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Fernández Vara ve en Extremadura proyectos fotovoltaicos para “ser autosuficientes energéticamente” pero cree que el Gobierno favorece a la eólica

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EFE.- El presidente de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, asegura que la región podría ser autosuficiente energéticamente con tecnologías como la fotovoltaica, con proyectos presentados ante la Administración regional para instalar unos 2.000 megavatios, pero cree que las subastas del Gobierno favorecen a la eólica. Así lo anunció en Camino del Sol, una iniciativa de la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier) que recorre las comunidades autónomas para promover el impulso de un modelo de generación energética renovable y social.

Fernández Vara señaló que Extremadura tiene suficientes recursos para generar energías renovables, ya sean la hidráulica o, en este caso, la fotovoltaica, y que puede contribuir a paliar el cambio climático y a que los consumidores puedan ahorrar en sus facturas. No obstante, ha continuado, en 2007 hubo «una burbuja especulativa» para fomentar las placas fotovoltaicas y que muchas personas «se forraron» con su elaboración y venta, al igual que sucedió con «el ladrillo». Luego, años después el Gobierno central derogó las ayudas al sector y ahora el país «no tiene definido un modelo energético«, y esta cuestión sólo surge cuando hay polémicas como el cierre de las centrales nucleares».

El Gobierno mira al norte

Según Fernández Vara, por su parte Extremadura siempre ha abogado por las renovables, que son «un camino sin retorno» de cara al futuro. Ante todo esto, ha explicado que está muy contrariado por la última subasta del Gobierno central sobre las renovables, que sigue beneficiando a la eólica, a lo que ha agregado que «si el sol hubiera estado en el norte, no habría sido así». Por todo esto, ha apoyado las demandas de Anpier en favor de estas energías.

Por su parte, el presidente de esta entidad, Miguel Ángel Martínez-Aroca, le ha pedido que contacte con los presidentes de Murcia, de Andalucía y de Castilla-La Mancha, Fernando López Miras, Susana Díaz y Emiliano García-Page, respectivamente, ya que son regiones con condiciones similares y afectadas también por las decisiones del Gobierno central. Ha explicado que la nueva subasta de energías beneficia casi en su totalidad a las compañías mientras que la mayoría de la población sufre la subida de las facturas, lo que ha calificado como «una aberración» energética que únicamente ocurre en este país.

Anpier afirma que Andalucía tiene 3.127 horas de sol al año, Castilla-La Mancha se sitúa en las 3.114, Murcia está en 3.182 y Extremadura registra 3.106 horas de sol para generar energía; cuando la media de los países de la Unión Europea se queda en, tan sólo, las 1.720 horas solares para la producción de energía. Martínez-Aroca ha declarado en Extremadura que «las horas de sol de estos territorios son un activo irrenunciable para paliar las altas tasas de desempleo y los bajos niveles de renta», y ha denunciado que «el marco normativo actual entorpece cualquier modalidad de autoconsumo y veta a las iniciativas sociales el acceso a la generación».

Anpier asegura en su Camino del Sol que Extremadura obtendría beneficios millonarios si la normativa impulsara la generación social fotovoltaica

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EFE / Servimedia.- La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) inició este miércoles su tercera edición del Camino del Sol para presentar a la ciudadanía, a los políticos y a los responsables de todas las administraciones autonómicas «las urgencias que en materia energética se han de afrontar en España y en las que deben implicarse cada uno de ellos«. En este sentido, Anpier ha asegurado que los municipios extremeños obtendrían beneficios millonarios si la normativa estatal impulsara la generación social fotovoltaica.

Por ello Anpier ha organizado una jornada, que se celebrará este jueves en Mérida, en la que participará el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, para abordar la producción social fotovoltaica. Con el eslogan Las familias queremos participar en la producción de energía, esta asociación visitará 27 ciudades españolas en todas las comunidades autónomas para «trasladar las urgencias que, en materia energética, ha de afrontar el país», según ha indicado la asociación.

En el acto intervendrán el presidente de la asociación, Miguel Ángel Martínez-Aroca; el presidente del Clúster de la Energía de Extremadura, Vicente Sánchez; y el delegado de Anpier en Extremadura, Juan José López Vivas. Martínez-Aroca se reunirá el viernes con el consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro; y con la jefa del Servicio de Protección Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Esperanza Martínez. Además, la asociación ha informado de la creación de una aplicación que permitirá visualizar «el potencial generador de energía fotovoltaica de todos los municipios extremeños de hasta 100.000 habitantes«.

Por último, ha recordado que 62.000 familias españolas, de las que 4.600 eran extremeñas, «destinaron sus ahorros para apoyar el desarrollo de un nuevo modelo energético» en España, solicitado por el propio Estado, y ahora «ven cómo este Gobierno sí indemniza a los inversores foráneos». En este sentido, Anpier ha denunciado que el Gobierno pretende «expulsar a estos pequeños operadores y disuadir a la sociedad de acceder a este mercado, para mantenerlo en modo oligopolístico».

El final de este Camino del Sol tendrá lugar el 21 de octubre en Navarra, con un congreso que congregará, como en ediciones pasadas, a más de 1.000 productores de toda España en Pamplona. Anpier promoverá en esta edición el impulso de la generación renovable y social de la energía, reclamando un papel activo para los ciudadanos, algo que «sólo será posible si un nuevo marco normativo lo permite, puesto que las restricciones legales actuales bloquean el acceso de los españoles a la generación en cualquiera de sus modalidades: bien a través del autoconsumo, bien mediante parques sociales que proporcionen energía a la red general«.

La nueva subasta renovable, acogida de forma desigual, mantiene el criterio de desempate entre eólica y fotovoltaica

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Europa Press / EFE.- La nueva subasta de 3.000 megavatios (MW) de potencia renovable, anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha sido acogida de forma desigual en el sector, pues mientras la industria eólica cree que es una buena noticia, a las asociaciones de fotovoltaica les suscita dudas. La subasta mantendrá los criterios de desempate en función de las horas de producción establecidos en la puja celebrada este mes, según consta en el borrador y en la memoria económica del decreto.

Este criterio de desempate recibió críticas de las asociaciones fotovoltaicas de referencia, UNEF y Anpier, que ven en su aplicación un trato de favor a la eólica y que destacan la capacidad de la solar para competir en igualdad de condiciones. La segunda de estas asociaciones denunció la subasta de mayo ante el Tribunal Supremo precisamente por encontrarla discriminatoria. En el borrador del real decreto, Energía señala que el procedimiento de la subasta celebrada en mayo, en la que la eólica se llevó el 99% de la potencia ofrecida, ha sido «muy satisfactorio», por lo que serán de aplicación las reglas anteriores, incluidas en la orden ministerial ETU/315/2017 y en la resolución del 10 de abril que desarrolló su contenido.

En estas disposiciones se indica que, en caso de empate, ha de tomarse el proyecto que genere más megavatios hora por cada megavatio instalado, conforme al número de horas de funcionamiento. Además, se establecen unos porcentajes máximos de abaratamiento de las ofertas diferentes en función de cada tecnología. «Lo que pedimos es que la definición final de la subasta permita a todos los agentes del mercado ejercer su competitividad», indicó el director general de UNEF, José Donoso, tras conocerse el contenido del borrador del decreto.

Conforme a las reglas de la subasta, para cada tramo de oferta se calcula la retribución a la inversión y el cociente entre dicha retribución y el número de horas estándares de funcionamiento de la instalación. Como las horas estándares fijadas para la eólica son superiores a las de la fotovoltaica, esta tecnología gana opciones para la adjudicación. El borrador del real decreto limita como novedad el alcance de la subasta a estas dos tecnologías. En concreto, indica que será de aplicación a instalaciones de los subgrupos b.1.1. y b.2, que corresponden a la fotovoltaica y a la eólica, respectivamente.

Como en la anterior ocasión, la convocatoria se limita a los territorios peninsulares y, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de renovables de España ante la Unión Europea para 2020, excluye instalaciones cuya construcción suponga el cierre o la reducción de potencia de otra de la misma tecnología e instalaciones constituidas por equipos principales que no sean nuevos o que hayan tenido uso previo.

En la memoria, Energía repite los cálculos utilizados para la anterior subasta y confía en que el coste para el sistema de los nuevos proyectos sea «nulo». Este coste nulo se produce para el consumidor en los escenarios medios de precios de la electricidad tomados como referencia por el Gobierno. Si se produjese un abaratamiento en el pool con respecto a la previsión, a partir de 2019 las instalaciones podrían recuperar la diferencia a modo de coste regulado del sistema.

Energía señala que, tomando como hipótesis que la rebaja obtenida en la subasta es de 0% y que la potencia adjudicada por tecnología se distribuyera a partes iguales entre fotovoltaica y eólica, el coste máximo para el sistema ascendería a 123 millones de euros anuales a partir de 2019. En todo caso, asegura que, «a la vista del resultado de la subasta anterior, es de esperar que el coste sea muy inferior a 123 millones de euros o incluso nulo como sucedió en dicha subasta».

Diversa acogida en el sector

La Asociación Empresarial Eólica (AEE), que representa a más del 90% del sector en España, considera la nueva subasta de hasta 3.000 megavatios de capacidad una «buena noticia para todo el sector» de las renovables.Según la asociación, con esa nueva potencia España se acercará al objetivo europeo de que en 2020 las energías renovables supongan el 20% del consumo, lo que unido a la futura Ley de Cambio Climático, constituye un paso más dentro del proceso de transición energética.

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que representa a empresas que suponen aproximadamente más del 85% del sector en España, también ve positivo que se convoque una nueva subasta, aunque cree que hay que reformar su diseño para que sea «verdaderamente competitiva» y para abaratar los precios al consumidor. Por eso, esta asociación, que recurrió ante el Supremo la normativa de la anterior, reclama una reducción en el suelo del descuento máximo y un modelo en el que cada agente interesado oferte un precio por kilovatio hora para que el más competitivo reciba la remuneración ofertada.

La Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos, Anpier, que agrupa a 5.000 socios que son pequeños productores e inversores, ha dicho que esta nueva subasta es «más de lo mismo». Su presidente, Miguel Ángel Martínez-Aroca, vaticina que si la subasta se celebra con las mismas reglas que la anterior, como está previsto en el decreto del Gobierno, «de nuevo arrasará la eólica«, en la que ha recordado «dominan» las grandes eléctricas.

Por su parte, el director general de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), José María González Moya, ha expresado su sorpresa por el anuncio de una nueva subasta renovable, más cuando apenas se acaba de celebrar la anterior, también de 3.000 MW. González Moya, cuya organización agrupa a empresas y entidades de todo tipo de energías limpias, ha manifestado que esta nueva convocatoria «es otra improvisación» del Gobierno.

Ha reiterado que es necesaria una planificación a largo plazo de las subastas, ya que las empresas y los inversores necesitan conocer cuando se convocarán para organizar sus inversiones, y ha criticado que en esta nueva subasta se vuelva a «enfrentar» a las diferentes tecnologías. Por eso, González Moya demanda que las subastas vuelvan a tener cupos por tecnologías (solar, eólica y otras) y ha afirmado que el mecanismo de adjudicación «sigue perjudicando a la energía fotovoltaica», que sólo logró un megavatio en la anterior convocatoria por el sistema para deshacer los empates en las ofertas, que era el mayor número de horas de funcionamiento.

Extremadura pide oportunidad para fotovoltaica

Por su parte, el consejero extremeño de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, ha asegurado que la nueva subasta de energías renovables será satisfactoria para Extremadura si la energía fotovoltaica tiene posibilidades reales y aseguró que «estaremos muy pendientes de que esta vez no perjudique a Extremadura«. Además, ha recordado que con la anterior subasta se hicieron muchas esperanzas porque conocían que había muchas empresas extremeñas interesadas en presentarse pero, por la “preferencia” que se daba a la energía eólica, «no entraron los proyectos extremeños». El consejero ha aseverado que desde la Junta han insistido a todos los niveles en la necesidad de una nueva subasta y «afortunadamente parece que esta petición ha sido recibida».

Por último, se ha referido también a la posibilidad de que una de las empresas adjudicatarias de la anterior subasta de energías renovables pudiera construir un parque eólico en el norte de Extremadura para cumplir los compromisos adquiridos en la subasta. En este sentido, se limitó a señalar que «es prematuro decirlo» porque las empresas tienen 6 meses para concretar los proyectos con los que van a cumplir sus compromisos.

El PP plantea usar el superávit eléctrico para pagar los arbitrajes adversos mientras la fotovoltaica española reclama igualdad de trato

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Europa Press.- La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) reclama al Gobierno el mismo trato a los productores nacionales que a los internacionales, después de que el Ciadi haya fallado a favor de la firma británica Eiser Infraestructure y en contra del Estado español. En relación con este asunto, el PP quiere extender al sistema de arbitrajes el uso del superávit eléctrico para pagar indemnizaciones por sentencias condenatorias derivadas de la normativa del sector eléctrico.

Así figura en una enmienda al proyecto de Presupuestos Generales del Estado, registrada ahora que España ha perdido su primer arbitraje internacional por los recortes aplicados a las energías renovables. En el proyecto de Presupuestos, el Gobierno ya había incluido en una disposición adicional la posibilidad de dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar tanto las ayudas a las renovables en territorios no peninsulares como indemnizaciones por fallos judiciales a favor de empresas del sector. Sin embargo, esta aplicación se amplía de esta forma para «dar cobertura a eventuales pronunciamientos arbitrales», señala el PP en la justificación de su enmienda, «aliviándose de esta forma la carga que supondría hacer frente a los mismos con cargo a los Presupuestos».

Estas enmiendas, con rango de ley, suponen una modificación de la Ley del Sector Eléctrico de 2013, en la que se establece que el superávit del sistema eléctrico deberá dedicarse íntegramente a amortizar la deuda generada tras sucesivos años de déficit de tarifa. Desde 2014, el sistema se encuentra en superávit, del que se han acumulado unos 1.130 millones hasta 2016. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifra la deuda del sistema eléctrico pendiente de pago en 23.000 millones de euros.

Anpier exige el mismo tratamiento

Respecto al laudo del Ciadi, Anpier destaca que se da la razón a la firma británica frente a los «drásticos recortes retroactivos» impuestos por el Gobierno español en las «sucesivas reformas del marco regulatorio» a la producción de energía renovable. Por ello, los pequeños productores fotovoltaicos españoles exigen que se les otorgue «la misma justicia que ha obtenido este fondo internacional» y que, «muy probablemente», recibirá también el resto de fondos extranjeros con recursos pendientes de resolución en el Ciadi.

«El quebranto sufrido por las 62.000 familias españolas fotovoltaicas es insoportable, tanto en lo económico como en lo moral, y resulta inaceptable que por una misma situación el Estado indemnice el daño causado a los grandes inversores internacionales y ordene la ruina de sus nacionales», indicó el presidente de la asociación, Miguel Ángel Martínez-Aroca. Los productores fotovoltaicos han soportado, según indica Anpier, «recortes de hasta el 50% de la tarifa regulada que ofreció el Estado, mientras que la banca exigía el pago íntegro de la financiación, lo que supuso que el colectivo debió refinanciar para no perder las garantías personales dadas a las entidades bancarias».

Pese a todo, «el Gobierno mantuvo que la reforma era legal y sólida, estigmatizando socialmente a este colectivo para justificar sus arbitrarias decisiones», señala, antes de resaltar que ahora «una instancia internacional, sin ningún tipo de condicionamiento político, ha dictaminado lo que en buena lógica es de justicia, que los acuerdos han de cumplirse o se debe restituir el daño causado». Este resarcimiento ha de producirse «con más motivo cuando se trata de un Estado, que ha de velar por la seguridad jurídica en su territorio, y, sobre todo, cuando se trata de familias que actuaron confiando en su Estado, que les llamó a que realizaran este esfuerzo inversor», añade.

Anpier denuncia ante Arias Cañete que el Gobierno está instando a «privatizar» el sol

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Europa Press.- La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ha denunciado que el Gobierno está desarrollando una política energética que insta al Estado a «privatizar» la generación eléctrica y entregar un recurso como el sol «a un reducido grupo de empresas, hurtando a la sociedad la posibilidad de aprovechar directamente este recurso«. El presidente de la asociación, Miguel Ángel Martínez-Aroca, trasladó en una reunión este hecho al comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, según indicó Anpier.

En este sentido, la fotovoltaica Anpier denuncia que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, está desempeñando una labor que conduce «a blindar el oligopolio de la generación eléctrica en España, para condenar a los españoles a ser meros paganos de facturas gravosas e incomprensibles, y sin opción para participar en la generación de energía a través de un recurso renovable, gratuito e inagotable como es el sol». Por otra parte, Anpier exige una cuota social del 20% del total de la potencia subastada, puesto que, además, la generación social del colectivo fotovoltaico ha demostrado su capacidad y solvencia técnica en la gestión de estos activos.

Podemos y Compromís registran una ley para derogar los cambios de retribución a los inversores en energía fotovoltaica

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Europa Press.- Unidos Podemos-En Comú y Compromís han registrado en el Congreso una proposición de ley para asegurar la inversión de los productores de energía renovable y evitar que la revisión de estas retribuciones programada para 2020 pueda llevar a la ruina a más de 62.000 familias que invirtieron sus ahorros en este negocio.

La iniciativa legislativa consta de un solo artículo que modificaría la Ley 24/2013 para garantizar que el valor de la rentabilidad razonable no se modificará, ni se revisará durante la vida útil de las instalaciones. Según denuncian estas formaciones, las reformas de 2013 y 2014 en la producción de energía eléctrica a través de renovables permitió la revisión periódica de la totalidad de los parámetros, por lo que no es posible conocer la retribución de los proyectos más allá de un horizonte de tres años.

Ambas formaciones estuvieron acompañadas en la presentación de la iniciativa por la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (ANPIER) y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que advirtieron que la próxima revisión de los parámetros, en 2020, puede reducir hasta un 25% la rentabilidad actual, ya revisada anteriormente y por la cual debieron refinanciar su deuda. Los representantes de las asociaciones denuncian que desde el impulso dado a la producción de energía fotovoltaica en 2007 se han producido hasta 9 cambios retroactivos que han modificado las condiciones inicialmente pactadas con el Estado.

Los principales afectados, advierten, son aquellos productores con menos recursos, sin posibilidades de poder alcanzar a nuevos acuerdos de refinanciación. «La parte social desaparecerá fulminantemente y seguirá el camino que llevamos desde hace unos años, que es acabar en manos de fondos buitre o de grandes compañías», ha lamentado Miguel Ángel Aroca, presidente de ANPIER. «El futuro va a ser renovable, de eso no hay duda. La gran incertidumbre es saber si va a ser social», indicó el director de ANPIER, Rafael Barrera, que critica que las incertidumbres «expulsan» a los pioneros en la producción energética a través de renovables.

Para Ignasi Candela (Compromís), esta proposición de ley trata de «avanzar en la democratización de la producción de la energía», en la que espera sumar al PSOE, al que cree «comprometido en este proceso», y a Ciudadanos, al que ve más «dubitativo». Por su parte, Josep Vendrell, de En Comú, ha reclamado que esta legislatura sea la de la «transición energética» ante los «obstáculos» que plantea, ha dicho, el Gobierno y su ministro de Energía, Álvaro Nadal. Ante la posibilidad de que el Gobierno pueda presentar un veto para evitar la calificación de la propuesta, Vendrell asegura que en este caso no hay afectación presupuestaria. 

Miguel Ángel Martínez-Aroca es reelegido como el presidente de los productores fotovoltaicos españoles de Anpier para los próximos 5 años

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Europa Press.- Miguel Ángel Martínez-Aroca ha sido reelegido como presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) para los próximos 5 años. Anpier representa a los 62.000 productores fotovoltaicos, pioneros del desarrollo y generación de la energía solar fotovoltaica en España que, actualmente, aseguran haber pasado a una situación de “precariedad económica” y sin solución política por el momento.

En sus 7 años de vida la entidad ha alcanzado los 5.000 asociados y decenas de miles de simpatizantes. Además, cuenta con un equipo formado por ingenieros, abogados, periodistas, economistas, una sede en Madrid y una delegación permanente en Bruselas. A lo largo de su andadura, Anpier asegura haber alcanzado «la interlocución necesaria ante las Administraciones y el reconocimiento sectorial, mediático y social» para difundir su defensa de un nuevo modelo «energético renovable y social, que respete la seguridad jurídica».

Martínez-Aroca señaló que el objetivo de la asociación es aportar a los españoles «la confianza necesaria para participar en el sector ya no como meros consumidores, sino también como productores». También indicó que las 62.000 familias fotovoltaicas han demostrado la capacidad de los ciudadanos «de acceder a la generación eléctrica» aunque «se ha preferido mantener al pueblo al margen, fomentando la ignorancia en la materia, complicando al extremo la normativa, estimagtizando y convirtiendo sus inversiones en fracasos que disuadan a otros«. «Nuestro gran reto es cambiar este bochornoso escenario», concluyó.

Nadal deberá resolver la financiación del bono social de electricidad y decidir sobre las renovables, Garoña y el ATC

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EFE / Europa Press.- La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) fue la primera organización, tras conocerse su nombramiento, en solicitar una reunión urgente con el nuevo ministro Álvaro Nadal, para abordar la situación del sector productor fotovoltaico español. Hasta ahora jefe de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, Álvaro Nadal tendrá un estreno intenso al frente de la nueva cartera de Energía, Turismo y Agenda Digital, ya que deberá buscar un nuevo sistema de financiación del bono social eléctrico.

Tras el varapalo del Tribunal Supremo, que consideró «inaplicable» el sistema actual de financiación, Nadal tendrá que afrontar la devolución a las compañías eléctricas de los 500 millones de euros que han aportado para permitir que los colectivos más vulnerables disfruten de un descuento del 25% en el recibo de la luz. Después de unos años de intensas reformas, fundamentalmente en el sector eléctrico, el nuevo ministro se encontrará con otros temas de calado, como la revisión del margen de comercialización de la tarifa eléctrica regulada, la nueva orden de peajes para la revisión trimestral de la luz, con la necesidad de evitar subidas, la aplicación de los superávit de tarifa o los detalles de la próxima subasta de renovables.

Anpier pide audiencia con Nadal

Precisamente la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ya ha solicitado una reunión urgente con el nuevo ministro de Energía para abordar la situación del sector productor fotovoltaico español. En una carta firmada por el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, se recuerda al nuevo titular de Energía que «el colectivo de pequeños productores fotovoltaicos ha sufrido recortes draconianos en los últimos años, que les han colocado en unas situaciones financieras dramáticas; además de recibir un injustificado maltrato por parte del anterior Ejecutivo«. La asociación señala que el anterior ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se negó a recibir al sector, «a pesar de recibir más de una decena de solicitudes por parte de Anpier».

La asociación subraya que «no es poca la responsabilidad» que asume el nuevo ministro, con un «inevitable cambio de modelo» tanto en la generación como en la forma de distribuir y consumir la energía, que ha de realizarse «con urgencia; pero con el sosiego necesario para evitar errores cuyas consecuencias lastren la proyección económica y el bienestar de los españoles».

Decisiones sobre Garoña y ATC

En materia nuclear, Nadal hereda la decisión de renovar o denegar la autorización a la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) para que siga produciendo electricidad. Sin embargo, antes de tomar la decisión, el nuevo Gobierno deberá recibir el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al respecto, que será preceptivo si es favorable a la continuidad, y vinculante, en caso de que el regulador estime que la planta no debe seguir abierta.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo de Rajoy tendrá que dar una solución a los residuos nucleares españoles, pues el Parlamento instó al Gobierno en 2004 a construir un almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad pero hasta final de 2011 no se eligió la ubicación del mismo, en Villar de Cañas (Cuenca). Sin embargo pocos avances se realizaron durante el primer mandato de Rajoy y desde 2015 las instalaciones han encontrado la oposición y las trabas del nuevo Ejecutivo autonómico de Castilla-La Mancha del socialista Emiliano García-Page.

Nadal se situará al frente de un Ministerio de nueva creación, que sustituye en buena parte al anterior Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Si Energía y Turismo se mantienen como rúbricas de cabecera, la Agenda Digital gana peso y el área de Industria pasa a depender del también nuevo Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. El nuevo Ministerio colma en parte las expectativas del sector de las telecomunicaciones, que reclamaba una mayor consideración dentro de las funciones de Gobierno, mientras que deja al sector energético sin la vinculación con Medio Ambiente reclamada desde diferentes empresas. El sector turístico reclamaba un Ministerio propio, pretensión que no se ha visto cumplida.

El nuevo ministro deberá dirigir la política energética conforme a los objetivos de la Unión Europea en materia medioambiental. No solo habrá de afrontar el reto de cumplir el objetivo comunitario de que el 20% de la energía final proceda de renovables en 2020, sino que también deberá defender el legado de su hermano gemelo, Alberto. Este legado, que incluyó un recorte de 2.700 millones a las empresas, se plasmó en una nueva Ley del Sector Eléctrico, en la que se recoge una retribución para las energías renovables y las redes eléctricas conforme a una rentabilidad razonable para toda la vida útil del activo calculada a partir de los bonos del Estado más un diferencial.

Ahora, Álvaro Nadal deberá completar los desarrollos normativos pendientes y hacer frente a la prueba de estrés de los tribunales, en la que se verá qué parte de la reforma sobrevive a la alta litigiosidad provocada. El Tribunal Supremo ya ha avalado los recortes a las renovables, que están aún pendientes de resolución en los tribunales de arbitraje internacional. Sobre la mesa Nadal se encontrará también con asuntos como el posible desarrollo de una normativa sobre autoconsumo energético menos restrictiva. También deberá supervisar de forma transversal los diferentes proyectos económicos y empresariales para que se ajusten a los objetivos climáticos.

La Fundación Renovables pide una ley de transición energética y un ministro dialogante mientras Anpier reclama “sentido de Estado”

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Europa Press / Servimedia.- La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ha reclamado al presidente de Gobierno un ministro de Industria, Energía y Turismo «con sentido común y sentido de Estado, y que sea capaz de encontrar una solución política urgente frente a la inseguridad jurídica«. Por su parte, la Fundación Renovables reclama un giro de las políticas energéticas hacia un modelo más sostenible que incluya una ley sobre transición energética que esté pilotada por un ministro con capacidad para pactar y dialogar.

La Fundación considera que, en la nueva etapa política, resulta «ineludible avanzar hacia un nuevo modelo energético y recuperar el grave atraso sufrido durante la pasada legislatura, nefasta desde el punto de vista de la sostenibilidad energética». El momento actual, por «urgencia y por oportunidad», recomienda que España aplique las políticas energéticas adecuadas para evitar «quedar fuera de la senda de acción política que ya está siguiendo la mayoría de las grandes economías del entorno».

La Fundación Renovables considera que todos los partidos tienen «una importante función que cumplir» y espera que se pongan «de inmediato a trabajar en el Parlamento para generar los consensos necesarios y avanzar hacia un futuro 100% renovable». Además, reclama al nuevo Gobierno que designe un responsable con «capacidad demostrada de dialogar y pactar con el resto de formaciones parlamentarias e instituciones sociales una Ley de Transición Energética y Cambio Climático» que permita alcanzar un modelo energético sostenible y cumplir con los compromisos climáticos adquiridos.

Este giro político resulta clave «tras años de desastrosa política energética y de ignorar el desafío del cambio climático«, señala la Fundación. «La participación y el diálogo, no solo entre los grupos políticos, sino con todos los actores sociales, será un elemento imprescindible para que la regulación se adecue a las necesidades y capacidades de la sociedad española», añade. La Fundación aboga por impulsar las renovables, una mayor electrificación de la demanda, el desarrollo del coche eléctrico, la mejora en la eficiencia, la lucha contra el cambio climático y la erradicación de la pobreza energética.

Anpier pide más seguridad jurídica

Por su parte, Anpier pide un ministro «que sea capaz de encontrar, a través del diálogo sectorial, una solución política urgente frente a la inseguridad jurídica que sufre el sector fotovoltaico español». En este sentido, la asociaciónconsidera que el anterior ministro José Manuel Soria, junto con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, tuvieron «un comportamiento reprobable al paralizar la progresión del sector renovable en beneficio de la producción fósil y nuclear» e «intoxicaron» a la sociedad «con información sesgada sobre el colectivo fotovoltaico, con la intención de justificar los draconianos recortes aplicados».

Asimismo, Anpier insta a Rajoy a que contraste información sobre «la magnitud real de los recortes aplicados y las rentabilidades» y advierte que el sector se movilizará en 2017. De esta manera, el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, considera que el nuevo Gobierno «debe articular una nueva política energética de Estado, electrificando la economía sobre fuentes renovables y socializando el acceso a la generación, y empezando por restaurar la seguridad jurídica de las miles de familias españolas fotovoltaicas que han contribuido con sus ahorros a resolver los problemas energéticos y medioambientales de nuestro país».

Anpier denuncia que el recorte fotovoltaico lo soportan las familias productoras y no la gran empresa

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Europa Press.- La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) asegura que el recorte de retribución a las instalaciones lo están soportando las familias productoras y los pequeños inversores, mientras que las grandes empresas de renovables están encontrando fórmulas para vender sus activos a fondos y eléctricas con quitas cercanas al 35%. De este modo, señala que los grandes proyectos han podido negociar con los bancos o vender los activos al no tener avales personales, y los nuevos titulares han comprado «a precio de saldo».

A su juicio, esta situación contrasta con las cerca de «62.000 familias fotovoltaicas españolas», que están viéndose abocadas a continuas refinanciaciones para no perder ni los activos solares ni los bienes personales que les había exigido la banca como garantía. «Una vez más, son los particulares las que están asumiendo estragos normativos arbitrarios, que liberan a las grandes entidades de cargas, mientras quedan a merced de las consecuencias aquellos con mayor grado de compromiso legal y fiscalización soportan», esto es, «las familias y las pymes».

Las grandes empresas han podido cerrar acuerdos ventajosos de refinanciación o deshacerse de activos, que están yendo a parar a manos de fondos de inversión o eléctricas tradicionales. De esta forma, ha minorado en gran medida las cargas financieras, con lo que mejoran la rentabilidad y amortiguan los recortes, señala Anpier. El presidente, Miguel Ángel Martínez-Aroca, denuncia que, con los recortes de hasta el 50% en la retribución, «los pagos a la banca se mantienen invariables mientras que los ingresos se volatilizan», lo que obliga a «estirar» los plazos de financiación hasta los 17 años.

Este escenario es «muy diferente del que han encontrado las grandes empresas que, sin garantías personales, en lugar de alargar su hipotecas, se han logrado quitas de manera directa o en el proceso de venta de los activos». «Una revolución tecnología y social promovida por decenas de miles de españoles, que suponía una gran oportunidad de redistribuir la riqueza energética de la que ahora disponemos, ha quedado truncada», asegura Martínez-Aroca.