755 millones de euros, un 1,4% más. Por su parte, el coeficiente de cobertura se situó en un 71,65% y se aplicó a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación.

En la liquidación correspondiente a abril, la CNMC gestionó 63.657 instalaciones del colectivo total de instalaciones que estaban inscritas en el Registro de Régimen Retributivo Específico del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, y que tienen derecho a retribución específica. La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada desde el 1 de enero y hasta el 30 de abril, con cargo a las liquidaciones de las actividades reguladas del sector eléctrico se elevó hasta los 2.292 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente.

Merma el déficit del gas

En lo que se refiere al sector gasista, el déficit provisional de esta liquidación se situó en 49 millones de euros, frente al desajuste de 114 millones de euros en el mismo periodo del año anterior. De esta manera, se tiene un índice de cobertura del 95,1% de la retribución acreditada. El total de ingresos declarados por las empresas al sistema supusieron 1.022 millones de euros por facturación de tarifas, peajes y cánones. Esta cantidad fue un 6,5% superior al mismo periodo del ejercicio anterior, destacando el incremento de los ingresos por peaje de transporte-distribución y por peaje de regasificación.

La retribución total fija acreditada a las empresas ascendió a 976 millones de euros. A ello se suma una retribución variable de 9 millones de euros por las actividades de regasificación, carga de cisternas, trasvase GNL y puesta en frío de buques. Como resultado, se tiene una retribución total acreditada de 985 millones de euros, que es un 2,1% inferior a la del año anterior. En cuanto a la energía suministrada, la demanda nacional de gas hasta abril fue de 104,1 teravatios hora (TWh), incluida la carga de cisternas desde plantes, lo que supone un crecimiento del 4% respecto al mismo mes del año anterior.

El sistema eléctrico evoluciona 845 millones mejor de lo previsto en 2016 a falta de la última liquidación

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Redacción / Agencias.- El sistema eléctrico registró un déficit de tarifa provisional de 430 millones de euros en la decimotercera liquidación de 2016 elaborada por el organismo regulador Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), lo que, a falta de una liquidación para cerrar el ejercicio, arroja una evolución de 845 millones de euros mejor a la prevista.

La previsión para 2016 pasa por cerrar con superávit, como ha ocurrido en los ejercicios 2014 y 2015. El déficit de tarifa provisional de 2016, que se produce porque los ingresos vía peajes son aún insuficientes para cubrir los costes regulados reconocidos, fue inferior a lo previsto gracias a un incremento en la demanda del 0,8%, superior al valor promedio observado en años anteriores. Los ingresos por peajes de acceso de consumidores ascendieron en esta liquidación a 13.741,6 millones de euros, un 0,2% superiores al valor promedio histórico, mientras que los ingresos de peajes de generadores fueron 1,19 millones de euros inferiores a los previstos.

Por su parte, los costes regulados fueron 751,4 millones de euros inferiores a los previstos debido, principalmente, a unos menores costes de la retribución específica de la producción renovable, cogeneración de alta eficiencia y residuos, por importe de 323,8 millones de euros, de la retribución adicional de los sistemas extrapeninsulares (342,8 millones de euros) y de los pagos por capacidad (90,8 millones de euros). Además, en esta liquidación se produjo la amortización de los bonos de la Serie 19 de FADE (emisión 45ª), lo que ha dado lugar a un ajuste en la anualidad, con un impacto en la liquidación de -24,9 millones de euros.

En cuanto a las renovables, la liquidación provisional a cuenta correspondiente a la energía generada en todo 2016 ascendió a 6.396 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. La cantidad a pagar a cuenta a los productores asciende a 481,8 millones de euros, antes de impuestos. El coeficiente de cobertura se situó en el 96,9%, es decir, que los agentes del sistema cobrarán ese porcentaje de los ingresos reconocidos ahora, mientras que el resto se abonará a medida que haya nuevos recursos disponibles.

En lo que respecta a la primera liquidación provisional de 2017, el déficit del sistema eléctrico ascendió a 781,6 millones de euros, lo que supone una evolución 126,6 millones de euros mejor a la prevista. El regulador precisó que los ingresos por peajes correspondientes a lecturas del mes de enero no se reciben completamente hasta marzo, por lo que la primera liquidación tiene una “escasa relevancia”, debido al desfase existente entre la declaración de los ingresos y la liquidación de las distintas partidas de coste.

Según los datos de la liquidación, la demanda en consumo registrada en la liquidación ascendió a 4.665 gigavatios hora (GWh), lo que es un 3,4% superior al valor promedio observado en años anteriores. Los ingresos por peajes de acceso ascendieron a 387,3 millones de euros, siendo un 8,6% superiores al valor promedio histórico. Por su parte, los costes regulados fueron de 90,3 millones de euros inferiores a los previstos para esta liquidación, debido, principalmente, a unos menores costes de la retribución específica peninsular de la producción renovable, cogeneración y residuos del sistema peninsular y de la retribución adicional y específica de los sistemas extrapeninsulares, inferior en 29,8 millones de euros.

En cuanto a las renovables, la CNMC ha gestionado la liquidación de 63.722 instalaciones con derecho a retribución específica. La liquidación provisional a cuenta correspondiente a la energía generada en enero del 2017 ascendió a 514,271 millones de euros, antes de impuestos. La cantidad a pagar a cuenta a los productores en la liquidación ascendió a 156,322 millones de euros, antes de impuestos. El coeficiente de cobertura fue del 30,39%.

En cuanto al sistema gasista, registró un déficit de tarifa de 175 millones de euros, un 83,3% superior a los 95 millones de euros en el mismo periodo del año anterior. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación, se tiene un índice de cobertura del 93,7% de la retribución acreditada. El total de ingresos declarados por las empresas al sistema de liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones ascendió a 2.612 millones de euros, que es un 0,3% inferior al mismo periodo del año anterior. La retribución total acreditada de 2.787 millones de euros, que es un 0,2% superior a la del 2016.

Respecto a los datos de enero, registró un déficit de 169,6 millones de euros en esta primera liquidación de 2017, lo que supone un 0,3% menos que los 170,1 millones de euros registrados en enero de 2016. El total de ingresos declarados por las empresas ascendió a 109,7 millones de euros, que es un 7,8% superior al 2016, debido al incremento de los ingresos por término de conducción en puntos de suministro. La retribución total acreditada fue 261,6 millones de euros, un 0,4% superior a la del año anterior. La demanda nacional de gas en 2017, facturada en enero, ascendió a 18,9 teravatios hora (TWh), con un aumento del 17%.

El Tribunal Supremo admite un recurso de Unesa contra los peajes eléctricos de este año

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Europa Press.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) contra la orden del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital por la que se establecen los peajes eléctricos para 2017. En concreto, la patronal eléctrica presentó el recurso en la sala tercera, sección tercera del Tribunal Supremo, que fue admitido a trámite el pasado 2 de marzo, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Este recurso se une a los presentados también por Gas Natural Fenosa y la Unión Fotovoltaica Española (UNEF) contra esta orden ministerial que establece los peajes eléctricos de 2017. El Ministerio de Energía aprobó sendas órdenes ministeriales en las que se adoptaba la congelación de los peajes de electricidad y gas para el ejercicio 2017. Estos peajes recogen los ingresos necesarios para cubrir los costes regulados previstos tanto en el sistema gasista como en el eléctrico. Aparte de estos peajes, los consumidores abonarán en su recibo los impuestos y el coste de la energía. Con esta decisión, se suman tres ejercicios consecutivos con los peajes de electricidad y gas congelados.

El Supremo admite a trámite los recursos de Gas Natural Fenosa contra los peajes de 2017 de electricidad y gas

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Europa Press.- El Tribunal Supremo admitió a trámite dos recursos de Gas Natural Fenosa en contra de las dos órdenes ministeriales del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2017 y la que revisa los peajes y cánones asociados al acceso a terceros a las instalaciones gasísticas para 2017.

En lo referido a la orden del gas, Energía recoge una congelación para 2017 de la parte regulada del recibo, de modo que el precio solo variará en función de la evolución del coste de la materia prima y los costes de comercialización. Energía considera que los peajes serán suficientes para cubrir los costes del sistema y que incluso podría generarse de forma adicional un superávit cuyo importe serviría para cubrir los déficit hasta 2014 y un déficit de 27 millones correspondiente a 2015. La memoria económica reconoce además un déficit de tarifa acumulado hasta 2014 de 1.025 millones de euros, que deberá pagarse anualmente hasta 2031 en anualidades de cerca de 80 millones. Esta deuda se financiará al 1,12%.