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Sánchez creará un área de Transición Ecológica en la nueva dirección del PSOE desde donde abordará el futuro energético

Europa Press.- El secretario general del PSOE creará un área de Transición Ecológica en la nueva Ejecutiva Federal que está diseñando y que deberá aprobar el 39º Congreso Federal del partido del próximo fin de semana, según anunció su equipo. Este área tendrá «un papel fundamental en el nuevo proyecto socialista», aunque no tendría por qué representar una secretaría como tal, sino depender de una más amplia, como pudiera ser la de Medio Ambiente, explican fuentes socialistas.

Sánchez comunicó esta decisión a los principales responsables en España de las organizaciones ecologistas Greenpeace, WWF, SEO BirdLife, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra, con los que se reunió en la sede socialista en Ferraz. El encuentro ha permitido hablar de la situación del Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático tras la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de retirar a su país del mismo.

Sánchez ha intercambiado puntos de vista con las organizaciones ecologistas en torno al proceso de elaboración de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética en España. Todos han coincidido en destacar la «ausencia de un liderazgo fuerte» que sitúe la lucha contra el calentamiento global como una prioridad absoluta y han lamentado la «extremada lentitud» por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy para la puesta en marcha de medidas que frenen esta grave amenaza.

Sánchez ha defendido que los socialistas deben ser «protagonistas del cambio» que supone la transición ecológica y energética de la economía con el objetivo de lograr un progreso más justo y más duradero. El líder socialista ha recordado en este sentido la iniciativa presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados para crear un grupo de expertos que identifique qué acciones se han de incluir en la ley para favorecer la transición ecológica. El secretario general está convencido de que es «urgente e imprescindible» un gran acuerdo de país para luchar contra el cambio climático, para lo que Sánchez ha quedado con las organizaciones ecológicas en reunirse periódicamente.

El programa con el que Sánchez se presentó a las primarias, que incorporará a la Ponencia Marco que aprobará el 39º Congreso Federal y que guiará el rumbo del PSOE durante los próximos años, identifica la sostenibilidad ambiental como un nuevo principio básico del socialismo democrático, dado que se ha convertido en elemento imprescindible para garantizar un «progreso seguro, más justo y más duradero tanto para las generaciones presentes como las futuras». En opinión de Sánchez, se requiere una «transformación sustantiva» de cómo producimos, consumimos e interactuamos con el ecosistema de nuestro planeta, pues existe una interdependencia entre lo económico, lo social y lo ambiental.

Transición energética en proyecto político

El PSOE asegura que «asumirán como reto» para su proyecto político una de «las grandes asignaturas pendientes», como es la transición ecológica y «más concretamente la transición energética». Para conseguir este reto, el PSOE ha explicado que se debe «contribuir a derribar la falsa imagen» que contrapone el compromiso ambiental con el progreso económico y social. Además, asegura que los ciudadanos «exigen más seguridad y más bienestar a los poderes públicos, «son cada vez más conscientes de los riesgos» que la degradación ambiental puede incidir en la salud y en la calidad de vida, y disponen cada vez más «con más información sobre alternativas» que eviten o reduzcan esos riesgos.

«Los socialistas queremos liderar en España el avance hacia una nueva relación entre el hombre y la naturaleza, favoreciendo la implantación de tecnologías más limpias, la gestión de los residuos y un uso más racional de los recursos naturales desde un concepto de eficiencia que incluya los costes y beneficios ecológicos», indica el PSOE, que destaca que «se enriquecería el objetivo de equidad» ya que asevera que los problemas ambientales «afectan de forma más grave a los ciudadanos más desfavorecidos.

UGT reclama un pacto de Estado sobre Energía en el que prime el «interés general»

Europa Press.– El vicesecretario general de UGT-Fica, Antonio Deusa, considera «imprescindible» un pacto de Estado para la Energía que permita «reflexionar sobre cómo se produce la energía y cómo se consume», indicó el sindicato. Deusa ha realizado estas consideraciones durante una jornada sobre Exploración y Producción de Hidrocarburos, junto al secretario sectorial de Energía de UGT, Andrés Muñoz, y el secretario sectorial Minero del sindicato, Víctor Fernández.

Competitividad y sostenibilidad como claves

El sindicalista es partidario de que en el pacto participen todos los agentes «directamente implicados», lo que incluye a Administraciones Públicas, partidos políticos, sectores económicos y sindicatos. En el pacto de Estado, insistió, «habrán de tenerse en cuenta unos principios básicos de competitividad, sostenibilidad, seguridad de suministro e interconexión de redes, principios que UGT ha venido reclamando tradicionalmente, tanto en el ámbito europeo como nacional».

Greenpeace reclama a los partidos que pongan el medio ambiente en el centro de su agenda

Europa Press.- La organización ecologista Greenpeace ha pedido a los partidos políticos que pongan al medio ambiente en el centro de su agenda de cara a las elecciones generales del próximo 26 de junio y los posteriores acuerdos porque las políticas de protección medioambiental tienen repercusiones positivas directas en el empleo, los ecosistemas y el bienestar social.

La ONG recuerda que España tiene como prioridad la puesta en marcha para reducir las emisiones de cara a cumplir los compromisos adquiridos en la Cumbre del Clima de París.

Además, critica que seis meses después de la firma del Acuerdo de París, el Gobierno en funciones va «en la dirección contraria a la que debería» y no está adoptando «ninguna medida» para reducir las emisiones de CO2 y tratar de que el aumento de la temperatura no sobrepase los 1,5 grados centígrados.

De hecho, considera que «más bien hace todo lo contrario» ya que mantiene una política energética que apoya las energías sucias, como la nuclear y el carbón y castiga a las renovables, aunque esto haya supuesto una pérdida de unos 50.000 empleos en el sector en los últimos años.

Del mismo modo, reclama que las negociaciones del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos (conocido como TTIP) se hagan con la mayor transparencia posible y que se salvaguarde el respeto al medio ambiente, ya que la ONG ve numerosos indicios que apuntan a que el acuerdo supondría una merma en los estándares de protección medioambiental.

Elecciones 20-D: Programa, programa, programa y programa

La lectura de los programas electorales en materia de energía y de las entrevistas a los representantes de las formaciones que compiten en este 20-D nos lleva a hacer un retrato de lo esencial del pensamiento y visión de nuestros partidos políticos en este momento y en este área. Teniendo en cuenta, por otra parte, el escenario de pactos postelectorales que se avecina, el programa y las afirmaciones públicas en materia de energía de estos momentos adquieren un peso relativo pero, en todo caso, no menor, ya que toma la temperatura de cómo el sistema político percibe la cuestión energética.

Por eso, hagamos la lectura esquemática y esencial de los mismos para comprobar la “línea política” existente en cada caso:

PSOE: Lo que va de Jorge Fabra a Jordi Sevilla.

Conocer lo que ocurre dentro del PSOE pasa por identificar la trazabilidad de determinadas figuras que acaban siendo centrales en el funcionamiento de este partido, ante una claudicación del perfil más socialdemócrata y europeísta de los socialistas y la pinza podemita. Una de ellas es Jorge Fabra, que ha conseguido auparse dentro de esta formación política en el sector energético como factótum tras la depauperación ideológica  y de pensamiento producida tras el zapaterismo, algo además general en la socialdemocracia europea.

Su égida teórica abarca desde el PSOE hasta Podemos dónde, cómo podemos comprobar, su programa es casi calcado y dónde se traslucen sus postulados. De hecho, estos dos partidos casi comparten en su integridad el programa energético, más allá de diferencias más o menos temáticas.

El PSOE promete en su programa restituir la seguridad jurídica de las renovables, que es una de los planteamientos que viene repitiendo el propio responsable económico del PSOE, Jordi Sevilla, a costa de acabar con la seguridad jurídica y de la institución del mercado eléctrico que, por otra parte, es el objetivo que viene persiguiendo Jorge Fabra, incluso a su paso por la Comisión Nacional de la Energía como consejero. Por tanto, el programa socialista consigue, milagrosamente, ese supuesto encaje, esa línea Maginot aunque sea a costa de salir de los parámetros de funcionamiento competitivo de la Unión Europea.

Touché, Sr. Sevilla. Y touché Sr. Sánchez, que en esta campaña se quejaba de que Podemos quería nacionalizar el sector eléctrico.

La influencia de Fabra se reconoce, además de por la prosodia política narrativa de los programas electorales tendentes a mantener el decoro y la ambigüedad de sus formulaciones, por la expresión argumental compleja y circular de una idea simple: la intervención del sector, la fijación administrada de rentas para las tecnologías y la abolición del mercado eléctrico. Y la expresión de una supuesta justicia redistributiva consistente en que las tecnologías nuclear e hidráulica financien las primas a las renovables, sin atisbo de autocrítica, como en el modelo de la burbuja fotovoltaica. Pasando de puntillas por el asunto del carbón nacional, uno de los graneros de votos socialistas y, por otra parte, una tecnología a retribuir con el mismo modelo administrado.

Así, en tecnologías convencionales, los socialistas proponen «volver a la regulación anterior», lo que, de facto, supone la reimplantación de un sistema de costes reconocidos basado en la retribución por costes, sin incentivos a la competencia entre tecnologías. Da igual las mismas y su eficiencia, se pagan los costes y se fija un margen administrado.

Y, en ese sentido, estas propuestas se inscriben en la fiebre derogatoria de los socialistas, que les lleva a la síntesis retroprogresiva, nostálgica del Marco Legal Estable (lo que enuncian elípticamente como “volver a la regulación anterior”). Es decir, se trataría de derogar la ley para remontarse incluso a gobiernos pasados, retrocediendo normativamente a la época anterior a Zapatero.

Podemos: el Soviet Supremo

Por su parte, Podemos también comparte el eje central de los socialistas, expresado con menor subordinación sintáctica, artificio lingüístico y de forma más reconocible. Esto es, abolición del mercado eléctrico y un modelo soviético sin incentivos competitivos entre las tecnologías. Abiertamente son partidarios de la intervención del sector. Y lo justifican, sin matices.

En definitiva, expresado muy claramente, el sistema energético en general, y el eléctrico en particular, al servicio de la política como se detrae de la afirmación de la utilización de las centrales de ciclo combinado para su uso circunstancial durante el tiempo que sea necesario, tras cerrar las nucleares, para que entre en funcionamiento la nueva potencia renovable.

No se pronuncian sobre el impacto económico en el recibo de electricidad del incremento de potencia renovable de 7.500 MW que proponen para la próxima legislatura, ni sobre el impacto económico del cierre de las centrales nucleares y el papel que juegan en el cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones. Y lo bueno es que, además, exprimiendo al máximo el clima social y la reputación del sector energético y sus tecnologías, todo el contenido de su programa podría ser objeto de un referéndum, de esos que promueven y que sacralizan el concepto de “lo que diga la gente”.

El No programa del PP: “dejadme a mi”

Por su parte, el Partido Popular sigue una línea argumental de continuidad que le ha llevado a dibujar un no programa electoral en materia de energía en el que no dibuja una política energética, no define un mix energético  y no establece un modelo de gobernanza del sector. Se mueve entre la vaguedad y el ajuste contable, con márgenes para las bajadas de precios en momentos coyunturales (como lo son los 15 días de campaña electoral).

El discurso popular se basa en el argumento de “confiad en mí” para que siga haciendo como solía, con un manejo de las bridas del sistema energético estirando y soltando, controlando e interviniendo las tarifas de acceso, con la promesa de que no exista déficit mientras espera que no aparezca un problema en la opinión pública ante una potencial alineación de elementos diversos que pueden ir desde los precios internacionales del crudo o la meteorología. Todo esto le lleva incluso a un cierto desdén en la formulación teórica, que contrasta en el pasado con las aportaciones de sus propios think tank como FAES.

NI una palabra de liberalización (actualmente el Partido Popular no es un partido liberal en el sentido europeo del término, y en energía, menos), apelaciones a la vigilancia de precios en materia de carburantes, relación utilitarista con la Unión Europea para las interconexiones (disimulo respecto a mecanismos de fijación de tarifas, funcionamiento de órganos reguladores, seguridad jurídica, etc…), nucleares, fracking y renovables, según y cómo el Gobierno lo graduará y modulará en cada momento. Y, por supuesto, ninguna alusión al problema que gravita de los conflictos internacionales derivados de las reformas legales introducidas en esta legislatura y la forma en que se pueden ir resolviendo en la legislatura que se iniciará en enero de 2016.

Ciudadanos: Todo por el pacto y en el pacto

Finalmente, Ciudadanos diseña un programa de perfil diferente. En algunas ocasiones, esquemático y con márgenes de reserva a los criterios técnicos. En estos términos, por ejemplo, se pronuncian sobre el tema de la vida útil de las centrales nucleares, conforme a lo que determine el órgano encargado de ello, el Consejo de Seguridad Nuclear. O también con la subsanación de los defectos de diseño del mercado eléctrico o del bono social.

En el tema del mercado eléctrico, propone el unbundling total, la separación de propiedad de las distintas actividades (generación, distribución y comercialización), a la vez que no lo tiene tan claro esto mismo en lo que se refiere a la separación completa de las funciones del transporte y del gestor técnico de los sistemas para llegar al modelo ISO. Tampoco se sabe si esta maximización del unbundling alcanzaría al sistema gasista.

La aproximación al problema de los precios eléctricos, precisamente, la realizan a través de atacar la estructura sectorial, sin tomar como punto de partida la realidad de un mercado de generación en sintonía con los precios europeos pero con la creencia instalada a nivel opinático respecto a los mercados en régimen de oligopolio. Así lo hacen antes que abordar la liberalización completa de la actividad y la importante carga fiscal que soporta la electricidad.

Abogan por la seguridad jurídica, lo que les distingue de las tres formaciones políticas anteriores, aunque albergan matices de confusión entre precios, costes y mercados. Paradójicamente, con el acento que ponen en materia de gobernanza en el resto de su programa, son tibios con el modelo de empresa participada por la SEPI y su gobierno de turnos existente en los dos operadores de transporte y sistema.

Esencialmente, plantean un Pacto de Estado por la Energía, con poder taumatúrgico para resolver los problemas energéticos del país. Y sus polémicas. Pacto que se atisba difícil, aunque se inscriba en la serie de pactos de estado que promueve esta formación en otras materias. Lo cierto es que, ante las diferencias programáticas expresadas y el clima político demagógico existente alrededor de la energía, casi es una propuesta de echarse a temblar.

 

Gracias, Unión Europea, por existir.

El sector de la biomasa pide a los partidos políticos un mayor apoyo

Europa Press.- El sector de la biomasa ha pedido a los partidos políticos que en sus programas electorales para las próximas elecciones generales, que tendrán lugar el 20 de diciembre, incluyan el compromiso de rectificar «lo antes posible la dura moratoria impuesta».

En un documento, la plataforma Unión por la Biomasa, que agrupa a asociaciones como APPA Biomasa, ADAP, Asaja o COAG, señala que la apuesta por la biomasa en España «no debe demorarse más», por lo que deberían implementarse a lo largo de la próxima legislatura las políticas «que permitan el despegue y puesta en marcha del sector», lo que implicaría «un gran avance» en materia medioambiental y socioeconómica para el medio rural, «que redundaría en beneficio de todo el país».

A este respecto, la plataforma considera necesario el compromiso respecto la consecución de los objetivos 2020 a través de un apoyo sostenido al sector, convirtiendo la promoción de las biomasas en un «objetivo prioritario de las políticas públicas».

Así, afirma que las convocatorias de potencia no deberían constituir «hitos aislados», sino establecerse periódicamente, «permitiendo un desarrollo ordenado del sector y la consecución de los objetivos establecidos para el mismo».

Entre otras peticiones a tener en cuenta por los partidos políticos, la plataforma indica que es necesaria la creación de una Comisión Interministerial permanente, en la que se aborde el desarrollo del sector en su conjunto, y pide establecer «con urgencia» un marco normativo específico que, adicionalmente a la consideración de energía renovable dentro del conjunto de tecnologías limpias, reconozca las singulares aportaciones sociales, económicas y medioambientales que esta energía limpia genera en los sectores agrícola, ganadero y forestal.

Además, ve necesaria la compatibilidad entre el desarrollo del sector término y del eléctrico, no abandonándose el desarrollo de la vertiente eléctrica del sector aduciendo que se está apoyando la térmica.

Por otra parte, el sector pide fomentar un mercado de biomasas nacional, que aglutine a los micromercados existentes en la actualidad, así como coherencia entre las políticas que se implementen en materia energética, medioambiental y fiscal.