Europa Press.- La Comisión de Transición Ecológica del Congreso apoyó por unanimidad una proposición no de ley del PSOE por la que reclaman al Gobierno recursos para el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) con el objetivo de aplicar una estrategia ambiciosa de ahorro y eficiencia energética, que se sitúe entre las prioridades de la política energética del país.

El texto, que ha contado con aportaciones de Ciudadanos y ERC, cuenta con una decena de puntos que buscan «el impulso de la eficiencia y el ahorro energético», según explicó el portavoz socialista en este debate, Marc Lamuà. Entre las medidas que se reclaman, destacan la petición al Ejecutivo para aprobar un plan estratégico que incluya actuaciones preferentes para viviendas habitadas por familias en situación de pobreza energética. Además, se propone impulsar en el medio plazo la incorporación de servicios energéticos avanzados en el marco de planes de rehabilitación de vivienda y revisar las normas de edificación y rehabilitación, así como desarrollar instrumentos financieros específicos de apoyo e impulso a las empresas de servicios energéticos.

Asimismo, también pide fomentar cambios sustanciales en nuestra movilidad, apostando como una de las claves del ahorro energético en la movilidad sostenible, en la que el transporte público y el vehículo eléctrico juegan un papel fundamental. Del mismo modo, apuesta por reformar la regulación del autoconsumo para eliminar las barreras administrativas y económicas y apostar decididamente por las energías renovables para reducir el consumo energético.

Apuesta por la economía verde

Por otro lado, el Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley que pide al Gobierno a impulsar un plan para promover una transición hacia un estilo de vida sostenible, que tenga impacto sobre la educación, la economía y el sistema social. La propuesta, promovida por el grupo parlamentario socialista, ha sido aprobada después de haber pactado dos modificaciones de la propuesta para incluir las enmiendas de ERC y de Cs. Así, la primera señala que el plan deberá elaborarse de acuerdo con las comunidades autónomas a las que se dotará de fondos proporcionales y suficientes para aplicar estas políticas en sus territorios de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas.

Por otro lado, la iniciativa insta también al Gobierno a presentar cuanto antes un proyecto de ley de lucha contra el cambio climático y la transición energética, que remita a la Unión Europea el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y a aprobar la Estrategia Española de Economía Circular y que incorpore medidas dirigidas a fomentar una administración sostenible.

El portavoz socialista en la Comisión para la Transición Ecológica, Ricardo García Mira, cree que una respuesta institucional al reto de la sostenibilidad ha estado muy fragmentada hasta el momento y, a pesar de que se han promovido campañas de concienciación, hay «algunos aspectos aún controvertidos». Por ejemplo, señala que «no está claro» hasta qué punto los ciudadanos afrontan los retos ambientales con cambios de estilo de vida, algo que «exige introducir cambios en el diseño de los modelos económicos» si se quiere observar algún impacto en la vida cotidiana. «Como políticos y como sociedad no está claro que se estén creando mecanismos efectivos para promover la participación y la cooperación para una transición firme hacia la sostenibilidad», ha defendido.

Una movilidad con menos emisiones

Esta estrategia incluirá la renovación del parque móvil público por vehículos de emisiones nulas o reducidas; aumentar la compra pública inteligente y sostenible; la adaptación de edificios públicos al estándar de consumo energético casi nulo, la reducción de los residuos generados y aumento del reciclado, la reutilización de agua y reducción del consumo neto de agua. El plan para impulsar un nuevo estilo de vida sostenible debe incorporar un diálogo entre innovadores, investigadores y otros actores sociales, sobre todo de los grupos de interés medioambientales y de la economía, para poder poner en contexto el significado e impacto de distintos modelos económicos que se basen en la economía verde y otros modelos de crecimiento sostenible.

El plan deberá consultar también a las iniciativas que ya en la actualidad contribuyen a reducir el impacto ambiental en áreas de relevancia, como la movilidad o el consumo. Al mismo tiempo, este plan irá acompañado de un programa de apoyo e incentivos económicos de estas iniciativas empresariales de economía verde, sobre todo las más innovadoras y que tengan un mayor impacto social. También habrá de facilitar el conocimiento y la implantación de alternativas de estilos de vida sostenibles según las recomendaciones del Acuerdo de París contra el cambio climático.

También prevé una campaña de educación y concienciación ambiental sobre la necesidad de implicarse en estilos de vida sostenibles, que permita adquirir información veraz sobre el impacto negativo del actual comportamiento sobre el cambio climático y que refuerce la idea de la necesidad de cambiar de vida para responder al reto de la sostenibilidad. Igualmente, incluirá incentivos a la utilización de transporte público y a la creación de infraestructuras verdes que permitan el diseño de corredores verdes en las ciudades.