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El Movimiento Ibérico Antinuclear reclama el cierre de Cofrentes cuando caduque su permiso de explotación en 2021

Europa Press.- El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), que agrupa alrededor de 80 asociaciones, sindicatos y entidades de España y Portugal, ha reclamado el cierre de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) «cuando caduque su permiso de explotación” en 2021. De este modo, se da tiempo para «desarrollar las energías renovables y aplicar medidas de eficiencia energética», se mantiene la «estabilidad de la red» y «sus propietarios no tienen derecho a reclamar lucro cesante«, según ha argumentado el coordinador del MIA, Paco Castejón.

Castejón considera que estamos en un «momento clave» para el futuro energético de España desde el punto de vista del diseño del modelo energético, dado que de 2020 a 2024 se van a revisar los permisos nucleares de las centrales españolas. En la actualidad, ha señalado, se opta por un mix entre la energía nuclear y las renovables, lo que a su entender es «un verdadero freno para las renovables» y se prolonga el funcionamiento de las centrales porque generan «un millón de beneficios diarios».

El «problema», alerta, es que «pasan los años y se vuelven más inseguras», ya que «se degradan, y presentan «problemas de corrosión». Eso ocurre, ha explicado Castejón, porque los sistemas están diseñados para 40 años y luego no se sabe cómo se van a comportar». Así, ha insistido en su petición de cierre progresivo de las centrales por cuestiones de seguridad, por los residuos radioactivos que generan, cuyo «volumen se ha incrementado un 50% y no saben qué hacer con ellos», y por el «freno que suponen para el desarrollo de un nuevo modelo energético».

El coordinador del MIA ha asegurado que Cofrentes «tiene una historia negra de incidentes». Ya en los años 90 hay «inestabilidades térmicas», ha relatado, que duplican la potencia y «fisuras de elementos combustibles que entran en el agua y se contamina y sale de la contención y se pasea por toda la central». Además, ha advertido, la metodología para los cálculos sísmicos que se hicieron cuando se construyó la central nuclear «está caducada» y actualmente el Organismo Internacional de la Energía Atómica ha sacado unos nuevos métodos de cálculo de terremotos que Cofrentes «no cumple«.

Según Paco Castejón, «las centrales no son necesarias porque hay suficiente potencia instalada para sustituirlas sin problema». En este sentido, recordó que en España hay instalados actualmente un total de 108.000 megavatios (MW) entre todos los tipos de energía, de los cuales 7.400 MW son de energía nuclear. Sin embargo, la máxima demanda que se ha alcanzado es de 45.000 MW, de modo que queda una potencia de 63.000 MW que no se usa, ha subrayado. Tanto es así que «mañana se puede prescindir de las centrales nucleares sin problema de garantía de suministro», sentenció.

Además, hizo hincapié en que en estos momentos «estamos pagando el kilovatio/hora nuclear a precio de gas». Según indicó, a las centrales les cuesta 1,05 céntimos producirlo antes de impuestos, mientras en el mercado marginalista se paga a 5,5 céntimos, según el promedio de 2015, y después «el ciudadano tiene que pagar además el impuesto de electricidad, el IVA y los peajes de transporte, distribución y las diferentes primas», añadió.

A su entender, el margen de beneficio es «insensato» y es el «verdadero motivo de prolongar la vida de las centrales nucleares». De hecho, ha asegurado que el Gobierno «miente» cuando dice que sustituir la energía de las centrales nucleares costaría «un 25% más» en la factura del consumidor. Según ha calculado el MIA, supondría «no más del 5%» de incremento en la factura. Por último, ha censurado lo que considera un «problema político y de democracia» y ha criticado que pese a que «la mayoría de la ciudadanía y del parlamento son anti-nucleares», el Gobierno, al cual ha calificado de «pro-nuclear», no pregunta sobre esta cuestión a la sociedad.

Ecologistas en Acción lamenta que Portugal ceda ante las presiones y retire su denuncia por el ATI nuclear de Almaraz

Europa Press.- Ecologistas en Acción lamenta que el Gobierno de Portugal haya retirado y no haya sido «capaz de mantenerse firme en su denuncia» sobre las «irregularidades» cometidas en el proceso de licenciamiento del almacén temporal individualizado (ATI) de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) y que ceda a las “presiones, parece que demasiado fuertes, del Gobierno de España y de la Comisión Europea, con su oferta de acelerar las interconexiones energéticas”.

Ecologistas, como integrante del Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), interpuso en enero un recurso de alzada contra la decisión del Gobierno español de autorizar el ATI en Almaraz porque considera que se ha ignorado el impacto transfronterizo de la obra. En su recurso advertían de que una hipotética fuga radiactiva del ATI podría afectar al embalse de Arrocampo y acabar en el río Tajo, con lo que la contaminación afectaría muy probablemente a Portugal, como recuerdan que ya sucedió en 1970, cuando se produjo un escape de agua radiactiva de la antigua Junta de Energía Nuclear (JEN) que llegó hasta Lisboa.

En este contexto, el Gobierno de Portugal denunció el pasado 16 de enero a España ante la Unión Europea para que las autoridades comunitarias se posicionaran ante el proceso de autorización del ATI de Almaraz. Ecologistas en Acción sostiene que España contravino los protocolos internacionales de Kiev, Aarhus y Espoo, así como varias directivas europeas, al autorizar el ATI sin consultar al Gobierno portugués. Por ello, Portugal no pudo abrir un periodo de consulta en el que interponer alegaciones al almacén de residuos, tal y como pudieron hacer las personas y organizaciones interesadas en España.

Por ello, la asociación advierte a Portugal de que con la aceptación del ATI está «aceptando de facto la prolongación del funcionamiento de la central nuclear hasta los 60 años» y desoye la voz de la mayor parte de la ciudadanía portuguesa (las encuestas muestran que más del 90% de la población lusa muestra su oposición a la central) y del Parlamento portugués, que se posicionó en contra del ATI y del alargamiento de la vida de Almaraz. Para el portavoz de la campaña nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, que los reactores nucleares pasen los 40 años de diseño supone un «riesgo inaceptable» porque las condiciones de seguridad se degradan con el envejecimiento.

Ecologistas en Acción denuncia riesgos en Almaraz y Trillo por componentes de Areva pero el titular niega toda relación

Europa Press.- Ecologistas en Acción ha denunciado que las deficiencias detectadas en los componentes de la empresa nuclear francesa Areva podrían afectar a los reactores españoles de Almaraz (Cáceres) y Trillo (Guadalajara), aunque el titular de estas plantas afirma que esta deducción no guarda relación con la realidad.

Así, la ONG asegura que los fallos de 400 protocolos de control de calidad de materiales detectados en Areva, que «estaban falseados» y se han descubierto a raíz de unas fisuras en uno de los reactores en la planta de Flamanville (Francia), que está en construcción, podrían afectar también a estos reactores españoles, porque la empresa que las gestiona contrata con la corporación nuclear gala para realizar operaciones de mantenimiento en ambas centrales. Asimismo, esta empresa contrató a Areva para fabricar combustible para seis recargas para la central nuclear de Trillo a partir de 2017, e hizo pruebas con barras de combustible de Almaraz en 2015″, asegura Ecologistas en Acción.

Ecologistas vincula como un «elemento de especial gravedad» que Areva se haya encargado de supervisar y analizar las causas del fallo de las bombas de agua de servicios esenciales en la unidad II de Almaraz, a principios de este año y critica la decisión del CSN de mantener la planta cacereña en funcionamiento, basándose en el análisis de Areva. El portavoz de la campaña antinuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, ha alertado de la gravedad del hecho porque Areva «es omnipresente» en las operaciones de mantenimiento y reparación de las centrales de Almaraz y Trillo. «Hay que determinar hasta qué punto el falseamiento de los protocolos afecta la seguridad de estas dos centrales”, insistió.

Sin embargo, el titular de las plantas, Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), aseguró que tanto los servicios como el suministro de combustible que ha realizado Areva para estas plantas «no están puestos en entredicho» por la información sobre las deficiencias detectadas en Areva Francia. En concreto, aclara que los servicios que ha prestado Areva respecto al sistema de agua de servicios esenciales de la central de Almaraz «no tienen ninguna relación con las deficiencias identificadas por dicha empresa». Además, fuentes de la empresa añadieron que Areva únicamente da servicios y suministro de combustible en el caso de Trillo pero desde Areva Alemania. Almaraz compra el combustible a la empresa española ENUSA.

El Foro Nuclear advierte de que esta energía es «esencial» mientras que los ecologistas hablan de “brindis al sol”

Europa Press.- Ecologistas en Acción cree que la petición de la mayoría de grupos parlamentarios en la Comisión de Industria para que el Gobierno cierre las centrales nucleares según vayan cumpliendo 40 años es «un brindis al sol» ante la disolución de las Cortes Generales. Por su parte, el Foro de la Industria Nuclear advierte de que la continuidad de esta energía es «esencial» para asegurar la estabilidad del sistema eléctrico y el freno a las emisiones contaminantes.

Fuentes del Foro señalaron que la tecnología nuclear no debería entender de ideologías y abogan por mantener la operación de las plantas nucleares mientras su funcionamiento sea seguro y cumplan los requisitos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). A su juicio, la continuidad del funcionamiento de las centrales nucleares españolas permitirá continuar con un abastecimiento eléctrico «abundante, fiable, medioambientalmente limpio y competitivo» para cumplir con los objetivos de sostenibilidad energética definidos por la Unión Europea.

En este sentido, insisten en que la energía nuclear es «esencial» en el mix eléctrico español y recalcan que las centrales nucleares españolas producen electricidad de forma constante y sin emisiones de CO2 y, además, en 2015 «fueron líderes en la producción eléctrica al generar más del 20% de la electricidad». Junto a ello, recuerdan que la producción nuclear supuso el 36,4% de la electricidad sin emisiones contaminantes en 2015.

«Brindis al sol» para ecologistas

Ecologistas en Acción cree que la petición del Congreso al Gobierno para que cierre las centrales nucleares es «un paso maravilloso» porque los grupos políticos «se retratan» pero que se convierte en «brindis al sol» ante la inminente disolución de las Cortes Generales. Según indicó el portavoz de la campaña nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, es «maravilloso» porque los grupos políticos «se retratan» en sus intenciones y espera que durante la campaña electoral sigan manteniendo la misma propuesta.

La propuesta socialista es “aceptable”

Para la ONG las centrales nucleares españolas «podrían cerrarse antes», y que su intención es que se clausuren una vez vayan expirando sus licencias, es decir, que éstas no se renueven incluso sin llegar a esa fecha, pero admite que la propuesta de 40 años de vida «es aceptable». De ser así, Castejón cree que Garoña (Burgos) no debería volver a abrir y que a esta le seguirían en el cierre Almaraz (Cáceres) en 2021, mientras que las últimas serían Vandellós (Tarragona) y, poco después, en 2028, la de Trillo (Guadalajara). Con ello, según indicaron, España daría por finalizada su etapa de energía nuclear seis años después que Alemania, un país que es «un referente en el paradigma energético europeo».

Nuclenor niega que tenga tomada una decisión sobre Garoña y Ecologistas en Acción cree que el PP presiona para reabrirla

EFE / Europa Press.- El portavoz de Ecologistas en Acción para temas nucleares, Francisco Castejón, considera que el PP ha tomado la reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos) como un “asunto personal” y presiona para su reapertura. En este sentido, la vicepresidenta y portavoz de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, indicó que la empresa Nuclenor, propietaria de la planta burgalesa, les ha comunicado que «no hay una decisión tomada» sobre un posible cierre de las instalaciones por razones económicas.

Valdeón reconoció que a raíz de lo señalado por el sindicato vasco ELA, que apuntaba a que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se había tomado la decisión de cerrar Garoña “por motivos económicos”, la Junta de Castilla y León se puso en contacto con los propietarios de la planta nuclear para recabar información. «Nos ratificaron que no hay una decisión tomada al respecto», resumió la portavoz, convencida de que la viabilidad de la central nuclear ubicada en el norte de la provincia burgalesa «está condicionada al informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)», tanto para retomar su actividad como para que cese definitivamente.

Valdeón aseguró que «nunca nos han hablado de causas económicas» para justificar un posible cierre, que en su opinión es un problema que tiene el «nudo gordiano» en el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear, pero que tiene en vilo a las cerca de 1.000 personas que están vinculadas laboralmente a la actividad de Garoña. La Junta de Castilla y León ha pedido a la empresa propietaria de la central nuclear que en caso de que tome se alguna decisión sobre el futuro de las instalaciones se la comunique con antelación y reiteró que defiende el mantenimiento de la planta siempre que se cuente con el respaldo del regulador CSN.

Los ecologistas apuntan al PP

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción para temas nucleares, Francisco Castejón, señaló que la votación de la proposición no de ley para exigir el cierre de Garoña en el Congreso de los Diputados ha demostrado que el PP «ha tomado Garoña como un asunto personal pese al perjuicio para la sociedad, al CSN, al que obliga a realizar inspecciones innecesarias, y la propietaria de la planta». Castejón critica que el PP se ha quedado solo apoyando la reapertura de Garoña porque «fue su buque insignia en la campaña electoral en materia energética» y están dispuestos a «todo tipo de cesiones» para evitar el cierre definitivo, incluso en contra del criterio de Nuclenor.

Según su opinión, Nuclenor no tiene interés en la reapertura de Garoña porque, además del coste de las actuaciones y mejoras que exige el CSN, hay una «situación de incertidumbre» porque la planta podría volver a tener problemas técnicos en los próximos años cuyo coste no fuera asumible. Para Castejón, la reapertura de Garoña «es más un deseo que una posibilidad real». Sin embargo, fuentes de Nuclenor mantienen que en Garoña se sigue trabajando en el «doble escenario» de un posible desmantelamiento o de la reapertura y que no se ha aprobado ni dado trámite a ninguna solicitud de cierre definitivo de la planta nuclear.

Marcha el 11 de junio

Por otro lado, el colectivo Araba sin Garoña ha convocado el sábado 11 de junio en Vitoria una nueva manifestación para exigir el cierre definitivo de Garoña, situada a unos 40 kilómetros de Vitoria. La fecha se ha escogido así porque en junio se reúne el consejo de administración de Nuclenor, propietaria de Iberdrola, y «es más que probable» que haya unas nuevas elecciones generales y por tanto el «otro actor llamado a cerrar la central», el Gobierno, podría cambiar su composición. Araba sin Garoña confía en que no se les impida la celebración de la manifestación, como ya ocurrió en diciembre, cuando la Junta Electoral prohibió la marcha que este colectivo había convocado para la víspera de las elecciones.

Así lo indicó el portavoz de la plataforma, Alberto Frías, que restó importancia a las «magnificadas» declaraciones del presidente de Iberdrola y apuntó que cada vez que algún responsable de la central «ha hecho alguna alusión a su cierre» el Gobierno central «aprobó cambios en la legislación favorables» a su continuidad. Dado estos «precedentes», Araba sin Garoña entiende las palabras de Galán como «un aviso a navegantes: ‘No os paséis con las exigencias de seguridad o se cierra Garoña'» y, por ello, considera necesario convocar una nueva manifestación para reiterar el rechazo a la central.

Asimismo Foro contra Garoña ha advertido que «si Galán hablase en serio» habría hecho el anuncio en la Junta de Accionistas, en un medio de comunicación o «retirando directamente la solicitud al CSN para renovar el permiso de funcionamiento de Garoña hasta 2031«. Sin embargo lo dijo «en una reunión privada», lo que «pone en duda la veracidad de sus intenciones» y apunta, según este Foro, a «un aviso a navegantes dirigido al Gobierno en funciones». Por ello ha llamado a la ciudadanía a seguir movilizándose contra la central burgalesa.

Ecologistas en Acción critica que España “no ha aprendido la lección del accidente nuclear de Fukushima” un lustro después

Europa Press / Servimedia.- Ecologistas en Acción cree que España no ha aprendido las lecciones del accidente de Fukushima Daiichi, cuando se cumplen 5 años de la tragedia de un terremoto al que siguió un tsunami que provocó la «catástrofe» en la central nuclear japonesa. Con motivo del aniversario, la ONG ha anunciado que plantará un cerezo, un árbol sagrado japonés, por cada año transcurrido desde el accidente en varios puntos de España para mostrar su solidaridad con los afectados y las víctimas del accidente.

El portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, ha recordado que el tsunami destrozó los sistemas de refrigeración y de alimentación eléctrica de las centrales: se produjeron tres grandes explosiones de hidrógeno en los reactores 1, 2 y 3, y un incendio en la piscina del reactor número 4. Además asegura que la situación «sigue sin controlarse» y de hecho no se puede entrar en los reactores que están fundidos total o parcialmente por la alta radiactividad. Además, Castejón añade que «lo más probable» es que se tendrán que construir sarcófagos para cubrir los reactores e impedir las emisiones.

Igualmente, denuncia que la descontaminación que el Gobierno de Japón realiza para permitir que la población pueda volver a sus casas resulta «insuficiente» porque el nivel de tasa de dosis radiactiva permitida es de 20 milisievert al año (mSv/año) que es «un nivel demasiado alto». En concreto, expone que los límites para el personal profesionalmente expuesto son 50 mSv/año, con un máximo de 100 mSv en cinco años pero advierte de que la población general no cobra peligrosidad ni está sometida a controles médicos, así como de las dosis recibidas, a diferencia de las personas trabajadoras de la industria nuclear.

Asimismo, apunta que se ha renunciado a descontaminar las zonas boscosas en las que se encontraron puntos calientes con más actividad que ese límite radiactivo. Por ello, alerta de que las incidencias de la radiactividad sobre la mortalidad y la salud de los habitantes de la zona se verán en toda su intensidad en un par de décadas. Hasta el momento, el número de cánceres de tiroides en los 300.000 niños de la prefectura de Fukushima aumentó sustancialmente y se multiplicó por un número que oscila entre el 15 y el 50, según diferentes cálculos.

Entre los retos principales, Castejón señala que, en estos 5 años, el principal problema ha sido luchar contra la constante fuga de agua radiactiva al mar, un hecho traumático para un país como Japón que se vuelca en la pesca y donde es muy común el consumo de algas. Según datos de universidades niponas, el coste del accidente supera los 80.000 millones de euros y el protocolo de París, que regula las indemnizaciones a realizar por los propietarios de las centrales, ha fijado el techo de entre 750 y 1.200 millones de euros, lo que a su juicio «resulta irrisorio».

El portavoz de Ecologistas lamenta que en España no se han aprendido las lecciones de Fukushima ya que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) todavía se está planteando la reapertura de la central de Santa María de Garoña (Burgos) que «es idéntica» al reactor número 1 de Fukushima, que empezó a funcionar en 1971. «Los planes de emergencia nucleares no se han reformulado todavía para tener en cuenta las lecciones de aquel accidente y las llamadas pruebas de estrés no han sido suficientemente rigurosas», insiste.

Castejón destaca también que el accidente de Fukushima ha introducido una nueva variable, los sucesos externos a las plantas que no se pueden prever, por lo que la seguridad nuclear no se puede garantizar al 100%. Por ello, considera que dada la «incertidumbre y el riesgo, lo más sensato es proceder al cierre escalonado de las centrales nucleares, sobre todo teniendo en cuenta que existen alternativas más limpias y seguras».

Ecologistas en Acción reclama el cierre definitivo de Garoña en su 45º aniversario

Redacción / Agencias.- Ecologistas en Acción reclama el cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que cumple este miércoles 45 años desde que se conectara a la red por primera vez y ahora se encuentra, a juicio de la organización, «en pésimas condiciones de seguridad» y supone «un riesgo inaceptable» para las autonomías de Aragón, Castilla y León, Cataluña, La Rioja, Navarra y País Vasco.

Según recuerda Ecologistas en Acción, la central nuclear tiene 460 megavatios de potencia eléctrica y es un reactor de agua en ebullición idéntico al número 1 de Fukushima-Daiichi (Japón), que sufrió un accidente el 11 de marzo de 2011. Garoña entró en funcionamiento el 2 de marzo de 1971 y fue inaugurada por Francisco Franco. Como consecuencia de esta antigüedad, la organización considera “sensato” proceder al cierre definitivo de Garoña, la más antigua de Europa. En este sentido, Ecologistas en Acción asegura que la central se encuentra «en muy malas condiciones de seguridad», como muestran los informes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), al presentar “78 elementos severamente degradados y 135 componentes con un estado de degradación medio o bajo”.

«Se hace necesario cambiar kilómetros de cableado, clave para garantizar el control del reactor; mejorar el sistema de protección contra incendios, que es ya un problema histórico, y modificar el venteo de la contención, para evitar posible explosiones», añadió. Además, Ecologistas en Acción consideró «imprescindible» aplicar las reformas procedentes de las pruebas de estrés realizadas tras el accidente de Fukushima y recalcó que la Confederación Hidrográfica del Ebro ha ordenado a Garoña construir una torre de enfriamiento para evitar que la central siga sobrecalentando el río. «Estas reformas supondrían un gasto de 150 millones de euros. Aun así, no garantizarían que en poco tiempo aparecieran nuevos problemas que obligaran a paralizar la central o, incluso, que produjeran algún accidente», apostilló.

Francisco Castejón, de Ecologistas en Acción, señaló que «lo más sensato es proceder al cierre definitivo de esta central», porque supone un riesgo para seis comunidades autónomas «bien a través del viento o bien a través del río Ebro como vectores de la radiactividad«. «Garoña está ya amortizada y es perfectamente prescindible para el suministro eléctrico”, por lo que su cierre definitivo “no supondría problema alguno para los contribuyentes ni para el sistema eléctrico», indicó, antes de concluir que «el negocio de pocos no puede sustentarse sobre el riesgo, tanto para la salud como económico, que sufren miles de personas».

Por ello, el portavoz de Ecologistas en Acción para temas nucleares asegura que el Gobierno del PP debería «rendirse a la evidencia de que no tiene sentido apostar por la reapertura de esta peligrosa central». Además, cree que para su titular, Nuclenor, y el resto de la industria nuclear mantener Garoña, para la que se ha solicitado prorrogar su actividad hasta 2031, es «un intento de sentar el precedente de alargar la vida de las centrales nucleares hasta 60 años».

Ecologistas en Acción cree que Nuclenor mantiene Garoña para que sea precedente para extender el funcionamiento del parque nuclear

EFE / Europa Press.- Mientras desde el PSOE del País Vasco exigen que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) detenga la evaluación de Garoña hasta que haya nuevo Gobierno, el portavoz de Ecologistas en Acción para temas nucleares, Francisco Castejón, asegura que la propietaria de Garoña, Nuclenor, está soportando un «gasto notable» para mantener la planta abierta, aunque esté parada, para que sea un precedente en el parque nuclear español.

En su opinión, para Nuclenor, participada por Endesa e Iberdrola, el gasto de mantener Garoña (Burgos) abierta con unos 300 trabajadores parece «algo ilógico» pero es «una inversión» «porque no se trata de mantener abierta esta central, sino de prolongar la vida de todo el parque nuclear». En este sentido, ha recordado que hay otras centrales que también están a punto de cumplir los 40 años que se fijaron para que funcionaran cuando se diseñaron, como Almaraz I, que los cumplirá en 2020 y Almaraz II, al año siguiente, y que se podrían beneficiar de una prórroga con «relativa facilidad» siguiendo el ejemplo de Garoña.

Castejón considera que el CSN también está contribuyendo a alargar la vida de la central de Garoña, al seguir la forma atípica de «licenciamientos parciales», en lugar de tratar todo el expediente para resolver la solicitud de prórroga, como se había hecho con anterioridad. De esta manera, considera el portavoz ecologista, se va «estirando» el periodo de resolución y se ganan meses de vida para el resto del parque nuclear. Además, parte de las especificaciones técnicas que se están aprobando para la central nuclear de Garoña son válidas para otras plantas y ya contemplan condiciones para que sigan funcionando más allá de los 40 años.

Castejón considera que la fórmula que está siguiendo el CSN con Garoña está sirviendo para evitar una valoración conjunta de la seguridad de la central burgalesa y el debate sobre una solicitud de prórroga por 17 años, la más larga planteada hasta ahora en España, que permitiría a la central llegar a los 60 años de actividad. Otro efecto del sistema de «resoluciones parciales» de la prórroga de Garoña es que «desmoviliza a los grupos ecologistas y a la sociedad», al convertirse en un tema que se prolonga en el tiempo y en el que se avanza a «pequeños pasos».

El portavoz nuclear de Ecologistas en Acción asegura también que en el caso de Garoña se están «vulnerando principios democráticos» al aprobar una ley «ad hoc» para que la central pueda seguir sin una orden definitiva de cierre tras su parada voluntaria en diciembre de 2012. También considera que el CSN, que es nombrado por el Parlamento y debe dar cuentas ante el Congreso, tendría que haber acatado la petición de todos los grupos parlamentarios salvo el popular para detener toda la tramitación del expediente de Garoña hasta que haya un nuevo Gobierno. Castejón insiste en que la aportación de Garoña a la red eléctrica es «prescindible» porque, a su juicio, España tiene una «sobrepotencia eléctrica de casi 60.000 megavatios-2.

PSOE vasco y el CSN

El PSOE del País Vasco aseveró que un Gobierno en funciones «no tiene legitimidad» para autorizar la renovación de la central nuclear de Garoña y, por tanto, debería ordenar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que detenga el proceso de evaluación hasta la conformación de un nuevo Ejecutivo. En este sentido, los socialistas argumentan que en la actualidad la composición del CSN no se corresponde a la mayoría del Congreso de los Diputados, que es partidaria de cerrar esta central.

El PSOE considera que el «verdadero objetivo» del PP es «satisfacer los intereses del oligopolio eléctrico» y abrir Garoña «como punta de lanza para conseguir su gran objetivo prolongar la vida útil de las centrales nucleares» porque es «un negocio redondo para las eléctricas«. La formación socialista denuncia que el PP pretende dar un «golpe con premeditación y alevosía» para reabrir la central nuclear de Garoña, y ha animado a la sociedad alavesa a participar en el acto convocado para el 19 de marzo por todas las formaciones alavesas, salvo el Partido Popular, para reclamar el desmantelamiento de la planta.

Los partidos políticos y los ecologistas piden al CSN que no estudie reabrir Garoña en su pleno de este miércoles

Redacción / Agencias.- Representantes de PSOE, Podemos, Compromís, ERC, IU-Unidad Popular y Bildu han mantenido un encuentro este martes en el Congreso de los Diputados con miembros de Greenpeace y de Ecologistas en Acción en el que han pedido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que en su pleno de este miércoles no estudie reabrir Garoña (Burgos). A esta reivindicación se sumarían miembros de Democracia y Libertad (DL) y del PNV que, por problemas de agenda, no han podido participar de la reunión.

Así, desde Greenpeace han acudido a la Cámara Baja su presidente Mario Rodríguez, y la responsable de la campaña nuclear, Raquel Montón, así como el representante de Ecologistas en Acción, Paco Castejón. Montón sostiene que actualmente «no es momento de firmar una licencia» para reabrir Garoña en las actuales condiciones en las que se encuentra tanto el Gobierno, en funciones, así como la propia instalación atómica. A su juicio, entre otros puntos dice que es una cuestión de «seguridad nuclear».

«Si un gobierno posterior quisiera cerrarla, le darían herramientas a las empresas, Iberdrola y Endesa, propietarias de Garoña, para solicitar el lucro cesante por esa decisión de cierre y creemos que en este tiempo de descuento no es momento de renovar la licencia», agrega. Sobre el pleno del CSN de este miércoles, Montón espera «que se paralice ese proceso porque la mayor parte de parlamentarios quiere el cierre de Garoña». Desde Ecologistas en Acción, Paco Castejón, advirtió de que un informe favorable del órgano regulador a la reapertura de la central supondría una «presión inadmisible» sobre un Gobierno que quisiera pronunciarse sobre Garoña de forma autónoma. «Creo que es pertinente que el CSN interrumpa sus funciones estas semanas», precisó Castejón.

En diciembre de 2014, PSOE, IU, PNV, Equo, ERC, BNG, Compromís, Amaiur y Nueva Canarias sellaron un pacto para que la instalación atómica de Garoña no reanudase sus operaciones en cuanto cambiaran las mayorías en el Congreso. Actualmente, las formaciones que no quieren la reapertura de la central lograrían la mayoría necesaria para que ésta no pudiera volver a operar. El CSN, máximo responsable en materia de seguridad nuclear, debe elaborar un informe para evaluar si se han cumplido los requisitos necesarios para la reanudación de Garoña. El informe tiene carácter preceptivo y vinculante; si es negativo obligaría al cierre de la planta y, si es positivo, dejaría la decisión última en manos de Industria y el Consejo de Ministros.

Por su parte, la secretaria federal de cambio climático y sostenibilidad del PSOE, Pilar Lucio, explicó que la reunión pretende visualizar la oposición parlamentaria a la reapertura de la nuclear y su apoyo a un plan de sustitución de las nucleares por renovables. Asimismo, recordó que su grupo parlamentario presentó una iniciativa en la Cámara esta legislatura con el objetivo de que no se reabra Garoña. Sobre si el PSOE estaría dispuesto a cambiar las reglas del juego en la elección de consejeros del CSN, Lucio subrayó que se trata de «un compromiso de campaña» y confirmó que su formación estaría a favor de una revisión en profundidad sobre cómo se eligen los consejeros del CSN y otro organismos reguladores.

Mientras, Juan López de Uralde, diputado de Equo y Podemos, ve importante que desde la sociedad civil se inste a los partidos a cumplir lo prometido en ese acuerdo de cerrar de forma definitiva la central. Podemos también presentó en la Cámara una proposición no de ley instando a la no reapertura de Garoña y solicitó al CSN que el proceso se paralice hasta que haya un gobierno. «Un gobierno en funciones debe actuar en asuntos del día a día pero la reapertura de una central para los próximos 17 años no le corresponde», indicó.

Sobre el pleno del órgano regulador de este miércoles, Uralde hace un llamamiento para que no trate la cuestión de Garoña. «Hay 7 puntos que quedaron retrasados e instamos a que no se traten y se espere a que haya un gobierno para no condicionar la reapertura o ver los costes económicos que tendría que el CSN se adelante a lo que pueda decidir un gobierno», ha precisado el diputado. Tanto partidos como grupos ecologistas incidieron en que es la primera vez en la historia del país en la que se daría luz verde a una renovación a una nuclear por un periodo de 17 años, en lugar de las anteriores renovaciones por 10 años.