Europa Press.- El Defensor del Pueblo instó al Gobierno a que garantice la participación activa de un órgano ambiental antes de tomar la decisión de excluir a ciertos proyectos del trámite de evaluación de impacto ambiental, como en el caso de la regasificadora de Mugardos (La Coruña).

Durante 2017 el Defensor realizó distintas actuaciones en defensa del medio ambiente y el entorno rural como, por ejemplo, la actuación de oficio que inició ante el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, cuando conoció la decisión del Gobierno de eximir del trámite de evaluación de impacto ambiental a los proyectos de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en la localidad coruñesa.

Respecto al caso, recuerda que dos sentencias del Tribunal Supremo anularon la autorización administrativa para instalar dicha planta en Mugardos y el proyecto de ejecución de 2004, ya que al emitirse no contaba con el instrumento de planificación urbanística adecuado. El Defensor subraya que como la planta tenía que pedir autorizaciones nuevas, el Gobierno «decidió eliminar el trámite de evaluación ambiental para agilizar el procedimiento».

Por eso, la Institución recuerda que la ley de Evaluación Ambiental establece que antes de llevar al Consejo de Ministros una propuesta de este tipo es «necesario» informar al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para que elabore un informe sobre el estudio de viabilidad ambiental y sobre el resultado de las consultas y la participación pública.

«Así se lo recomendó al Ministerio de Industria que, sin embargo, rechazó la resolución formulada», señala el Defensor que, no obstante prosiguió sus actuaciones. En ellas ha recomendado al Ministerio de Medio Ambiente que en la próxima modificación de la Ley de evaluación de impacto ambiental se asegure la participación de un órgano ambiental en el procedimiento previo a la decisión por el Consejo de Ministros de excluir un proyecto del trámite de evaluación ambiental.

Durante 2017 el Defensor del Pueblo actuó también ante el posible riesgo sísmico de cuatro proyectos de gas en Doñana y continuó sus actuaciones ante 15 municipios españoles para conocer las medidas que contemplan para atajar la contaminación atmosférica urbana y la información proporcionada a la población. La Institución tiene el cometido de supervisar que las administraciones realicen tareas de prevención, compensación, reparación de daños y restauración del medio e instar a que hagan un mantenimiento adecuado y sostenible de los recursos naturales y de la contaminación e impacto ambiental. Finalmente, también pide a la administración en sus escritos que tenga en cuenta los aspectos ambientales en la normativa así como en la ejecución de planes o proyectos de infraestructuras.