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Bruselas autoriza a la alemana RWE la compra de activos de renovables y energía nuclear de E.ON

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Europa Press.– La Comisión Europea aprobó la compra por parte de RWE de activos de producción energética de origen renovable y nuclear de E.ON, al concluir que la operación no plantea problemas de competencia en el espacio económico europeo. La compra se enmarca en una operación «más compleja» de intercambio de activos entre las dos energéticas alemanas, que incluye la adquisición por E.ON de activos de distribución y venta minorista de RWE, que está siendo, a su vez, examinada por Bruselas en un expediente paralelo.

Sin dañar la Competencia alemana

Sobre la compra de activos de E.ON por parte de RWE, el Ejecutivo comunitario ha examinado el impacto de la operación en la producción y suministro mayorista de electricidad en el mercado alemán, por ser éste el mercado en el que más posibilidades de solapamiento existían. En sus conclusiones, la Comisión considera que la operación es «poco susceptible» de dañar la competencia efectiva y tampoco plantea riesgos de que RWE intente influenciar en los precios de mercado. El Ejecutivo comunitario cree, además, que RWE seguirá encontrando competidores de peso en el sector tras la operación.

La Fundación Renovables aplaude «el paso adelante» del Gobierno a favor de las renovables en su plan de transición energética

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Europa Press.– La Fundación Renovables aplaude «el paso adelante» dado por el Gobierno a favor de las renovables al fijar un objetivo del 42% para 2030 en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 remitido a Bruselas.

La Fundación valora que el documento reconoce que es posible alcanzar en 2050 un modelo energético 100% renovable y destaca que marca que para 2030 un 74% de la generación de electricidad será con energías verdes. Asimismo, valora la propuesta en movilidad de alcanzar los 5 millones de vehículos eléctricos en 2030, así como la delimitación de acceso a los vehículos más emisores y contaminantes a las zonas centrales en las ciudades de más de 50.000 habitantes a partir de 2023. No obstante, la Fundación lamenta que el objetivo del 20% de reducción de emisiones sobre 1990 «es claramente insuficiente«.

Además, subraya que el PNIEC mantiene la estructura de consumo en origen y no apuesta por cambiar el modelo de demanda. «Actuar prioritariamente por el lado de la demanda y por su electrificación supone democratizar el sistema energético», añade la Fundación Renovables, que añora también «objetivos concretos» de generación a través de autoconsumo. La Fundación también lamenta que el documento no ponga una fecha de cierre para las centrales térmicas de carbón y que posponga 10 años el apagón nuclear, «que debería producirse cuando caduque la última licencia de explotación».

El PP ve en el plan climático de Ribera un futuro con más paro, menos crecimiento y energía más cara

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Europa Press.- Mientras la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno garantizará que los turismos y vehículos comerciales nuevos que se vendan en 2040 serán 0 emisiones, aunque el Ejecutivo evita hablar de prohibiciones, el PP entiende que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) elaborado por el Ministerio supone «un paso claro a la ralentización económica, a la futura generación de desempleo y, sin lugar a dudas, a un incremento de la factura eléctrica».

Así lo auguró el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Guillermo Mariscal, quien denuncia la ausencia de «negociación» para un plan «que afecta a más de una legislatura y, probablemente, a más de una generación». El dirigente popular cree que el Gobierno es «víctima de la politización de las tecnologías» y que, por ello, plantea «la desaparición» de una energía libre de emisiones, como la nuclear, lo que, a su juicio, «contraviene» lo defendido por la Unión Europea o la Agencia Internacional de la Energía, que «abogan por su mantenimiento como energía de respaldo«.

Asimismo, ha criticado que Ribera anticipe un abaratamiento de la energía y un fortalecimiento de la industria, cuando el Gobierno «ha colaborado activamente a la salida de Alcoa y que ha propiciado un ERE en Ferroatlántica«. «Hemos escuchado ensoñaciones y cantos de sirena. Tenemos una ministra que practica una suerte de realismo mágico, que obvia y olvida los números, las cifras y las propuestas creíbles. Nos encontramos humo», señaló, acusando a Ribera de «lanzar soflamas o propaganda electoral para conseguir votos» en las próximas elecciones.

«Un ejemplo más es lo que ocurre con el diésel. Siguen sin responder qué piensan hacer en 2040, si es cierto que deben de circular los coches diésel o de gasolina, o no. Ha cambiado de opinión ya dos veces«, indicó, subrayando que el comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, «la obligó a rectificar porque en Europa está prohibido prohibir tecnologías».

Ribera evita la palabra “prohibir”

El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética recoge que el Gobierno adoptará las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos y destinados a usos no comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones de modo que «no más tarde de 2040 sean vehículos con emisiones de 0 gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilómetro». Así, a partir de esa fecha no se podrán vender vehículos que emitan CO2.

«En el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, los objetivos de penetración de sistemas de movilidad descarbonizada, y parte electrificada, son importantes para 2030, pero no se incluye ningún tipo de prohibición», ha afirmado Ribera, que reivindicó que el borrador del PNIEC 2021-2030 recoge «palabra por palabra» lo que Arias Cañete propuso al Colegio de Comisarios. «Debemos garantizar que los vehículos ligeros sean 0 gramos de CO2 por kilómetro recorrido en 2040. Es muy difícil imaginar escenarios de descarbonización del sistema energético si no se presenta atención a la movilidad y creo que es importante acompañar a este proceso de transformación», ha defendido la titular para la Transición Ecológica.

Con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Ejecutivo pretende renovar «paulatinamente» el parque automovilístico con modelos de menores emisiones para «culminar» en 2050 con vehículos sin emisiones de CO2, así como definir un sistema de indicadores de impactos y adaptación al cambio climático. El Gobierno lanzará un plan de impulso a la movilidad eléctrica con un importe total de 1.000 millones de euros entre 2021 y 2025, según las cifras recogidas en el borrador del PNIEC, que contempla que el parque español de vehículos eléctricos alcanzará 5 millones de unidades en 2030.

El gas reclama su papel

Por su parte, la Asociación Española del Gas (Sedigas) ha destacado que el gas «es una energía de presente y futuro» que ayuda a conseguir las metas fijadas por el Gobierno en su PNIEC. Sedigas reclama así que el gas renovable «debe tener un papel prominente» en la matriz energética, ya que supone un sumidero de dióxido de carbono (CO2) que sirve para restar emisiones. Por ello, Sedigas valora «positivamente» la inclusión del gas renovable en el plan, por suponer una solución «realista y técnicamente viable» para lograr una mayor eficiencia energética en la edificación.

Por otra parte, el sector gasista sí echa en falta «un gran impulso sobre la movilidad a gas», al considerar que con el gas natural vehicular se pueden reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno en un 80% y casi la totalidad de las partículas sólidas y el azufre, además de disminuir los gases de efecto invernadero en un 20%.

Endesa ve bien que el Gobierno contemple como mínimo 3 GW de energía nuclear operativos más allá del 2030

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Europa Press.- Endesa afirma que, en principio, le «suena bien» el Paquete de Energía y Clima anunciado por el Gobierno. Fuentes de la compañía indicaron que el programa de descarbonización de la economía española «está en el ADN» del plan estratégico presentado por Endesa, en el que prevé elevar sus inversiones hasta los 5.500 millones de euros, aumentando así su gasto de capital neto (capex) entre los años 2019 y 2021 un 10% respecto a su anterior plan.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del Gobierno prevé que en 2030 todavía haya operativos en el mix eléctrico algo más de 3 gigavatios (GW) de energía nuclear y un cierre ordenado de estas plantas. El plan del Gobierno pasa por ir cerrando las plantas nucleares, los 7 reactores actualmente existentes, que suman más de 7 gigavatios (GW), por orden de antigüedad. De esta manera, entre el periodo 2025 y 2030 se producirían los cierres de los reactores de Almaraz, Ascó I y Cofrentes, llegando al periodo 2030-2035 abiertas las centrales de Asco II, Vandellós y Trillo.

Endesa ha apostado por mantener la operación de las centrales nucleares a largo plazo, en adecuadas condiciones de rentabilidad y asegurando siempre que estas instalaciones cumplan los más elevados estándares de seguridad establecidos en la regulación nacional e internacional. La compañía controlada por Enel defiende alargar la vida útil de las nucleares más allá de los 40 años para garantizar la transición energética a 2050, al considerar que no hay otra alternativa y garantizar la seguridad de suministro, un precio competitivo de la electricidad y ayuda a reducir las emisiones.

En el caso del carbón, el plan estima una horquilla de su presencia en el mix eléctrico de entre 0 y 1,3 GW en 2030. No obstante, el Ejecutivo no prevé que las centrales térmicas de carbón, de las que a partir de 2020 quedarán 5 (Litoral, As Pontes (Endesa), Los Barrios (Viesgo), Soto de Ribera y Aboño (EDP), de las 14 existentes, alarguen su vida en el mix más allá de ese horizonte ya que irán cerrando «de una manera natural» al no ser competitivas por razones de mercado.

La hoja de ruta también apuesta por el impulso de las energías renovables en la próxima década como uno de sus principales vectores. Para el año 2030, se prevé una potencia total instalada en el sector eléctrico de 157 GW, de los que 50 GW serán energía eólica; 37 GW solar fotovoltaica; 27 GW ciclos combinados de gas; 16 GW hidráulica; 8 GW bombeo; 7 GW termosolares, y los 3 GW de nuclear. En lo que respecta al almacenamiento, destaca el alza de las tecnologías de bombeo y baterías, con una potencia adicional de 6 GW, aportando una mayor capacidad de gestión a la generación.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que estos objetivos, pese a ser «ambiciosos», son «plenamente factibles» y se encuentran en línea con los compromisos adquiridos en 2015. Según Ribera, este impulso a las renovables supondrá una reducción de entre el 20% y el 21% de las emisiones respecto a 1990 (España está 18 puntos porcentuales por encima de esa referencia). Asimismo, se prevé alcanzar un 42% de energías renovables sobre el uso de energía final del país, un objetivo 10 puntos porcentuales más ambicioso que el 32% de la Unión Europea, mientras el porcentaje de renovables en el mix eléctrico de 2030 será del 74%. También supondrá un aumento de casi el 39% de la eficiencia energética.

Las medidas contempladas en el PNIEC permiten pasar de los 340 millones de toneladas de CO2 equivalente emitidos en 2017 a 226 millones de toneladas de CO2 en 2030, por lo que al término de la década dejará de emitirse una de cada tres toneladas. En el caso de los denominados sectores difusos (residencia, transporte, agricultura, gases fluorados e industria no sujeta al comercio de emisiones), la reducción de emisiones será del 38% respecto al año de referencia para los objetivos europeos, el de 2005. Por su parte, los sectores sujetos al comercio de emisión verán reducidas sus emisiones en un 60% respecto a 2005.

La generación eléctrica será la que más reduzca su nivel de emisiones, con 44 millones de toneladas de emisiones de CO2 entre 2021 y 2030. Le sigue el transporte, responsable en 2017 del 26% de las emisiones. Reducirá sus emisiones en 28 millones de toneladas entre 2021 y 2030. La ministra considera que la materialización de esta propuesta «permitirá a España alcanzar los objetivos comprometidos» con la Unión Europea, ya que se trata de un borrador «sólido, solvente y denso», cuya tramitación supone «la reforma estructural más importante para el país en las próximas décadas».

Por otro lado, Ribera confía en que el Marco Estratégico de Energía y Clima contará en su tramitación legislativa con un «respaldo mayoritario» del Parlamento «esté quien esté» así como de los ciudadanos porque, a pesar de la disolución de las cámaras, «no es un brindis al sol». Así, en el caso particular de España, no encuentra «ningún motivo» por el que se deba retrasar el debate cuando hay propuestas «detalladas, congruentes, solventes» y se priven de ese debate público.

El Marco Estratégico de Energía y Clima se encuentra ahora en consulta pública, hasta el 22 de marzo, de modo que será el próximo Ejecutivo, elegido tras las elecciones del 28 de abril, a quien le corresponderá su tramitación. Fuentes del Gobierno han precisado que la voluntad de Ribera ha sido dejar todo preparado como base para el próximo Gobierno.

«Este es un tema capital para los ciudadanos europeos», ha apostillado la ministra, que define la agenda de cambio climático como «modernizadora, llena de oportunidades y compleja» porque requiere deshacer aquellas cuestiones del modelo de desarrollo que generaban externalidades negativas y que no se quieren mantener. Por eso, explica que «tomarse en serio» esta propuesta no puede ser solamente puntual, sino sectorial, y expone una iniciativa «seria, bien trabajada» y que identifica “las medidas que pueden acompañar a este cambio».

A nivel global, la ministra cree que esta es «probablemente la única agenda» que se ha movido en Europa «sin ningún tipo de marcha atrás» y del mismo modo se está moviendo en las sociedades, los estudiantes y los jóvenes. «Esto no tiene vuelta atrás», ha sentenciado. Asimismo, ha garantizado que el paquete aprobado es un borrador «muy sólido» que incluye más de mil variables contrastadas y que permitirá iniciar una tramitación «muy importante» en España, por lo que ve «fundamental» el debate público después de que haya estado «silenciado».

Ahora la ministra cree que es «capital» que participen todos los actores en el debate y discusión de la redacción definitiva de esta senda que es la más coste-eficiente. Para ello, ha indicado que la debatirá y explicará «con tranquilidad» a todos los diputados, consejeros de comunidades autónomas, con los que ya ha empezado a fijar citas, y que se celebrarán distintos foros para «mejorar y enriquecer» la propuesta que permita garantizar el cumplimiento de las obligaciones de España pero aprovechar para el país las oportunidades que este proceso tiene.

El Gobierno prevé destinar 422 millones a un plan de acción urgente para la transición del carbón y las nucleares

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Europa Press.- El Gobierno tiene previsto destinar un total de 422 millones de euros a un Plan de Acción Urgente para abordar los desafíos a corto plazo planteados por la transición energética en comarcas mineras y en zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas o plantas nucleares sin planes de reconversión.

Según explicaron en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, este plan forma parte de la Estrategia para la Transición Justa que aprobó el Consejo de Ministros, dentro del paquete de energía y clima del que también forman parte la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Este plan, para el periodo 2019-2021, tiene como fin abordar esos desafíos a corto plazo planteados por el cierre de minas, de centrales térmicas que no han realizado inversiones o no las realizarán para continuar con su actividad más allá de 2020 (9 de las 14 existentes en España) y de centrales nucleares sin planes de reconversión, como las de Garoña y Zorita.

En concreto, el plan recoge un importe de 158 millones de euros a 5 años para la restauración de las minas y el plan de eficiencia y energías renovables, con el fin de mantener el empleo en los territorios afectados, que está previsto que pueda implementarse en junio. Asimismo, cuenta con otros 134 millones de euros procedentes de acuerdos de los fondos Miner no utilizados cuyo destino es dar apoyo a los municipios afectados, también con una vigencia de 5 años. Además, se contempla otra partida de 130 millones de euros cuyo fin serán los convenios de transición justa para todos los territorios afectados, con una vigencia de 3 años.

No obstante, parte de estas partidas estarían pendientes de los resultados de las urnas en abril, ya que se cuenta con unos presupuestos prorrogados y, en el caso de los convenios de transición, sus firmas no se empezarían a producir antes. Además, el Gobierno que salga de esa cita electoral deberá decidir si esta Estrategia Justa diseñada por el actual Ejecutivo y en la que trabajan conjuntamente otros ministerios como los de Industria, de Trabajo y de Economía, sigue adelante en esos términos, ya que lo aprobado en Consejo de Ministros es un borrador. El nuevo Gobierno que surja de las urnas podría, si así lo desea, volver a iniciar su tramitación parlamentaria e introducir los cambios que considere oportunos.

Impacto en otros sectores industriales

Con todo, las mismas fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica subrayaron que «una parte» de este Plan de Acción Urgente «ya está hecha». El Gobierno de Pedro Sánchez planea así lanzar una Estrategia de Transición Justa, siendo el primer país del mundo en tenerla, que aborde los desafíos de una transición energética que, a pesar de que generará unas ganancias netas de empleo en torno a más de 300.000 puestos de trabajo hasta 2030 según las estimaciones del Ejecutivo, producirá también impactos negativos, sectoriales y territoriales a corto plazo.

El Ejecutivo también quiere prestar especial atención a los posibles efectos de la transición energética en sectores industriales clave para España como el del automóvil o la industria electrointensiva. En el sector del automóvil, con un objetivo de reinventarse en un camino hacia un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones de CO2 hacia ese horizonte de 2050 y con una fecha límite recogida en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático de 2040 para la matriculación y venta de este tipo de coches (diésel, gasolina e híbridos), se trabaja en «un acuerdo estratégico» con el fin de que las empresas españolas estén mejor situadas y se pueda mantener parte de ese empleo industrial “fabricando coches emisiones cero».

La estrategia incluye también las áreas que ofrece el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima con mayores oportunidades de creación de empleo, como son la rehabilitación, las renovables (subastas, repotenciación, promoción, autoconsumo), así como el desarrollo del almacenamiento, la movilidad eléctrica, el biometano o el hidrógeno. Además, hace especial énfasis en la creación de empleo verde en el mundo rural, en sintonía con la Estrategia Española contra la Despoblación a través del impulso de energías renovables como biomasa o biogás. El objetivo del actual Gobierno es que esta estrategia sea revisable cada 5 años, con el fin de realizar tras esos periodos de tiempo una evaluación del impacto de la transición sobre el empleo.

Iberdrola logra un beneficio récord de 3.014 millones en 2018 y descarta que las elecciones afecten a la transición energética

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Europa Press.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, confía en que si se produce un cambio de Gobierno en las elecciones generales del próximo 28 de abril no se alterará el rumbo hacia la transición energética que marcará el Plan Nacional de Energía y Clima. Asimismo, Iberdrola obtuvo un beneficio neto récord de 3.014,1 millones de euros en 2018, con un incremento del 7,5% con respecto al 2017, según comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Iberdrola se situó a cierre de 2018 en los 9.349 millones de euros, con un crecimiento del 27,7% frente al 2017, gracias al buen comportamiento de todos los negocios, cuyos resultados crecen a doble dígito. El 78% de este importe procedió de áreas reguladas o con contratos a largo plazo, en línea con el enfoque estratégico del grupo.

El grupo señaló que este resultado se vio impulsado por las inversiones de cerca de 20.000 millones de euros realizadas en los últimos 4 años, de las cuales 5.320 millones de euros correspondieron al ejercicio pasado, la expansión internacional, la normalización de las condiciones operativas en España y la buena marcha de todos los negocios. Por su parte, la energética aumentó su flujo de caja un 13,1% hasta los 7.328 millones de euros, mejorando el ratio entre caja operativa y deuda neta hasta el 21,5%.

Mientras, las compras del grupo, excluyendo los aprovisionamientos energéticos, alcanzaron los 8.000 millones de euros a miles de suministradores en 2018, siendo un 85% empresas locales. En lo que respecta a la plantilla, tras incorporar a más de 1.600 profesionales en 2018, supera los 34.000 trabajadores, el 99% con contratos indefinidos, y genera un total de 425.000 puestos de trabajo.

Escenario con cambio de Gobierno

«No creo», afirmó Galán a la pregunta de si esperaba alguna variación en el contenido de esa hoja de ruta si hay un cambio de Gobierno. Galán indicó que «casi son las mismas personas que han trabajado con el Gobierno anterior» las que han sacado adelante este documento y confió en «estar en línea con lo que llevamos comentando con los diferentes miembros de la Administración para que España se pueda beneficiar de las condiciones fuertes en eólica y almacenamiento». «No espero ningún cambio», añadió.

Galán aseguró que la lucha contra el cambio climático representa «una gran oportunidad» para España, aunque subrayó que para ello será necesario contar con una planificación energética «adecuada» que dé la «seguridad necesaria» para afrontar las inversiones «que el país necesita». Así, destacó la «gran oportunidad» que supone la transición energética para un país como España, que tiene «toda clase de recursos: sol, viento o embalses para transformarlos en almacenamiento».

El directivo aseguró que si se lleva a cabo bien esta transición se conseguirá «producir energía más limpia, más barata y se podrá incluso, si las interconexiones siguen desarrollándose, exportar estos recursos que tenemos». Respecto al futuro de las nucleares, Galán señaló que la fecha de cierre para estas plantas será la conocida de entre 2025 y 2035, por lo que habrá que saber «qué es lo que necesita el país en cuanto a energía y cómo se puede sustituir por otras fuentes de energía».

Sobre el Brexit y la exposición del grupo en Reino Unido, país del que procede aproximadamente el 20% del resultado bruto de explotación (Ebitda) de Iberdrola, aseguró que económicamente no ve ningún impacto para Iberdrola ya que «el 100% de lo que hacemos en Reino Unido ya tiene coberturas respecto a divisa«. «Como saben, no somos una empresa que importa-exporta mercancías y bienes, sino que somos casi totalmente regulada al 90%, hemos invertido en libras, la mayor parte de nuestros proveedores son británicos y el 80% de las inversiones se producen a nivel local», apuntó.

En lo afecta a los resultados, Galán afirmó que 2018 ha colocado a la empresa «un año por delante» de las previsiones de su plan 2018-2022 y confió en que la tendencia positiva se mantenga en este ejercicio. Así, apostó por seguir combinando las iniciativas de crecimiento basadas en la aceleración de las inversiones en activos regulados de redes y en la contribución de los 6.000 megavatios (MW) de nueva capacidad de generación contratada y renovable, junto a la aplicación de nuevas medidas de eficiencia para lograr un crecimiento de 5% puntos porcentuales en Ebitda y beneficio neto en 2019.

El presidente del CSN pide «mimar» a sus técnicos y critica que desde Hacienda no les dejen viajar en business

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Europa Press.- El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfhausen, ha defendido en el Congreso la labor de su equipo durante sus 6 años de mandato y ha pedido especialmente que «mime» a sus técnicos, «reconocidos internacionalmente«, y a quienes Hacienda, según ha explicado, no permite volar en business.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, para informar sobre las actividades del CSN en 2017, Martí Scharfhausen pidió respeto por los trabajadores del regulador que, según han explicado, «están mal pagados con respecto al sector», «trabajan los fines de semana desde casa» y viajan de forma voluntaria a países como Japón o México, para estudiar o informar en materia nuclear.

En este sentido, ha pedido a los diputados que mejoren los trayectos de aquellos técnicos de más de 60 o 65 años que realizan estos largos viajes y que, por decisión de Hacienda, ya no pueden hacerlo en clase business. «Lo hemos intentado por todos los medios», ha reconocido el presidente del CSN, antes de invitar al Congreso a hacer algo al respecto porque «son personas que merecen la pena».

En su intervención, también ha destacado el «respeto» que existe en el pleno del CSN a pesar de las diferencias políticas. «Cristina Narbona y yo hemos tenido momentos complicados, pero nunca ha habido una voz malsonante, ni nos hemos faltado al respeto«, apuntó. En este sentido, se ha mostrado orgulloso de que la labor del organismo se haya hecho siempre desde la unidad del Pleno.

Estas declaraciones del presidente del Consejo han sido su respuesta a la intervención de la portavoz del PSOE en esta comisión, Patricia Blanquer, quien ha criticado el paso de Martí Scharfhausen al frente del CSN durante su mandato, que ahora termina. A su juicio, su presidencia ha sido «controvertida» y «cuestionada» por decisiones como el informe de no cerrar la central de Garoña «a pesar de que no cumplía los requisitos de los técnicos«, el informe favorable a la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC), cuando «no estaba despejadas las dudas técnicas», o la modificación de la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES), entre otras.

Crítico con la labor del regulador también ha sido el representante de Ciudadanos, Vicente Ten, que, si bien ha destacado mejorías en algunos aspectos con respecto a años anteriores, sí ha denunciado «carencias» en relación a la independencia del organismo, transparencia, o neutralidad. En este sentido, Ten se ha referido a la formación del pleno que, a su juicio, está monopolizada por los partidos algo que, ha aclarado, no está en las intenciones de Ciudadanos. Ten ha recordado cómo, «de manera vergonzosa», el Gobierno aprobó una propuesta de nombramientos para renovar el CSN tras «un acuerdo oculto» con Unidos Podemos.

Martí Scharfhausen se ha desvinculado de esta propuesta, al ser preguntado por ella, señalando que en su puesto, por ley, no se le permite hablar de política nuclear. Sin embargo, las declaraciones de Ten abrieron un cruce de acusaciones por parte de las formaciones. Desde el PP, su portavoz José Alberto Herrero Bono, ha acusado al PSOE de «politizar» el organismo y permitir que éste no represente la realidad parlamentaria y difiera, por tanto, del sentir mayoritario de los españoles. Además, criticó que uno de los consejeros propuestos, el candidato de Unidos Podemos y responsable de la política antinuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, vaya a formar parte del regulador cuando está en contra del uso de esta energía.

Para el portavoz de Medio Ambiente de los morados, el diputado de Equo, Juan López de Uralde, el PP está vetando a una persona «sólo por ser ecologista», una postura que, a su juicio, es «anticonstitucional». «Está usando ese veto hacia una persona con un currículum intachable», ha recriminado Uralde a su homólogo popular, para aclarar que Castejón es físico nuclear y que, además, «lucha por la defensa del planeta».

Por otra parte, el presidente del CSN ha explicado que en 2017 se notificaron 44 sucesos de los que sólo 1 se clasificó como nivel 1 en la escala INES y el resto se clasificó fuera de escala (nivel 0). Del mismo modo, ha apuntado que en 2017 se han emitido 4 apercibimientos: a Ascó por incumplimiento de la Autorización de Explotación vigente en relación con la gestión y control de los residuos radiactivos; a la planta de Trillo por incumplimiento de las instrucciones relacionadas con modificaciones de diseño e inspección en servicio; a Vandellós II y Garoña por incumplimiento en la Protección Contra Incendios (PCI). Por este motivo se propuso la apertura de un expediente sancionador a Vandellós II.

Dentro de su exposición del informe, Martí Scharfhausen también destacó que se aprobó el Plan Estratégico para el periodo 2017-2022, tomando en consideración las novedades en el entorno nacional e internacional y en el seno del propio CSN, así como los principales retos a afrontar en el entorno regulador a corto y medio plazo. Del mismo modo, según ha indicado, se han implantado distintas actividades relacionadas en el eje de la transparencia, como un Plan de comunicación para reforzar la credibilidad y la confianza en las actuaciones del Consejo; o un refuerzo de la cultura de seguridad del Consejo, que se ha plasmado en la publicación de la política del CSN sobre Cultura de Seguridad.

La Eurocámara resolverá en breve sus decisiones sobre el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña, El Cabril y Doñana

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Europa Press.- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha acordado archivar la queja por presuntas irregularidades en el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña que defiende el alcalde de Zamanzas (Burgos), Juan José Asensio, si bien la decisión será revisada el 20 de marzo y podría ser revocada por falta de quórum durante esta sesión.

Asensio ha expuesto la necesidad de que la Eurocámara presione a España pidiendo más información sobre el cierre de la central y ha criticado el periodo de «incertidumbre, desinformación, cambios de gobierno y retraso en los plazos» que estaban marcando el proceso. Tras escuchar al peticionario, un representante de la Comisión Europea advirtió de que con la información de que dispone no ve necesario tomar medidas en relación al cumplimiento de la directiva sobre seguridad nuclear o a la aplicación del Tratado de Euratom. Además, el funcionario comunitario ha subrayado que es la autoridad reguladora española la competente para garantizar que la seguridad de la planta cumple los requisitos europeos.

Interés en Garoña: 6 eurodiputados

Con todo, los eurodiputados han concluido que se enviará una carta a las autoridades españolas para pedir más información sobre el desmantelamiento de Garoña, pero que cerrarán la queja, por lo que no habría seguimiento. Esta decisión se ha tomado por 3 votos a favor y 3 en contra, solo había 6 diputados en la sala, por lo que no se ha formado el quórum de 12 eurodiputados que exigen las reglas del Parlamento. Por ello, Los Verdes han anunciado que pedirán la revisión de esta decisión en la próxima reunión de coordinadores del grupo, el 20 de marzo, opción que ha aceptado la presidencia de la comisión europarlamentaria tras tomar nota de las quejas expresadas por IU y EQUO.

Marina Albiol (IU), Florent Marcellesi (EQUO) y Xabier Benito (Podemos) son los tres eurodiputados que han pedido mantener abierto el caso. En sus intervenciones han denunciado «falta de información» e «irregularidades constantes» en el caso de la central burgalesa, al tiempo que han criticado a las autoridades por «anteponer» los intereses de las empresas energéticas al bienestar de la ciudadanía y el medio ambiente. En contra han votado dos eurodiputados del PP, Rosa Estaràs y Francisco José Millán Mon, y el eurodiputado eslovaco Pál Csáky, cuyo voto contabilizaba doble por ejercer en esta sesión de presidente de la comisión de Peticiones. Ningún eurodiputado del PSOE ha participado en la sesión.

Cementerio nuclear de El Cabril

Por otro lado, la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decido recabar más información de parte de las autoridades españolas sobre su gestión del cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba), por lo que mantendrá abiertas las quejas ciudadanas presentadas, que denuncia las prácticas para el almacenamiento y traslado de residuos nucleares en un entorno protegido por la Red Natura 2000. Los eurodiputados Albiol y Marcellesi han criticado la «opacidad» de las autoridades en este caso, llegando a pedir el eurodiputado ecologista que Bruselas sopese crear una misión más amplia para examinar la gestión nuclear en el conjunto de España.

La Comisión Europea, por su parte, ha aseverado que entiende la «preocupación» que genera este sector en la ciudadanía, al tiempo que ha explicado las obligaciones de los Estados miembros en materia de seguridad nuclear. En 2018, las autoridades españoles ya ofrecieron información sobre el tipo de residuos que se gestionan en la instalación cordobesa y sobre la seguridad a futuro, ha dicho la funcionaria.

Día 21, turno para Doñana

Asimismo, la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo votará el próximo 21 de marzo su informe sobre posibles irregularidades medioambientales en el Parque Natural de Doñana, un texto que reclama una nueva evaluación del impacto ambiental conjunto de los 4 proyectos gasísticos. El documento ha sido presentado formalmente en sesión parlamentaria, durante un breve debate que ha servido para recordar las principales conclusiones de la misión que viajó a Doñana en septiembre y adelantar las posiciones de los grupos. Esto permitirá someter al voto de la comisión europarlamentaria el texto definitivo en una sesión a solo un mes de que se disuelva la Eurocámara para las elecciones europeas de mayo, según han indicado fuentes parlamentarias.

El presidente de la delegación que viajó a Doñana, Pál Csáky, destacó los «pasos positivos» que a su juicio están danto tanto la Comisión Europea como las autoridades nacionales y locales a raíz del viaje de los eurodiputados. Entre los principales problemas que señala el informe, ha recordado Csáky, destaca la necesidad de someter a una evaluación de impacto medioambiental conjunta los proyectos gasísticos y no fragmentados como se ha hecho en el pasado. Sobre este asunto, el documento reclama el examen «combinado» de los 4 proyectos de gas (Saladillo, Marismas Occidental, Marismas Oriental y Aznalcázar) que incluya, además, una evaluación sísmica y un análisis de los efectos acumulativos y de la sinergia del proyecto.

En lo que a los proyectos de extracción y almacenamiento de gas, sin embargo, el Ejecutivo comunitario mantiene que «no ha identificado ninguna infracción a la legislación europea» por parte de España, aunque ha pedido a las autoridades nacionales que informen de «cualquier nuevo acontecimiento que pueda tener incidencia» en los proyectos referidos. Así las cosas, los eurodiputados Marina Albiol (IU) y Florent Marcellesi (EQUO) coincidieron en señalar como positivo que se presente un informe de estas características, pero han pedido más «ambición» en sus conclusiones, por lo que han apuntado enmiendas que respalden a la Comisión Europea en su recurso contra España y también que doten de mayor contundencia la exigencia de medidas correctivas.

La eurodiputada socialista Soledad Cabezón, por su parte, ha asegurado que existe «preocupación» por parte de las autoridades por Doñana, pero ha pedido «contextualizar» las amenazas que hay sobre el parque con factores externos como el impacto del cambio climático y que también se valore la necesidad de «equilibrio» entre la protección medioambiental y la estabilidad socioeconómica de la zona.

La central nuclear de Trillo cerró 2018 con 8.267 GWh producidos, cumpliendo 30 años y operando «de forma estable»

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Europa Press.- El director de la central nuclear de Trillo, Javier Vallejo, hizo balance de actividad del segundo semestre de 2018, apuntando a que la producción total del ejercicio ha sido de 8.267 GWh, 4.372 de ellos en la segunda mitad del año. Desde el 23 de mayo de 1988, la central ha estado 236.985 horas conectada a la red, con una energía bruta producida de 247.292 MWh.

En el resumen de actividades de 2018, Vallejo ha introducido el relevo al frente de la dirección, que ahora recae en su persona tras la salida de Aquilino Rodríguez. La próxima recarga de combustible, programada para el próximo 10 de mayo, durará 29 días y será la 31ª desde que la central opera. Se sustituirán 40 elementos combustibles y se aprovechará para inspeccionar sellos y cojinete radial inferior en una bomba principal. Servirá igualmente para sustituir dos dedos en lanzas de instrumentación nuclear interna, se realizará una prueba de capacidad en baterías y se hará una revisión eléctrica y mecánica.

Dosis de radiación “muy baja”

La dosis colectiva recibida, suma de las dosis externas e internas de cuerpo entero recibidas por el personal, ha arrojado un resultado de 284,48 mSv por persona, según Vallejo, quien ha dicho que es una ración muy baja», incluso «la más baja de la historia». Los residuos generados en la operación, mantenimiento y modificaciones de la instalación se han optimizado, y han alcanzado los 81,40 metros cúbicos. Además, se han retirado 26,40 metros cúbicos. En la última recarga de combustible se reemplazaron 36 elementos combustibles, y en 2018 se iniciaron las modificaciones de diseño necesarias en la planta. Fue en diciembre cuando se efectuó la carga de 2 nuevos contenedores.

Vallejo ha puesto en valor que no ha habido ningún informe de suceso notificable en el segundo semestre. Sí que hubo dos en el primer semestre, uno relativo al arranque de un generador diésel. La planta ha superado su evaluación ambiental, y en cuanto al Plan de Vigilancia Radiológica Ambiental exigido por el CSN, se ha superado igualmente de «forma satisfactoria». Preguntado por la convocatoria de elecciones y la futura formación de un nuevo Gobierno, ha pedido al nuevo Ejecutivo que deje a la central de Trillo «seguir operando y actualizando la central» como se ha venido haciendo hasta ahora.

Greenpeace y la Fundación Renovables piden adelantar el cierre de las centrales nucleares y participar en el proceso

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Europa Press.- Greenpeace y la Fundación Renovables piden al Gobierno que acelere la transición ecológica y adelante el cierre «inevitable» de las centrales nucleares que debe ser «seguro, eficaz y eficiente». En el marco de un foro de debate Un horizonte sin nucleares celebrado en Madrid en el que ha participado una veintena de expertos de distintos sectores que instan al Gobierno a no tomar decisiones a puerta cerrada, sino participar en un diálogo social sobre el apagón nuclear.

Los participantes han coincidido en reclamar un «debate necesario» al respecto y quieren ser «escuchados en igualdad de condiciones» por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, igual que ha hecho con los presidentes de las eléctricas. En ese sentido, el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, defiende que «el Gobierno no está para rescatar a las eléctricas, sino para defender los intereses ciudadanos».

«La prórroga de las licencias de operación de las centrales nucleares es una hipoteca para las generaciones futuras. No entendemos que este debate, cuyas consecuencias va a tener que soportar la sociedad, se haga sin luz ni taquígrafos», denunció el presidente de la Fundación Renovables, Fernando Ferrando, que cree que el papel de las nucleares puede cubrirse «solamente» con las subastas pendientes de ejecutar este año y con los planes de mínimos del Gobierno de subastar 3.000 MW/año. «Las renovables están perfectamente preparadas para sustituir al parque nuclear actual», apostilló.