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El Gobierno nombra a Alberto Nadal nuevo secretario de Estado de Presupuestos dentro del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro

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Europa Press / Servimedia.- El Consejo de Ministros aprobó el nombramiento de Alberto Nadal como nuevo secretario de Estado de Presupuestos y Gastos para encargarse de controlar el gasto público y elevar los ingresos para que España cumpla con sus objetivos de déficit público.

El titular del Ministerio de Hacienda, Cristóbal Montoro ha repescado a Alberto Nadal, hasta ahora secretario de Estado de Energía y hermano gemelo del actual titular de la cartera, Álvaro Nadal, para elaborar las cuentas públicas para la Secretaría de Presupuestos y Gastos, donde sustituirá a Marta Fernández Currás. Se trata de un puesto clave, ya que le corresponderá elaborar los Presupuestos en un momento en el que el Gobierno del PP no cuenta con la mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante las cuentas públicas.

Alberto Nadal es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Fue vicesecretario general de la CEOE y de Asuntos Económicos, Laborales e Internacionales. Hasta ahora ocupaba la Secretaría de Estado de Energía, en la que acometió la reforma del sector eléctrico para poner fin al déficit de tarifa y contener una deuda de los consumidores cercana a los 29.000 millones.

Nadal comenzó su carrera profesional en el Ministerio de Economía y Hacienda, donde ocupó diferentes cargos en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, y como asesor económico del vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, en la etapa de José María Aznar. Además, fue director general del Instituto de Crédito Oficial (ICO), secretario general de Comercio Exterior y consejero económico y comercial de la Embajada de España en Estados Unidos.

Capicúas energético-presupuestarios

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La designación como secretario de Estado de Presupuestos de Alberto Nadal junto al nombramiento de Álvaro Nadal como ministro de Energía ha devenido con bastante sigilo en un hecho insólito en la historia de la Administración española: el hermanamiento fraternal entre el Ministerio de Hacienda y el área de Energía, imprevisible en 2013 después del pulso perdido por el ministro offshore José Manuel Soria con Cristóbal Montoro a cuenta del déficit de tarifa. Una situación capicúa en la que ahora ambos hermanos saben que la responsabilidad energética no es especialmente sencilla de abordar.

La primera cuestión que plantea el estado actual de la situación es, lógicamente, la propia designación futura de secretario de Estado de Energía, en sustitución de Nadal. Es decir, qué candidatos pueden estar en el pool de los nominados, los  problemas que habrá de abordar, con el agravante de contar con un Ministerio dedicado a tal efecto, con lo que su responsabilidad será más nítida.

Alberto Nadal, muy discutido, con una ejecutoria caracterizada por el mínimo nivel de negociación política sectorial, se empleó en abordar a su manera el problema del déficit tarifario, cuando sus predecesores habían seguido la política de Señor, que pase de mí este cáliz. Probablemente, no le quedaba otra dado el nivel al que estaba llegando el déficit tarifario y su tendencia explosiva imparable. Todavía no hemos visto el desenlace final de los conflictos derivados de estos cambios normativos, pero lo deberán abordar el flamante Ministerio y el futuro Secretario de Estado. Y seguramente los siguientes.

La segunda cuestión se deriva del resultado de las carambolas de billar del Gobierno extendido a las Secretarías de Estado. Es decir, por ejemplo, la designación del nuevo secretario de Estado de Energía se instrumentará conjuntamente con los juegos y equilibrios de poder resultantes del nombramiento de responsable de la Oficina Económica del Presidente. Será relevante si su nuevo responsable pertenece a la órbita de Luis de Guindos o a la órbita de los hermanos Nadal (y consecuentemente de la vicepresidenta Saénz de Santamaría), y condicionará el enfoque de la energía en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Abordar cuestiones como la separación de determinados costes regulados de la tarifa eléctrica por su naturaleza política ajena al suministro (extrapenisulares, renovables) y su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado, no podrán ser tratadas con inhibición o con una política de mirar para otro lado, puesto que ahora será el propio Alberto Nadal  quien tendrá esa patata caliente. Asimismo, Álvaro, parece haber avanzado su intención de conseguir bajar los precios energéticos, cuestión por otra parte contenida en el acuerdo con Ciudadanos. ¿Con qué enfoque se pondrá a esta labor?

Todo está lleno de capicúas.

Soria renuncia a sus funciones como ministro de Industria, Energía y Turismo y abandona la política; De Guindos lo reemplaza

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Europa Press / Servimedia.- El BOE publicó el decreto mediante el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, consumó el traspaso de funciones al ministro de Economía, Luis de Guindos, tras la renuncia de José Manuel Soria al frente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Soria también renunció a su acta de diputado y a la secretaría general del PP canario y anunció que abandona la vida política “tras los errores cometidos en los últimos días” en relación a los papeles de Panamá.

En concreto, Soria comunicó a Rajoy su “decisión irrevocable” de renunciar a sus funciones, según explicó. Asimismo, el ministro comunicó también a Rajoy su decisión de dejar su acta de diputado, y a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que renuncia a la presidencia autonómica del PP canario, abandonando así “todo tipo de actividad política”. El ya exministro se refirió a los “errores” que cometió en sus explicaciones tras aparecer su nombre vinculado a empresas opacas en los Papeles de Panamá. “La política es una actividad que debe ser en todo momento ejemplar también en la pedagogía y en las explicaciones. Cuando así no ocurre, deben asumirse las responsabilidades correspondientes”, afirma Soria.

Soria ha admitido sus «errores» al explicar sus vínculos con sociedades en paraísos fiscales por «la falta de información precisa sobre hechos que ocurrieron hace más de 20 años», si bien aclaró que «ninguna de tales actividades empresariales ha tenido relación ni vínculo de tipo alguno con el ejercicio de sus responsabilidades políticas«. Por ello, ha adoptado la decisión de dejar «todo tipo de actividad política», teniendo en cuenta «el daño evidente que esta situación está causando al Gobierno de España, al Partido Popular, a los compañeros de militancia y a los votantes, singularmente grave en el momento político actual».

Nacido el 5 de enero de 1958 en Las Palmas de Gran Canaria, casado y con dos hijos, Soria es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y pertenece al cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Entre 1995 y 2003 fue alcalde de las Palmas, y presidente del Cabildo de Gran Canaria entre 2003 y 2007, así como consejero de Economía y Hacienda y Vicepresidente del Gobierno canario (2007-2010).

Tras la derrota electoral de 2008, se convirtió en uno de los apoyos fundamentales de Mariano Rajoy, participando activamente en la renovación del PP iniciada en el Congreso de Valencia de 2008, donde fue uno de los autores de la ponencia política, cuya redacción provocó la retirada de la entonces presidenta del PP vasco, María San Gil. Soria asumió la cartera de Industria en diciembre de 2011. Rajoy valoró para su elección la sólida experiencia económica del canario, curtido en Ejecutivos de muy distinto color político, comenzando en su tarea como analista de mercado para Venezuela y el Caribe en la Embajada de España en Venezuela entre 1980 y 1981.

En 1984 Soria fue nombrado jefe del Servicio de Importaciones del Ministerio de Comercio y, en 1985, jefe del Servicio de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio. Posteriormente, pasó a ser asesor del Gabinete del Ministro de Economía y Hacienda entre 1986 y 1987, de donde pasó a dirigir el Gabinete de la Secretaría General de Comercio entre 1988 y 1989. Además, entre 1995 y 1999 fue vicepresidente de la Caja de Ahorros de Canarias.

Traspaso de funciones a Guindos

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el real decreto mediante el que el ministro de Economía en funciones asume a partir de ahora «el despacho ordinario de los asuntos del Ministerio de Industria». Guindos ejercerá desde ahora estas funciones. De este modo, Guindos se encargará de despachar con los secretarios de Estado y demás altos cargos del Ministerio de Industria, que físicamente se encuentran en el mismo edificio que el Ministerio de Economía, en la plaza madrileña de Cuzco.

PP: la renuncia es «coherente»

Por su parte, el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, valoró como «muy coherente» la decisión de José Manuel Soria de renunciar a sus funciones de ministro y señaló que, al haber dejado ese puesto, ya no comparecerá el lunes ante la Comisión de Industria, como estaba previsto. «Es una decisión muy coherente, José Manuel Soria ha ejercido la actividad política de manera ejemplar y quiero reconocerle, como vicesecretario de Organización, nuestro agradecimiento», apuntó.

Maillo destacó que Soria ha renunciado por haber cometido «errores de explicación» tras figurar como administrador de sociedades en paraísos fiscales, no por ninguna irregularidad, de manera que el PP «no cuestiona para nada su honorabilidad». Es más, ha asegurado que en sus muchos años de actividad política ha desempeñado una gestión en la que «nadie le ha podido acusar de nada». Ha recordado además que los papeles se refieren a su actividad profesional previa a dedicarse a la política.

Soria apareció en primer lugar como administrador, durante dos meses de 1992, de una sociedad en Bahamas con la que negó tener ninguna vinculación. No obstante, posteriormente se supo que una empresa familiar, Oceanic Lines, tuvo como accionista mayoritario una sociedad en el paraíso fiscal de Jersey en la que Soria figuraba también como administrador. Así, el PP apoyó inicialmente al ahora exministro, pero Maillo reconoció que a lo largo de los días hubo «un goteo» ante el que había que actuar de alguna manera.

Montoro es tajante contra Soria

Por otro lado, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, afirmó que «nadie puede estar en el Gobierno si ha operado en paraísos fiscales» en referencia a la renuncia de José Manuel Soria. El responsable de Hacienda señaló que aún hay que confirmar si es cierta esa vinculación, aunque subrayó que en estos asuntos hay que ser «claro y rotundo», ya que los miembros de un Gobierno deben ser conscientes de las «obligaciones que asumimos y de los límites». De esta manera, reiteró que sin conocer el detalle concreto, «si hay cualquier indicio legítimo de sospecha, no se puede estar en el Gobierno en esas condiciones«.

Los datos fiscales del exministro

Soria pagó un total de 24.395,47 euros por IRPF en 2014, según su declaración de bienes publicada en la web del Congreso de los Diputados. El salario de Soria como ministro alcanzó los 73.497,24 euros, a lo que se suman unos ingresos de 669,4 euros por acciones bancarias, 3.460,5 euros por intereses en cuentas bancarias, 1.175,09 euros como renta de actividades agrarias y 12.646,25 euros por venta de fondos de inversión. Así, los ingresos totales se situaron en 91.448,48 euros.

Hacienda prevé un impacto máximo de 1.000 millones por la devolución adicional del céntimo sanitario exigida por el Tribunal Supremo

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Servimedia.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas estima que la decisión del Tribunal Supremo de admitir los recursos contra el Estado por el cobro del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (Ivmdh), el llamado céntimo sanitario, supondrá un impacto máximo de 1.000 millones de euros en el déficit del ejercicio 2016, ya que ésta es la cuantía que debería devolver la Agencia Tributaria en función de los 4.000 recursos presentados ante el Alto Tribunal, según estimaciones realizadas por Hacienda.

Estos 1.000 millones se añadirían a los aproximadamente 2.000 de euros que está devolviendo Hacienda desde finales de 2014 a los afectados por el cobro indebido de este impuesto entre los ejercicios 2010 y 2012, los millones de euros recaudados indebidamente que no estaban prescritos, cuantía de la que según las fuentes consultadas de Hacienda se ha devuelto ya aproximadamente la mitad. En este caso, el impacto de esta primera devolución del impuesto se aplicó en las cuentas del 2014, lo que supuso una desviación de unas dos décimas en el déficit de ese año.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró el cobro de este impuesto contrario a la normativa europea sobre los impuestos especiales, ya que no cumple el principal requisito exigido a un gravamen de este tipo: perseguir una finalidad específica. Tras recibir la sentencia, Hacienda decidió poner en marcha un sistema de devolución a todos los afectados en los años no prescritos. En este sentido, los recursos al Supremo se interpusieron contra decisiones del Consejo de Ministros que, a instancias del ministro Cristóbal Montoro (Hacienda), rechazaron las solicitudes de responsabilidad patrimonial del Estado reclamadas por afectados por este impuesto. Los recursos buscan recuperar los pagos realizados en períodos ya prescritos de este tributo.

Facua pide un «reintegro rápido»

Facua aplaudió la decisión del Tribunal Supremo de estimar los recursos contra el céntimo sanitario, y pidió al Gobierno que, una vez sean firmes las sentencias, lleve a cabo un «reintegro rápido» de las cantidades cobradas irregularmente. Asimismo, Facua lamenta que el Gobierno haya obligado a judicializar el caso, lo que ha provocado que el Supremo tenga que analizar casi 4.000 recursos contenciosos-administrativos de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado, pese a la sentencia del TJUE. El céntimo sanitario estuvo en vigor entre 2002 y 2013, fecha en la que se integró en el impuesto especial sobre los hidrocarburos. En esos años, consiguió recaudar más de 13.000 millones de euros.

Sentencia satisface a los transportistas

Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) mostró «su satisfacción» por el fallo del Tribunal Supremo revocando la negativa del Gobierno a reconocer la responsabilidad patrimonial del Estado en relación al céntimo sanitario, lo que según Fenadismer podría obligar al Estado a devolver no sólo lo recaudado en los últimos 4 años como pretendía inicialmente el Gobierno, sino desde que se aprobó dicho impuesto en 2002, lo que supone esos 13.000 millones de euros.

Al respecto, Fenadismer recuerda que el Tribunal de Justicia Europeo resolvió en febrero de 2014 declarar ilegal dicho impuesto por considerarlo contrario a la normativa comunitaria, estableciendo además la no limitación temporal de los efectos de la sentencia, al quedar acreditada la actuación culpable del Estado español al haberlo mantenido vigente durante más de una década pese a las sucesivas advertencias de las instituciones comunitarias sobre su ilegalidad. Por ello recuerdan que la Agencia Tributaria no está devolviendo lo que respecta a las cantidades recaudadasentre 2002 y 2009, aduciendo el Gobierno que no existía responsabilidad patrimonial de la Administración.

Para Fenadismer, esta sentencia supone un «triunfo del Estado de Derecho» esto es, un claro ejemplo de que tanto los ciudadanos como los poderes públicos estamos sometidos al mismo ordenamiento jurídico en todas nuestras actuaciones». En la misma línea, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) valora la sentencia del Supremo. «Deseamos que con esta noticia se restauren definitivamente los perjuicios ocasionados a las empresas de transporte y se ponga el punto y final a una situación que siempre hemos considerado como completamente injusta para nuestro sector», indicó CETM.

La Agencia Tributaria asume la dirección, planificación y coordinación de los impuestos eléctricos

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Europa Press.- La Agencia Estatal de Administración Tributaria asumirá a partir del próximo 1 de enero de 2016 la dirección, planificación y coordinación de los distintos impuestos sobre la actividad eléctrica aprobados en 2012 y aplicados a partir de 2013. La asunción de estas funciones aparece recogida en la orden ministerial 2761/2015 del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, publicada este lunes en el BOE. Esta norma modifica la orden ministerial 3581/2007, por la que se establecen los departamentos.

La modificación afecta a la letra e) del artículo 7.1 con el objeto de atribuir a la Agencia Tributaria «la dirección, planificación y coordinación de la gestión» de impuestos como el que se aplica sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. También se incluyen los gravámenes relativos a la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica, así como al almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas. Junto a estos impuestos, también figura el de los gases fluorados de efecto invernadero, y el que se aplica sobre el valor de la extracción de gas y petróleo.

El Gobierno mantiene el presupuesto del CSN para 2016

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Servimedia / Europa Press.- El Gobierno mantiene prácticamente igual para 2016 la dotación presupuestaria prevista para el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), al destinar 46,46 millones de euros, frente a los 46,51 millones de euros de los que disponía en la partida de 2015. Esta cantidad supone una disminución del 0,1% en la asignación al organismo regulador para la seguridad nuclear y la protección radiológica respecto a los presupuestos de 2015, aunque aumenta también su representación en el total que el Gobierno destinará a las políticas de Industria y Energía.

Concretamente, del total de los 5.455,02 millones de euros que el Ejecutivo destinará al departamento que dirige José Manuel Soria, el presupuesto para el CSN representa el 0,9%, un 0,1% más. Así consta en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 presentado en el Congreso de los Diputados. El CSN, organismo que supervisa la energía nuclear en España, ejerce sus funciones de reglamentación, autorización e inspección y control sobre las instalaciones, con el fin de que sean operadas por sus titulares «de forma segura, y estableciendo las medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas, cualquiera que sea su origen».

Malestar en la SEPI ante el nombramiento del consejero delegado en Red Eléctrica

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El nombramiento de Juan Lasala como consejero delegado de Red Eléctrica de España (REE), cargo de nueva creación en la compañía presidida por José Folgado, ha causado notable confusión en su máximo accionista, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que no esperaba el movimiento relámpago que ha propiciado el ascenso en REE del hasta ahora director económico y financiero, según las fuentes solventes a las que Energía Diario ha tenido acceso, pese a que el nombramiento se tomó de forma unánime, lo que implica el voto a favor de los consejeros designados por la propia SEPI.

La agitada tarde del viernes en el seno de REE, compañía encargada de la operación así como de la gestión del transporte en el sistema eléctrico español, tuvo como consecuencia la designación de Lasala como nuevo consejero delegado. Un movimiento, la creación de una figura ejecutiva que tome los poderes del presidente sin llegar a serlo, que venía siendo esbozado por José Folgado. Pero nadie contaba con que fuera a realizarse repentinamente en una tarde del mes de junio, y menos en la propia SEPI.

Al margen de la conveniencia y necesidad de esta bicefalia en la compañía participada y cuyo principal accionista sigue siendo el Estado (sus últimos presidentes han sido cargos importantes en Gobiernos del PSOE y del PP, en un régimen de turnos), mayor polémica suscita en este movimiento la forma que ha tenido de producirse. Lo cierto es que en la cúpula del máximo accionista de REE, en la SEPI, han sido los últimos en enterarse de este nombramiento, lo que implica a su vez el desconocimiento del nombramiento en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que dirige Cristóbal Montoro, del que depende la SEPI.

Varias incógnitas se ciernen alrededor de lo sucedido: relevante es la antelación con la que los consejeros conocían la propuesta de creación del cargo ejecutivo en REE, el nombramiento de Lasala, así como si se registró algún tipo de oposición a este movimiento, toda vez que la comunicación remitida a la CNMV por REE habla de «unanimidad» del consejo, que se contrapone a la perplejidad que manifiestan desde la SEPI. Hay que reseñar que la SEPI cuenta con tres representantes en el consejo de administración de REE. Estos consejeros son Santiago Lanzuela, expresidente de Aragón y exdiputado del PP, el economista Fernando Fernández Méndez y el propio director general de la SEPI, Francisco Ruiz Jiménez.

Otra consecuencia del nombramiento de Lasala, «una persona de la casa», según quisieron resaltar desde REE, es el golpe que supone para las aspiraciones dentro de REE de su director general de Operación, Andrés Seco, hasta ahora número 2 de facto. Hombre de confianza de Folgado, muy cercano a FAES y al PP y llegado a REE también en 2012 junto al presidente para reemplazar a Alberto Carbajo, según las fuentes consultadas Seco ya ha expresado en privado su malestar y sorpresa por esta designación.

El ascenso del sucesor de Esther Rituerto confirma la creciente relevancia de las áreas financieras en REE. Todo en un contexto en el cual hay que afrontar el relevo de Folgado al frente de la compañía. De 71 años, Folgado ya necesitó el aval expreso del resto del consejo de administración de REE para continuar en el cargo una vez rebasados los 70 años, edad tope que marca el reglamento de la propia compañía para seguir en el consejo. Por delante, además, un escenario electoral con resultado incierto que podría aparejar un cambio político que también afectaría a la corporación.