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La Eurocámara resolverá en breve sus decisiones sobre el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña, El Cabril y Doñana

Europa Press.- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha acordado archivar la queja por presuntas irregularidades en el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña que defiende el alcalde de Zamanzas (Burgos), Juan José Asensio, si bien la decisión será revisada el 20 de marzo y podría ser revocada por falta de quórum durante esta sesión.

Asensio ha expuesto la necesidad de que la Eurocámara presione a España pidiendo más información sobre el cierre de la central y ha criticado el periodo de «incertidumbre, desinformación, cambios de gobierno y retraso en los plazos» que estaban marcando el proceso. Tras escuchar al peticionario, un representante de la Comisión Europea advirtió de que con la información de que dispone no ve necesario tomar medidas en relación al cumplimiento de la directiva sobre seguridad nuclear o a la aplicación del Tratado de Euratom. Además, el funcionario comunitario ha subrayado que es la autoridad reguladora española la competente para garantizar que la seguridad de la planta cumple los requisitos europeos.

Interés en Garoña: 6 eurodiputados

Con todo, los eurodiputados han concluido que se enviará una carta a las autoridades españolas para pedir más información sobre el desmantelamiento de Garoña, pero que cerrarán la queja, por lo que no habría seguimiento. Esta decisión se ha tomado por 3 votos a favor y 3 en contra, solo había 6 diputados en la sala, por lo que no se ha formado el quórum de 12 eurodiputados que exigen las reglas del Parlamento. Por ello, Los Verdes han anunciado que pedirán la revisión de esta decisión en la próxima reunión de coordinadores del grupo, el 20 de marzo, opción que ha aceptado la presidencia de la comisión europarlamentaria tras tomar nota de las quejas expresadas por IU y EQUO.

Marina Albiol (IU), Florent Marcellesi (EQUO) y Xabier Benito (Podemos) son los tres eurodiputados que han pedido mantener abierto el caso. En sus intervenciones han denunciado «falta de información» e «irregularidades constantes» en el caso de la central burgalesa, al tiempo que han criticado a las autoridades por «anteponer» los intereses de las empresas energéticas al bienestar de la ciudadanía y el medio ambiente. En contra han votado dos eurodiputados del PP, Rosa Estaràs y Francisco José Millán Mon, y el eurodiputado eslovaco Pál Csáky, cuyo voto contabilizaba doble por ejercer en esta sesión de presidente de la comisión de Peticiones. Ningún eurodiputado del PSOE ha participado en la sesión.

Cementerio nuclear de El Cabril

Por otro lado, la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decido recabar más información de parte de las autoridades españolas sobre su gestión del cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba), por lo que mantendrá abiertas las quejas ciudadanas presentadas, que denuncia las prácticas para el almacenamiento y traslado de residuos nucleares en un entorno protegido por la Red Natura 2000. Los eurodiputados Albiol y Marcellesi han criticado la «opacidad» de las autoridades en este caso, llegando a pedir el eurodiputado ecologista que Bruselas sopese crear una misión más amplia para examinar la gestión nuclear en el conjunto de España.

La Comisión Europea, por su parte, ha aseverado que entiende la «preocupación» que genera este sector en la ciudadanía, al tiempo que ha explicado las obligaciones de los Estados miembros en materia de seguridad nuclear. En 2018, las autoridades españoles ya ofrecieron información sobre el tipo de residuos que se gestionan en la instalación cordobesa y sobre la seguridad a futuro, ha dicho la funcionaria.

Día 21, turno para Doñana

Asimismo, la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo votará el próximo 21 de marzo su informe sobre posibles irregularidades medioambientales en el Parque Natural de Doñana, un texto que reclama una nueva evaluación del impacto ambiental conjunto de los 4 proyectos gasísticos. El documento ha sido presentado formalmente en sesión parlamentaria, durante un breve debate que ha servido para recordar las principales conclusiones de la misión que viajó a Doñana en septiembre y adelantar las posiciones de los grupos. Esto permitirá someter al voto de la comisión europarlamentaria el texto definitivo en una sesión a solo un mes de que se disuelva la Eurocámara para las elecciones europeas de mayo, según han indicado fuentes parlamentarias.

El presidente de la delegación que viajó a Doñana, Pál Csáky, destacó los «pasos positivos» que a su juicio están danto tanto la Comisión Europea como las autoridades nacionales y locales a raíz del viaje de los eurodiputados. Entre los principales problemas que señala el informe, ha recordado Csáky, destaca la necesidad de someter a una evaluación de impacto medioambiental conjunta los proyectos gasísticos y no fragmentados como se ha hecho en el pasado. Sobre este asunto, el documento reclama el examen «combinado» de los 4 proyectos de gas (Saladillo, Marismas Occidental, Marismas Oriental y Aznalcázar) que incluya, además, una evaluación sísmica y un análisis de los efectos acumulativos y de la sinergia del proyecto.

En lo que a los proyectos de extracción y almacenamiento de gas, sin embargo, el Ejecutivo comunitario mantiene que «no ha identificado ninguna infracción a la legislación europea» por parte de España, aunque ha pedido a las autoridades nacionales que informen de «cualquier nuevo acontecimiento que pueda tener incidencia» en los proyectos referidos. Así las cosas, los eurodiputados Marina Albiol (IU) y Florent Marcellesi (EQUO) coincidieron en señalar como positivo que se presente un informe de estas características, pero han pedido más «ambición» en sus conclusiones, por lo que han apuntado enmiendas que respalden a la Comisión Europea en su recurso contra España y también que doten de mayor contundencia la exigencia de medidas correctivas.

La eurodiputada socialista Soledad Cabezón, por su parte, ha asegurado que existe «preocupación» por parte de las autoridades por Doñana, pero ha pedido «contextualizar» las amenazas que hay sobre el parque con factores externos como el impacto del cambio climático y que también se valore la necesidad de «equilibrio» entre la protección medioambiental y la estabilidad socioeconómica de la zona.

La delegación de europarlamentarios ve «seria» la problemática de Doñana y confía en emitir en febrero recomendaciones al Gobierno

Europa Press / EFE.– La delegación de eurodiputados de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que evalúa el estado del Parque Nacional de Doñana se ha entrevistado con peticionarios y ONG medioambientales, además de con la Junta de Andalucía y también se ha programado un encuentro con el Defensor del Pueblo Andaluz, con la idea de poner en marcha un procedimiento que culminaría en torno al próximo mes de febrero con la emisión de una serie de recomendaciones sobre el particular al Gobierno central.

Así lo indicó el presidente de la delegación, el europarlamentario eslovaco Pál Csáky, que ha calificado de «seria» y «muy importante» la problemática del espacio natural, que ha propiciado la presentación de 5 peticiones a la comisión, de carácter medioambiental y fundamentalmente centradas en el proyecto de almacenamiento de Gas Natural. «Estamos aquí para entender la situación e intentar echar una mano«, ha asegurado Csáky, que ha explicado que, a partir de la información recabada, se elaborará un texto conjunto en la Eurocámara que, en principio, debería estar listo para noviembre, con idea de que los temas sean directamente tratados con la Junta, el Ejecutivo central y la Comisión Europea.

Según el tiempo que se emplee en el texto consensuado, en diciembre o enero podría someterse a votación en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, siendo «muy probable» que se puedan emitir recomendaciones para las autoridades españolas «más bien para febrero». En este sentido, el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha sido taxativo al asegurar que ha solicitado «abiertamente» del Parlamento Europeo un pronunciamiento «inequívoco» en contra del gasoducto. «Mientras estemos aquí tendremos las herramientas suficientes como para que el proyecto no atraviese ni un metro de Doñana, que no se toca; he pedido que el Europarlamento se sume a la opinión prácticamente unánime de la sociedad andaluza».

Fiscal también ha recordado la creación de una comisión Gobierno central-Junta para analizar jurídicamente el proyecto de gas, toda vez que la visión ambiental que ostenta el actual Ministerio para la Transición Ecológica «es la misma que la nuestra: ambientalmente entendemos que no es sostenible, pero hay un ordenamiento jurídico que cumplir y lo haremos con la máxima seguridad jurídica«.

Sobre la situación también se ha pronunciado el eurodiputado de EQUO, Florent Marcellesi, que mantiene que «sin un cambio de modelo productivo y una transición energética, Doñana seguirá estando amenazada». Marcellesi, parte de la delegación junto a los eurodiputados españoles Rosa Estarás y Soledad Cabezón, así como Miltiados Kyrkos y Thomas Waitz, viene siguiendo de cerca las distintas problemáticas que amenazan a este espacio privilegiado.

WWF ha sido otra de las organizaciones que ha mantenido un encuentro con la delegación europea. El coordinador de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, Juan José Carmona, ha señalado que la postura que defiende su colectivo gira en torno a lo «inmoral» y el sinsentido de guardar en el subsuelo gas en un proyecto «que acabará con elementos naturales como playas y marismas». «Hay que pedir desde Europa, igual que desde otros organismos como el Defensor del Pueblo, el Parlamento o el Congreso, que se rehaga este proyecto con una alternativa de energía renovable», indica Carmona, que lamenta que la iniciativa se haya «cuarteado», incumpliendo la normativa europea.

Preocupaciones del Defensor del Pueblo

Por su parte, el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, trasladó a la delegación su preocupación por el proyecto de extracción y almacenamiento de gas en Doñana, para el que solicita su «suspensión definitiva». Precisamente el pasado mes de marzo fue el Defensor del Pueblo quien intervino ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en Bruselas, para relatar las actuaciones de esta institución sobre las amenazas a este espacio natural, lo que propició que se enviara esta misión para investigar el estado de Doñana.

Gas Natural lleva años explotando diversos yacimientos en el espacio protegido y su entorno, y proyecta la realización de un gasoducto que conectara dichas explotaciones y la construcción de las infraestructuras necesarias para utilizar los pozos existentes como lugar de almacenamiento, previa inyección, de los gases extraídos. El Defensor recordará que gran parte del trazado del proyecto discurre por el Parque Natural de Doñana, otra parte por una zona contigua al Parque Nacional de Doñana y, en todo caso, su ejecución se llevará a cabo en un entorno que es inseparable de estos espacios protegidos.

Para el Defensor del Pueblo andaluz, la ejecución del proyecto de gasoducto de Doñana «no es compatible, de acuerdo con el principio de precaución, con la necesidad de garantizar la conservación y mantenimiento del Espacio Natural de Doñana», y por ello, reclama «la suspensión definitiva» del proyecto. En este sentido, recuerda lo ocurrido con el proyecto de almacenamiento de gas en la denominada plataforma Castor que, «pese a contar con la preceptiva autorización y haber obtenido una Declaración de Impacto Ambiental favorable, ha debido ser paralizado por el Gobierno de la Nación como consecuencia de los movimientos sísmicos producidos tras su puesta en marcha», recuerda.

El Defensor considera que «no existen razones suficientes que puedan justificar la asunción de los riesgos que conlleva este proyecto para la preservación de este ecosistema único. No solo el principio de precaución, sino el mero sentido común, debería llevarnos a ponderar si los riesgos asumidos con este proyecto, por pequeños que sean, se justifican con los beneficios que pretenden obtenerse del mismo«. De este modo, Maeztu «espera y confía», que de esta visita extraigan las conclusiones necesarias para promover, desde esa Comisión de Peticiones, la adopción por las instituciones europeas de las medidas para «preservar los valores singulares de un ecosistema único como es el Espacio Natural de Doñana».

Izquierda Unida confía en Europa

Por otro lado, Izquierda Unida se ha mostrado esperanzada en que el Parlamento Europeo se sume a las «voces contrarias» al proyecto de almacenamiento de gas que pretende ejecutar Gas Natural en el entorno de Doñana, tras la visita de la misión de la Eurocámara a la zona. La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, asegura que Europa «no puede permanecer callada antes las amenazas que sufre Doñana». «No queremos que haya un nuevo Castor; el futuro de Doñana no puede ser que se vea convertida en un almacén de gas», recalca Albiol, que asegura que dicho proyecto pueda estar «incumpliendo muchas directivas europeas, entre ellas la directiva sobre impacto ambiental».

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Antonio Maíllo, ha destacado que ahora hay «un marco nuevo» en España, en referencia al Gobierno de Pedro Sánchez, por lo que cree que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ya no tiene «excusas» y no puede «culpar» al anterior presidente, Mariano Rajoy, de que no se paralice el proyecto. «Este proyecto es incompatible con la vida en Doñana, es necesario paralizarlo y para eso no puede haber ninguna fisura«, ha clamado el dirigente de IULV-CA, que ha apostillado: «Y Bruselas tendrá que definirse sobre si quiere ser una Europa de los Ciudadanos que defienda los espacios naturales o, por el contrario, una Europa de los lobbies».

Bruselas pospone a marzo su decisión sobre la comparecencia del Defensor del Pueblo andaluz por el almacén gasista de Doñana

Europa Press.- La Comisión de Peticiones de la Unión Europea ha decidido posponer al mes de marzo su decisión sobre la comparecencia del Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ante el Parlamento Europeo, solicitada por Izquierda Unida, para que defienda su postura en contra del proyecto gasístico de Gas Natural Fenosa en Doñana y para exponer el informe que elaboró su departamento en esta línea, en el que alerta de los riesgos que entraña el mismo para este espacio natural de Andalucía.

Fuentes europarlamentarias indicaron que la Comisión de Peticiones valoró la solicitud de Izquierda Unida de incluir para debate en su reunión de febrero las peticiones sobre Doñana, si bien el Partido Popular Europeo solicitó que se posponga el debate para marzo o abril, «y dar así más tiempo a la Comisión Europea para que envíe una valoración por escrito». Por su parte, Izquierda Unida indicó que, «debido a la situación de emergencia que vive el parque de Doñana, presionaremos para que se incluya el tema en la agenda de marzo«.

Izquierda Unida, organización que tiene registrada una petición sobre el proyecto de almacén de gas en Doñana, trasladó a la Comisión Europea a través de su eurodiputada, Marina Albiol, el informe del Defensor del Pueblo que alertaba de los riesgos sísmicos y de la necesidad de contar con un estudio de impacto medioambiental no fraccionado, es decir, «que tenga en cuenta el impacto total de los 4 subproyectos en los que se dividió» el proyecto.

El propio Maeztu, tras reunirse recientemente con una delegación de Izquierda Unida encabezada por el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maíllo, trasladó que está dispuesto a comparecer en Bruselas para defender su postura en contra del proyecto gasístico de Gas Natural en Doñana. Maeztu afirmó entonces que Doñana «es una joya que tenemos que cuidar» y por eso el proyecto gasístico «debe suspenderse definitivamente», motivos por los que aceptó la petición de la formación de izquierdas para defender su informe en Bruselas.

Energía ya ha remitido el informe del IGME sobre Doñana a Gas Natural mientras Izquierda Unida exige que se publique

Europa Press.- La diputada de Unidos Podemos en el Congreso Eva García Sempere (IU) exige al Gobierno una copia del informe elaborado por el Instituto Geológico Minero de España (IGME), cuyas conclusiones alertan de que uno de los almacenes subterráneos de gas que Gas Natural desarrolla en Doñana tiene un riesgo de inundación «más elevado del inicialmente admitido». En este sentido, la Dirección General de Política Energéticas y Minas, perteneciente al Ministerio de Energía, ya ha remitido a Gas Natural el informe.

Al parecer, el informe advierte de que uno de los almacenes subterráneos de gas que Gas Natural desarrolla al borde del Parque Nacional de Doñana supone un mayor riesgo por inundaciones del inicialmente admitido por la empresa lo que, unido a las nuevas restricciones legales para usos del suelo, arroja dudas sobre la viabilidad del almacén conocido como Marismas Occidental.

Fuentes del Ministerio han explicado que la resolución de la Dirección General de Política Energéticas y Minas de marzo de 2016, en línea con los requerimientos del IGME sobre Marismas Occidental, señala que «con anterioridad a la solicitud del acta de puesta en servicio el promotor, en este caso Gas Natural, deberá realizar una serie de estudios complementarios, necesarios según el IGME para la operación de la instalación, pero no para la fase de construcción».

Gas Natural ya presentó los citados estudios, que fueron remitidos al IGME. A su vez, el IGME emitió un informe al respecto el pasado diciembre donde se realizan «una serie de observaciones de carácter técnico». Tras esto, Energía ya ha remitido este informe a Gas Natural y «le ha indicado que procedan según lo indicado por el IGME» o, en su caso, «formulen las observaciones oportunas». En estos momentos, según las fuentes consultadas, el Ministerio de Energía se encuentra «a la espera de la contestación del promotor«. Por otro lado, las fuentes ministeriales recordaron que, según lo previsto en la autorización, este no podrá funcionar en tanto el IGME «no dé su plena conformidad «.

IU pide paralizar los proyectos

Por su parte, la portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha pedido a la Comisión Europea que paralice «de inmediato» los proyectos que afectan al Parque Natural de Doñana y avisa de que «podemos estar ante un nuevo caso Castor«. Esta ha sido también la línea seguida por Sempere en el Congreso de los Diputados, que además de una copia del informe del IGME ha solicitado al Gobierno una valoración del documento así como la «posible paralización cautelar del proyecto gasístico».

Sempere detalló que, según el informe filtrado, en la zona del proyecto conocida como Marismas-3, Gas Natural atribuye «peligrosidades por inundaciones de carácter baja o media», mientras que los técnicos del IGME consideran la zona «al límite de lo establecido por inundaciones peligrosas para las personas«. Igualmente, el informe señala que el nuevo Reglamento del Dominio Público Hidráulico introduce restricciones que pueden afectar al proyecto de Gas Natural en Doñana.

En lo que se refiere a Bruselas, Albiol, en una nueva pregunta sobre Doñana a la Comisión Europea, ha puesto sobre la mesa el informe del IGME y también el del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que en julio del año pasado «alertó del riesgo sísmico en la zona que acarreaba el proyecto gasístico». «Además del daño medioambiental irreparable, nos tememos que estamos ante un nuevo caso Castor, ante un nuevo favor del Gobierno a las empresas que financian al PP y que luego se lo devuelven vía sobres», denunció.

Izquierda Unida envía al Parlamento Europeo el informe del Defensor del Pueblo sobre el almacén de Gas Natural de Doñana

Europa Press.- La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, remitió a la presidenta de la comisión de Peticiones (PETI) de la Eurocámara, Cecilia Wikstrom, el último informe sobre Doñana elaborado por el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández, al tiempo que ha incidido en la necesidad de organizar una misión de investigación.

En dicho informe, el Defensor solicita al Gobierno que haga una evaluación conjunta del impacto que pueden tener sobre el parque los 4 proyectos existentes para la extracción y almacenamiento de gas natural, sugiere que se revisen las declaraciones de impacto ambiental y alerta sobre los riesgos sísmicos que podrían conllevar ciertas prácticas. Según Izquierda Unida, Albiol pidió a Wikstrom que, dada la relevancia del informe del Defensor del Pueblo y la coincidencia con las denuncias que se han venido presentando en la PETI, incluya el documento como información complementaria a su petición todavía abierta.

La eurodiputada recuerda a Wikstrom que durante el último debate que se celebró en la PETI sobre Doñana «ya se denunció el riesgo sísmico del proyecto», algo que recoge el Defensor del Pueblo en su informe de noviembre, que reflejaba las denuncias que se vienen haciendo desde algunas organizaciones ecologistas y políticas desde que se anunciara el proyecto de Gas Natural en Doñana. Entre ellas, la necesidad de hacer una evaluación acumulativa del impacto que tendrían en el Parque las cuatro actuaciones previstas: Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcazar.

Por otro lado, recomienda al Ministerio de Energía que se revisen los informes de impacto ambiental emitidos, que también se encuentran cuarteados, y advierte de las dudas que le genera el informe del Instituto Geológico y Minero «sobre la idoneidad del emplazamiento de los almacenamientos de gas proyectados», explicando que «las evaluaciones individuales de los 4 proyectos no permiten valorar adecuadamente el riesgo sísmico y su impacto en el acuífero«.

Albiol cree que «no hay más tiempo que perder» y, ante «la importancia» de este informe del Defensor del Pueblo, que «refleja las denuncias que hacemos desde hace años», insiste en que «la comisión de Peticiones debe organizar cuanto antes una misión de investigación a Doñana para comprobar sobre el terreno lo que puede suponer un proyecto gasístico de estas características en una zona considerada patrimonio mundial por la Unesco».

Piden en Bruselas suspender la línea de muy alta tensión de La Plana-Morella

EFE.- La «Plataforma No a la MAT de Castellón» solicitó a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que paralice la nueva línea de muy alta tensión la Plana-Morella, en una sesión en la que se acordó esperar a que el Ejecutivo comunitario se pronuncie sobre el proyecto para volver a analizarlo de nuevo.

El proyecto, incluido en la Planificación Energética 2015-2020 elaborada por el Gobierno central en colaboración con las comunidades autónomas, prevé construir una línea de doble circuito de 400 kV y 86 kilómetros que conectaría la subestación de Morella con la de la Plana. La ponente de la petición en la sede parlamentaria, Clara Eugenia Ros, calificó el proyecto de «cicatriz en el territorio» que «no es de utilidad pública» y supone un «atentado contra la naturaleza (…) y los ciudadanos», que «beneficia exclusivamente al promotor». Ros subrayó que ya hay una tendido eléctrico que discurre en paralelo y señaló que el nuevo proyecto, que se ha «fragmentado para facilitar su aprobación», «no contempla el desmantelamiento de la línea ya existente».

La petición recibió el respaldo expreso de varios eurodiputados, entre ellos la valenciana Marina Albiol, portavoz de la delegación de La Izquierda Plural en la Eurocámara, quien indicó que la utilidad pública del proyecto es «cuestionable» y solicitó que se paralice el nuevo tendido porque afecta a las aves silvestres, a los hábitats animales y a la Red Natura 2000.

En esa línea, el eurodiputado de EQUO Florent Marcellesi recordó que el Gobierno de la Comunitat Valenciana se opone al proyecto y exigió «una evaluación del impacto ambiental estratégico» de todo el proyecto, mientras que Josep-Maria Terricabras, del grupo de Los Verdes, secundó la petición y señaló que «el caso de las eléctricas españolas acabará saliendo en los libros del terror de Europa».

Por su parte, la europarlamentaria de Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa Beatriz Becerra pidió que se aplique el «principio de precaución» ante los riesgos medioambientales y sanitarios que alegan los detractores del proyecto, y la socialista Soledad Cabezón instó a que se estudiase si la construcción de la línea se había publicitado adecuadamente entre la ciudadanía. El funcionario Daniel Fernández Gómez explicó que la Comisión Europea (CE) solicitó información a las autoridades españolas en dos ocasiones y que, tras haberla recibido, el Ejecutivo comunitario se pronunciará en breve sobre el caso.

De ese modo, la eurodiputada popular Rosa Estaràs Ferragut, miembro de la Comisión de Peticiones, se pronunció a favor de esperar a que la Comisión Europea se pronuncie y volver a analizar entonces la solicitud, extremo que aceptó la presidenta de esa comisión parlamentaria, la liberal Cecilia Wikstrom. Según explicó Red Eléctrica el pasado septiembre, el tendido en el que planea invertir 47,5 millones de euros incrementará la seguridad y calidad del suministro eléctrico en la Comunitat Valenciana y hará que el sistema eléctrico sea más eficiente, seguro y sostenible.