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La Unión Europea autoriza la financiación de 578 millones de euros para el proyecto de interconexión energética entre Francia y España a través del Golfo de Vizcaya

Europa Press. – Los Gobiernos de España, Portugal y Francia, en conjunto con la Unión Europea, han firmado en Lisboa el acuerdo de financiación del proyecto de interconexión energética entre Francia y la Península Ibérica a través del Golfo de Vizcaya, que se traducirá en una línea de crédito de 578 millones de euros.

Así, la Unión Europa, a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI), ha dado el visto bueno a la línea de crédito para desarrollar la conexión energética entre Francia y España. El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ha explicado que esta financiación es la «mayor subvención» dada a un proyecto energético por la UE. El nivel de interconexión actual, según ha recordado Cañete, es del 6%, por debajo del objetivo del 10% planteado por Bruselas para 2020. Cuando se complete este proyecto, se llegará a ese objetivo, pero no ocurrirá hasta 2025

Los presidentes de ambos países han mostrado su satisfacción ante este acuerdo. Por un lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que España, Francia y Portugal tienen «visiones muy parecidas» sobre los desafíos del conjunto de la UE, entre los que están las «interconexiones energéticas». De4l mismo modo, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha destacado a este respecto que la reducción del uso del carbón es la «hoja de ruta» para tener un «mejor» precio de la electricidad, así como para «asegurar» un precio más estable al «transformar» el ‘mix’ eléctrico.

La patronal Protermosolar pide una subasta específica para hacer plantas termosolares y acabar con las nucleares y las térmicas

Europa Press / EFE.- La patronal de la industria termosolar Protermosolar reclama la convocatoria de subastas de 1.000 megavatios (MW) para relanzar la instalación de nuevas centrales termosolares, ya que permitirían prescindir de las nucleares y el carbón y a un precio menor que los barajados en varios estudios. En este sentido, proyecta un escenario de sistema eléctrico para 2030 con un 85,6% de generación renovable y a un coste de menos de 5 céntimos de euro por kilovatio/hora (kWh).

El presidente de Protermosolar, Luis Crespo, presentó el informe Transición del Sector Eléctrico Horizonte 2030, en el que han reflejado el efecto que tendría para cumplir los objetivos medioambientales de 2030 la introducción de más energía termosolar, una fuente que considera que ha sido olvidada en otros informes que se hacen sobre transición energética, incluido el del Comité de Expertos para la Ley de Transición Energética y Cambio Climático (CdE). De hecho, el porcentaje de generación renovable proyectado por la asociación supera ampliamente el 62,1% sugerido por la CdE, con una reducción del 82% de vertidos (hasta los 830 GWh) y del 60% de emisiones de CO2 (hasta los 4,99 millones de toneladas) respecto a lo propuesto por dicha comisión.

Crespo ha explicado que las instalaciones termosolares tiene la ventaja de que pueden recoger la energía del sol, almacenarla y entregarla cuando se necesite, y que las centrales termosolares del futuro se podrían hacer más grandes para que tuvieran 9 horas de almacenamiento y que el despacho de la energía se hiciera a partir del que el sol se pone.

Según Crespo, habría que hacer otro tipo de subastas, pues las subastas neutras comparando exclusivamente costes de generación no entienden de ese tipo de diferencias, por lo que Promotermosolar pide que se haga una subasta de 1.000 MW con el perfil de despacho descrito y otra de 100 MW para demostrar el concepto de hibridación con turbinas de gas de ciclo abierto. En el informe de Protermosolar, los47 gigavatios (GW) de energía fotovoltaica que contempla el Comité de Expertos de Transición Energética para 2030 se reparten en un mix (diferentes fuentes de energía) en el que habría 25 GW de energía fotovoltaica y 20 GW de termosolar. Se contemplan 33 GW de eólica y 5 GW de otras renovables.

Además, Protermosolar reduce de 25 GW que fija el informe de los expertos a 16 GW la representación de los ciclos combinados a gas en el mix de 2030 y elimina totalmente la nuclear y el carbón para atender a la misma demanda prevista que contempla para esa fecha el comité de expertos, que es de 296 teravatios hora (TWh). Según Crespo, ese mix desmonta toda la necesidad de respaldo a las renovables que contempló la Comisión de Expertos en su informe, pues con el despacho de termosolar a partir de la puesta de sol se abastece la misma demanda. Asimismo, las energías renovables alcanzarían una penetración en la demanda energética del 34%, cumpliendo los objetivos de la Unión Europea.

Protermosolar también contempla importar algo de energía, un 4,5% del mix aproximadamente, porque eso es más barato que generar con ciclos combinados y su presidente ha recordado que en cuatro años sólo se han necesitado 16 gigavatios (GW) de potencia máxima de respaldo de ciclos combinados y en momentos muy puntuales. Además, ha recordado que se han pagado 10.000 millones de euros por contratos de interrumpibilidad que no se han utilizado y «eso es también déficit y no sólo las renovables». También ha explicado que el coste sería inferior, pues si se hicieran entre 17 y 18 gigavatios (GW) de termosolar en España el precio sería de 5,5 céntimos de euro el kilovatio hora (KWh).

Crespo ha pedido al nuevo Gobierno que estabilice la retribución de las instalaciones actuales en el 7,4% que perciben, frente a la «amenaza» del anterior Ejecutivo que quería revisarla para rebajarla al 4,2% «ya que no se puede construir el futuro sobre las cenizas del sector», señala. También calificó de «pesadilla» lo vivido con el Gobierno anterior, primero con la moratoria a las renovables y luego con la modificación de su retribución, que ha recordado que ha convertido al sector español en constructor de plantas en lugar de ser dueño.

El informe también especifica la estimación razonable de la media de costes a los que resultaría la generación eléctrica tras las sucesivas subastas por tecnologías durante la próxima década: eólica 4 céntimos de euro/kWh, fotovoltaica 3,5 centimos/kWh, termosolar 5,5 céntimos/kWh, biomasa 6 céntimos/kWh, turbinación por bombeo 2,5 céntimos/kWh, hidráulica 2 céntimos/kWh, residuos no renovables 8 céntimos/kWh, cogeneración 7 céntimos/kWh, ciclo combinado 7,4 céntimos/kWh, importaciones 6 céntimos/kWh y exportaciones 4 céntimos/kWh.

Por lo tanto, la media de costes de generación, de acuerdo a las producciones de cada tecnología, se situaría en el entorno de 4,9 céntimos/kWh y la generación a partir de viento y sol representaría el 65% de la generación total, mientras que el resto dependería de la cogeneración (11%), biomasa y biogás (9%), que elevarían ligeramente el precio del mix, e hidráulica (12%) que reduciría el precio al valor medio de sol y viento.

«El recorte retributivo nos cortó alas para ser promotores en el exterior», ha añadido el presidente de Protermosolar, cuyo informe señala que las inversiones termosolares contribuirían a un incremento de 62.000 millones de euros (3,5 millones de euros/MW para 17,7 GW) del PIB en la fase de construcción y de 5.000 millones de euros (0,25 millones euros/MW para 20 GW) en la de operación. Además, generarían 88.550 puestos de trabajo al año durante la construcción y 1.770 empleos directos adicionales al año en la fase de operación. A partir de 2030, el parque termosolar en operación tendría 20.000 empleos permanentes.

Este estudio es una propuesta alternativa al informe de la comisión de expertos y no se basa en modelos informáticos sino en la proyección realizada a partir de datos horarios de generación reales en años pasados del mix propuesto, «por lo que sus resultados se corresponden con una comprobación real de un mix de renovables optimizado identificando la potencia real de respaldo que le faltaría y llegando a la conclusión de que sobrarían el carbón, las nucleares y parte del parque actual de ciclos combinados».

Ribera dice que buscará «soluciones justas» para las regiones del carbón mientras Castilla y León cuestiona tal concepto de justicia

EFE / Europa Press.- La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, confía en dialogar con la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para ponerse de acuerdo en lo que se considera como una «transición energética justa» después de que Ribera insistiera en su intención de que España se aleje del carbón como fuente de energía, para lo que aseguró que el Gobierno buscará «soluciones justas» para la reconversión de la estructura productiva de las regiones afectadas.

«Confío en que podamos encontrar soluciones justas y que podamos reforzar el mensaje de que estamos con la gente, de que no hay ningún tipo de conflicto, y que con esas regiones que hoy se sienten preocupadas, inquietas, al revés, tenemos que ponernos manos a la obra generando oportunidades para las personas«, afirmó la ministra. Ribera se expresó en ese sentido en el marco de un consejo de ministros de la Unión Europea sobre Energía. «Es muy importante entender que no es posible facilitar un cambio, modernizar la política energética, obviando a las comarcas y a las personas más afectadas por ese cambio», señaló Ribera.

Además, Ribera destacó que «España está de vuelta» en la Unión Europea a través del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, así como que el Ejecutivo socialista quiera «contribuir» a que el bloque comunitario responda «de manera positiva» a sus desafíos. «El mensaje más importante es: España está de vuelta. España es un actor fundamental en la construcción europea, es un actor de progreso. Entiende que en este mundo completo e interdependiente en el que vivimos, posicionar a Europa de manera progresista y sólida, construyendo confianza entre sus ciudadanos pero también fuera de los límites europeos sobre un modelo económico social y ambiental para el siglo XXI, es capital», ha afirmado.

«Queremos contribuir en este año tan crítico para Europa a responder a los desafíos que tenemos por delante», afirmó la ministra, que añadió que «el Gobierno está comprometido con la gente, con las comarcas». «La transición justa debe de formar parte de ese proceso», agregó la ministra, quien aseguró que abogará por «la generación de empleo» y pedirá «el respaldo de una sociedad solidaria a un proceso de cambio que conlleva la generación de nuevos empleos, de nueva riqueza y de nuevos procesos industriales«. Ribera, que lamentó el «tiempo perdido» en el pasado para acelerar ese proceso, insistió en que esa transición «requiere de una participación de los directamente afectados».

¿Qué es una transición justa?

Castilla y León acepta el concepto de transición justa pero Del Olmo sostiene que habrá que ver que entiende cada parte al respecto. Asimismo, ha defendido que Castilla y León tiene una gran cantidad de energía a través de renovables, más de la que necesita, por lo que no ha admitido que el carbón sea el problema de contaminación en el país, donde hay «muchos coches y otras cosas». Asimismo, la portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha reclamado de la nueva ministra de Transición Energética que decida qué porcentaje va a otorgar al carbón en el «mix» energético nacional y el papel en la estrategia nacional que se va a conceder a las plantas térmicas.

Nadal avisa de que cambiar la energía nuclear por el gas natural eleva los costes y la contaminación

EFE.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha advertido de que sustituir la energía nuclear por gas supondría una mayor contaminación y un incremento de los costes, y ha asegurado que «hoy por hoy la tecnología no permite» sustituirla por renovables. En este sentido, Nadal ha recordado que el gas emite CO2, por lo que tiene incidencia medioambiental, e indicó que cerrar las plantas nucleares y sustituirlas por térmicas no sería una buena opción.

El ministro ha destacado que la energía nuclear produce «de continuo», es decir, 24 horas, 7 días a la semana, algo que ninguna renovable puede garantizar, por lo que no entiende que haya partidos que piden que España no tenga energía nuclear a partir de 2020. En este sentido, ha pedido un debate «tranquilo» y «de verdad» y no una «reflexión dogmática». “Suprimir la energía nuclear supondría un incremento de un 25% del coste», resaltó Nadal, que señaló que «la única ventaja es que desaparece el riesgo de accidente nuclear».

El ministro ha abogado por ir de la mano del resto de países europeos en la revolución energética, cambiando el modelo hacia uno menos emisor, lo cual «hay que hacerlo con cuidado, para no aumentar los costes». Ha criticado que se vaya «demasiado deprisa» como, a su juicio, ocurrió entre 2007 y 2009, cuando «en España se instaló la mitad de las renovables del mundo».

Carbunión subraya que los expertos defienden la continuidad del carbón, al menos hasta 2030, mientras Endesa reivindica a las térmicas

EFE.- Endesa ha emprendido una campaña para alertar contra lo que considera «falsos mitos» en torno al sector energético y el medio ambiente, negando que las centrales térmicas sean el origen de la mayor contaminación. Por su parte, la patronal del carbón, Carbunión, considera que el informe de los expertos sobre transición energética «deja la puerta abierta para la continuidad del carbón», ya que la generación termoeléctrica con este mineral seguirá necesitándose como respaldo a las renovables al menos hasta 2030.

Carbunión considera que el informe plantea el mantenimiento de las centrales térmicas de carbón en el mix de generación como respaldo imprescindible a las energías renovables. Además, la patronal del carbón ha recordado que la generación con carbón puede suponer un freno al encarecimiento de la factura eléctrica que se produciría utilizando otras fuentes como el gas natural. En este sentido, Carbunión indicó que el informe cifra ese encarecimiento entre un 14% y un 30%, en función del escenario escogido.

Además, Carbunión ha señalado que el cierre de las térmicas de carbón supondría nuevas inversiones en otro tipo de centrales de respaldo y defiende dar utilidad al carbón autóctono producido en España frente a incrementar las importaciones de gas. Sin embargo, en el escenario base del informe sobre transición energética, el carbón desaparece casi por completo para 2030, al resultar inviable con los precios que tendrán las emisiones de CO2.

El «falso mito» del carbón

En esa primera entrega de la campaña para alertar contra lo que considera «falsos mitos» en torno al sector de la energía y el medio ambiente, Endesa trata de desterrar la idea de que el carbón es el principal agente contaminante que provoca el cambio climático: «No culpes sólo al carbón, tu coche y otros mil millones contaminan mucho más», reivindica el texto. Un spot complementa el mensaje de Endesa, propietaria de varias centrales térmicas.

Los protagonistas del anuncio conversan sobre cómo desplazarse a un cine cercano. Ante la propuesta de ir en coche, surge la opción de ir andando. Uno de los jóvenes contesta: «primero que cierren las centrales de carbón, que está demostrado que el carbón es lo que más contamina», frase que es señalada como un “falso mito”. Tras esta conversación, el spot concluye con un gráfico en el que Endesa tacha la afirmación de que «el carbón es el principal responsable del cambio climático» y añade que «el transporte tradicional en España supone el 40% de las emisiones contaminantes», mientras que las centrales térmicas «el 14%».

La empresa sostiene que «aunque es frecuente escuchar que las centrales térmicas de carbón son las responsables del cambio climático, la Agencia Europea de Medio Ambiente ya dictaminó que el transporte era el sector más contaminante». «Ojo, nadie duda de la necesidad de descarbonizar la economía y de que el carbón tendrá que dejar de utilizarse… pero pongamos cada problema en su sitio», concluye Endesa.

Acogen destaca que los expertos elevan hasta el 12% el papel de la cogeneración en el mix eléctrico de 2030

EFE / Europa Press.- La Asociación Española de Cogeneración (Acogen) considera “positivo” el informe de la comisión de expertos sobre transición energética y cree que sus escenarios de análisis y propuestas «deberían constituir la base sobre la que alcanzar acuerdos de España para la descarbonización del país». En este sentido destacan que no sólo mantienen la contribución actual de la cogeneración al mix (diferentes fuentes de energía que cubren el suministro de electricidad), sino que se potencia para 2030.

Acogen destaca que en todos los escenarios energéticos de futuro, analizados en el informe, la contribución de la cogeneración, por la que se obtiene simultáneamente energía eléctrica y térmica, se mantiene y para 2030 se potencia hasta alcanzar el 12% de la generación de electricidad del país. Acogen señala que los expertos reconocen que la cogeneración, al tratarse de generación distribuida que aporta al sistema reducciones de pérdidas de energía y de inversiones en infraestructura, es beneficiosa para el futuro.

Acogen ha recordado que un 50% de las instalaciones en funcionamiento, unas 304 plantas, alcanzarán el final de su vida útil regulada entre este año y 2025, como ha advertido el comité de expertos, que ha destacado “la oportunidad de invertir en la renovación y promoción de nuevas instalaciones para impulsar con cogeneración la transición energética de las industrias”. Según la asociación, la mitad de los cogeneradores, que suman unos 2.700 megavatios (MW) de potencia, esperan una reglamentación que permita seguir operando sus cogeneraciones, prestar sus servicios a las industrias vinculadas a éstas y mantener las aportaciones a los consumidores.

Acogen señaló que el final de la vida útil regulada de las cogeneraciones amenaza a industrias nacionales muy relevantes que requieren un marco de continuidad con certidumbre y horizonte 2030. En este sentido, creen que apoyar un marco de continuidad de estas cogeneraciones estaría en consonancia con el papel que la Unión Europea otorga a la cogeneración para lograr los objetivos de eficiencia energética, reducción de emisiones y competitividad industrial.

Asimismo, Acogen señala que, para los expertos, la cogeneración «constituye una parte difícilmente disociable del proceso de fabricación que permite a la empresa incrementar la eficiencia en la utilización de los recursos energéticos y al sistema eléctrico descentralizar el suministro». Acogen indicó que el informe de la comisión recomienda impulsar la generación distribuida (generar electricidad a través de puntos cercanos a los de consumo), con la cogeneración y renovables térmicas como clave para la transición energética del sector industrial, incorporando las tecnologías más eficientes y destacando el potencial de desarrollo de nuevas plantas de cogeneración.

En España funcionan más de 600 industrias intensivas en consumo de calor de sectores como el alimentario, químico, papel, textil, refino, azulejero y automóvil, entre otros, que fabrican el 20% del PIB industrial nacional y que exportan la mitad de lo que producen. La cogeneración genera el 11% de la electricidad nacional, utilizando el 25% de la demanda de gas y el 5% del consumo eléctrico del país. Proporciona un ahorro anual de energía del 1,5% y de hasta 8 millones de toneladas de emisiones de CO2, además de tener efectos positivos sobre el pool eléctrico, cuyo precio reduce entre un 10% y el 15%.

Transportistas y fiscalidad del diésel

Por su parte, la Asociación de Transporte Internacional por Carretera (Astic) ha alertado que aumentar un 28% los impuestos al diésel, como sugiere el informe presentado por los expertos, tendría un reflejo «inmediato» en el coste final del transporte, lo que podría perjudicar a las empresas exportadoras españolas y encarecer las importaciones. En este sentido, el director general de la patronal, Ramón Valdivia, recuerda que el 65% de las exportaciones españolas tienen como destino la Unión Europea y estas son, en su mayoría, por carretera, por lo que gravar «aún más» los carburantes supondría aumentar los costes de este transporte.

Según los datos que maneja Astic, el sector soporta alrededor de 10.000 millones de euros al año entre impuestos generales y específicos, cargas sociales y otros gravámenes, un importe que supone el 60% del coste total de un viaje internacional. En concreto, los impuestos al combustible ascienden a 3.000 millones de euros, algo que, unido a la propia actividad del sector, aporta más del 4,5% del Producto Interior Bruto (PIB) español, al mismo tiempo que «sustenta» más de 850.000 puestos de trabajo vinculados al transporte y logística. Valdivia señaló que un 30% de los costes fiscales del sector ya están ligados al combustible, en especial el vinculado al Impuesto Especial de Hidrocarburos, que supone el 25% de la factura tributaria.

«El sector soporta ya una gran carga impositiva», añadió Valdivia, «y siempre que se necesita aumentar la recaudación se vuelve la vista hacia la carretera con cualquier excusa». La comisión de expertos propone un encarecimiento del gas y de los derivados del petróleo, especialmente del gasóleo, que subiría un 28,6%, frente a un alza inferior al 2% en la gasolina, a la vez que abogó por abaratar el precio de la electricidad en casi un 7% para el consumidor doméstico.

La primera central nuclear de Turquía ya está siendo construida por Rusia y empezará a operar en 2023

EFE.– Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, inauguraron oficialmente las obras de la primera central nuclear turca, que se prevé que entre en funcionamiento a partir de 2023. Ambos mandatarios ofrecieron sendos discursos de inauguración durante su encuentro en Ankara, sin desplazarse a las obras de la central de Akkuyu, iniciadas de hecho hace varios meses en la provincia mediterránea de Mersin.

La labor de ingeniería de esta planta está en manos de la empresa rusa Rosatom, aunque el acuerdo preliminar estipula que el 40% de la construcción podría ser realizada por compañías turcas, si bien aún no se ha llegado a un acuerdo con ninguna firma. «Haremos lo que podamos y hemos acordado con Erdogan activar la primera unidad en 2023, centenario de la República de Turquía», apuntó Putin. «Es un paso nuevo en el desarrollo económico de Turquía. Nuestro proyecto será respetuoso con el medioambiente. Producirá energía barata y limpia. Proporcionará a Turquía el 10% de su electricidad», agregó Putin.

Por su parte, Erdogan recordó el «gran progreso en las relaciones bilaterales» en los últimos 15 años y, a modo de ejemplo, citó el TurkStream, el gasoducto que se está construyendo a través del mar Negro para llevar gas ruso a Turquía y a Europa. «Nuestro objetivo es convertirnos en una de las 10 mayores economías del mundo en 2023 y, para ello, necesitamos energía», indicó Erdogan. Tras los discursos, apretaron un botón con el que dieron comienzo los fuegos artificiales sobre Akkuyu. La central, que contará con 4 reactores, ha generado las protestas de movimientos ecologistas turcos, que han alertado de que el proyecto se sitúa sobre una falla geológica que produce frecuentes terremotos.

La comisión de expertos propone subir un 28,6% el gasóleo, un 5,8% el gas y bajar un 6,8% la luz

Europa Press.- La Comisión de Expertos sobre escenarios para la Transición Energética apuesta por un encarecimiento del gas del 5,8% y también de los derivados del petróleo, especialmente del gasóleo, que subiría un 28,6%, frente a un alza del 1,8% en la gasolina, a la vez que aboga por abaratar el precio de la electricidad en un 6,8% para el consumidor doméstico.

La comisión, que ha presentado las conclusiones de su trabajo al Gobierno, considera que estas modificaciones de precios son coherentes con la necesidad de electrificar la economía para avanzar hacia la descarbonización y son alcanzables a medio plazo de forma gradual. El documento, entregado por el presidente de la comisión, Jorge Sanz, al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha contado con un elevado nivel de consenso (11 votos a favor y 3 abstenciones), lo que puede convertirlo en un instrumento de referencia para la discusión de la futura legislación para la lucha contra el cambio climático.

El informe apunta a la fiscalidad como una de las herramientas claves para el cumplimiento de los objetivos comprometidos por España con la Unión Europea en materia de cambio climático. En concreto, propone sustituir los impuestos actuales por otros que internalicen los daños medioambientales bajo el axioma de que el que contamina, paga. El documento incluye 3 límites en la implantación de esta medida, como son evitar la deslocalización de la industria sometida a competencia internacional y los efectos negativos sobre otros colectivos sensibles, como agricultores y profesionales del transporte; evitar la pérdida de recaudación de las administraciones públicas y no elevar la presión fiscal.

Propone también sacar de la tarifa eléctrica la financiación de los sobrecostes de las renovables y repartirla entre todas las energías finales (electricidad, gas natural y derivados del petróleo). También sugiere que todos los vectores energéticos financien las infraestructuras necesarias para satisfacer el consumo energético (redes, para la electricidad y el gas, e infraestructuras viarias, en el caso de la gasolina y el gasóleo A).

En ausencia de una fiscalidad distorsionadora, España se convertiría en un exportador neto de electricidad a Francia «ya que la mayor penetración renovable en nuestro país permite un diferencial de precios eléctricos estructural a favor de España», explica Sanz, presidente de la comisión de expertos. El informe apunta a que el gas natural jugará un papel importante en 2030, pero su importancia se reducirá en 2050, año en el que la generación eléctrica girará exclusivamente en torno a instalaciones eólicas, fotovoltaicas, hidráulicas y el almacenamiento.

En lo que respecta a la generación eléctrica con carbón, el informe apunta a que con los precios de los combustibles del escenario central y el precio del CO2 de 50 euros por tonelada previsto en el mismo, la participación de esta tecnología en el mix eléctrico sería nula, por lo que prevé la desaparición del carbón en el mix eléctrico en el año 2030.

Mejor fijar pagos por capacidad

El informe también contempla la puesta en marcha de mecanismos de capacidad destinados a garantizar a las centrales eléctricas la recuperación de sus costes fijos y la posibilidad de hibernar centrales de generación «que, pudiendo ser redundantes actualmente, podrían necesitarse cuando se recupere la demanda de electricidad«. Esto podría ser una opción menos costosa para el consumidor que construir centrales nuevas dentro de unos años.

La comisión apunta también a una revisión de los peajes de acceso «para evitar que la electricidad siga siendo artificialmente cara» respecto de otras fuentes energéticas alternativas (gas natural y derivados del petróleo) y sea posible avanzar hacia la electrificación de la economía y, con ella, hacia una mayor penetración de las energías renovables. Según su análisis, el actual diseño de peajes incentiva ineficientemente el autoconsumo eléctrico, debido a que una parte importante de los costes fijos del sistema eléctrico se recupera a través del peaje variable de la electricidad. En consecuencia, los autoconsumidores dejan de contribuir a la financiación de dichos costes fijos, que habrán de ser soportados por los consumidores que no pueden instalar paneles en sus tejados.

«Ello supone una subvención implícita al autoconsumo que puede dar lugar a transferencias de renta regresivas, debido a la diferente capacidad adquisitiva entre los consumidores que pueden instalar paneles en sus tejados y los que no pueden, y a inversiones ineficientes, ya que la generación solar fotovoltaica es más eficiente hoy que la distribuida, gracias a las economías de escala», apunta Sanz. Por ello, la Comisión propone que se revisen los actuales peajes de acceso (fuente de la distorsión) y, al mismo tiempo, se suprima el actual peaje de respaldo.

Con respecto a las emisiones, los expertos destacan el alto grado de cumplimiento de los límites de emisiones referenciados a 2005 y el elevado grado de cumplimiento del objetivo de eficiencia energética. Sin embargo, respecto al objetivo de renovables, su cumplimiento dependerá del grado de electrificación de la economía que se alcance. «Por ello, es fundamental abordar de forma urgente la reforma de la fiscalidad ambiental en el sector energético y la reforma de los peajes de acceso, de manera que los agentes económicos respondan a las señales de precio correctas que permitan la electrificación de la economía», explica Sanz.

De no alcanzarse el suficiente grado de electrificación, será preciso impulsar medidas de eficiencia energética adicionales (por ejemplo, en aislamiento térmico de edificios) e incluso potenciar las renovables no eléctricas (solar térmica o biocarburantes) a pesar de que son más caras que las renovables eléctricas. Para alcanzar en 2050 un alto nivel de descarbonización, será necesaria la reconversión energética del parque de edificios, así como políticas públicas de apoyo al ahorro energético en la industria.

El informe recomienda igualmente considerar la extensión de la protección a los consumidores vulnerables al conjunto de suministros energéticos de los hogares, a través de un bono social energético, pero financiado desde los Presupuestos. También ve conveniente garantizar la protección efectiva frente al corte de suministro de todos los consumidores energéticos vulnerables (y no sólo a los severos), «siempre que se haga de forma que se prevengan comportamientos oportunistas», con la colaboración de todas las administraciones públicas competentes. Por último, la comisión propone contar con un Consejo para la Transición Energética y el Cambio Climático.

Nadal anuncia que el Gobierno propondrá regular por ley el cierre de centrales eléctricas y defiende la térmica de Andorra

Europa Press / EFE.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha anunciado que el grupo parlamentario del PP en el Congreso va a presentar una proposición de ley para regular el cierre de las centrales de generación eléctrica con una norma «de rango de ley» que evite “la tentación de algún gran operador de cerrar una central rentable para aumentar los precios”. El ministro ha confiado en el diálogo con los demás grupos parlamentarios para sacar adelante esta normativa.

Nadal ha señalado que el Gobierno ha emprendido una reforma laboral, financiera, energética y administrativa-tributaria, y ve “sorprendente que se le diga al Gobierno que no hay que hacer estas reformas, que hay que revertirlas», lo que considera un error, lamentando que no se proponen reformas alternativas, solamente «críticas». En materia energética, ha sostenido que es necesario reducir las emisiones de CO2 pero sin encarecer el precio de la energía, especialmente en un país como España «que no tiene grandes fuentes energéticas» y que necesita importar la energía que consume.

En la transición hacia las energías renovables y limpias, Nadal apuesta por «evitar correr demasiado», como cree que hizo el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que con «prisa» puso la ideología sobre el elemento práctico desarrollando renovables de forma previa al desarrollo total de estas tecnologías. “Pero tampoco quedarse atrás», matizó el ministro, “asumiendo los avances tecnológicos «sin precipitarse, para que el coste no acabe repercutiendo en el consumidor. No obstante, Nadal ha asegurado que las renovables van a ser el «centro» del sistema y que deberán incrementar su peso entre un 27% y un 35%, pero no pueden ser la energía «base» porque no son las que están siempre «sí o sí».

En este sentido, ha apostado por mantener el mix energético, en el que la nuclear, el gas y el carbón suponen un 20% cada una, dejando el resto a las renovables. Estas primeras son las únicas que pueden dar servicio en cualquier momento, especialmente en las «puntas», con la nuclear como la más barata, la que no lanza emisiones de CO2, pero que sí que genera residuos difíciles de eliminar; el carbón como la segunda más barata, aunque la más contaminante; y el gas, que es la más cara y emite CO2, si bien en menor medida que la anterior. En este punto, ve como inconveniente que la energía renovable no garantiza el suministro las 24 horas todos los días.

«El Gobierno quiere mantener el carbón, el gas y la nuclear mientras sean rentables», porque suprimir el carbón conllevaría un incremento de los precios de entre el 18% y el 25%, prescindir de la nuclear aumentaría entre un 13% y un 26% los precios y eliminar ambas incrementaría el recibo entre el 38% y el 65%. Por ello, para evitar que se cierren las centrales, el PP presentará en el Congreso una ley para regular el cierre de estas instalaciones, de modo que el cierre de las centrales sea «ordenado, en función de objetivos y garantizando la competencia y el precio». En todo caso, recordó que el PP cuenta con 135 diputados y para aprobar este texto «se necesitan 176».

La proposición de ley está concebida para recoger las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al decreto ya elaborado por el Gobierno, entre las que destaca la de dotar de rango de ley a la normativa. Está ahora, por tanto, a la espera de la posición del resto de grupos, porque «una cosa es predicar y otra, dar trigo», ha apuntado. Nadal ha defendido que, si el hipotético cierre de una central puede distorsionar el mercado, «se pueda parar».

Asimismo, considera que las centrales de carbón son «imprescindibles hasta que no haya cambios sustanciales en el mercado del gas» y ha asegurado que la térmica de Andorra es competitiva, eficiente y es «necesaria para el sistema», aunque ha admitido que Europa no está a favor de ofrecer ayudas directas a estas instalaciones y que su continuidad no depende exclusivamente del Gobierno. Ha advertido nuevamente de que si se cerrasen centrales como Andorra, Compostilla o las nucleares «habría subidas de precios más que sustanciales», apuntando que las centrales de carbón han asumido las puntas de consumo eléctrico y han permitido que no se encarezca más el recibo de la luz.

El ministro, que se encontraba en Zaragoza, ha asegurado que Aragón «se está convirtiendo en una potencia energética» tras las subastas de energías renovables. Asimismo, Nadal ha resaltado el cambio experimentado por España en las dos últimas generaciones, al pasar de ser un país «muy pobre» a situarse «en la media de Europa», y ha señalado que para que un país tenga éxito debe producir los bienes y servicios que otros quieren. Ha recordado, además, que tras la primera y segunda revolución industrial, ahora se está viviendo una tercera revolución energético-climática que consiste «en producir no más energía, sino mejor».

Satisfacción evidente en Izquierda Unida

Por su parte, la alcaldesa de Andorra (Teruel), Sofía Ciércoles (Izquierda Unida), ve el anuncio del ministro «gratificante» pero ha urgido al acuerdo porque «cada vez tenemos menos tiempo». En este sentido, Ciércoles se ha congratulado de que haya dicho que la central térmica de Andorra es «imprescindible», habida cuenta de que el carbón sigue siendo un factor «importantísimo» y «competitivo» y de que la planta es «eficiente» y tiene el suministro «a puerta». Por ello, se ha mostrado satisfecha por la apuesta por el carbón, que «sigue siendo de las energías más económicas», aunque falta que la proposición de ley que ha anunciado el ministro sea aceptada para evitar el cierre de la central.

No obstante, no ha obviado que la planta de Andorra está en una situación «crítica» ya que no ve que Enel o Endesa tome una decisión o que el Gobierno central haga una apuesta «decidida«. Por ello, considera «importante» esta intervención del ministro, al que ha instado a poner en marcha ya las medidas para evitar el cierre y, entretanto, se va trabajando por diversificar la economía y por una transición «justa» que evite el monocultivo actual en la zona.

La alcaldesa ha lamentado también que «la pelota se la van pasando de un tejado a otro», porque Madrid pone las medidas sobre la mesa, pero decide Bruselas. En ese sentido, ha insistido en que «si España lo tiene claro, lo que tiene que hacer es luchar para que así sea», dado que, además, todos los grupos tienen representantes en Bruselas para defender el carbón.

El carbón nacional vincula su futuro más allá de 2019 a la continuidad de las centrales térmicas

Europa Press / EFE.- El sector del carbón ha vinculado «directamente» su futuro más allá de 2019, fecha en la que está previsto el cierre de las minas o la permanencia de solamente aquellas viables mediante la devolución de las ayudas recibidas, a la continuidad de las centrales térmicas propiedad de las eléctricas. «Si las centrales de carbón no tienen la proyección suficiente para continuar, no tiene mucho sentido que sigamos con un combustible que no va a ser utilizado», afirmó el presidente de Carbunión, Pedro Iglesia.

Con el debate abierto respecto al futuro de las centrales de carbón, después de que Iberdrola haya pedido el cierre de sus plantas de Lada y Velilla y con la continuidad de otras centrales en el aire más allá de 2020, Iglesia señaló que el sector pide al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que retome la posibilidad de aplicar unos pagos por capacidad para la desnitrificación de las centrales térmicas que permitiría a las compañías abordar esas inversiones necesarias para alargar su futuro por encima de ese horizonte.

«Fue una iniciativa tomada desde la Secretaría de Estado de Energía en 2015, pero en la que la CNMC encontró problemas serios y en aquellos momentos se abandonó. Todos y cada uno de los días que hablamos con el Ministerio, gobiernos autonómicos o cualquier administración, lo solicitamos. No pedimos nada para nosotros, tenemos firmado que las ayudas se han acabado, pero creemos que se podrían establecer los mecanismos adecuados para que las centrales puedan seguir generando electricidad con carbón», apuntó.

Con la garantía de esta continuidad de las centrales, Carbunión considera que las empresas mineras podrían planificar su actividad productiva a partir de 2019, con el objetivo de aportar entre 4 y 6 millones de toneladas anuales de combustible autóctono. Actualmente sobreviven 8 empresas del sector en España, 2 menos que en 2016 y lejos de las 21 que existían en 2011. Las ayudas recibidas por el sector, que ya van tocando a su fin, superan los 520 millones de euros en estos 7 años, aunque se redujeron a apenas 25,7 millones de euros en 2016 y cayeron drásticamente en 2017 con 1,3 millones, que, además, según Iglesia, incluyen la ayuda de 10 euros por tonelada dada por el Ministerio.

Iglesia, que reconoció estar «expectante» por conocer las conclusiones que presentará este mes la Comisión de Expertos sobre la transición energética respecto al mix energético necesario, defendió el «importante» papel del carbón como respaldo para la generación renovable, tal y como se vio el año pasado debido a unas condiciones climáticas en las que se registró la ausencia de viento y precipitaciones. «Si en 2016 o 2017 hubiésemos estado cerrados, los volúmenes de carbón importado habrían sido mayores», añadió Iglesia, quien valoró que gracias al carbón autóctono España no depende «exclusivamente de unos precios internacionales que pueden perjudicar al país».

El presidente de Carbunión ha recordado que el carbón supone un 23% de la generación de electricidad en Europa y un 15% en España, lo que demuestra que el país que tiene carbón lo utiliza para generar energía y ha animado a que España siga esa senda de los países europeos. Respecto a la cuantía de ayudas que tendrán que devolver las empresas que continúen con su actividad a partir de 2019, Iglesias ha dicho que es difícil cuantificarlo, pues para eso habría que saber cuántas y cuáles van a seguir, al tiempo que ha demandado que las ayudas se puedan devolver de forma escalonada para que no interfiera en la actividad de las empresas.

Desde Carbunión, califican 2017 de un año «esperanzador», con unos números que prácticamente recuperaron los niveles de 2015, tras los malos datos de 2016, aunque esperan que 2018 sea un ejercicio de «transición y diálogo» de cara a 2019. Entre 2011 y 2017, el sector redujo la producción y el empleo en un 58% y en un 62%, respectivamente, a pesar de la recuperación del año pasado. La producción con carbón nacional se incrementó en casi un 60%, hasta los 2,78 millones de toneladas, lejos de los más de 6 millones de 2011 y 2012 y frente a los 17,4 millones de toneladas de importación.

Del total de la producción del 2017 en España, más del 60% procedió de explotaciones a cielo abierto, mientras que la de las subterráneas no pasó del medio millón de toneladas. En 2017 la producción de carbón se vio favorecida por la caída de la producción hidráulica, que obligó a utilizar las centrales térmicas que utilizan carbón y gas. Sin embargo, en los dos primeros meses de 2018 ha bajado, aunque Iglesias espera que la producción se mantenga en el entorno de la de 2017, aunque dependerá de la meteorología.

Iglesias apuntó que la producción de carbón autóctono, con excepción de 2017, viene decreciendo desde 2011, mientras que las importaciones oscilan según la necesidad para generación eléctrica. El grueso de las importaciones de carbón que se hacen en España, en concreto el 87% en 2017, proceden de 4 países (Colombia, Rusia, Indonesia y Sudáfrica), naciones con las que, según Iglesias, es difícil competir por los menores costes con que producen. En lo que se refiere a la participación del carbón nacional en el carbón térmico consumido, se limitó al 14%.

En lo que se respecta al empleo, el número total de trabajadores se situaba a cierre de 2017 en 2.197 personas, frente a los más de 5.800 trabajadores de 2011. En 2017 se registró un ligero repunte del 7% con respecto a 2016, incremento que no ocurría desde 2011 aunque fue debido, principalmente, al aumento de las contratas, ya que el número en plantilla sigue descendiendo, según Carbunión. En este sentido, la plantilla de las empresas disminuyó desde los 1.675 trabajadores que tenían en 2016 a 1.592 en 2017, en torno a un 5%, mientras que la de las contratas aumentó un 60%, al pasar de 379 trabajadores a 605.