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El Gobierno asegura que el aumento de la fiscalidad sobre el diésel será «progresivo» y eximirá «totalmente» a los profesionales

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Europa Press.– Mientras desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal) han advertido de que es un «error» prescindir de tecnologías maduras y de «demostrada utilidad económica y social» como es el diesel, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que la subida de impuestos al diésel será «progresiva» y que cualquier regulación que adopte el Gobierno en esta línea excluirá «expresamente» a transportistas profesionales y a autónomos.

En este sentido, Montero afirmó que la equiparación entre diésel y gasolina «no incidirá» sobre las cuentas de resultados de las pymes, los autónomos o aquellos sectores que puedan ser «vulnerables» en el desarrollo de su actividad. La titular de Hacienda defendió que la subida de impuestos al diésel planteada por el Ejecutivo está en línea con las recomendaciones de Europa. «Es un camino que hay que recorrer progresivamente para eliminar prácticas que puedan ser contaminantes con el medio ambiente o nocivas para la salud, como ya han hecho ayuntamientos de grandes ciudades con las limitaciones al tráfico de los vehículos diésel más contaminantes», subrayó.

Montero afirmó que esta subida de impuestos al diésel para equipararlo con la gasolina no se producirá de un día para otro, sino que será un «camino progresivo» con el que intentar «disuadir» de la utilización de este carburante como el más empleado por los españoles. «Es responsabilidad del Gobierno contribuir a corregir todo aquello que sea nocivo para la salud y malo para el medio ambiente. El Ministerio de Transición Ecológica trabaja, entre otras muchas medidas, en todo aquello que Europa dice que es necesario para contribuir en esta línea», agregó. Precisamente la ministra Ribera aseguró recientemente que el diésel «tiene los días contados».

Un «error» prescindir del diesel

Por su parte, Confemetal subraya que lejos de «condenar» al diésel, se debería considerar su uso como una herramienta más de la descarbonización de la economía española, «en cumplimiento de la demanda social y las exigencias de Europa». Además, Confemetal defiende que la implantación de «supuestos impuestos verdes» y tasas medioambientales, de modo directo o en sustitución de otros gravámenes, tiene un efecto «contraproducente», tanto para la actividad económica como para la «protección del entorno».

«Cualquier iniciativa medioambiental debería, además, incorporar el concepto de economía de inversión, de forma que una empresa que invierta en control medioambiental bajo una normativa determinada no pueda verse obligada a modificar los equipos correspondientes en tanto que no se hayan amortizado en términos económicos», añade. Confemetal, que no pone en duda la necesidad de regular el tráfico en áreas muy congestionadas para combatir la contaminación, destaca que los motores diésel se basan en tecnologías “muy eficientes” y tienen unos niveles de emisiones “muy ventajosos” respecto al resto de los motores de combustión interna, incluidos los de gasolina. Finalmente, resalta que los motores diésel son básicos para la industria, por lo que su sustitución es “muy difícil” y “muy costosa”.

El CES plantea sacar costes ajenos al suministro eléctrico de la tarifa pero Nadal descarta “pasar el problema” a Hacienda

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EFE / Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, asegura que su obligación es tratar de reducir lo máximo posible los costes del sistema eléctrico y no trasladar el problema al Ministerio de Hacienda y a las comunidades autónomas, pero el Consejo Económico y Social (CES) considera necesaria una reforma normativa que saque de la tarifa eléctrica los costes ajenos al suministro de electricidad que, en su opinión, deberían financiarse por otros medios, por ejemplo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Ésta es una de las propuestas incluidas en el informe El Sector Eléctrico en España, que presentó el presidente de la Comisión de Trabajo de Políticas Sectoriales del CES, José Manuel Morán. El informe señala que debería considerarse la posibilidad de financiar fuera de la tarifa eléctrica los costes de la generación extrapeninsular (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla), al tratarse de una política de cohesión territorial, y también, aunque «de forma escalonada», las ayudas a las energías renovables y las anualidades del déficit tarifario acumulado. El reciente informe del grupo de expertos sobre transición energética también abogaba por eliminar de la factura eléctrica algunos costes.

El CES considera que la trayectoria «ascendente» de los precios de la electricidad en los últimos años, incluso en la etapa de crisis, «resulta paradójica», un comportamiento que vincula con «el incremento de los costes ajenos al suministro». El informe recalca que «muchos de los aspectos incluidos entre los costes regulados responden a decisiones de política energética, de cohesión social o medioambiental, y resulta discutible que deban ser financiados a través de la factura«. Según el CES, esta evolución pone de manifiesto las disfunciones que presenta el sistema en cuanto a la determinación del precio, lo que obliga a revisar los mecanismos que lo conforman.

El informe aboga por impulsar los contratos bilaterales y los mercados a plazo, y por fomentar la entrada de nuevos participantes. El CES cree que los superávit de tarifa registrados en los últimos ejercicios deberían destinarse a amortizar el déficit acumulado. El estudio también destaca la necesidad de mejorar la tributación energética «respondiendo a la necesidad de armonizar la fiscalidad medioambiental», y asegura que existe «un amplio margen» para hacerlo.

Según el CES, «la internalización de los costes medioambientales debe ser el principio a seguir al fijar el tratamiento fiscal de la electricidad en España». En este ámbito, el consejo pide reducir el IVA que se aplica a la electricidad (ahora del 21%), al ser un bien de primera necesidad; revisar el impuesto especial de la electricidad; y suprimir los gravámenes que generan una doble imposición. Para el CES, la presencia de tributos a la generación de electricidad y al consumo industrial son discriminatorios respecto a los principales socios comunitarios.

El estudio aboga también por clarificar los conceptos de la factura eléctrica y señala que las rebajas establecidas en el bono social «tienen un alcance muy limitado», ya que se aplican solo a la tarifa regulada y no tienen en cuenta el término de potencia ni los impuestos. Asimismo, el CES plantea financiar con los Presupuestos la parte del bono social que asumen las comercializadoras.

El informe pide también que se revisen los pagos por capacidad y el mecanismo de interrumpibilidad (que proporciona mejores tarifas a las empresas que están dispuestas a que se les corte el suministro si es necesario). El CES se refiere también al autoconsumo y asegura que la normativa española recoge «una serie de trabas administrativas» que dificultan su desarrollo. En este sentido, pide revisar la normativa actual, en concreto el tratamiento de los costes regulados, y reclama simplificar los trámites.

El estudio defiende un mix de generación (reparto de producción eléctrica entre las distintas tecnologías) «equilibrado», que proporcione precios «competitivos». Demanda también el desarrollo de las infraestructuras energéticas, en especial de las interconexiones internacionales. Para el CES, el sector eléctrico debe jugar «un papel fundamental» en el proceso de descarbonización de la economía y en la lucha contra el cambio climático. No obstante, precisa que la electricidad es «cara», lo que, a su juicio, dificulta la electrificación de la economía.

“Pasar el problema” a Hacienda

Por su parte, el ministro Nadal asevera que «la solución no consiste en trasladar el problema al Ministerio de Hacienda y a las comunidades autónomas y sí tratar de reducir los costes del sistema lo máximo posible». «La obligación del ministro de Energía es rebajar los costes y no que el problema lo solucione Montoro«, remachó. Nadal ha señalado que todavía espera la respuesta de los grupos políticos a su propuesta de revisar la retribución de algunos activos energéticos que, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), están retribuidos en exceso.

Finalmente, el ministro de Energía afirmó que no se puede cargar de más costes al sistema eléctrico, en referencia a propuestas como el autoconsumo, ya que «hemos agotado toda nuestra flexibilidad y no tenemos margen, con unos costes fijos mucho más altos que el resto de países«. Por ello, Nadal ha rechazado la liberalización total del autoconsumo y que los autoconsumidores conectados a la red dejen de pagar su parte de los costes fijos del sistema porque “eso elevaría la factura de la luz para el resto de los consumidores”. Además, añadió, el sistema entraría en déficit a medida que aumente el número de autoconsumidores.

El presupuesto de Industria y Energía para 2018 crece un 6,2%, hasta los 5.768 millones de euros

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Las políticas de Industria y Energía contarán en 2018 con unos recursos de 5.768 millones de euros, un 6,2% más que en el ejercicio precedente, según recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE). En materia de energía, la mayor parte de las dotaciones se corresponden con partidas destinadas a financiar costes del sistema eléctrico para contribuir al equilibrio financiero del sistema.

Así, los Presupuestos recogen dotaciones para hacer aportaciones derivadas de los ingresos obtenidos por subastas de derecho de emisión de gases de efecto invernadero y de los ingresos tributarios, medidas fiscales para la sostenibilidad energética y transferencias para compensar el 50% de los extracostes de generación eléctrica en los territorios no peninsulares, que suman 3.710 millones de euros. En cuanto a la minería, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras contará en 2018 con unos recursos de 319 millones para financiar el marco de actuación en el período 2013-2018, 30 millones menos que en 2017.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2018 se ha consignado también una nueva dotación para financiar préstamos al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) por importe de 300 millones de euros, para impulsar la eficiencia energética y las energías renovables. Esta cantidad servirá principalmente para llevar a cabo actuaciones previstas dentro del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020, de forma que se anticiparán a los beneficiarios fondos para actuaciones que, una vez ejecutadas y certificadas, podrán obtener retornos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. También se prevé una dotación de 50 millones de euros para financiar ayudas a las actuaciones de apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible, a gestionar por el IDAE.

Para medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas de cualquier origen, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) contará en 2018 con un presupuesto de 46,88 millones de euros. Según consta en el proyecto presentado por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, la cantidad prevista apenas varía respecto a los 46,51 millones de euros que contemplaban los presupuestos generales de 2017 y también los del ejercicio anterior. De los 47 millones de euros, 150.320 euros se dirigirán a indemnizaciones de altos cargos al cesar sus puestos y 75.000 euros a premios de jubilación de su personal.

Además, 135.000 euros se destinarán a becas para la formación de postgraduados en materia de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica y otros 280.000 euros a Universidades públicas para financiar las Cátedras de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica. Con esta cuantía, el CSN se encargará de sus funciones de reglamentación, autorización e inspección y control sobre las instalaciones para conseguir que sean operadas por sus titulares de forma segura. También establece las medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas, cualquiera que sea su origen.

Dinero para ATI en Garoña

Por otro lado, el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado presentado incluye una partida de algo más de 4 millones de euros para el Sistema de Almacenamiento Temporal Individualizado (ATI) de residuos de la central nuclear de Santa María de Garoña. Esta partida figura en el detalle de inversiones de las empresas públicas en la provincia de Burgos, a cargo de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), que gestionará esta inversión. En el mismo epígrafe el Gobierno detalla que en la programación plurianual de este proyecto figuran 813.000 euros para el siguiente ejercicio, si bien recuerda que para este mismo fin fueron presupuestados en 2017 algo más de 3,4 millones de euros.

El Almacén Temporal Individualizado para residuos de alta actividad, fundamentalmente el combustible que se sacó del reactor de Garoña y sigue almacenado en la piscina de la central nuclear, se construiría dentro del recinto de la planta, según fuentes de Enresa. Fuentes de Ecologistas en Acción aclaran que el proyecto contempla el almacenamiento a la intemperie y la disposición en seco del combustible gastado de la central nuclear así como su protección física hasta su traslado al futuro Almacén Temporal Centralizado, que albergará este tipo de residuos de toda España.

La alcaldesa de Valle de Tobalina, donde se encuentra Garoña, Raquel González, ha insistido en su deseo de que el almacén temporal permanezca el menor tiempo posible en el entorno de la central nuclear burgalesa, por lo que urge la construcción del almacén centralizado para que el material radiactivo se lleve allí. El Almacén Temporal Individualizado podría operar en la zona de Garoña por un periodo de 20 años y albergará los residuos de alta actividad para que pueda desmantelarse la planta nuclear, cuyos residuos de baja actividad se trasladarán en su totalidad a las instalaciones de El Cabril (Córdoba).

Podemos pide que Montoro y el exministro Soria expliquen en el Congreso sus contactos con las eléctricas y con Abengoa

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Europa Press.- Podemos ha pedido las comparecencias del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y del exministro de Energía, José Manuel Soria, en el Congreso para que expliquen las noticias aparecidas en relación a posibles presiones recibidas por empresas eléctricas y para beneficiar a Abengoa.

Podemos ha solicitado que Montoro comparezca en la Comisión de Hacienda y Soria en la Comisión de Energía, al tiempo que también ha pedido que acuda a esta última comisión el exsecretario de Estado de Energía, Fernando Martí Scharfhausen. En el mismo sentido, ERC también solicitó la comparecencia de Soria para que informe si recibió presiones de las compañías eléctricas así como del ministro Montoro para beneficiar a Abengoa. ERC, además, exige que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, acuda al Congreso a explicar la multa por la no construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC).

Por otra parte, el grupo parlamentario de Podemos ha registrado varias preguntas para que el Gobierno responda por escrito si Hacienda le ha informado privadamente en alguna ocasión sobre la situación de algún contribuyente, como pudieran ser el caso de algunos familiares de Soria. Asimismo, sobre la autorización del Gobierno para que las compañías eléctricas refacturen de una sola vez las tarifas. Al respecto, Podemos pregunta si el Ejecutivo es consciente de que este sistema puede provocar aumentos de más del 50% en la factura de los consumidores más vulnerables.

Hacienda prevé ingresar hasta 1.000 millones de euros por la devolución de ayudas fiscales a multinacionales para comprar empresas extranjeras

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Europa Press.- El Ministerio de Hacienda va a lanzar un procedimiento de recuperación de las deducciones fiscales que se aplicaron a multinacionales que tributan en España por la compra de empresas extranjeras, el conocido como fondo de comercio, por el que espera ingresar hasta 1.000 millones de euros, según confirmaron fuentes de este departamento. En el campo energético afectaría a la compra de Scottish Power por Iberdrola.

El procedimiento para recuperar estas deducciones en el Impuesto sobre Sociedades, que se contempla en el Plan de Estabilidad 2017-2020 que ha remitido España a Bruselas, se produce después de que el Tribunal Europeo de Justicia las declarase ilegales en una sentencia del pasado diciembre y obligara a España a recuperar dichas deducciones, al entender que se trataban de ayudas de Estado, contrarias al derecho comunitario. Las previsiones realizadas por Hacienda contemplan que no se podrán recuperar más de 1.000 millones de euros en cuotas a ingresar por las empresas afectadas, entre las que se encontrarían Telefónica por la compra de O2, Santander por la adquisición de Abbey, entre otras.

Hacienda prevé que estas empresas deberán minorar sus bases imponibles negativas en más de 5.000 millones de euros, así como deducciones por más de 63 millones de euros, por lo que ambas minoraciones supondrán mayores ingresos en el futuro, que el departamento de Montoro no cuantifica. La legislación española permitía desde 2002 a las sociedades que tributan en España amortizar durante 20 años el fondo de comercio resultante de una compra de una participación de, al menos, el 5% de una compañía extranjera, siempre que la mantuviera durante al menos un año, régimen fiscal que ha sido declarado ilegal por el Tribunal Europeo de Justicia.

Los técnicos de Hacienda (Gestha) advierten de que aplicar un impuesto por desmantelar la nuclear de Garoña puede ser inconstitucional

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Europa Press.- Mientras el Grupo Parlamentario Popular ha manifestado en el Senado su rechazo a una moción de Podemos, debatida en la Comisión de Energía, por la que se instaba al Gobierno a desestimar la solicitud de renovación de la autorización de la central nuclear de Garoña, en Burgos. El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha advertido de que aplicar un impuesto a las empresas eléctricas por el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña «podría ser declarado inconstitucional».

Así, Gestha ha recordado que el artículo 31 de la Constitución dice que cada ciudadano debe contribuir al sostenimiento de las cargas públicas conforme a su renta, de modo que cualquier impuesto que se establezca sobre una industria para mantenerlo en pérdidas e impedir su cierre «podría quedar fuera de los preceptos constitucionales», sobre todo sicomo en el caso de Garoña dicho impuesto «fuese tan elevado como para que sea más rentable prolongar la actividad que desmantelar la central».

Aunque Gestha entiende que el objetivo del Gobierno de Castilla y León es preservar los puestos de trabajo y la actividad económica que genera esta planta en Burgos, recuerda que si una empresa se ve abocada a cerrar porque no es viable, «no es posible que se le imponga un tributo cuando no hay renta o riqueza que gravar». Por otra parte, Gestha cree que el propio Ministerio de Hacienda desaconsejará ese impuesto y podría interponer un recurso de inconstitucionalidad si finalmente se decide aprobarlo.

Alternativamente, el colectivo recuerda que el municipio donde está radicada la central puede aprobar una Ordenanza para exigir el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), para gravar al tipo máximo del 4% el coste de ejecución de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia. En cualquier caso, desde Gestha reconocen que España «todavía tiene mucho camino por recorrer para estar en la media del resto de la Unión Europea en materia fiscal medioambiental o fiscalidad verde«.

El PP rechaza desmantelar Garoña

La propuesta de Podemos, que contó con el apoyo del PSOE, pedía que se renunciara definitivamente a la reapertura de la instalación y se procediera al desmantelamiento de la planta nuclear, al tiempo que se elaboraba un plan de reactivación de la zona. Desde Podemos, reclamaron a los parlamentarios escuchar «el clamor popular que se ha dado durante años» para cerrar una planta «vieja, obsoleta, peligrosa, cara e innecesaria». Sin embargo, el PP argumenta que la central es ahora más segura que hace 40 años.

El Gobierno ofrecerá ayudas a la rehabilitación en materia de eficiencia energética con hasta 12.000 euros por vivienda

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Europa Press.– La rehabilitación, con especial atención a la eficiencia energética, será el otro gran pilar del nuevo plan vivienda 2018-2021, con el fin de reactivar este subsector para el que Hacienda y Fomento diseñan además incentivos fiscales. También se prevé dar ayudas para que los mayores de 65 años paguen las facturas de la luz y el agua.

Por el momento, el Plan ampliará el número de ayudas a la rehabilitación, dado que se rebaja de 1981 a 1996 la antigüedad máxima de un piso para solicitarlas e incluye las viviendas unifamiliares. En cuanto a su cuantía, las correspondientes a eficiencia pueden ascender a hasta 12.000 euros por vivienda. Se trata de las líneas básicas del borrador del Plan Vivienda que Fomento ha diseñado con las comunidades. Fomento volverá ahora a someter a consulta este borrador entre las regiones, la FEMP y el sector, con el fin de tramitar su aprobación y que entre en vigor en 2018.

Otra de las novedades del plan es la línea de ayudas a los mayores de 65 años, siempre que cumplan un requisito de renta anual de cobrar menos de 22.365,42 euros al año y no tener piso en propiedad. En ese caso, los más mayores pondrán recibir una ayuda para pagar hasta 200 euros al mes, para pagar los suministros de su vivienda, esto es, las facturas de agua, luz, gas o de la comunidad.

El Gobierno plantea destinar el superávit eléctrico a financiar nuevas renovables en los sistemas extrapeninsulares y a pagar indemnizaciones judiciales

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Europa Press.- El Ministerio de Hacienda ha incluido varias disposiciones adicionales en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2017 en las que recoge la posibilidad de dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar tanto las ayudas a las renovables en territorios no peninsulares como indemnizaciones por fallos judiciales a favor de empresas del sector.

Estas disposiciones con rango de ley supondrían una modificación de la Ley del Sector Eléctrico de 2013, en la que se establece que el superávit del sistema eléctrico deberá dedicarse íntegramente a amortizar la deuda generada tras sucesivos años de déficit tarifario. Desde 2014, el sistema se encuentra en superávit, del que se habrán acumulado unos 1.130 millones hasta 2016, según las previsiones. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifra la deuda del sistema eléctrico pendiente de pago en 23.000 millones de euros. Precisamente, el regulador reclama al Ministerio de Energía que desarrolle «lo antes posible» la ley para aplicar los superávit de 2014 y 2015 a la amortización parcial de la deuda del sistema eléctrico.

Frente a este planteamiento del regulador, la disposición adicional 110ª del proyecto de presupuestos recoge una convocatoria de ayudas a la inversión para la instalación de renovables en territorios no peninsulares «con cargo al superávit eléctrico generado hasta la entrada en vigor de la presente ley». El Gobierno establece que estos importes se dedicarán a proyectos susceptibles de ser cofinanciados con fondos europeos Feder y establece la cuantía máxima que podrá cargarse al sistema eléctrico, que será de 60 millones de euros. Además, la disposición adicional 114ª señala que, «de forma excepcional para 2017, los superávits del sistema eléctrico podrán destinarse al pago de indemnizaciones en ejecución de sentencias derivadas de normativa del sector eléctrico».

Entre las indemnizaciones que el Gobierno podría verse obligado a afrontar figuran los 500 millones de euros de compensación a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo por haber sufragado el bono social en los últimos años. Sobre este aspecto hay una sentencia firme del Tribunal Supremo que el Gobierno tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional. Otro de los litigios susceptible de indemnizaciones es el referido al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que las empresas del sector eléctrico, como han hecho otras del energético en general, tienen recurrido. El Supremo ha elevado una cuestión sobre el asunto al Tribunal de la Unión Europea.

El proyecto de ley también recoge una disposición adicional, la 111ª, en la que se contempla una «compensación por costes adicionales derivados de la financiación del apoyo a la energía eléctrica procedente de fuentes renovables». La disposición habilita al Gobierno a establecer un sistema de ayudas a las industrias que se determine, “intensas en comercio con terceros países” (exportadoras), consistente en la «reducción del coste de la promoción de la generación de electricidad a partir de fuentes renovables que soportan«.

El PSOE pide que los presidentes de Red Eléctrica, Enagás y Enresa expliquen en el Congreso los Presupuestos del Estado

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Europa Press.– El PSOE quiere que los presidentes de Red Eléctrica, José Folgado, de Enagás, Antonio Llardén, y de Enresa, Juan José Zaballa, comparezcan en el Congreso para explicar el proyecto de Presupuestos del Estado, que remitió el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro. Así consta en la lista de comparecientes registrada por los socialistas para la próxima semana. Asimismo, el PSOE ha pedido que comparezca el presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada.

Red Eléctrica pide a Hacienda y a la FEMP una tasa homogénea por sus tendidos mientras planea invertir 2.493 millones

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EFE.- Red Eléctrica de España (REE) prevé invertir 2.113 millones de euros hasta 2019 en aplicación de la segunda mitad de su plan estratégico 2014-2019, según anunció su presidente, José Folgado, que también pidió al Ministerio de Hacienda y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que acuerden un sistema fiscal homogéneo para el paso de sus 43.664 kilómetros de redes por los municipios.

Folgado plantea esta opción tras el fallo del Tribunal Supremo contrario a la postura de la compañía de no pagar estos tributos por considerarlos desproporcionados o de no aplicación a su actividad. El presidente de REE cree necesario «no dejar a la discrecionalidad» de cada ayuntamiento la definición y aplicación de estos impuestos, porque supondría una «pérdida de seguridad jurídica».

El consejero delegado de REE, Juan Lasala, ha advertido de que es una «cuestión importante», porque estas tasas suponen gastos de operación y mantenimiento de las redes que «pueden tener impacto en la tarifa«. Preguntado por el desembolso que puede acarrear la aplicación efectiva de estos tributos, Lasala ha afirmado que no es fácil de contabilizar, aunque REE tiene recurridas las sentencias y avalada la cantidad en previsión de cómo se resuelvan los trámites judiciales.

Invertirá 2.493 millones hasta 2019

De estos 2.493 millones de euros, 1.823 millones corresponderán a actividades ya consolidadas, mantenimiento de redes e instalaciones, y 670 millones a nuevos negocios en los que la compañía pretende expandirse, un área en la que REE ya tiene comprometidos 390 millones. El plan estratégico de REE para el periodo 2014-2019 contempla una inversión total de 4.575 millones, de los que 3.575 millones corresponden a actividades vigentes, de los que ya se ejecutó el 49% del presupuesto previsto, y 1.000 millones a nuevas áreas, en las que ya se invirtió el 33% de los fondos.

Folgado ha señalado que las inversiones pendientes se distribuirán entre los ejercicios 2017, 2018 y 2019, y ha concretado que el volumen de inversión este año será similar al del pasado ejercicio, en el que invirtió 643 millones, un 43,6% más que en 2015. Por tanto, y de mantenerse las previsiones de REE, el grupo invertirá el 30% de los 2.493 millones pendientes en este ejercicio y el 70% restante en los próximos dos años.

Entre los proyectos más relevantes de REE previstos para este año en el mercado nacional destaca el avance en los trabajos de la construcción de la central hidroeléctrica de bombeos Chira-Soria (Canarias), que entrará en servicio en 2023, y en la que se invertirán 300 millones, de los que el 60% de todo el proyecto se ejecutará en el periodo de vigencia del plan estratégico.

Folgado ha explicado que REE no tiene por objetivo la producción de energía, «salvo en situaciones excepcionales», como la de esta planta hidroeléctrica, en la que el operador «debe responder» y garantizar un respaldo al sistema eléctrico canario y al desarrollo de las renovables ante el singular aislamiento geográfico del archipiélago. «REE quiere apoyar el desarrollo de la renovables en Canarias y en toda España», ha afirmado Folgado, para quien es fundamental el desarrollo de sistemas de almacenamiento y la construcción de interconexiones que garanticen el suministro ante las incertidumbres de las tecnologías no gestionables.

En cuanto a los mercados internacionales, REE pujará por nuevos contratos en Latinoamérica, concretamente en Chile y Perú. En Chile, REE centrará el foco en las licitaciones de las obras de expansión del sistema de transmisión troncal, valoradas entre 300 y 400 millones de dólares (entre 279 y 372 millones de euros). En el caso de Perú, el operador eléctrico español estudia licitaciones de entre 500 y 600 millones de dólares (entre 465 y 558 millones de euros) para acometer el plan de transmisión eléctrica 2015-2024 en el país. El consejero delegado de REE, Juan Lasala, ha explicado que el interés de la compañía pasa por participar en mercados en los que ya está presente, como ocurre en ambos países.

Expediente de la Comisión Europea

Por otro lado, Folgado señaló que corresponde al Gobierno responder al expediente de infracción abierto por la Comisión Europea sobre el blindaje accionarial de la compañía, aunque insistió en que es similar al de otros operadores europeos. La Comisión Europea abrió un expediente a España por supuestas limitaciones a la libre participación directa o indirecta en REE y Enagás y por restringir determinados derechos políticos, según adelantó el diario Expansión.

Para el consejero delegado de REE, Juan Lasala, la estructura accionarial de los operadores europeos está «atomizada» y es similar al caso de España, por lo que cree que el régimen español está justificado. Lasala ha explicado que en REE la participación accionarial está limitada a un máximo del 5%, que desciende al 1% si se trata de otros operadores del sector, salvo en el caso de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que por ley debe tener al menos un 10%, aunque su participación actual es del 20%.

Folgado señaló que REE «no tiene ningún miedo» a la entrada de nuevos accionistas e insiste en que le compete al Gobierno emitir una respuesta a la apertura del citado expediente infractor, una postura que va en línea con la manifestada por el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, que ya explicó que el Ministerio estaba preparando «una respuesta» tras haber mantenido unos primeros «contactos positivos» con la Comisión Europea. Para Energía, la estructura del accionariado de REE y Enagás es equivalente a la de otras entidades europeas gestoras de redes energéticas de transporte, muchas de las cuales «son públicas y tienen alguna limitación similar a las de España».