Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha explicado que el paquete de medidas relativas al coste de la electricidad, como la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, queda «integrado» en una parte con los ingresos obtenidos en las subastas de derechos de emisión y también por los Presupuestos. Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cifrado en 1.000 millones de euros la pérdida de ingresos por la suspensión «temporal» del impuesto.

Montero ha recordado que la eliminación temporal de este impuesto supondrá un recorte en la factura de la luz de entre el 2% y el 4%. La ministra destacó que con esta medida el Gobierno se muestra «sensible» a la realidad de los hogares españoles, que han visto incrementado el precio de la luz, y advirtió de que estará «vigilante» para que la supresión de este impuesto «repercuta realmente» en la factura que pagan los usuarios de la energía eléctrica. Por otro lado, la titular de Hacienda ha descartado rebajar el IVA de la factura eléctrica achacándolo a que “el IVA es un impuesto muy regulado a nivel europeo y tenemos que ir en armonía, no podemos salirnos del reglamento».

Recaudación de derechos de emisión

Por su parte, Ribera reiteró la importancia que tenía para el Gobierno tomar medidas para la bajada de la factura de la luz y que la irracionalidad del mercado energético «no repercuta en el consumidor final». En este sentido, ha incidido en que tras analizar las opciones que podían generar un «efecto directo más inmediato», lo esperan lograr con la eliminación del impuesto a la generación, ya que debería repercutirse directamente en la factura final.

Respecto a cómo afrontará el Gobierno la pérdida de los ingresos que genera dicho impuesto, más de 1.000 millones de euros anuales, ha aseverado que «está ya integrado» en una parte por lo obtenido en las subastas de derechos de emisión y también con la contribución de los PGE. En todo caso, precisó que todo ello está a la espera de que el Consejo de Ministros apruebe el paquete de medidas, entre las que también se incluyen otras acciones «prioritarias» para reforzar los mecanismos de lucha contra la pobreza energética, pues ha insistido en que «uno de los focos de atención» son los colectivos vulnerables.

AEE pide reformar el pool

Asimismo, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) considera que la suspensión del impuesto a la generación es «una medida oportuna» que tendrá «efectos directos» sobre el precio de la electricidad y que aliviará el incremento de la factura de la luz que se ha producido últimamente, aunque cree que debe «ir acompañada de una reforma del mercado eléctrico«. El director general de AEE, Juan Virgilio Márquez, señala que esta reforma «es necesaria y debe ser fruto de un consenso social y político, que garantice su estabilidad».

En este sentido, la patronal eólica valora «positivamente» la puesta en marcha de las medidas concretas anunciadas por la ministra así como el planteamiento de una reforma estructural del mercado eléctrico. Así, celebra el mensaje de «apoyo sin fisuras al desarrollo y aportación de las energías renovables, y a la eólica en particular, como tecnologías de futuro», con el que la ministra puso «sobre la mesa medidas de aplicación inmediatas y avanzó señales que apuestan por un modelo energético enfocado al proceso de transición energética del país, donde las renovables son el eje principal», subraya.

Además, coincide con Ribera en la urgencia de emprender una reforma energética «que perdure en el tiempo, sea transversal en toda la economía del país y esté consensuada». Para ello, considera que el sector precisa de «visibilidad en el tiempo y una estabilidad regulatoria» que no suponga una merma en los resultados de las plantas existentes y permita la planificación y puesta en marcha de nuevas instalaciones renovables. De esta manera, cree que es necesaria una planificación energética que establezca qué tecnologías necesita el país en el mix energético, así como garantizar la seguridad jurídica, eliminando aspectos como la modificación de la rentabilidad razonable de los proyectos cada 6 años.

Mientras, para reducir la volatilidad del precio del mercado eléctrico, la AEE propone la introducción de más generación renovable autóctona, reduciendo así la dependencia de los combustibles fósiles importados y del precio del CO2, así como aumentar la aportación de las renovables e incrementar la electrificación de la economía. Asimismo, la patronal pide eliminar de la factura eléctrica los costes ajenos al suministro llevándolos a los PGE o financiándolos con una fiscalidad medioambiental trasversal sobre los combustibles fósiles, así como establecer mecanismos estables de retribución y simplificar y agilizar los procesos administrativos con ventanilla única para la tramitación de permisos.