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El Supremo también desestima por un voto el recurso de Anpier contra el recorte a la fotovoltaica

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Europa Press.- La sala tercera del Tribunal Supremo también ha desestimado por cuatro votos a favor y tres en contra, como ya hizo con tres denuncias de productores de renovables, el recurso presentado por la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) en contra de la regulación de 2014 que recorta la retribución de las energías ‘verdes’.

Este fallo se suma al conocido a comienzos de junio, en el que el Supremo validó tanto el real decreto de 2014 como la orden ministerial posterior en los que se aplica un recorte de cerca de 1.700 millones de euros a las renovables mediante la implantación del nuevo régimen retributivo contemplado en la reforma energética del sector eléctrico.

En una nota, Anpier explica que el Supremo ha desestimado el grueso del recurso presentado por la asociación contra el real decreto 413/2014, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

La norma forma parte de la «reforma Soria-Nadal» e impuso «severos recortes retroactivos al sector fotovoltaico», señala la asociación, antes de asegurar que el fallo ha sido desestimatorio gracias al voto del presidente de la sala, que «desequilibró la balanza de criterios, puesto que tres de los magistrados han considerado inconstitucional parte de la reforma».

Anpier recuerda que España es el país del mundo con más pleitos pendientes de resolución por presuntos quebrantamientos de los principios esenciales recogidos en la Carta de la Energía.

«Como es evidente, los inversores extranjeros han preferido acudir a una corte de resolución con mayor libertad de decisión que los tribunales nacionales, en donde el resultado ha sido decepcionante: desestimatorio en el fondo y esperpéntico en la forma», indica el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca.

Anpier considera que existen «interacciones entre los distintos poderes del Estado» y lamenta que algunos magistrados «miren de reojo la situación política a seguir antes de impartir su justicia».

Anpier considera injusta la sentencia del Supremo y confía en la Justicia europea

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Europa Press.- La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) considera «injusta» la sentencia del Tribunal Supremo que rechaza indemnizar por daños y perjuicios a los inversores fotovoltaicos por el recorte a la retribución aprobada por el Gobierno en 2010 y reitera su confianza en que la Justicia europea «demostrará la vergüenza del tratamiento del Estado con los pequeños productores fotovoltaicos en España».

En este sentido, Anpier señaló que la sentencia consuma «uno de los capítulos más sombríos de la historia de la democracia española» y critica que «todo el aparato estatal está en funcionamiento para justificar arbitrariamente dichos cambios públicamente, con argumentos replicados por el propio Tribunal Supremo». Asimismo, considera «doloroso» escuchar que las rentabilidades de los proyectos alcanzan el 8% «cuando son continuos los concursos de acreedores y las refinanciaciones para evitar perder los patrimonios personales».

De todas maneras, el presidente de Anpier, Miguel Angel Martínez-Aroca, subraya que se tendrá que «soportar la paradoja» de que frente a un mismo hecho los inversores nacionales no sean indemnizados y los extranjeros sí, ya que la asociación cree que las resolución que habrán de dictar tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como los propios procesos arbitrales demostrarán «la vergüenza del tratamiento del Estado con los pequeños productores» fotovoltaicos en España.

Para Anpier, será la primera vez que un cambio retroactivo en el sector energético «no resulta compensado por el Estado«, como ocurrió con la moratoria nuclear, los CTC o la indemnización por el cierre de Castor, casos en los que «el Gobierno de turno si consideró esencial la petrificación de las condiciones para garantizar la seguridad jurídica». Anpier también critica que las exigencias de la banca para cobrar íntegramente los préstamos solicitados sí son «pétreas».

Anpier dice que el recorte fotovoltaico puede ser «del 20% adicional» si se mantiene el bono español al nivel actual

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Europa Press.- La Asociación Nacional de Inversores y Productores Fotovoltaicos (Anpier) asegura que los pequeños inversores ya han sufrido «recortes retroactivos de hasta el 50%» que pueden «llegar a un 20% adicional si se mantiene el bono español» en los niveles actuales.

Anpier realiza estas consideraciones porque, con la denominada por el Gobierno como reforma energética, la rentabilidad de las plantas de las energías renovables está condicionada a la evolución de la cotización de los instrumentos soberanos de deuda. A partir de esta cotización, se reconoce un diferencial de rentabilidad de 300 puntos básicos con el objeto de que la tasa de retorno a lo largo de toda la vida útil de la instalación sea del 7,5%.

La advertencia sobre el recorte adicional fue lanzada por el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, que indicó que más de 62.000 familias se han visto afectadas en España por recortes a la retribución de la fotovoltaica, una inseguridad jurídica que según sus argumentos «contrasta con la certidumbre jurídica que se ha defendido en Europa». La asociación asegura que los cambios regulatorios en todos los países europeos no han tenido carácter retroactivo, «incluso en Grecia a pesar de la situación de crisis que está atravesando».

Por su parte, el exdirector general del IDAE, Javier García Breva, explicó que, según estimaciones de la banca, la generación fotovoltaica se va a multiplicar por 10 y va a suponer el 10% de la generación total de energía en el mundo en 2030, con 100 millones de pequeños productores, y el 50% en 2050 gracias al autoconsumo con almacenamiento. García Breva señaló que en Australia en los próximos 10 años el 50% de los hogares tendrá autoconsumo con almacenamiento.

Revilla (Cantabria) ve en el recorte de primas a la fotovoltaica una «presunta estafa de Estado»

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Europa Press / EFE.- Mientras desde la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier)esperan que 2016 sea un año «clave» en el que haya un «nuevo Gobierno» central y comiencen a resolverse las demandas presentadas, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, les apoyó y denunció la «tropelía» cometida contra las 62.000 familias españoles que invirtieron 20.000 millones de euros en plantas fotovoltaicas y que se han visto afectadas por el cambio del sistema retributivo de primas pues, a su juicio, constituye una «presunta estafa de Estado».

Para Revilla el Estado «incitó» entre 2007 y 2008 a estas familias a ser «patriotas» e «invertir por España» en este tipo de instalaciones para, posteriormente, reducir las primas; primero el Gobierno del PSOE, que según el presidente cántabro, las recortó un 30%, y luego el PP, que lo hizo hasta un 50% y modificó el marco jurídico, llevando a estos inversores «a la ruina«. Así se pronunció tras reunirse con el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, y también con el representante de este colectivo en Cantabria, Alberto Cuartas.

Revilla, que ya ha participado en protestas apoyadas por Anpier para denunciar la situación de estas familias, comparó este tema con la «estafa» de los bancos con las preferentes pero ha considerado que, incluso, es «más grave» porque viene del Estado. El presidente cántabro se ha comprometido con Anpier a denunciar esta «tropelía» en aquellos foros a los que asista y la situación «angustiosa» de estas familias, a las que ha expresado «todo su apoyo».

Tras escuchar las palabras de Revilla, Martínez-Aroca ha agradecido este «apoyo decidido» que, según indicó, se suma al obtenido por varios presidentes autonómicos, incluidos algunos como el de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, que es del PP, y «su alta responsabilidad» frente a este asunto. En este sentido, aseguró que el Gobierno del PP «ha llevado al límite de su resistencia» a estas familias, que hicieron lo que «el propio Estado les pidió» y contra las que, a su juicio, se ha cometido un «exterminio programado».

Según los datos ofrecidos, de los 20.000 millones de euros invertidos por estas familias, 100 millones proceden de algunas cántabras en parques fotovoltaicos fuera de la comunidad autónoma ya que en la región no hay ninguno ya que predominan más en aquellos puntos de España con más sol. Según denunciaron, a estas familias, que no han hecho «ningún mal» a España «sino todo lo contrario» intentando evitar las importaciones de petróleo y gas, se les quiere «expulsar del sistema eléctrico» para que «cuatro compañías eléctricas sigan repartiéndose ingresos multimillonarios». Desde Anpier han avisado de que «no van a aceptar que España» siga por el camino del consumo de energías fósiles y contaminantes cuando «todo» el planeta apuesta por las limpias.

En este punto, el presidente de Anpier explicó que, aunque es un tema nacional, las comunidades autónomas pueden, por una parte legislar en sus territorio «para promocionar» el desarrollo de energías renovables y, por otra, pueden ser una «voz unánime» para denunciar lo ocurrido. Además, Martínez-Aroca explicó que, además de buscar el «apoyo» de los presidentes autonómicos, hay abierta una vía judicial, con más de 6.000 demandas ante el Tribunal Supremo y «otras tantas» ante la Audiencia Nacional; 8 recursos de inconstitucionalidad, de los cuales hay 3 de comunidades autónomas del PP y 24 arbitrajes internacionales. Por ello desde Anpier consideran 2016 como un año «clave» ya que, por una parte, espera que las elecciones nacionales propicien un «nuevo Gobierno«.

Presentes también en La Rioja

«Agotaremos la vía jurídica porque es de justicia», indicó el director de Anpier, Rafael Barrera, en Logroño, donde presentó la campaña nacional Camino del Sol, impulsada por Anpier. Anpier no descarta acudir a la justicia europea si no prosperan las demandas en España para lograr la «restitución de la legalidad» para estas familias que, animadas por el Estado, realizaron inversiones fotovoltaicas. Asimismo, recalcó que su deseo es que haya una solución política y que el Gobierno negocie con el sector la forma de restituir esos derechos legales y se derogue el nuevo marco legal retroactivo, que fue «impuesto para cercenar el desarrollo de las renovables».

La campaña que desarrolla Anpier incluye, además del manifiesto, una marcha, que partió el pasado día 10 y que, tras su paso por La Rioja y Cantabria con sendos autobuses informativos, este jueves hacia Valladolid y concluirá en Galicia. Como colofón de esta iniciativa, el próximo 11 de noviembre Anpier ha organizado una jornada internacional con la presencia de ponentes especialistas en energías renovables para explicar la situación internacional de las mismas. Barrera ha concluido que en Anpier no se entienden estos «recortes» en España, cuando en el resto del mundo se apuesta, según sus datos, por las energías renovables.

Los fotovoltaicos de Anpier lanzan la campaña Camino del sol para pedir otro modelo energético

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Europa Press / EFE.- La Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier) ha puesto en marcha la campaña Camino del sol, con la que aspira a provocar la mayor movilización social del sector para pedir un cambio en el modelo energético, según explicó el presidente de la organización, Miguel Ángel Martínez-Aroca. La campaña cuenta con la colaboración de Greenpeace y de numerosas entidades de referencia del sector, entre ellas APPA, UNEF o la Fundación Renovables.

El objetivo es promover «una transición rápida hacia un sistema energético basado en el uso de tecnologías renovables, para adaptarse a los objetivos marcados por la Unión Europea». Además, habrá iniciativas para transmitir la cultura energética a la población, mostrar «los beneficios» de apostar por las fuentes de energía renovable y denunciar «las irregularidades del sistema energético español«. Para ello, un autobús con una exposición itinerante del modelo energético español recorrerá las comunidades autónomas de la península. El final del recorrido se producirá el 27 de septiembre en Santiago de Compostela, donde los inversores afectados por los recortes a la energía fotovoltaica pondrán el broche final a esta movilización social.

Anpier representa a las más de 62.000 familias españolas que invirtieron unos 20.000 millones de euros en plantas fotovoltaicas y que se vieron afectadas por el cambio del sistema retributivo de primas con carácter retroactivo. Por ello, Anpier tiene previsto reunirse también con representantes políticos, a los que pedirá su adhesión a un manifiesto en defensa de un nuevo modelo energético. En paralelo, convocará asambleas populares para compartir con los defensores de las renovables y los afectados la evolución de la situación energética española, cómo ha afectado al sector el cambio de modelo regulatorio y del sistema retributivo de primas y también sus posibles soluciones, como restituir la anterior normativa.

Durante el acto, el economista José Carlos Díez ha defendido la instauración de un «mercado común de la energía» donde se haga una regulación homogénea para todos los países de la Unión Europea y donde el regulador pase «de nivel nacional a nivel europeo«. «Tenemos que centrarnos en dónde queremos ir, qué queremos hacer con nuestra tasa de paro, qué bienes queremos producir, quiénes van a producir esos bienes y qué relación queremos tener con el planeta», ha resaltado Díez.

El economista Ramón Tamames indicó que «hay que cambiar la situación actual porque está segando la tecnología española». «Gamesa se ha tenido que ir y Abengoa está luchando en el exterior con muchos problemas porque aquí se ha roto el mercado», precisó. Respecto al endeudamiento de los productores de energía renovable, que pidieron créditos para construir las plantas en base a una retribución que ahora se ha reducido, José Carlos Díez defendió que se haga una «reestructuración razonable«. «Si van a ir a bajaros el precio de los activos para que las grandes empresas se los compren y vayan a empezar a producir ellos, eso no es una reestructuración, se llama fondos buitre», ha señalado.

Las energías renovables en España representan, según Greenpeace, en torno al 1% del PIB y generan energía «limpia y barata». A juicio de los ecologistas esto es algo «esencial», ya que la dependencia energética en España se sitúa por encima del 86%. Así, Greenpeace destaca que en unos años España podría autoabastecerse energéticamente «gracias al sol y al viento» y ahorrar los más de «158 millones de euros» que invierte al día para importar energía.

Además, según el informe El impacto de las energías renovables en los hogares, elaborado para Greenpeace por la consultora Abay Analistas Económicos y Sociales, en 2030 cada hogar podría ahorrar una media de 406 euros anuales con un sistema eléctrico basado en energías renovables, en comparación con lo gastado en 2012. Asimismo explica que un sistema eléctrico renovable al 95% supondría un descenso del 34% respecto a 2012 en la factura energética de los hogares.

Anpier estudia recurrir en Bruselas la sentencia del Tribunal Supremo que avala que las renovables sufraguen el déficit tarifario

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Así lo señaló el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, en el marco de la VI Asamblea General de la asociación, en las que explicó que la sentencia supone «una piedra más en el camino» y «un engaño más» al hacerles responsables de contribuir y soportar en parte el déficit de tarifa «generado por la sobre retribución que reciben nucleares e hidráulicas«.

Martínez-Aroca calificó la sentencia de «jarro de agua fría» para las 62.000 familias productoras fotovoltaicas y criticó que «jamás» se les avisara de que iban a sufrir «siete cambios normativos retroactivos» y que tendrían que soportar el déficit cuando el Estado instó años atrás a invertir en renovables.

En este sentido, denunció el «engaño» del Estado con «todos estos cambios a posteriori que han ido apareciendo en el camino con el fin de expulsarles del sistema eléctrico para que siga monopolizado por tres grandes compañías eléctricas». A su juicio, se trata de «la mayor estafa que un Estado ha podido cometer contra los ciudadanos«.

Durante su intervención en la asamblea, Martínez-Aroca advirtió de que el recorte a la retribución de las renovables podría incrementarse y alcanzar del 50% al 70%, ante la bajada del bono del Tesoro, fijado en torno al 1,3% actualmente.

Además, Martínez-Aroca explicó que desde Anpier han encargado informes periciales a expertos económicos que concluyen que todos los proyectos e inversiones se encuentran en default ya que «ni siquiera podemos pagar el servicio a la deuda que tenemos contraída frente al banco«.

En esta línea, dijo ser «falso» que se disponga de una rentabilidad del 7% como afirman desde el Ministerio de Industria, sino que se están llegando a alargar los préstamos bancarios para «ganar oxígeno» con el fin de terminar la fase judicial de interposición de recursos e intentar que «se reponga la seguridad jurídica».

De hecho, desde Anpier denunciaron que el sector fotovoltaico español es «pasto de especuladores» que buscan «quedarse con estas instalaciones a precio de saldo dado que el pequeño consumidor no puede asumir la cuota de crédito bancario una vez que el Estado incumple sus compromisos de pago».

Por último, recordó que todas las fuerzas políticas, a excepción del PP, se han comprometido a derogar la «salvajada jurídica» contra las renovables si acceden al Gobierno.

Anpier exige al ministro Soria que explique si la reforma eléctrica del Gobierno puede ser incompatible con la normativa de la Unión Europea

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La asociación de fotovoltaicos lleva a cabo esta petición después de que el comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, haya afirmado que la Comisión está analizando las ayudas estatales concedidas a las renovables.

En un comunicado, el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, señala que «causa estupefacción» que un Estado como el español, con todos los recursos humanos y administrativos de los que dispone en España y en Europa, «haya podido aprobar un marco esencial para la competitividad y el bienestar de la sociedad, como es el energético, que ya esté siendo cuestionado por las autoridades europeas».