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La CNMC prepara una batería de nuevas regulaciones para el sector energético para que entren en vigor en 2020

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) prepara una batería de nuevas regulaciones para el sector energético, con el objetivo de que entren en vigor a partir del 2020. En concreto, la CNMC prevé aprobar un total de 13 circulares, que tienen rango de vinculantes, que afectarán a la regulación del sector eléctrico y gasista. La intención del organismo es someter al trámite de audiencia pública esta batería de circulares antes del verano.

En el sector eléctrico, las circulares que prevé sacar adelante el regulador se refieren a cómo se establecen las metodologías de retribución del operador del sistema eléctrico, así como a los cálculos de los peajes y retribución del transporte y distribución de electricidad. También se incluyen la metodología relativa al funcionamiento del mercado mayorista de producción de energía eléctrica y la que establece las condiciones del acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de las instalaciones eléctricas.

En lo que respecta al sector gasista, se abordará una circular por la que se establece la metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera de las actividades de transporte y distribución de gas y regasificación, transporte y distribución de gas natural y otra por la que se establece la metodología de retribución del gestor técnico del sistema gasista.

Además, también figura una circular por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de regasificación, transporte y distribución de gas natural, así como otras para las retribuciones de las actividades reguladas de transporte y de regasificación de gas; de la actividad regulada de distribución de gas natural; o las normas de balance de gas natural y los mecanismos de acceso y asignación de capacidad a aplicar en el sistema gasista.

Con la convalidación por el Congreso de los Diputados del real decreto de medidas urgentes para adecuar las competencias de la CNMC a las exigencias del derecho comunitario, el regulador consigue nuevas competencias en el ámbito económico, en materia de acceso y conexión, supervisión de los mercados organizados y de planes de inversión, inspección y sanciones. En concreto, le corresponderá a la CNMC aprobar la metodología de peajes, los valores de los peajes, los parámetros retributivos del transporte y la distribución, salvo los almacenamientos subterráneos de gas natural, y la remuneración anual de estas actividades.

Asimismo, se le atribuye la competencia para aprobar la retribución, y su correspondiente metodología, del operador del sistema eléctrico y del gestor técnico del sistema gasista. Con carácter transitorio, la aprobación de los peajes se realizará por la CNMC una vez que se aprueben sus metodologías, que no serán de aplicación antes del 1 de enero de 2020. En el caso de las metodologías de retribución serán aplicables una vez finalice el primer periodo regulatorio previsto respectivamente para gas y electricidad, mientras que la fijación de la retribución la realizará a partir del próximo enero.

Ribera devuelve a la CNMC las competencias para fijar los peajes energéticos pero bajo la política que marque el Gobierno

Europa Press.- El Gobierno aprobó un Real Decreto Ley para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la normativa comunitaria, que establece que los reguladores de los mercados interiores de gas natural y electricidad sean totalmente independientes, devolviendo así al superregulador las competencias que le fueron arrebatas en 2014 por el anterior Gobierno del PP para fijar, entre otras labores, los peajes y cánones que se aplican para establecer las tarifas eléctrica y gasista.

No obstante, de acuerdo con estas nuevas competencias de regulación, la CNMC deberá tener en consideración las prioridades estratégicas que marque el Gobierno en materia energética ya que, como establece la Constitución, es una competencia exclusiva del Estado. El gabinete dirigido por Teresa Ribera indicó que estas prioridades se materializarán en unas orientaciones de política energética, adoptadas por el Ministerio para la Transición Ecológica previo informe a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Estas orientaciones de política energética abarcarán aspectos tales como la seguridad de suministro, la seguridad pública, la sostenibilidad económica y financiera de los sistemas eléctrico y gasista, la independencia del suministro, la calidad del aire, la lucha contra el cambio climático y respeto al medio ambiente, la gestión óptima y el desarrollo de los recursos nacionales, la gestión de la demanda, la gestión de las elecciones tecnológicas futuras o la utilización racional de la energía.

Con la aprobación de este Decreto Ley, el Gobierno considera que ofrece un marco homologable al de los demás estados europeos, reconoce la capacidad técnica y el criterio de la CNMC y establece mecanismos de cooperación que «garantizan el buen funcionamiento del conjunto del sistema sin menoscabo de la responsabilidad que cada institución tiene en materia de energía». Con carácter previo al inicio de la tramitación de las circulares normativas de la CNMC, el Ejecutivo podrá emitir un informe sobre la adecuación de la propuesta a las orientaciones. En caso de suscitarse discrepancias, se convocará a la Comisión de Cooperación con la finalidad de buscar el entendimiento entre ambas partes.

Este organismo estará compuesto por 3 personas en representación de la CNMC y 3 personas en representación de la Secretaría de Estado de Energía, que serán nombrados respectivamente por el presidente del regulador, oído su pleno, y la ministra para la Transición Ecológica. La presidencia y la secretaría de la Comisión de Cooperación corresponderán a ambas partes de forma alternativa y rotatoria por un año. Si no existen discrepancias o se alcanza un acuerdo en la Comisión de Cooperación, la circular de la CNMC indicará que se aprueba «de acuerdo con las orientaciones de política energética del Ministerio». En caso de que no exista acuerdo, la circular deberá indicar que se adopta «oído el Ministerio«.

Además de la determinación de las prioridades en materia energética de acuerdo con el mandato constitucional, el Ejecutivo aprobará las reglas y supervisará que se aplican las medidas necesarias para garantizar el suministro en situaciones de emergencia. De igual modo, será competente en la aprobación de la estructura de los cargos, su metodología y sus valores; y mantiene la función planificadora de las redes de transporte, conforme a las recomendaciones que podrá hacer la CNMC. Además, el Gobierno determinará los criterios y procedimientos que la concesión de acceso y conexión deba satisfacer para el cumplimiento de los objetivos de política energética y penetración de renovables.

Los peajes y las retribuciones

Mientras, el nuevo reparto asigna a la CNMC la aprobación de la estructura, metodología y los valores concretos de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de gas natural y electricidad, y a las plantas de gas natural licuado (GNL). De igual modo, el regulador aprobará las retribuciones de estas redes y plantas. También se encargará de la retribución del operador del sistema eléctrico y del gestor técnico del sistema gasista.

Además, serán de su competencia la metodología y condiciones de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural; las reglas de funcionamiento de los mercados organizados en aquellos aspectos cuya aprobación corresponda a la autoridad regulatoria nacional, de conformidad con las normas del derecho comunitario europeo; y el control de los planes de inversión de los gestores de la red de transporte, pudiendo hacer recomendaciones para su modificación.

El Ministerio considera que con este nuevo reparto competencial se garantiza la seguridad jurídica a la ciudadanía y a los agentes del sector energético y valora que supone «una buena noticia para los consumidores y todos los agentes que forman parte de un sector como el energético». Gobierno y CNMC contarán con un periodo transitorio máximo de 4 años para la adaptación de manera gradual de estos cambios de metodología y de este reparto competencial.

Fuentes del Ministerio indicaron que la CNMC asumirá estas nuevas competencias desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley y que, en el caso de los peajes, tendrá que realizar una circular en 2019 para el 2020, de la misma manera que el Ejecutivo hizo su propuesta, informada por la CNMC, el pasado diciembre para el año en curso.

Previamente a las circulares que emita la CNMC, tanto el Gobierno como el regulador deberán desarrollar las metodologías para el cálculo de los cargos y retribuciones reguladas, en el caso del Ejecutivo, y cánones y peajes de acceso, en el caso de la CNMC, cuestión en la que ya trabajan y que deberán estar listas antes de que acabe 2019.

La devolución de las competencias a la CNMC fue uno de los primeros compromisos adquiridos por Teresa Ribera tras ser nombrada ministra ya que, desde 2016, existía la amenaza de la Comisión Europea de sanción. Además, la incorrecta trasposición de las directivas de mercado llevó el enfrentamiento entre la CNMC y el Gobierno del PP ante el Tribunal Supremo. Fuentes del Ministerio indicaron que el Gobierno trabajó «con rigor y contrarreloj» para acabar con la anomalía que suponía la trasposición incorrecta de la directiva comunitaria.

«Era absolutamente urgente y, por ello, nada más constituirse el Ministerio para la Transición Ecológica se creó un grupo de trabajo entre la CNMC y el Ministerio para llevar a cabo la normativa plasmada en este Real Decreto Ley», añadieron. Así, el Ministerio considera que con esta normativa «se pone fin a esta situación realizando un reparto respetuoso con el derecho comunitario y que dota a España de un marco regulatorio que garantiza a la CNMC la independencia necesaria para el ejercicio de sus funciones«.

Podemos reprocha a Ribera que no rebaje el precio de la luz al elaborar el Ministerio la orden de peajes

Europa Press.- Unidos Podemos ha reprochado a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ya que incumplió en 2018 su compromiso de devolver a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la fijación de los peajes de acceso al sistema eléctrico, no haya propiciado una rebaja mayor del precio de la luz.

Así, su portavoz de Energía, Josep Vendrell, ha registrado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para saber si se ha valorado introducir modificaciones para conseguir «una rebaja adicional» de los costes regulados del recibo de la luz y, si es así, por qué no lo ha hecho en la orden aprobada por Ribera el pasado diciembre.

Y es que, tal y como relata en su iniciativa, en esa orden se establecen los peajes de acceso para 2019 y en ella, contra el criterio de la CNMC, se hará pagar este año más de 650 millones de euros sin que el fin de los pagos por capacidad suponga «un cambio relevante en las cantidades que pagarán los clientes con su factura». Estos pagos, apunta Vendrell, «permanecen en valores similares a años anteriores». «A pesar de que la previsión de cobro por parte de las eléctricas no alcance los 200 millones, se hace pagar en la factura de la luz ese sobrecoste», subraya.

Por ello, pregunta directamente al Gobierno por qué se mantiene la previsión de sufragar los pagos de capacidad por un importe que, según estima, podría suponer un sobrecoste de más de 500 millones de euros. En este sentido, quiere saber si el Gobierno destinará este margen, en caso de que finalmente se consolide, al pago de indemnizaciones judiciales o acuerdos en litigios abiertos, como las condenas por los recortes en las primas a las renovables. En todo caso, Vendrell pregunta al Gobierno «si considera razonable que se haga pagar a los consumidores en la factura de la luz de forma encubierta sobrecostes que irán dirigidos a sufragar otros costes regulados».

La CNMC disiente de la propuesta del Gobierno de orden de peajes del sector gasista para 2019 por sobrestimar ingresos

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado los informes en los que analiza la propuesta de orden ministerial por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica y de las instalaciones de gas natural para 2019, aunque en el caso del sector gasista disiente de algunos aspectos recogidos en la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica.

No obstante, el Gobierno publicó en el BOE ambas órdenes, que permiten mantener congelada la parte regulada del recibo, por quinto año consecutivo en el caso de la electricidad, y que incluyen ya modificaciones respecto a sus propuestas. Los peajes de acceso son unos importes que se repercuten en la factura de gas y electricidad de los consumidores, y con lo que se costea el acceso a las redes de suministro energético (gas y electricidad).

En su informe sobre la orden de peajes del sector gasista, la CNMC sugiere que se reconsideren las previsiones de demanda de la orden, ya que se infravalora el número de clientes (2018 y 2019), el volumen de carga en cisternas y se sobrevalora la previsión de las capacidades contratadas y facturadas. En lo que se refiere a los ingresos previstos, la CNMC estima que los ingresos regulados de 2018 serían insuficientes para cubrir los costes previstos, generando un déficit de 0,4 millones de euros. Por el contrario, sí se estima un superávit de ingresos de 5,4 millones para 2019.

En todo caso, el organismo regulador destaca que se detectan errores en el procedimiento de facturación utilizado para estimar los ingresos de las actividades reguladas previstos para 2018 y 2019 que reducirían los ingresos previstos en 16 millones y 21 millones, respectivamente, resultando un desajuste negativo de 16,5 millones en 2018 y 15,5 millones en 2019. Los costes previstos para 2019, según la propuesta de orden, prevén una retribución para el 2019 de 2.953 millones, a la que hay que añadir los ajustes en los costes correspondientes a ejercicios anteriores, estimados en 90,6 millones. Asimismo, la CNMC, a diferencia de la orden, considera que las correcciones de años anteriores deben hacerse en 2018 y no en 2019, como se propone.

Además, el regulador advierte de la disposición adicional recogida para establecer el procedimiento para pagar a Enagás Transporte por los costes de mantenimiento y operatividad por el almacenamiento subterráneo Castor, ya que considera que se suscitan dudas razonables en cuanto a la suficiencia de rango de dicha disposición para acoger el abono de esta partida, una vez anulada por el Tribunal Constitucional la base legal del reconocimiento de estos costes.

En el caso de la propuesta de orden de peajes del sector eléctrico, la CNMC considera que las previsiones de demanda y consumo para el cierre del ejercicio 2018 y 2019 son inferiores a las de los distintos agentes. En relación con las previsiones de ingresos en la propuesta de orden para el cierre del ejercicio 2018, ascienden a 17.700 millones de euros, 395 millones menos que los previstos para el ejercicio en la Orden ETU/1283/2017 (18.095 millones de euros). La CNMC señala que esta diferencia está motivada por los menores ingresos procedentes de la facturación por peajes de acceso a consumidores y, por otra parte, por los menores ingresos externos a peajes, derivado del impacto del Real Decreto-ley 15/2018.

En cuanto a los costes de acceso del año 2018, se han reducido en 434 millones (2,4%), hasta los (17.656 millones), con respecto a los previstos en la Orden ETU/1282/2017 (18.090 millones). Los motivos han sido una menor retribución específica de las instalaciones de generación peninsulares y la retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares, añade el regulador.

La previsión de ingresos para 2019 es un 0,8% inferior, en 147 millones, respecto a la de cierre de 2018, debido a la reducción en 166 millones de los ingresos de peajes de consumidores, motivado por el movimiento de los consumidores domésticos a peajes con discriminación horaria y al ajuste de su potencia, entre otros factores, destaca la CNMC. Mientras, los costes totales previstos para 2019, una vez incorporado el coste de los pagos por capacidad (159 millones) y los ingresos y costes extraordinarios (61 millones), ascienden a 17.989 millones, cifra que supera en 332,7 millones (+1,9%) a los costes previstos para el cierre del ejercicio 2018 (17.656 millones). Este déficit de 400 millones se compensará con el superávit acumulado.

Enagás presenta una reclamación patrimonial contra el Estado por los costes de mantenimiento y seguridad del almacén de gas Castor

Europa Press.- Enagás ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado como legislador en la que solicita la devolución de los costes por sus labores de mantenimiento y seguridad del almacenamiento subterráneo de gas Castor, hibernado desde 2013 tras los seísmos ocurridos en las costas de Vinaroz (Castellón). Fuentes de la compañía indicaron que han valorado esta decisión como la «mejor opción» y subrayaron que seguirán realizando estas tareas ya que se trata de «un tema de seguridad y responsabilidad».

Esta decisión de la empresa se produce después de que el Gobierno haya decidido finalmente dejar fuera de la orden de peajes y cánones del sistema gasista para 2019 estos derechos de cobro de Enagás, que fueron ya paralizados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a principios de 2018 tras la sentencia del Tribunal Constitucional.

En la propuesta de orden que fue sometida a consulta, el Ejecutivo reconocía a Enagás Transporte está cantidad por 8,73 millones de euros en concepto de los costes de mantenimiento y operatividad de Castor, y daba también el visto bueno para que el operador del sistema gasista recuperara las cantidades que no fueron abonadas en los ejercicios anteriores como consecuencia de la sentencia del Constitucional, que ascendía a 17,4 millones de euros. Sin embargo, en la orden definitiva de peajes y cánones del sistema gasista para 2019, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ministerio dejaba definitivamente fuera esta retribución para Enagás. Esta reclamación supone un paso previo para iniciar un contencioso administrativo.

En abril, Santander, CaixaBank y Bankia formularon ante el Gobierno una «reclamación de responsabilidad del Estado legislador» en la que solicitaban la devolución de la cantidad financiada que todavía no habían recuperado, más los daños causados, por la inversión de 1.350 millones de euros que realizaron cuando se hicieron cargo de la deuda para abonar la indemnización por el cierre del almacenamiento gasista Castor a la sociedad promotora Escal-UGS, participada por ACS. En su reclamación, las tres entidades ofrecían al Gobierno alcanzar un acuerdo para permitir hacer la devolución de una manera flexible, a fin de evitar un grave impacto en las cuentas del Estado o en los consumidores gasistas.

En diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional declaró «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del Castor y en el que se reconocía la compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS. En su sentencia, el Constitucional no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización a través de la aprobación de un Real Decreto de urgencia.

Además, recientemente el Supremo volvía a dar la razón a la patronal catalana Cecot en el recurso contencioso-administrativo que presentó. En este sentido, obligaba al Gobierno a devolver a los consumidores las cantidades abonadas por el mantenimiento y operatividad del almacenamiento subterráneo de gas de Castor. Cecot calculó que entre la primera y esta segunda resolución se han anulado 118 millones de euros en retribuciones que el Gobierno debe reintegrar a los consumidores de gas.

El Gobierno reintegra en la orden de peajes de 2019 los derechos de cobro de Enagás por el almacén Castor

Europa Press.- El Gobierno ha reintegrado en la orden de peajes y cánones del sistema gasista para 2019 los derechos de cobro de Enagás por los costes de mantenimiento y operación del almacenamiento subterráneo de gas Castor, que fueron paralizados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a principios de este año tras la sentencia del Tribunal Constitucional.

En su propuesta de orden para el próximo año se reconoce a Enagás Transporte la cantidad de 8,73 millones de euros en concepto de costes de mantenimiento y operatividad del Castor. Asimismo, se da el visto bueno para que el operador del sistema gasista recupere las cantidades que no fueron abonadas como consecuencia de la sentencia del Constitucional. En concreto, se reconoce a Enagás los costes por Castor correspondientes a 2017 y 2018, «al haber sido detraídos y no haberse abonado respectivamente». En ambos ejercicios, la cantidad asciende a 8,73 millones de euros, el mismo importe por este concepto recogido en la orden para 2019.

«Al objeto de evitar el abandono incontrolado de la instalación, se considera perentorio dotar a la empresa responsable de la administración de las instalaciones de los medios económicos necesarios para su supervisión, operación y control que garanticen la seguridad de la instalación para las personas y el medioambiente», señala el Ministerio para la Transición Ecológica en su propuesta de orden.

Lo que no se incluye en la orden de peajes y cánones del sistema gasista para el próximo año son los costes de unos 80 millones de euros anuales para hacer frente al pago de la deuda por Castor, paralizada en enero por la CNMC tras la sentencia del Constitucional. En 2014, el Gobierno aprobó un real decreto ley en el que se establecía la hibernación del Castor y en el que se reconocía esa compensación para la empresa promotora Escal UGS, cuyo importe se decidió repercutir durante 30 años en la tarifa de gas.

Esa deuda por Castor, que ascendió a 1.350 millones de euros y que se abonó a la empresa promotora Escal UGS, participada por ACS, fue colocada por Enagás en 2015 a Banco Santander, Bankia y Caixabank a un tipo de interés del 4,3% y a devolver en 30 años. En su sentencia de 2017, el Constitucional no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en su aprobación como un Real Decreto de urgencia.

En consecuencia, la CNMC paralizó en enero los pagos destinados a materializar el derecho de cobro por la deuda del almacén Castor, que están en manos de los tres bancos. El regulador indicó así que, en aplicación de la sentencia de 2017 del Tribunal Constitucional, los titulares de estos derechos de cobro dejaban «de ser sujetos del sistema de liquidaciones».

Por otra parte, el Ministerio para la Transición Ecológica prevé en su la memoria de su propuesta de orden un superávit de más de 5 millones de euros del sistema gasista para 2019. En concreto, el gabinete dirigido por Teresa Ribera estima unos ingresos previstos del sistema vía peajes y cánones de 3.022,67 millones de euros, frente a unos costes de 3.017,31 millones de euros.

Unesa recurre ante el Tribunal Supremo la orden de peajes eléctricos que congela la parte regulada del recibo para 2018

Europa Press / EFE.- La patronal eléctrica Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la orden del Ministerio de Energía por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2018. El recurso fue admitido a trámite el pasado 2 de marzo, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

A finales del año pasado, el Ministerio de Energía publicó las órdenes ministeriales en las que se adoptó la congelación de los peajes de electricidad y de gas para el 2018. Estos peajes recogen los ingresos necesarios para cubrir los costes regulados previstos tanto en el sistema gasista como en el eléctrico. La parte regulada del recibo de la luz representa en torno al 60% del total. Aparte de estos peajes, los consumidores abonan en su recibo los impuestos y el coste de la energía. En los últimos cinco años, estos peajes, la parte regulada de la factura y que depende del Gobierno, se ha mantenido constante para la electricidad. En el caso del gas, es el cuarto año consecutivo.

El Tribunal Supremo admite un recurso de Unesa contra los peajes eléctricos de este año

Europa Press.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) contra la orden del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital por la que se establecen los peajes eléctricos para 2017. En concreto, la patronal eléctrica presentó el recurso en la sala tercera, sección tercera del Tribunal Supremo, que fue admitido a trámite el pasado 2 de marzo, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Este recurso se une a los presentados también por Gas Natural Fenosa y la Unión Fotovoltaica Española (UNEF) contra esta orden ministerial que establece los peajes eléctricos de 2017. El Ministerio de Energía aprobó sendas órdenes ministeriales en las que se adoptaba la congelación de los peajes de electricidad y gas para el ejercicio 2017. Estos peajes recogen los ingresos necesarios para cubrir los costes regulados previstos tanto en el sistema gasista como en el eléctrico. Aparte de estos peajes, los consumidores abonarán en su recibo los impuestos y el coste de la energía. Con esta decisión, se suman tres ejercicios consecutivos con los peajes de electricidad y gas congelados.

El Supremo admite a trámite los recursos de Gas Natural Fenosa contra los peajes de 2017 de electricidad y gas

Europa Press.- El Tribunal Supremo admitió a trámite dos recursos de Gas Natural Fenosa en contra de las dos órdenes ministeriales del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2017 y la que revisa los peajes y cánones asociados al acceso a terceros a las instalaciones gasísticas para 2017.

En lo referido a la orden del gas, Energía recoge una congelación para 2017 de la parte regulada del recibo, de modo que el precio solo variará en función de la evolución del coste de la materia prima y los costes de comercialización. Energía considera que los peajes serán suficientes para cubrir los costes del sistema y que incluso podría generarse de forma adicional un superávit cuyo importe serviría para cubrir los déficit hasta 2014 y un déficit de 27 millones correspondiente a 2015. La memoria económica reconoce además un déficit de tarifa acumulado hasta 2014 de 1.025 millones de euros, que deberá pagarse anualmente hasta 2031 en anualidades de cerca de 80 millones. Esta deuda se financiará al 1,12%.

El Tribunal Supremo admite un recurso de la patronal fotovoltaica UNEF por el alza de cargos al autoconsumo en Baleares

Europa Press.- Al tiempo que varios expertos del sector fotovoltaico destacaron que el autoconsumo representa «una alternativa viable que aporta beneficios económicos y medioambientales para todos los ciudadanos, no solo a los que apuestan por él», la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso de la Unión Fotovoltaica Española (UNEF) contra la orden del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en la que se revisan los peajes eléctricos para 2017.

Fuentes de UNEF indicaron que la presentación del recurso responde a dos motivos. El primero de ellos consiste en que la norma prevé un incremento de los cargos a la energía autoconsumida en Baleares. El segundo motivo se refiere al cálculo de los cargos generales al autoconsumo. La asociación considera que no existe una metodología clara para este cálculo, lo que se traduce en una falta de transparencia. Esta falta de metodología, indican desde UNEF, también llama la atención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha dejado constancia de ella en sus informes recientes.

La orden establece que el cargo transitorio por la energía autoconsumida, conocido popularmente como impuesto al sol, se comenzará a cobrar en 2017 en Ibiza y Formentera, hasta ahora exentas de su pago. Además, en Mallorca y Menorca, donde hasta la fecha se disfrutaba de una rebaja de este componente, no solo se produce una subida, sino que la misma es tal que supera las referencias establecidas para la Península.

Estos incrementos se producen pese a la rebaja del 9% en la parte fija para todo el territorio nacional para los autoconsumidores domésticos, que son los que tienen una potencia inferior a 10 kilovatios (kW). Estos autoconsumidores no pagan de forma transitoria en ninguna parte de España el conocido como impuesto al sol, que se aplica sobre el término de energía a contratos con potencias contratadas superiores a 10 kW.

Beneficio al medioambiente y sociedad

En una jornada organizada por UNEF en la feria Genera, el director general de la patronal, José Donoso, señaló la oportunidad que representa la integración del autoconsumo en los edificios. Donoso subrayó que con el autoconsumo «ganan todos», tanto los autoconsumidores como la sociedad, porque se genera energía limpia, esencial para combatir contra el cambio climático, y barata, «que contribuye a reducir el precio de la energía para los consumidores».

Asimismo, también se debatió sobre la integración de la tecnología fotovoltaica en la edificación. Los expertos aseguraron que éste es el momento de apostar por la integración de la fotovoltaica en los edificios, que consumen el 40% del total de la energía a nivel europeo, según indicó UNEF. Además, valoraron la importancia de avanzar en la integración de la fotovoltaica en la edificación para cumplir con las líneas definidas en el paquete de invierno de la Comisión Europea, que pretenden, entre otros objetivos, descarbonizar el stock de edificios a 2050.