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El Gobierno formaliza el acuerdo para la transición justa y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras del carbón

Europa Press.- El Gobierno aprobó el real decreto-ley de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras. En concreto, este texto formaliza el acuerdo marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el Periodo 2019-2027 que firmaron el Gobierno, los sindicatos CCOO, UGT y USO y la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión).

El acuerdo se alcanzó para dar respuesta a las consecuencias sociales que se producirán en cumplimiento de la decisión tomada en 2010 por el Consejo Europeo, que obliga al cierre antes del 31 de diciembre de las minas de carbón en territorio comunitario que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018. En términos generales, el acuerdo contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores y la creación de una bolsa de trabajo para empleados no prejubilados, en la que podrán participar los trabajadores de las subcontratas.

Esta bolsa de trabajo será gestionada por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, que en particular, gestionará el acceso prioritario a los puestos de trabajo derivados de la restauración ambiental de las minas. Así, a través de esta bolsa de trabajo, se facilitará el acceso a cursos formativos y de orientación, siempre en coordinación con los servicios de empleo. Se trata de planes enfocados a orientar a los trabajadores hacia los nuevos yacimientos de empleo relacionados, principalmente, con la transición energética planteada por el Gobierno.

100 millones para transición justa

Además, se determina la asignación, en los Presupuestos para el año 2019, de 100 millones de euros procedentes de las subastas de derechos de emisión de efecto invernadero (CO2), que serán destinados a las políticas de transición justa y de lucha contra el cambio climático. La normativa aprobada actualiza las medidas sociales adoptadas en el real decreto 676/2014 por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón.

Este ajuste permitirá que los trabajadores afectados por los nuevos cierres puedan acogerse a prejubilaciones o bajas incentivadas en función de su trayectoria profesional. Así, podrán prejubilarse los empleados con 48 años de edad equivalente, 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón o un mínimo de 20 años trabajados. En este último caso, la ayuda experimentará reducciones en función del periodo de antigüedad acreditado. El resto de los trabajadores percibirán bajas voluntarias, que variarán en función de su antigüedad.

El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras será el encargado de gestionar las ayudas sociales, con cargo a sus presupuestos anuales. El real decreto-ley también recoge, en su disposición transitoria cuarta, la ampliación del plazo por una prórroga de 2 años para los convenios marco de colaboración que hayan sido adoptados en el Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el periodo 2013-2018.

La OIT y diferentes agentes sociales aseguran que la transición energética incrementará el empleo pero con algún «impacto adverso»

EFE. – El director de la Oficina para España de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Joaquín Nieto, ha solicitado a España para que trabaje por la transición energética, pero de una forma justa, incorporando medidas de promoción del empleo y de protección social.

En una mesa redonda de la jornada «La transición energética y el empleo», organizada por el Club Español de la Energía y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Nieto ha considerado que la transición energética es «urgente» y tendrá «efectos positivos», pero ha detallado también los «impactos eventualmente adversos» que puede tener.

En este sentido, y según los datos de la OIT, los primeros cambios que traerá la transición energética generará 24 millones de empleos a nivel mundial, pero también la pérdida de otros 6 millones, lo que el saldo global será positivo, con 18 millones de puestos de trabajo netos más.

Así, Nieto ha destacado un informe elaborado por la propia organización que analiza 163 sectores económicos y ha apuntado que «la mayoría se beneficiarán con crecimiento de empleo», especialmente el eléctrico, estimando para 2030 la creación de 2,5 millones de empleos frente a los 400.000 que se perderán.

El director de la OIT ha asegurado que «los nuevos empleos no se crean ni en el mismo momento ni lugar que los que se perdieron», por lo que ha resaltado la necesidad de «incorporar el concepto de transición justa y gestionar esa perdida de empleo».

Por ello, ha abogado por medidas de protección social y promoción del empleo y «eso requiere dialogo social con los sectores concernidos, con la patronal y con los sindicatos», a quienes ha advertido que «el retraso de la conversión la hará mucho más traumática».

 

Sindicatos y empresario

Asimismo, sindicatos y empresarios consideran también que la transición energética incrementará el empleo al final del proceso aunque advierten, del mismo modo, que requerirá sacrificios, si bien han dejado claro que la opción de no hacer nada ante el cambio que se avecina no existe.

Así, la presidenta de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Rocío Sicre, ha señalado que en 2050 se pueden crear 18 millones de empleos en el mundo, con lo cual habrá un movimiento del empleo.

Sicre ha destacado el objetivo de alcanzar, en 2030, que el 32% de la demanda final de energía en la Unión Europea sea de fuentes renovables. Así, se generarán 132.000 nuevos empleos.

Por su parte, el jefe del área de Industria, Energía y Medio Ambiente de la patronal CEOE, Iván Albertos, ha advertido de que sin un marco regulatorio «predecible» será difícil acometer las cuantiosas inversiones, de entre 60.000 y 100.000 millones de euros, necesarias para la transición energética y ha expresado sus dudas de que los partidos políticos puedan llegar a un consenso en materia de energía.

También ha asistido el presidente del Foro de la Industria Nuclear, Ignacio Araluce, quién ha señalado que la transición energética no será posible sin los ciudadanos y a éstos hay que contarles la verdad, que «va a tener oportunidades gigantescas pero va a exigir también sacrificios».

En este sentido, ha recordado que con el coche eléctrico en un futuro se ahorrará, pero de momento es «muy caro», y lo mismo ocurre con las medidas de eficiencia en edificios, que en un primer momento supondrán costes, por lo que los políticos deben decir qué medidas van a tomar para paliar esos primeros impactos.

Además Araluce, ha asegura que se van a destruir empleos y habrá que reconvertirlos, al tiempo que ha insistido en que habrá que poner el foco en las regiones y los territorios porque el problema es que la generación de la energía se concentra en territorios.

Por otro lado, José López-Tafall, secretario del Grupo Español para el Crecimiento Verde, creado en 2015 e integrado por 40 empresas que impulsan ese modelo de desarrollo económico, ha afirmado que la transición energética creará empleo y riqueza, y que «habrá buenos empleos».

Ha recalcado que España invirtió el año pasado 40.300 millones en importar combustibles fósiles, por lo que es necesario poner en marcha esta transición, algo que ha recordado requiere de un marco regulatorio, pues si no sólo se verán los costes de la transición.

Por último, el responsable de Medio Ambiente de UGT, Wilfredo Miró, ha manifestado que la transición energética es una oportunidad para crear empleo «y de calidad» en España, aunque ha señalado que habrá que acompasar en el tiempo los que se destruyan con los que se generen, mientras que el secretario de Medio Ambiente de CCOO Madrid, Ángel Juberías, ha dicho que es imprescindible tener en cuenta a la zonas afectadas.

La energía termosolar marca en julio un récord histórico de generación eléctrica mensual, con 899 gigavatios hora

Europa Press. – La energía termosolar marcó un récord histórico de generación eléctrica mensual al alcanzar los 899 gigavatios hora (GWh) en julio, según datos de Red Eléctrica de España (REE) recogidos por Protermosolar.

Así, la energía termosolar supuso un 4,1% del total de la generación de julio en España y, además, generó electricidad durante 24 horas al día los 31 días del mes, obteniendo el récord de generación por encima de 100 megavatios (MW) a lo largo de 723 horas, según datos de Esios recogidos por la patronal. En el mismo sentido, esta tecnología también obtuvo un nuevo récord al alcanzar una generación continua por encima de 100 MW durante 16 días consecutivos.

En lo referente a la generación mensual de julio, los 899 GWh de termosolar suponen un factor de carga del 53%, teniendo en cuenta que la potencia instalada en España es de 2.300 MW, lo que representa aproximadamente un 2% de la potencia total instalada del sistema eléctrico español.

En cuanto al anterior récord lo ostentaba el mes de julio de 2015, con 889 GWh, si bien, el parque termosolar está formado en sus dos terceras partes por centrales sin almacenamiento y en un tercio por centrales con almacenamiento, debido a las circunstancias de la década en la que se diseñaron las centrales. «En el futuro todas las centrales termosolares irán provistas de almacenamiento», asegura la patronal.

 

Carbunión pide al Gobierno retomar el diálogo «a la mayor brevedad posible»

EFE. –  La Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) ha pedido a los responsables del Ministerio de Transición Ecológica que retomen «a la mayor brevedad posible» el diálogo con sindicatos y empresas para buscar soluciones que permitan «una transición justa y ordenada» del carbón nacional.

Carbunión ha destacado, en un comunicado, que el carbón autóctono ayuda a garantizar el suministro, proporciona capacidad de respaldo -que se puede utilizar cuando no se pueda recurrir a las renovables- y tiene un efecto positivo en los precios.

Según la patronal, mientras las renovables no sean completamente gestionables y sea necesario contar con el apoyo de fuentes convencionales, el carbón nacional puede aportar entre 4 y 6 millones de toneladas al año de combustible autóctono.

De esta manera, señala Carbunión, se reduce la dependencia energética de combustibles importados como el gas natural.

AEE valora el informe del comité de expertos pero cree que «no queda reflejado» todo el potencial de la eólica

Europa Press / EFE.- Mientras desde Equo, integrante de Unidos Podemos, aseguran que el informe del comité de expertos sobre transición energética señala que el aumento de la capacidad de la interconexión con otros países no facilita la consecución de los objetivos ambientales y no favorece a las renovables, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) valora el informe de los expertos, ya que «propone medidas positivas», pero considera que el potencial de la eólica «no queda reflejado en todos los escenarios contemplados por los expertos«.

La patronal destaca que el documento contempla «un incremento sustancial» de la generación renovable en el sistema en los próximos años, apuesta por una reforma de la fiscalidad, una gobernanza independiente y una reducción de los extracostes de la tarifa eléctrica, todo ello respaldado por un aumento sustancial en la electrificación de la economía. Sin embargo, AEE cree que los parámetros asignados a la eólica no reflejan la actualidad de esta tecnología en lo referente a costes y horas de producción, donde en las últimas subastas de nueva potencia la inversión inicial fue de 1,2 millones de euros por megavatio (MW), un 7,7% menos que en el informe, mientras que las horas equivalentes mínimas eran de 3.000, un 36% más.

El informe, sin embargo, contempla una inversión de 1,3 millones de euros por MW y 2.200 horas equivalentes mínimas. Asimismo, AEE señala que en el escenario que más ventajas ofrece para el cumplimiento de los objetivos a 2030, se contempla un incremento de la eólica de 31.000 a 47.150 MW, constatando que con una mayor aportación de esta tecnología es posible alcanzar «objetivos más ambiciosos de la aportación de renovables en el mix (energías que suministran la electricidad), por encima del 27% en energía final«.

Por otra parte, considera que hubiera sido «deseable» que los expertos hubieran tenido en consideración la repotenciación del parque eólico español, del que el 50% tendrá en 2030 más de 25 años. Según la AEE, la repotenciación implica que, con menos aerogeneradores, se logra más producción de energía (en algunos casos hasta el doble) y la eficiencia es mayor, lo que redunda en un mayor cumplimiento de los objetivos europeos que se aprueben para 2030.

Así, AEE, que subraya que el informe de los expertos es «un paso adelante» en el debate sobre cómo hacer la transición energética en España, ve necesaria una planificación para los próximos años que garantice un mix equilibrado y una integración «ordenada y progresiva» de las tecnologías renovables según su nivel de competitividad. Esta asociación ya presentó un documento para su consulta a los expertos en el que señalaba que la potencia eólica instalada en España en 2020 alcanzaría los 28.000 megavatios (MW) y en la década siguiente los 40.000, un escenario que la AEE califica de «posible» y «realista».

Equo cuestiona las interconexiones energéticas

Por su parte, tras el informe de los expertos, la diputada de Equo / Unidos Podemos, Rosa Martínez, exigió de nuevo al Gobierno y a Red Eléctrica la paralización del proyecto de conexión eléctrica entre España y Francia por el Golfo de Vizcaya. Martínez asegura que, según los resultados obtenidos de las simulaciones eléctricas recogidas en el informe del comité de expertos para asesorar la estrategia de energía y clima, las interconexiones no mejoran la consecución de los objetivos ambientales.

Para la diputada, se desmienten así parte de los argumentos esgrimidos por el Ministerio de Energía para justificar la construcción de la megainfraestructura submarina proyectada en el Golfo de Vizcaya, 278 kilómetros de cables submarinos más otros 80 terrestres para unir la estación de conversión existente en Gatika, (Vizcaya) y la estación de Cubnezais, en la región francesa de Aquitania.

Según Martínez, las simulaciones del informe reflejan que, con la interconexión, por una parte, se aumentan las emisiones, y por otra, se mantiene o se reduce el porcentaje de energías renovables estimado en energía final. A esto ha de sumarse, según el estudio, que un incremento de las interconexiones se traduce en un aumento del coste marginal de la energía. El experto propuesto desde Unidos Podemos, Cristóbal José Gallego, apunta además en sus conclusiones que a ese encarecimiento se ha de añadir el aumento de los costes de inversión en la red de transporte, que pasan de 131 a 334 millones de euros al año.

«En este informe del comité de expertos se reconoce que estas interconexiones eléctricas no tienen los beneficios ambientales apuntados y encarecen la luz. El Gobierno de Rajoy tiene que replantearse este proyecto con un gran impacto en el territorio de Vizcaya y un elevado coste económico. No pueden pasar por alto los resultados de estos expertos», insiste Martínez. En caso de que el Ejecutivo de Rajoy siga adelante con el proyecto en Vizcaya, la diputada de Equo en Unidos Podemos emplaza al Gobierno a entregar datos sobre los «beneficios concretos» de este proyecto. «El coste de los actuales proyectos de interconexión en marcha puede convertirse en otro ejemplo más de infraestructuras innecesarias como lo fue el proyecto Castor», advirtió Martínez.

 

La patronal APPA considera que los cambios regulatorios en Andalucía, Aragón, Galicia o Castilla-La Mancha ayudarán a impulsar las renovables

Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) considera que las modificaciones regulatorias abordadas recientemente por comunidades autónomas como las de Andalucía, Aragón, Galicia o Castilla-La Mancha ayudarán a impulsar las renovables en España. La patronal destaca que estas autonomías están siendo «las más activas» a nivel regulatorio para impulsar las renovables en sus territorios.

En concreto, APPA señala que Galicia, con su Ley 5/2017, no solo ha impulsado por vía rápida los proyectos adjudicados en las subastas, sino que garantizó la tramitación simplificada para el resto de proyectos que se presentaron antes de diciembre. Asimismo, destaca que Andalucía también ha facilitado la tramitación de acceso y conexión, entendiendo que los trámites administrativos no deben demorar el desarrollo renovable, mientras que Castilla-La Mancha, con el Decreto 34/2017, «curiosamente publicado antes que las subastas de 2017, ha cambiado para bien la tramitación de los nuevos proyectos».

En lo que respecta a Aragón, la patronal considera que es una de las comunidades autónomas que «ha visto recompensado su esfuerzo regulatorio con la concesión de numerosos proyectos en las recientes subastas«. Además, APPA valora el papel «muy activo» de Extremadura en la agilización de los proyectos, lo que se ha traducido en «un importante atractivo para las empresas». La asociación subraya que las subastas implican la posibilidad de instalar 8.700 megavatios (MW) de nueva potencia renovable, con inversiones de 8.300 millones de euros.

El PSOE y Cecot critican que el Gobierno «antepuso los intereses privados a los generales» con la indemnización de Castor

Europa Press.- Al igual que organizaciones empresariales e industriales, como la patronal catalana Cecot, el diputado del PSOE por Castellón, Artemi Rallo, expresó su «satisfacción» por el fallo del Tribunal Constitucional que ha declarado «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del decreto que contemplaba la indemnización de 1.350 millones de euros a la empresa promotora del almacén de gas Castor, Escal UGS, y asegura que el Gobierno, al arbitrar un mecanismo «tan urgente» para la indemnización, «antepuso los intereses privados a los generales».

Rallo ha calificado la decisión que adoptó entonces el Gobierno de «arbitraria e injustificada», pues el decreto ley «hacía que se abonara de forma inmediata, en 30 días, una indemnización escandalosa, que los ciudadanos debían de pagar en 30 años». «Esto suponía un despropósito general que el Tribunal Constitucional ha reparado», asevera el diputado, quien considera que el Gobierno «ha salido por peteneras aludiendo a un supuesto defecto formal que no es tal, sino que es una excusa recurrente y que también utilizó cuando se declaró inconstitucional la amnistía fiscal». Rallo ha resaltado el papel del Grupo Parlamentario Socialista, que promovió el recurso de inconstitucionalidad.

Por su parte, el PSOE de Castellón también ha celebrado el fallo del Tribunal Constitucional, con el cual adquiere «rango de verdad judicial» lo que el PSOE ya advirtió en 2014, que el Gobierno de Rajoy «no gobierna para el conjunto de la sociedad, sino para favorecer a los sectores más poderosos, a cuyo dictado parece actuar«. Como el PSOE puso de manifiesto entonces, estaba «fuera de toda lógica» que en un momento como aquel, en el que se estaba aplicando una «despiadada» política de recortes sociales, se decidiera aprobar un decreto ley para tramitar por la vía de urgencia el pago de una indemnización multimillonaria, «a todas luces injusta».

El PSOE ha pedido que el PP aclare cuáles fueron los motivos que le llevaron a pagar de forma «tan rauda y veloz» una indemnización de 1.350,7 millones de euros a las empresas de Florentino Pérez, que tenía una participación mayoritaria en Escal UGS. «Lo que se imponía en un momento como aquel era realizar un análisis de la situación medioambiental, administrativa, jurídica y económica que se creaba a partir del momento en el que se produjeron los terremotos, para tomar una decisión con calma, que se ajustara al Derecho y a la lógica», concluyó.

Entidades industriales celebran la sentencia

Diversas entidades del sector industrial han celebrado la sentencia del Tribunal Constitucional, así como desde la patronal catalana Cecot, y han garantizado que han seguido de cerca las gestiones del caso por la incidencia en los consumos de determinadas industrias «como resultado de la mala gestión de la administración del Estado», según indicó la patronal. El presidente de Cecot, Antoni Abad, ha criticado que «no es de recibo que el coste lo tengan que asumir los consumidores» por un problema de planificación y mala gestión.

Los sindicatos y las patronales de estaciones de servicio denuncian en el Congreso que las gasolineras desatendidas destruyen empleo

Europa Press.- Los sindicatos UGT-FICA y CCOO, las patronales de estaciones de gasolineras CEEES y Aevecar y la confederación de personas discapacitadas (Cocemfe) han presentado un estudio en la Comisión de Energía del Congreso en el que critican la falta de control de las conocidas como gasolineras desatendidas.

Concretamente, las organizaciones han denunciado que estas gasolineras incumplen sistemáticamente numerosos aspectos de las normativas que se exigen a las estaciones de servicio tradicionales, entre ellos artículos específicos de las normativas de seguridad. Además, el estudio critica que pese a que las gasolineras desatendidas crecieron un 8,5% entre 2011 y 2016, pasando de 10.310 a 11.188, este incremento en los puntos de venta no se ha visto traducido en un crecimiento en el empleo del sector, que ha caído de los 54.800 empleos que había en 2014, a los 52.100 registrados en 2016, «lo que significa que cada nueva gasolinera desatendida abierta supone la destrucción de 6 puestos de trabajo en el sector», indicó UGT-FICA.

Así, UGT-FICA reivindica la necesidad de que la regulación de las gasolineras desatendidas se efectúe desde el ámbito nacional mediante una ley específica. Para el sindicato, la norma debería recoger necesariamente la obligatoriedad de que todas y cada una de las gasolineras en el país por motivos de seguridad cuenten con, al menos, una persona de servicio las 24 horas para atender al público y, especialmente, a las personas discapacitadas.

Ecologistas pide a las compañías eléctricas que abandonen los proyectos hidroeléctricos de América en los que «se atenta contra activistas»

Europa Press.– Ecologistas en Acción ha escrito a los presidentes de Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa y al de la CEOE para que abandonen los proyectos hidroeléctricos en los que «se usa la violencia contra activistas que defienden el medio ambiente«, de modo que «sean coherentes con la resolución aprobada en el Consejo Nacional del Agua, el pasado 16 de marzo».

La organización denuncia en esta misiva que en los últimos años «han aumentado los asesinatos a defensores del medio ambiente, especialmente de los ríos, porque se oponían a grandes proyectos hidroeléctricos, sobre todo en países como Honduras, Guatemala, Brasil y Colombia». Por ello Ecologistas en Acción presentó en el Consejo Nacional del Agua (CNA) celebrado el pasado 16 de marzo una resolución de condena de estos hechos que, según apunta, fue aprobada por unanimidad. Por ello, insta a los responsables de la CEOE como de las eléctricas a que, «por coherencia» con el pronunciamiento del CNA, se comprometan a su «inmediata salida» de aquellos proyectos hidroeléctricos «en lo que se genere en el futuro algún tipo de violencia contra activistas«.

La patronal Ceees denuncia que el auge de las estaciones de servicio desatendidas ha supuesto la pérdida de 2.700 empleos

Europa Press.- El presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees), Jorge de Benito, consideró que las estaciones de servicio desatendidas, conocidas como gasolineras fantasma, «no tienen cabida en el sector», y aseguró que su auge ha supuesto la pérdida de 2.700 empleos en los dos últimos años.

De Benito señaló que la inmensa mayoría de las comunidades autónomas ya cuentan con normativa propia que regula la presencia de al menos un empleado en las gasolineras, aunque subrayó que estas normas «luego se vulneran sin consecuencias». «Ése es precisamente el motivo por el cual, según los sindicatos, se han destruido 15.000 empleos en nuestro sector desde 2008″, denunció el presidente de la Ceees, que apuntó que en los dos últimos años se perdieron 2.700 empleos, «la mitad en Cataluña, donde no existe una regulación contra las gasolineras desatendidas».

Para De Benito, quien calificó esta tendencia como «escalofriante», la mejor prueba de que esta destrucción de empleo se debe a la proliferación de las gasolineras desatendidas es que en 2015 se experimentó un crecimiento neto de 235 puntos de venta en nuestro país. De Benito subrayó que, a pesar de que no hay datos correspondientes a 2016, «todo parece indicar que esa tendencia de más puntos de suministro y menos empleos se verá acentuada», por lo que pidió al respecto una «legislación clara y, sobre todo, que se cumpla».