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La CNMC prepara una batería de nuevas regulaciones para el sector energético para que entren en vigor en 2020

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) prepara una batería de nuevas regulaciones para el sector energético, con el objetivo de que entren en vigor a partir del 2020. En concreto, la CNMC prevé aprobar un total de 13 circulares, que tienen rango de vinculantes, que afectarán a la regulación del sector eléctrico y gasista. La intención del organismo es someter al trámite de audiencia pública esta batería de circulares antes del verano.

En el sector eléctrico, las circulares que prevé sacar adelante el regulador se refieren a cómo se establecen las metodologías de retribución del operador del sistema eléctrico, así como a los cálculos de los peajes y retribución del transporte y distribución de electricidad. También se incluyen la metodología relativa al funcionamiento del mercado mayorista de producción de energía eléctrica y la que establece las condiciones del acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de las instalaciones eléctricas.

En lo que respecta al sector gasista, se abordará una circular por la que se establece la metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera de las actividades de transporte y distribución de gas y regasificación, transporte y distribución de gas natural y otra por la que se establece la metodología de retribución del gestor técnico del sistema gasista.

Además, también figura una circular por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de regasificación, transporte y distribución de gas natural, así como otras para las retribuciones de las actividades reguladas de transporte y de regasificación de gas; de la actividad regulada de distribución de gas natural; o las normas de balance de gas natural y los mecanismos de acceso y asignación de capacidad a aplicar en el sistema gasista.

Con la convalidación por el Congreso de los Diputados del real decreto de medidas urgentes para adecuar las competencias de la CNMC a las exigencias del derecho comunitario, el regulador consigue nuevas competencias en el ámbito económico, en materia de acceso y conexión, supervisión de los mercados organizados y de planes de inversión, inspección y sanciones. En concreto, le corresponderá a la CNMC aprobar la metodología de peajes, los valores de los peajes, los parámetros retributivos del transporte y la distribución, salvo los almacenamientos subterráneos de gas natural, y la remuneración anual de estas actividades.

Asimismo, se le atribuye la competencia para aprobar la retribución, y su correspondiente metodología, del operador del sistema eléctrico y del gestor técnico del sistema gasista. Con carácter transitorio, la aprobación de los peajes se realizará por la CNMC una vez que se aprueben sus metodologías, que no serán de aplicación antes del 1 de enero de 2020. En el caso de las metodologías de retribución serán aplicables una vez finalice el primer periodo regulatorio previsto respectivamente para gas y electricidad, mientras que la fijación de la retribución la realizará a partir del próximo enero.

El déficit provisional del sistema eléctrico en 2018 asciende a 1.530 millones hasta octubre, 694 millones menos de lo previsto

Europa Press.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.530 millones de euros hasta octubre, 694 millones menos de lo previsto, según la décima liquidación de 2018 del sector eléctrico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

No obstante, el organismo regulador presidido por José María Marín Quemada señaló que esta cifra de déficit del sector eléctrico a octubre es un 1% superior a los 1.443 millones de euros del mismo periodo del año pasado. La CNMC indicó que este resultado se debió, fundamentalmente, a una menor retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares en 399 millones de euros y de la actividad de distribución en 245 millones de euros.

Por otra parte, la demanda en consumo registrada en esta décima liquidación alcanzó los 187.787 gigavatios hora (Gwh), siendo un 1,5% superior al valor promedio observado en años anteriores. Esta demanda en consumo representaría el 77% de la total prevista para el ejercicio 2018, valor superior al promedio registrado en el histórico de 2015 a 2017 (76,6%). Dado que los ingresos no han sido suficientes para cubrir todos los costes reconocidos, se ha procedido al cálculo y aplicación del coeficiente de cobertura, que ha dado como resultado un coeficiente de cobertura del 87,33% y se aplica a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar ahora con cargo a la liquidación.

En cuanto a las energías renovables, se han liquidado 63.614 de las instalaciones activas en el sistema de liquidaciones de la CNMC. Así, la liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada en el ejercicio 2018 hasta el pasado octubre asciende a 6.010 millones de euros (antes de IVA o impuesto equivalente). Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, es necesario aplicar el coeficiente de cobertura, resultando una cantidad a pagar a cuenta a los productores de 605,843 millones de euros (antes de IVA o impuesto equivalente).

Respecto al sector gasista, el déficit provisional fue de 363 millones de euros, frente a una cifra negativa de 466 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior, lo que representa una disminución del 22%. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación se ha calculado un índice de cobertura del 84% de la retribución acreditada. El total de ingresos liquidables declarados ha sido de 2.188 millones de euros, un 5,4% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior debido al incremento de los peajes de transporte-distribución.

Para el ejercicio 2018, se incluyeron en el sistema de liquidaciones las retribuciones acreditadas en la Orden ETU/1283/2017 por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para el año 2018, excepto la retribución por operación y mantenimiento del almacén de Castor afectada por la Sentencia del Tribunal Constitucional. En esta liquidación, la retribución total acreditada a las empresas es de 2.320 millones de euros, que es un 0,3% superior a la del 2017.

El déficit del sistema eléctrico asciende a 2.044 millones de euros hasta julio, 579 millones menos de lo previsto

Europa Press / EFE.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 2.044,3 millones de euros hasta julio, 579 millones menos de lo previsto, según la séptima liquidación provisional de 2018 del sector eléctrico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Los ingresos por peajes de acceso fueron de 7.213 millones de euros, mientras que los costes regulados se elevaron a 9.515,3 millones de euros. El regulador señaló que este resultado de liquidación se debió, fundamentalmente, a la menor retribución adicional de los sistemas extrapeninsulares en 321 millones de euros, a la menor retribución específica en 28,2 millones de la producción renovable, cogeneración y residuos del sistema peninsular y a la menor retribución de la actividad de distribución en 171,8 millones.

Por otra parte, la demanda en consumo registrada (124.399 GWh) fue un 1,9% superior al valor promedio observado en años anteriores. Dado que los ingresos no fueron suficientes para cubrir todos los costes reconocidos, se ha procedido al cálculo y aplicación del coeficiente de cobertura, que ha dado como resultado un coeficiente de cobertura del 75,82% y se aplica a cada uno de los costes a pagar en esta liquidación.

En cuanto a las energías renovables, se han liquidado 63.608 de las instalaciones activas en el sistema de liquidaciones de la CNMC. La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada entre enero y julio ascendió a 4.184,3 millones de euros antes de IVA o impuesto equivalente. Como consecuencia de estos desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, es necesario aplicar el coeficiente de cobertura, resultando una cantidad a pagar a cuenta a los productores de 519,23 millones de euros antes de IVA o impuesto equivalente.

Además, la liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado ascendió a 42,8 millones de euros antes de IVA o impuesto equivalente. Según la CNMC, a la fecha del cierre de la liquidación se recibieron ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicados en los territorios extrapeninsulares. La cantidad a cuenta a estos productores en la liquidación asciende a 6,34 millones de euros, antes de IVA o impuesto.

149 millones en el gasista

Respecto al sector gasista, el déficit provisional del sistema fue de 149 millones de euros, frente a los 232 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior, lo que representa una disminución del 36%. Teniendo en cuenta los ingresos netos de la liquidación, se ha calculado un índice de cobertura del 91,1% de la retribución acreditada. El total de ingresos liquidables declarados fue de 1.677 millones, un 3,6% superior a los ingresos previstos para la liquidación y un 7,4% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior.

En esta séptima liquidación del ejercicio, la retribución total acreditada a las empresas ascendió a 1.672 millones de euros, que es un 0,4% superior a la del 2017. Para el ejercicio 2018, se incluyeron en el sistema de liquidaciones las retribuciones acreditadas en la orden ETU/1283/2017, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para 2018, excepto la retribución por operación y mantenimiento del almacén Castor, afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional.

La factura de la luz se encarece un 8,84% en julio

Javier Angulo / Agencias.- Un consumidor doméstico medio pagó 73,1 euros en su factura de la luz de julio, por lo que esta factura se incrementó en un 8,84% respecto a los 67,16 euros de julio de 2017, lo que supuso una subida en el recibo eléctrico de 5,94 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que empleaba el antiguo Ministerio de Energía: un consumo de electricidad de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio atribuía al consumo de una familia media con dos hijos. De los 73,1 euros abonados en los 31 días de julio del 2018, 15,38 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de julio, 42,09 euros obedecen al consumo, 2,94 euros al impuesto eléctrico y 12,69 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. El precio medio del mercado eléctrico español alcanzó los 61,9 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone un encarecimiento del 27,2% con respecto al mismo mes del año pasado y su nivel mensual más alto desde enero de 2017. Para el resto de consumidores de electricidad, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

Del mismo modo, la factura de la luz de julio subió un 2% respecto al mes anterior, junio, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,36 euros en julio respecto a los 2,31 euros de junio. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses. Así, el recibo eléctrico sube ligeramente por cuarto mes consecutivo, un tiempo marcado por la menor producción nuclear, debido a las paradas en las centrales de Vandellós y Trillo, así como la más baja generación eólica, que presionaron al alza el precio en el pool.

Con esta subida en julio, el recibo de la luz cerró los primeros siete meses del año con una bajada del 0,72% con respecto al mismo periodo de 2017. La subida de precios en julio ha contribuido a que el recibo de los siete primeros meses del año se haya situado en 475,98 euros, 3,45 euros menos que los 479,43 euros registrados en el mismo periodo del año anterior. En los primeros siete meses, la factura media de electricidad se desglosa a razón de 105,18 euros por el término fijo, de 269,06 euros por el consumo, de 19,13 euros por el impuesto de electricidad y 82,61 euros por el IVA.

Este abaratamiento se debe al incremento en la producción eléctrica con tecnologías renovables como el agua o el viento, especialmente en el primer trimestre del año con respecto al mismo periodo de 2017. Enero de 2017 fue un mes que estuvo marcado por los picos en el precio de la electricidad, después de la ola de frío en la segunda quincena del mes que llevó a marcar, uno tras otro, los registros más elevados desde diciembre de 2013, registrando en algunos momentos puntas que superaron los 100 euros por MWh.

El año pasado estuvo marcado por la tensión en la factura eléctrica debido, en la primera parte del año, a la ola de frío y, en la segunda, a la sequía. El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante al IVA y al Impuesto de Electricidad. El Gobierno congeló para 2018 los peajes eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados.

La penúltima liquidación del sector eléctrico refleja un superávit provisional de 117 millones de euros en 2017, según la CNMC

Europa Press / EFE.– La penúltima liquidación del año del sector eléctrico arroja un superávit de 117 millones de euros, 107,6 millones más de lo previsto, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo publicará a finales de año la liquidación definitiva (la número 15), en la que se conocerá la distribución definitiva de ingresos y costes de los distintos sistemas y si finalmente incurren en superávit o déficit de ingresos.

Dado que en la liquidación 14 los ingresos son superiores a los costes reconocidos, no es necesario aplicar coeficiente de cobertura. La demanda registrada en la liquidación 14 fue de 243.005 GWh, un 2% superior a la prevista según la memoria de la orden de peajes de acceso de 2016 (230.288 GWh) y un 1,4% superior a la demanda prevista para el cierre del ejercicio en la orden de peajes de acceso de 2017 (239.567 GWh). Este hecho ha posibilitado un superávit de 117 millones de euros, frente a los previstos de 9,4 millones de euros y de 3,8 millones en las órdenes de peajes del año 2016 y 2017.

El consumo por periodo horario fue superior al previsto para el ejercicio, excepto en el caso de los pequeños consumidores con peajes 2.0 A, 2.1 A y, con carácter general, los conectados en media y alta tensión. Sin embargo, la potencia por periodo horario registrada fue inferior a la prevista inicialmente para 2017, excepto para los consumidores de alta tensión.

Los ingresos regulados fueron inferiores a los previstos tanto en la facturación por el término de energía, como en la facturación por el término de potencia. Así, en los peajes de acceso se registraron 58,9 millones de euros menos con respecto a las previsiones. Las causas fueron la diferente estructura de consumo por grupo tarifario y por periodo horario, y la evolución negativa de la potencia contratada por los clientes conectados en baja tensión con potencia contratada superior a 15 kW y en media tensión.

Por otra parte, los ingresos tributarios derivados de la Ley 15/2012 también fueron inferiores a los previstos y alcanzaron los 2.829 millones de euros, un 10,3% (325,5 millones de euros) inferiores a los ingresos previstos para el ejercicio. Los costes regulados en la liquidación (17.433 millones de euros) han resultado 445 millones de euros inferiores a los previstos para el ejercicio debido fundamentalmente a que la retribución adicional y especifica de los sistemas extrapeninsulares ha sido inferior a la prevista.

En cuanto a las energías renovables, en la liquidación 14 se han realizado reliquidaciones según la metodología de retribución establecida en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. La liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, asciende a 68,622 millones, antes de IVA o impuesto equivalente. Al cierre de esta liquidación se han recibido ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicadas en los territorios extrapeninsulares.

En cuanto al sector gasista, el déficit del gas fue de 12 millones de euros, nueve veces inferior al de 108 millones en el mismo periodo del ejercicio anterior. El total de ingresos declarados ascendió a 2.977 millones de euros, cantidad un 4,4% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior. El total de ingresos netos liquidables ascendió a 2.712 millones de euros, un 1,3% superior al de la misma liquidación del ejercicio anterior.

La retribución total fija acreditada a las empresas ascendió a 2.694 millones de euros, cifra que incluye las retribuciones aprobadas en la Orden ETU/1977/2016 pero que descuenta la retribución por operación y mantenimiento del almacenamiento subterráneo de gas Castor, afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional, que anuló varios artículos del decreto que fijó las indemnizaciones, y las aprobadas mediante resoluciones de la DGPEM en el 2017. Por las actividades de regasificación, carga de cisternas, trasvase de GNL y puesta en frío de buques se acredita en esta liquidación una retribución variable de 31 millones de euros. Como resultado se tiene una retribución total acreditada de 2.725 millones de euros, que es un 2,2% inferior a la del año anterior.

En esta liquidación se obtiene un déficit en términos de caja de 12 millones de euros, frente al déficit de 108 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior. El índice de cobertura fue del 99,5% de la retribución acreditada. La demanda nacional de gas en 2017 facturada hasta el 28 de febrero de 2018, ascendió a 348,4 TWh incluida carga de cisternas desde plantas. Esta cantidad es 28,6 TWh superior a la del ejercicio 2016, lo que supone un aumento del 8,9%.

Enagás asegura que el gas natural será útil en la transición energética y seguirá consumiéndose junto a otros gases renovables

EFE.- El consejero delegado de Enagás, Marcelino Oreja, ha reivindicado que el gas natural no es sólo una fuente de energía para la transición energética, sino que será consumido durante muchos años en combinación con otros gases renovables. En este sentido, Oreja ha indicado que el gas renovable es una oportunidad para una compañía como Enagás.

Oreja señaló que tiene sentido descarbonizar la economía con gas renovable, cuyo uso promueven los reguladores europeos, y aseveró que ese tipo de gas será en el futuro inyectado en la red. Según el consejero delegado de Enagás, el biogás y el biometano contribuyen a la seguridad del suministro y, además, en el caso del último, al proceder de residuos, contribuye a la generación distribuida y a la economía circular. Por otra parte, Marcelino Oreja ha augurado que la demanda de gas en España, que ha aumentado un 6% en lo que va de este año, seguirá creciendo en el futuro y su utilización en la movilidad contribuirá a ello.

Oreja ha destacado el futuro que se abre al gas natural en el transporte y no sólo por carretera, sino también en el marítimo e, incluso, en el ferrocarril. En el caso del transporte marítimo, Marcelino Oreja ha pedido a la secretaria general de Industria y Pyme, Begoña Cristeto, que les ayude ante el Ministerio de Energía para establecer un peaje de bunkering (repostaje de gas natural licuado de barco a barco), que está sin establecer, lo que está impidiendo que se desarrolle esta práctica.

Ha recordado que España tiene muchas plantas de gas, 7 terminales de gas natural licuado (GNL), 6 de las cuales son de Enagás, y considera que podría aprovechar su situación geográfica para convertirse en centro de almacenamiento y distribución de ese combustible. El consejero delegado de la compañía ha indicado que, por eso, están invirtiendo en sus plantas de GNL marítimo y ha señalado que la futura que habrá en el puerto de Granadilla, en Tenerife, también suministrará a buques.

En el caso del transporte ferroviario, Marcelino Oreja ha recordado que el reciente informe de la comisión de expertos para la transición energética contempla el uso del gas para acelerar la reducción de emisiones en el transporte ferroviario. Ha recordado que en enero se presentó en Asturias la primera prueba piloto de un tren de viajeros, un antiguo tren de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), y, entre las ventajas del gas en este medio de transporte, ha citado que es más eficiente, más limpio y menos ruidoso, ya que reduce en un 50% el ruido.

Además, ha explicado que el uso del gas en el ferrocarril puede ser una alternativa a la electrificación en las líneas que no es rentable electrificar por pasar pocos trenes por ellas. Asimismo, ha manifestado su confianza en que el resultado de las pruebas será positivo, tras lo cual se podrán establecer puntos de suministro de gas para ferrocarriles. Además, avanzó que el éxito de estas pruebas también abre una puerta a que compañías ferroviarias españolas puedan adaptar ese modelo de tren a gas a otras economías y que desde España se pueda promover el uso de GNL para el transporte de viajeros por ferrocarril.

La CNMC investiga los métodos de captación de clientes de las comercializadoras energéticas

EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga la actuación de las comercializadoras energéticas para captar clientes, especialmente en los casos que acuden a domicilios particulares, con el objetivo proteger a los consumidores. El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, ha explicado que también pretenden evitar la «confusión» y «obstáculo a la competencia» que se produce porque los grupos eléctricos muestran marcas similares para sus distribuidoras, comercializadoras del mercado libre y las de referencia, que son las que ofrecen los precios regulados.

También se ha referido a la «más que probable» apertura de un procedimiento de infracción contra España por atribuir al Gobierno la fijación de tarifas de peajes eléctricos y otras funciones que deberían corresponder a la CNMC, lo que fue recurrido por ésta ante el Tribunal Supremo. Marín Quemada ha afeado la «resistencia» a «entender y aceptar el papel que las autoridades de regulación independientes han de jugar en economías modernas«. Finalmente, cifró el ahorro para los consumidores derivado de las actuaciones en defensa de la competencia de la CNMC entre 2013 y 2017 en 600 millones de euros anuales.

El Gobierno no ve riesgo de multa de Bruselas por el conflicto por los peajes eléctricos con la CNMC

Europa Press.- El Gobierno no ve un «riesgo de multa» por parte de la Comisión Europea por el conflicto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la fijación de los peajes de acceso a las redes de electricidad ya que considera que la propuesta presentada por España, por la que el regulador los fijará aunque bajo su orientación, está siendo valorada por Bruselas.

En comparecencia en la Comisión de Energía del Congreso, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, señaló que se están trabajando con Bruselas «con textos concretos» al respecto y que existe con la Comisión Europea un «diálogo constructivo». Así, subrayó que España siempre ha defendido que la transposición de la directiva europea sobre esta materia que se llevó a cabo «era correcta», aunque consideró que actualmente existe «una discusión a nivel europeo» respecto a si la competencia debe estar en manos de los reguladores independientes, lo que ha llevado a este cambio de posición para adaptarse a la normativa vigente y a la futura.

Se sigue el modelo francés

En concreto, Navia indicó que el conflicto se refiere a los peajes de acceso a las redes, los costes regulados para sufragar las inversiones en redes, que ascienden a unos 7.000 millones de euros del total de 19.000 millones de euros que representan los costes regulados del sistema eléctrico. Por ello, adelantó que se ha presentado un modelo análogo al de otros países europeos, como Francia, por el que la CNMC sería quien fijara los peajes, aunque siguiendo las orientaciones de política energética del Gobierno.

Por otra parte, el secretario de Estado de Energía señaló que actualmente no existe ninguna «notificación oficial» por parte de Endesa para cerrar sus centrales de Andorra (Teruel) y Compostilla (León), y destacó que ambas plantas «están realizando una aportación positiva» al sistema eléctrico español en un contexto de sequía y de tensión en Europa. Navia insistió en que el objetivo del Gobierno con el real decreto para el cierre de centrales es que exista «una regulación específica» al respecto y subrayó que esta normativa no está dirigida solamente a las plantas de carbón sino «a cualquier tipo de tecnología».

De esta manera, recordó que la intención del Gobierno es trabajar en la tramitación de este proyecto, para el que quiere contar con «el mayor apoyo», a pesar de que determinados pronunciamientos que se realizan por distintas formaciones políticas «no contribuyen a ello». «Exigen el cierre de las centrales de carbón y creo que eso genera una situación de incertidumbre que no facilita la continuidad de estas centrales», concluyó Navia.

El Defensor del Pueblo pide a la CNMC información sobre su actuación por la subida de la luz de octubre

Europa Press.- El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha iniciado una actuación de oficio ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que el organismo le informe sobre los avances que se produzcan en la investigación abierta tras la fuerte subida de los precios de la electricidad el pasado 23 de octubre.

La institución considera que estas situaciones de precios inusualmente altos «deben corregirse para evitar que se repitan». Para ello, subraya que el primer paso es investigar lo ocurrido, lo que compete a la CNMC. El pasado 23 de octubre, el precio de la electricidad alcanzó, entre las 19.00 y las 20.00 horas, su nivel más elevado en lo que va de año, con un valor de 182,54 euros por megavatio hora (MWh), debido a un factor puntual en la subasta de los servicios de ajuste.

El precio de la luz preocupa especialmente al Defensor del Pueblo, que recuerda a la CNMC que España es uno de los países de la Unión Europea «con el precio de la energía más alto». Además, el Defensor considera que esta situación está generando «graves problemas» a muchas familias españolas, que se ven obligadas a detraer una parte importante de sus recursos en lugar de destinarlos a otras necesidades básicas.

El Defensor mantiene abiertas varias actuaciones con las administraciones públicas y ha recomendado, entre otras propuestas, revisar la distribución de los términos de potencia y energía de los peajes de los consumidores domésticos; reducir la parte fija de la factura eléctrica de manera que se incentive el ahorro; proteger a los consumidores vulnerables frente a los cortes de suministro y, recientemente, que se aplique a la electricidad un IVA reducido.

El ‘fake’ del impuesto al sol y la polémica sobre la metodología de los costes de acceso

Recientemente se ha conocido como el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por Anpier contra el Real Decreto 900/2015 conocido como impuesto al sol y que regula el autoconsumo. La sentencia ha sido criticada en el sentido de su alineación con las tesis políticas del Gobierno y su impacto más llamativo se deriva del esclarecimiento jurídico de que el impuesto al sol como figura tributaria no existe, dado que es una contribución de este tipo de consumidores al sistema por su respaldo.

Es cierto, el impuesto al sol como tal no existe, en la misma medida que todos los costes de acceso y peajes que soporta un consumidor doméstico o industrial no son “impuestos”. Ahora, lo que sí es cierto es que es una formidable campaña de comunicación política, de creación de marcos en términos del lingüista americano Georg Lakoff, que además se vio reforzada por una importante campaña de publicidad con coches funerarios y placas solares.

Podemos decir así que ha sido la última gran campaña de comunicación y de creación de concepto mediático en el ámbito energético en la que se combinaban elementos que no podían fallar: la aversión a los impuestos (próxima al libertarismo del Tea Party incluso en el autosuministro energético), la consideración de su aplicación a un recurso natural inagotable pero no gestionable (la luz solar), tercero, el derecho a decidir la fórmula de suministro eléctrico individualmente. Si hiciéramos un paralelismo, esta idea bien podría aplicarse con relación a los impuestos que gravan la generación hidráulica y, en ese caso, no se habla de impuesto al agua o, en el caso de la producción eólica, no se habla de impuesto al viento.

El fondo de toda la controversia, eso sí, es la contribución de los autoconsumidores al sistema, que el Gobierno determinó en el decreto 900/2015 de forma que debían contribuir igualmente que un consumidor convencional. Esta solución tiene además una lógica primaria de no discriminación entre consumidores, la propia existencia de un impuesto a la generación de electricidad (del que estarían exentos los autoconsumidores) y la necesidad de que todos participen en los costes del sistema. Y, esta es la clave, el modelo español se basa en un sistema de suministro articulado que precisa unos costes para su funcionamiento (además de absorber otros que no están relacionados directamente con el suministro).

Consecuentemente, se establece que el autoconsumidor pague por los peajes de acceso a redes y demás cargos del sistema, es decir todo el término fijo de la factura con el agravante de que el Gobierno no hace pública la metodología de cálculo de los peajes. Y la clave está en esa cuantificación que sigue coagulando una liberalización completa del recibo. En realidad, esta contribución en los mismos términos que los consumidores generales (domésticos o industriales) no es una barrera o una discriminación en el sentido de ser una mayor contribución sino que, al tratarse en términos de igualdad, las cuentas del retorno de la inversión no salen para estas instalaciones.

Y la condonación de estas contribuciones lo que implicaba “de facto” es una subvención encubierta. En todo caso, lo que queda claro es que el impuesto al sol es un fake en términos informativos. La inconsistencia de la definición de esa contribución unida a la laguna existente en torno a los costes de acceso es lo que ha proporcionado munición para configurar una de las campañas de comunicación política más potente de los últimos años, nunca bien contrarrestada por una comunicación abierta, clara y pedagógica de nuestro sistema eléctrico y de los costes de acceso.

Ahora bien, en este sentido, la sentencia desmonta esta idea desde la ortodoxia jurídica y tributaria. Lo que pasa es que la aceptación e instalación social del término ya es imparable y es poco propensa a los matices, si además, en medio se trata de instrumentalizar en términos de las políticas energéticas con sus beneficiarios y perjudicados. A la vez, esa polémica y ese éxito comunicacional, de marketing energético, ha desvirtuado la cuestión mollar de la metodología de costes de acceso, verdadero punto débil de la cuantificación de esas contribuciones.