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El Foro Antinuclear de Extremadura pedirá el cierre de Almaraz con actos en Mérida y Navalmoral

EFE.- El Foro Extremeño Antinuclear reivindicará el cierre y desmantelamiento de la central de Almaraz en Mérida y Navalmoral de la Mata con actos que se celebrarán este jueves y este sábado. El colectivo, al que pertenece Ecologistas en Acción de Extremadura, sumará su reivindicación a las de otras asociaciones en los actos previos al Día de Extremadura, concentrándose a las 11.00 de este jueves en la Plaza de la Asamblea de Extremadura, en Mérida, donde acontecerá el acto institucional.

También el FEAN, junto con el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), se concentrará el sábado en Navalmoral de la Mata a las 12.00 en El Jardincillo, para realizar diversas actividades reivindicativas. En este recinto se realizará una performance, por medio de una instalación de gran tamaño, que simulará un desmantelamiento simbólico de la central, seguido de unos talleres para la creación de alternativas para la región. El acto se cerrará con la actuación del cantautor portugués Pascoal Moreira y con la participación de distintas organizaciones portuguesas.

Para el FEAN es imprescindible seguir exigiendo el cierre de Almaraz y el máximo compromiso del Gobierno de Extremadura ante la posibilidad de que se renueve el permiso de explotación de la central, que expira en el año 2020. La organización insiste en que el Ejecutivo extremeño «ha bajado los brazos en esta lucha», asumiendo así la ampliación de la vida útil más allá de dicha fecha, con lo que la instalación alcanzaría los 60 años de actividad. Para este colectivo, la presencia de nucleares en el mix energético dificulta y bloquea la entrada de las renovables que, aparte de ser energías limpias y sostenibles, generarían miles de puestos de trabajo en la región, tan necesitada de empleo de calidad.

Más de 120 organizaciones antinucleares se manifiestan en Madrid para pedir que no se renueven las licencias de las centrales

Europa Press.- Un total de 123 organizaciones españolas y portuguesas se manifestaron en Madrid para pedir al Gobierno que no proceda a la renovación de los permisos de explotación de las centrales nucleares en España, que caducan a partir de 2020 y hasta ahora debían pedirse 3 años antes de que expire la licencia en vigor. La convocatoria fue del Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), plataforma que engloba a más de 80 organizaciones.

En principio la primera central en tener que solicitar renovación de licencia sería Almaraz, en Cáceres, y cerca ya de territorio portugués, cuya fecha límite era el 8 de junio. Posteriormente, le tocaba a Vandellós II, en Tarragona, en julio. Las centrales de Cofrentes y Ascó tenían que pedir la renovación en 2018 ya que sus autorizaciones caducan en 2021, mientras que la de Trillo lo haría en 2021 (expiración en 2024). Sin embargo, el Gobierno recibió recientemente el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para modificar una orden ministerial con el fin de retrasar precisamente el plazo en el que una planta tiene que solicitar su renovación.

«Con el nuevo proyecto de orden ministerial, el gobierno del Partido Popular apuesta claramente por la prolongación de la vida de las centrales nucleares ignorando la necesidad de un debate público sobre los riesgos de esta energía», subraya Ecologistas en Acción. En cualquier caso, las más de 120 organizaciones que se manifestaron han firmado un manifiesto para pedir que no se renueven los permisos de las centrales nucleares y se proceda al cierre nuclear, texto al que se han sumado 1.200 personas a título individual.

«Estamos dando la batalla para que la energía nuclear se jubile, porque si se aprueban los permisos, las centrales nucleares, en nuestro mix eléctrico, van a mediatizar absolutamente el modelo energético de nuestro país en las próximas décadas», ha afirmado el coordinador de la plataforma y miembro de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, que ha estado acompañado de representantes de organizaciones antinucleares y de partidos políticos como Izquierda Unida (Sira Rego) y Podemos (el diputado Alberto Rodríguez). Según ha señalado Castejón, se sienten «alarmados» por los últimos acontecimientos que han tenido lugar en España con respecto a la energía nuclear. Por ello, se manifiestan bajo el lema Cerrar Almaraz y todas las demás. 100% Renovables. 

Podemos pide que no se renueven las licencias de las centrales nucleares para lograr su cierre en España en 2024

Europa Press.- Unidos Podemos exigió al Gobierno en el Congreso que no prorrogue las licencias de las centrales nucleares con el objetivo de que esta fuente energética desaparezca en 2024, año en el que expira el último permiso de una planta española.

«Es una energía peligrosa y cara que, además, no tiene internalizados los costes, por lo que, al final, terminamos pagando entre todos los beneficios de las eléctricas«, ha denunciado el secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de la formación morada, Rafael Mayoral, quien ha asegurado que es «inadmisible» que estas centrales puedan continuar funcionando «más allá de los permisos que tienen».

Mayoral compartió esta propuesta con representantes del Movimiento Ibérico Antinuclear, que engloba a 80 asociaciones españolas y portuguesas, con quienes se reunió. El coordinador de esta organización, Paco Castejón, destacó el «momento importantísimo» en el que se encuentra actualmente el futuro de las nucleares, ya que éstas son las que «marcan el modelo energético» del país. «Entre esta legislatura y en la siguiente expiran todos los permisos de las nucleares y se tienen que tomar las decisiones sobre prorrogar o no estos permisos», auguró Castejón.

Actualmente, el Ejecutivo se encuentra dentro del plazo de 6 meses para decidir si reabre la planta de Santa María de Garoña (Burgos). Castejón señala que si deciden prorrogar la licencia se hará por, al menos, 10 años, lo que permitirá llegar a la central hasta la cincuentena. Además, Garoña será el modelo a seguir con el resto de centrales.

«Si se produce este paso, al cabo de 10 años se prorrogarán otros 10, que es la pretensión de la industria nuclear», augura el ecologista. En este sentido, Castejón ha señalado que «las nucleares no son compatibles con un desarrollo masivo de energía renovable», porque éstas son intermitentes, mientras que las nucleares no se pueden regular. Es decir, si entraran de golpe 3.000 megavatios de eólica, no se podrían apagar de golpe 3.000 megavatios de nucleares, porque tarda un día.

Colectivos antinucleares se manifiestan en Villar de Cañas contra el ATC mientras el Gobierno defiende que “es necesario para España”

Europa Press.– El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, asegura que el Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC) y combustible gastado de Villar de Cañas (Cuenca) es «algo necesario para España» después de unas 500 personas, según los organizadores, hayan participado en la marcha a pie a Villar de Cañas desde Casalonga, convocadas por la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca y el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), para posicionarse en contra de la instalación en la localidad.

Una marcha, bajo el lema No al cementerio nuclear. Ni en tu pueblo ni en el mío, que ha transcurrido en un ambiente festivo, según indicó la portavoz de la Plataforma, María Andrés, quien ha señalado que ha sido un día de reencuentro y participación de «mucha gente». Andrés ha explicado que entre las razones que les han llevado a convocar esta manifestación está el hecho, como dicen «alto y claro cada año», de que «nadie» les preguntó ni les ha tenido en cuenta. «No queremos un cementerio nuclear ni que Villar de Cañas sea el apoyo a fuentes de energía nuclear en este país».

Este proyecto «está todavía en pañales» y «no tiene ningún permiso para poder trabajar toda la parte nuclear», indicó. «El ATC ni está ni por el momento se le espera», recalcó. Sobre las últimas decisiones del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha respecto a la ZEPA del Hito, Andrés considera que «es importante» tener en cuenta que «siempre ha habido un grupo importante con la intención de que el ATC salga adelante». «Pero la realidad es que no tiene declaración de impacto ambiental, no tiene permiso de construcción del Consejo de Seguridad Nuclear ni permisos municipales, con lo cual no puede seguir adelante”, señaló.

Tanto la MÍA como la plataforma rechazan la implantación del ATC y reclaman un calendario de cierre de las centrales nucleares cuando cumplan los permisos vigentes para reducir lo más posible la generación de residuos. También reclaman un debate sobre el volumen y alternativas para los residuos desde el punto de vista de la seguridad pero también desde el punto de vista económico, social y ambiental. Las organizaciones seguirán movilizándose y el próximo 10 de junio se producirá una gran manifestación en Madrid en contra de la energía nuclear en toda la Península Ibérica, tanto en España como en Portugal.

En esta marcha participó el director provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Joaquín Cuadrado, quien ha afirmado que Cuenca «es símbolo de naturaleza y el ATC sería un lastre para el futuro de la provincia«. Por esa razón, ha señalado que el Gobierno regional «dará la batalla hasta el final para que el ATC no se instale en nuestra región y continuará anteponiendo los valores medioambientales a los intereses nucleares».

Cuadrado ha asegurado que la Junta de Comunidades «apuesta por un modelo de desarrollo diferente, basado en un modelo energético renovable» y que la instalación de un cementerio nuclear en Villar de Cañas «perjudicará seriamente a sectores que ahora mismo son claves para la economía provincial». En este sentido, ha afirmado que el ATC «no es una lotería, como nos han querido vender, sino una hipoteca para muchos, muchos años, que vamos a pagar entre todos», ha remarcado. Además, ha explicado que los técnicos de la Consejería «llevan mucho tiempo trabajando para catalogar los valores naturales de esta zona y todos los informes avalan la ampliación del espacio protegido ZEPA».

También participaron varios miembros de Izquierda Unida, entre ellos el coordinador regional, Juan Ramón Crespo, y el coordinador provincial, Jacobo Medianero, quien señaló que esta manifestación «vuelve a mostrar que son muchos los factores que hacen inviable el cementerio nuclear, entre ellos la disconformidad social con el mismo». «Una movilización que, como ha quedado patente, vuelve a crecer y tiene que ser un elemento clave para que no nos condenen a albergar los residuos nucleares de toda España», señaló Medianero, para pedir a la ciudadanía «que actúe contra el ATC sin esperar a ver qué sucede en unos u otros procesos judiciales o tramitaciones administrativas que no pueden ser la única oposición al basurero nuclear”.

Además, Medianero ha recordado los argumentos que, a día de hoy, son más que conocidos por todos, como «la poca idoneidad de los terrenos, cada vez más patente, la falta todavía de declaración de impacto ambiental, la posible revisión del POM de la localidad o la proliferación de almacenes individuales que hacen menos necesario una instalación tan costosa como ésta».

Desde el PSOE regional también se ha pronunciado al respecto la diputada del Grupo Socialista en las Cortes, Carmen Torralba, quien ha querido dejar claro que tanto desde el Ejecutivo regional como desde la formación política «vamos a seguir trabajando y haciendo todo lo posible para que ni en esta localidad conquense ni en ningún otro lugar de la región nos traigan la basura nuclear».

Para la diputada del Grupo socialista, «el medioambiente tiene que estar muy por encima de cualquier proyecto nuclear», a lo que ha añadido que el modelo que defienden los socialistas y casi todos los ciudadanos en esta región, «menos los dirigentes del PP», se basa en la obtención de energía a través de fuentes sostenibles y renovables. «Está claro que esta elección fue política y pensando en los intereses del PP más que en los intereses de los ciudadanos de Castilla-La Mancha», ha apuntado, para agregar que el ATC puede «servir de tapón a otros desarrollos como el turístico o el agrícola porque la cercanía de un cementerio nuclear ahuyenta cualquier otro tipo de inversión».

Foro Nuclear advierte de que sin nucleares España no podrá cumplir los compromisos climáticos adquiridos en la Cumbre de París

Europa Press.- El nuevo presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, ha defendido la presencia de la energía nuclear en España como elemento clave para cumplir con los acuerdos internacionales del clima a los que se ha adherido España pues, según ha explicado, el país no podría afrontar los compromisos adquiridos en la Cumbre de París si ahora mismo se cierran las centrales.

En un debate en el Congreso, Araluce ha señalado que las centrales nucleares «tienen futuro» en España, al menos un periodo que es necesario «guste o no guste» el uso de esta energía. El motivo, según ha señalado, es que hay «un mix energético determinado» en la actualidad que, si se desmantela, requeriría un «esfuerzo de inversión gigantesco». En concreto, el presidente de Foro Nuclear ha señalado que toda la generación eléctrica española produce 260 terawatios/hora, de los que 100 son térmicos (con emisiones de CO2), 40 hidráulicos, 60 nucleares y 60 renovables. De modo que, si se plantea el hecho de suprimir las nucleares y reducir las emisiones, habría que buscar alternativas para 160 terawatios/horas en el mix español.

«Si en España se consiguen 60 terawatios de renovables con una instalación de 30 gigawatios, habría que instalar otros 30 gigawatios para sustituir a las nucleares por otra energía limpia, más otros tantos si se quiere llegar a cumplir las cifras acordadas a las que España se ha comprometido como país y reducir las emisiones de CO2«, apuntó Araluce, para recordar que las instalaciones actuales de energías renovables «han costado mucho» en tiempo e inversión.

Además, señaló que estas energías tienen una gran variabilidad porque dependen de agentes externos y, en caso de excesiva producción, habría que invertir en modelos de almacenamiento. «Estos significa una instalación masiva de bombeos y de baterías; se podrían usar acumuladores en todas las casas, que costarían 3.000 euros por vivienda», indicó Araluce. A su juicio, el debate actual debería ser sobre «cuánto acotar el periodo de vida de las nucleares» pero no su desmantelamiento porque, según estima, no se podría cumplir con la demanda de energía de los españoles.

Con este último planteamiento coincide el portavoz del Movimiento Ibérico Antinuclear, Francisco Castejón, que ha reconocido que no se podrían desmantelar las energías nucleares inmediatamente porque, ahora mismo, la sustitución se realizaría con gas y carbón, energías muy contaminantes. Por ello plantea a las autoridades «un calendario de cierre aceptable» que se trabaje entre todos los actores, expertos y políticos, con el fin de que el desmantelamiento de nucleares se realice con la seguridad de que hay una energía renovable preparada para cubrir la demanda.

En este sentido, Castejón criticó que durante años se hayan hecho grandes inversiones en renovables en España y ahora parezca que se «hayan olvidado» de este sector. Además, pidió la derogación del conocido como impuesto al Sol y ha recordado a las autoridades que los costes de las fotovoltaicas «no son los mismos que hace 10 años» y ha asegurado que esta energía «puede competir en el mercado energético actual sin problemas». En referencia al gasto comentado por Araluce en baterías y bombeos, Castejón destacó la existencia de «nuevas tecnologías de almacenamiento» y de baterías más modernas que «no son el futuro, sino el presente».

También participó el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento de Portugal, Pedro Soares, en la que es su segunda visita al Congreso en lo que va de año. El país vecino se encuentra inmerso en el debate nuclear, pero no por lo que ocurre dentro de sus fronteras, sino por la construcción del Almacén nuclear Temporal Individual (ATI) que se va a construir en la central nuclear de Almaraz (Cáceres), a 140 kilómetros de la frontera portuguesa y en las cercanías del Tajo, que abastece de agua a una parte del país.

Soares expresó la preocupación que existe por el posible alargamiento de la vida útil de Almaraz y ha destacado que los ciudadanos portugueses «no quieren producción eléctrica a partir de energía nuclear por razones económicas y por estrategia energética. «Existe la percepción de que la energía nuclear no es segura, no es inagotable y no es medioambientalmente responsable«, señaló Soares, para explicar que el 53% de la energía producida en el país vecino es de origen renovable. Además, se han comprometido a que este porcentaje suba al 60% en 2020 y a eliminar toda energía de origen fósil en 2050.

El Movimiento Ibérico Antinuclear reclama el cierre de Cofrentes cuando caduque su permiso de explotación en 2021

Europa Press.- El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), que agrupa alrededor de 80 asociaciones, sindicatos y entidades de España y Portugal, ha reclamado el cierre de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) «cuando caduque su permiso de explotación” en 2021. De este modo, se da tiempo para «desarrollar las energías renovables y aplicar medidas de eficiencia energética», se mantiene la «estabilidad de la red» y «sus propietarios no tienen derecho a reclamar lucro cesante«, según ha argumentado el coordinador del MIA, Paco Castejón.

Castejón considera que estamos en un «momento clave» para el futuro energético de España desde el punto de vista del diseño del modelo energético, dado que de 2020 a 2024 se van a revisar los permisos nucleares de las centrales españolas. En la actualidad, ha señalado, se opta por un mix entre la energía nuclear y las renovables, lo que a su entender es «un verdadero freno para las renovables» y se prolonga el funcionamiento de las centrales porque generan «un millón de beneficios diarios».

El «problema», alerta, es que «pasan los años y se vuelven más inseguras», ya que «se degradan, y presentan «problemas de corrosión». Eso ocurre, ha explicado Castejón, porque los sistemas están diseñados para 40 años y luego no se sabe cómo se van a comportar». Así, ha insistido en su petición de cierre progresivo de las centrales por cuestiones de seguridad, por los residuos radioactivos que generan, cuyo «volumen se ha incrementado un 50% y no saben qué hacer con ellos», y por el «freno que suponen para el desarrollo de un nuevo modelo energético».

El coordinador del MIA ha asegurado que Cofrentes «tiene una historia negra de incidentes». Ya en los años 90 hay «inestabilidades térmicas», ha relatado, que duplican la potencia y «fisuras de elementos combustibles que entran en el agua y se contamina y sale de la contención y se pasea por toda la central». Además, ha advertido, la metodología para los cálculos sísmicos que se hicieron cuando se construyó la central nuclear «está caducada» y actualmente el Organismo Internacional de la Energía Atómica ha sacado unos nuevos métodos de cálculo de terremotos que Cofrentes «no cumple«.

Según Paco Castejón, «las centrales no son necesarias porque hay suficiente potencia instalada para sustituirlas sin problema». En este sentido, recordó que en España hay instalados actualmente un total de 108.000 megavatios (MW) entre todos los tipos de energía, de los cuales 7.400 MW son de energía nuclear. Sin embargo, la máxima demanda que se ha alcanzado es de 45.000 MW, de modo que queda una potencia de 63.000 MW que no se usa, ha subrayado. Tanto es así que «mañana se puede prescindir de las centrales nucleares sin problema de garantía de suministro», sentenció.

Además, hizo hincapié en que en estos momentos «estamos pagando el kilovatio/hora nuclear a precio de gas». Según indicó, a las centrales les cuesta 1,05 céntimos producirlo antes de impuestos, mientras en el mercado marginalista se paga a 5,5 céntimos, según el promedio de 2015, y después «el ciudadano tiene que pagar además el impuesto de electricidad, el IVA y los peajes de transporte, distribución y las diferentes primas», añadió.

A su entender, el margen de beneficio es «insensato» y es el «verdadero motivo de prolongar la vida de las centrales nucleares». De hecho, ha asegurado que el Gobierno «miente» cuando dice que sustituir la energía de las centrales nucleares costaría «un 25% más» en la factura del consumidor. Según ha calculado el MIA, supondría «no más del 5%» de incremento en la factura. Por último, ha censurado lo que considera un «problema político y de democracia» y ha criticado que pese a que «la mayoría de la ciudadanía y del parlamento son anti-nucleares», el Gobierno, al cual ha calificado de «pro-nuclear», no pregunta sobre esta cuestión a la sociedad.

Varias organizaciones ecologistas recurren el ATI de Almaraz porque no se consultó con Portugal, de acuerdo con la normativa internacional

Redacción / Agencias.- Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear, entre otras organizaciones, presentaron un recurso contra la decisión del Ministerio de Energía de autorizar un Almacén Temporal Individualizado (ATI) en la central nuclear de Almaraz (Cáceres) al considera que esta medida es «ilegal» por no haber sido consultado el Gobierno de Portugal. A juicio de las organizaciones, esta consulta es “preceptiva de acuerdo con varios tratados internacionales y directivas europeas” además de que el país vecino se interesó por este asunto.

El portavoz de la campaña nuclear de Ecologistas en Acción y coordinador del Movimiento Ibérico Antinuclear, Francisco Castejón, ha recordado que España ha firmado los convenios de Espoo y de Aarhus así como el Protocolo de Kiev, según los cuales se debe tener en cuenta el «posible impacto transfronterizo» de cualquier instalación o infraestructuras y, en particular de almacenamientos nucleares que se construyan en Europa. Por ello, advierte de que si el recurso de alzada no fuera atendido por el Ministerio, las organizaciones ecologistas recurrirían a los tribunales ordinarios y presentarían un recurso contencioso administrativo.

Estos tratados instan a informar a los países terceros afectados y a tener en cuenta las alegaciones cuando se solicite. Además, ha añadido que varias directivas de la Unión Europea «insisten en lo mismo», que es preciso tener en cuenta el posible impacto transfronterizo de las instalaciones e informar a los países vecinos cuando sean afectados o, simplemente, cuando lo soliciten. En todos los convenios se hace mención explícita a la construcción de un ATI.

En este contexto, recuerda que Portugal se ha dirigido «al menos dos veces» al Gobierno de España para interesarse y pedir información sobre el ATI de Almaraz en septiembre y octubre porque podría tener afecciones transfronterizas. Sin embargo, lamenta que a pesar de que el Ejecutivo luso cumplió de sobra con el trámite de mostrarse como parte interesada, España no remitió la información preceptiva a Portugal ni se dirigió a él para que presentara alegaciones al Estudio de Impacto Ambiental e hiciera público el procedimiento para facilitar que la ciudadanía portuguesa también pudiera presentar alegaciones.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) en el que se publica la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva al ATI no hizo referencia alguna a las hipotéticas respuestas y contactos con el Ejecutivo portugués, mientras sí se detallan las respuestas que se enviaron a las organizaciones e instituciones que alegaron. Las ONG denuncian que el ATI supone «una serie de afecciones ambientales» que violan varios artículos de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Por eso, el Movimiento Ibérico Antinuclear presentó recurso de alzada ante el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital contra la autorización final y contra la DIA, aduciendo que el procedimiento está “viciado de origen” y solicitando que se paralice el proceso.

«Ignorar a las autoridades portuguesas que, a su vez, habrían extendido la documentación a la ciudadanía y a las organizaciones portuguesas interesadas para que pudieran alegar es un hecho lo suficiente grave como para invalidar el proceso. Asimismo, muestra el talante prepotente de los propietarios de Almaraz, que ya dan por segura la continuidad de la central», comentó Francisco Castejón.

Podemos exige cerrar en 2020

Por su parte, Podemos Extremadura ha exigido el cierre de Almaraz en 2020 y confía en que el Gobierno impulse un plan económico y laboral alternativo para la comarca de Campo Arañuelo. Su diputada autonómica Jara Romero ha tendido la mano a Portugal para «continuar exigiendo el cierre de Almaraz y apostar conjuntamente por el desarrollo de energías renovables a ambos lados de La Raya» tras participar en Portugal en las Jornadas Parlamentarias organizadas por el Grupo Parlamentario los Verdes del país luso. En ellas se abordaron «la amenaza y los riesgos derivados de la central nuclear de Almaraz», así como «el impacto que supondría para ambos lados la construcción del ATI en la central».

En concreto, tuvo lugar una mesa redonda con representantes políticos de España y Portugal, para contribuir a realizar aportaciones «ante la preocupación común existente en relación al posible alargamiento de vida de la central nuclear de Almaraz». Del mismo modo, se habló de la situación actual del ATI y de la petición de la declaración de impacto medioambiental transfronteriza elevada por el Gobierno portugués a Bruselas, así como otras iniciativas «para ejercer presión ante la instalación prevista de este ATI».

La parlamentaria extremeña ha trasladado el rechazo de Podemos a las políticas energéticas del Gobierno y que se haya previsto la construcción del ATI «sin tener en cuenta a Portugal y sin tramitar la declaración de impacto medioambiental transfronteriza», según recoge Podemos. Ha recordado las iniciativas parlamentarias y los actos secundados por Podemos Extremadura en relación a la central nuclear y el ATI, al tiempo que ha lamentado que el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear no compareciese en la Asamblea de Extremadura para dar cuenta de los «incidentes» registrados en Almaraz, como solicitaron. Podemos exige un calendario para el cierre de Almaraz, «petición a la que se niega el Gobierno de España«, indicó Jara.

Este almacén ATI causa «preocupación» en Podemos Extremadura y el Grupo Los Verdes de Portugal, al igual que entre colectivos antinucleares de ambas zonas, al no incluirse en el proyecto de construcción el compromiso de cierre de la central para 2020. Esta iniciativa portuguesa supone «otro paso más en las actuaciones acordadas a nivel transfronterizo para reclamar el cierre de Almaraz, una central obsoleta y cuya vida podría quedar prolongada tras la construcción del ATI».

En este sentido, Podemos estará presente este fin de semana en el encuentro antinuclear, organizado por el Movimiento Ibérico Antinuclear en Lisboa, con la presencia de movimientos ecologistas y organizaciones políticas de Portugal. A la audiencia pública de estas jornadas asistieron diferentes representantes de la sociedad civil, desde alcaldes de la comarca, hasta bomberos, protección civil, sanitarios, educadores, así como movimientos antinucleares y plataformas ecologistas.

Unas 1.500 personas de España y Portugal piden el cierre de Almaraz

EFE.- Unas 1.500 personas de España y Portugal reivindicaron el cierre de la central nuclear de Almaraz, en una jornada en la que participaron 40 organizaciones del Movimiento Ibérico Antinuclear y representantes del Bloco de Esquerdas, presente en el gobierno luso y eurodiputados de Podemos e Izquierda Unida. Bajo los gritos de «Chernóbil, Almaraz, Fukushima nunca más», proclamaron un manifiesto para pedir el cierre de la central nuclear de Almaraz en 2020 y que no se amplíe su vida.

El diputado de la Asamblea de la República de Portugal, Pedro Soares, que ocupa el cargo de presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio, Descentralización y Desarrollo local en el parlamento de Portugal, señaló que «el gobierno de Portugal ha aprobado por unanimidad una moción para pedir al Gobierno español que cierre Almaraz lo antes posible». Para el diputado portugués, «en el caso de que ocurriese un accidente, afectaría también a Portugal y el Tajo sería su vehículo, por lo que es un problema de ambos países».

El eurodiputado de Podemos, Xabier Benito, fue más allá e indicó que «es un problema europeo». También aseguró que «en Europa se está avanzando en política antinuclear y España no se puede quedar atrás». Así indicó que, a raíz de Fukushima, Alemania tiene previsto cerrar todas sus centrales nucleares en el 2022 y en Austria se prohibieron en la Constitución.

Por su parte, el eurodiputado de Izquierda Unida, Javier Couso, ha destacado la importancia de que «dos países que muchas veces han estado de espaldas se unan para defender el río y las energías limpias». A este respecto indicó que «el futuro de los territorios vinculados a las nucleares pasa por cambiar el modelo de producción y apostar por las energías renovables; en Extremadura por suerte cuentan con mucho sol«.

Una de las coordinadoras del Movimiento Ibérico Antinuclear, Paca Blanco, resaltó que la central «ya ha superado su vida útil con más de 30 años y tras una primera ampliación hay que impedir una segunda». Por ello ha pedido que «el reactor 1 se cierre en 2020 y el reactor 2 en 2021 para dejar de correr riesgos innecesarios«. Blanco indicó que cuenta con un informe del físico nuclear Francisco Castejón que avala el cierre y ha incidido en que «el cierre no supondrá pérdida de riqueza para la zona».

La comarca del Campo Arañuelo, a pesar de contar con la central nuclear, «es una de las más pobres de la región y con más paro», destacó. «Las energías renovables son suficientes para mantener el suministro y sólo se está favoreciendo a las compañías eléctricas con el mantenimiento de Almaraz», según el Movimiento Ibérico Antinuclear. Entre las organizaciones que acudieron agrupadas en el Movimiento Ibérico Antinuclear han asistido entre otras PAN (Personas-Animales-Naturaleza), PEV (Partido Ecologista los Verdes), Anticapitalistas, ProTejo, Ecologistas en Acción, Adenex, Greenpeace y Equo, así como Podemos, IU, Pacma, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, CGT y CNT.