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El Gobierno «no duda» sobre las propuestas del horizonte 2040 pero Equo les acusa de ceder ante la industria automovilística

Europa Press.- Equo ha acusado al Gobierno de ceder ante «las presiones de la industria del automóvil» por eliminar la fecha de prohibición para la venta y matriculación de vehículos que emitan CO2, que en un primer momento se había establecido para 2040. En este sentido, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno «no tiene ninguna duda» de que la fecha para la prohibición de la venta de coches diésel, gasolina e híbridos debe ser 2040.

Ribera reiteró la importancia de fijar una fecha de referencia «para dar estabilidad y fijar el proceso de transformación de la industria», y subrayó que para el Gobierno 2040 es «la mejor fecha». La titular de Transición Ecológica destacó que esa fecha está respaldada por las señales que han dado en esa dirección tanto la Comisión Europea, «incluido el comisario de Energía, que hizo comentarios un poco confusos en voz alta», como Francia, un país con «potencial industrial asociado al automóvil y sede de dos de las casas automovilísticas más importantes, como Renault y PSA».

Ribera señaló que «es imposible» abordar una estrategia de descarbonización «seria» sin afrontar que todos los coches nuevos en 2040 «deberán ser cero emisiones». No obstante, defendió la «neutralidad tecnológica» ya que en ese horizonte es imposible saber qué tipo de vehículos habrá. «Pero sí la referencia de que deberán ser cero emisiones», apuntó. La ministra afirmó que la industria está en una transformación «muy profunda a escala global», por lo que los gobiernos deben acompañar en ese proceso para que la industria europea «no pierda ese tren», pero «sin olvidar el cumplimiento de nuestras obligaciones en materia de clima».

«Es un sector importantísimo desde el punto de vista del empleo, del peso industrial y de la salud y del riesgo asociado al cambio climático», añadió. Asimismo, consideró que el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética se trata de un documento de trabajo abierto y en el que el Gobierno está «ocupado», pero que en ningún momento existe «ninguna decisión concreta».

Devolverá peajes a la CNMC

Por otra parte, Ribera confirmó que el Gobierno devolverá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) antes de 2019 la potestad para fijar los peajes de la luz y del gas, unas competencias que le fueron arrebatadas por el anterior Ejecutivo y que había provocado que existiera la amenaza de sanción por Bruselas. «Lo que hemos hecho ha sido trabajar con la propia CNMC para poder entender cómo dábamos una solución a la práctica habitual de nuestro ordenamiento y nuestras instituciones. Es lo que es compatible con el marco comunitario», explicó.

Ribera reiteró que pronto se dará a conocer la senda que el Gobierno cree «más adecuada» para conseguir ese objetivo de descarbonización y afirmó que la transformación del sector eléctrico de 2021 a 2030 movilizará «algo más de 100.000 millones de euros. La ministra subrayó que la transición energética presenta «grandes desafíos», pero también ofrece «grandes oportunidades» que deben incluir la referencia de la solidaridad y «el trabajo serio y comprometido desde el Gobierno para que estos años convulsos se conviertan en años de prosperidad».

Por su parte, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, aprovechó para pedir a la ministra que en esa hoja de ruta que se está diseñando para la transición energética se recoja un entorno «claro» y que se «pueda escuchar» a las empresas antes de tomar las decisiones. «Estamos para respetar las reglas del juego y sólo pedimos que sean claras y un entorno estable», indicó.

El directivo reiteró la necesidad de escuchar a las empresas antes de tomar las decisiones, «que son del Gobierno», para que esa «ambiciosa» ley pueda contemplar los diferentes puntos vista. Así, el ejecutivo de Naturgy indicó que estamos ante la «gran transformación» para el sector en los últimos años, en la que las compañías deberán adaptarse a un entorno «cambiante».

Equo habla contra el Gobierno

Según indicaron desde la formación ecologista integrada en el Congreso en el grupo confederal de Unidos Podemos, el borrador del decreto ley de medidas urgentes contra el cambio climático deja sin fecha esta prohibición, algo que lamentan como un «paso atrás» del Ministerio para la Transición Ecológica. «Consideramos que es un error y que obedece a las presiones de la industria del automóvil, una vez más, sin tener en cuenta los beneficios que tendría para la sociedad en general», apuntó el diputado de Equo, Juan López de Uralde, tras conocer el contenido de este borrador.

«La mayor parte de la producción de coches en España se exporta, y por tanto nuestra industria debe estar preparada cuanto antes para el cambio que se está produciendo ya», ha apostillado, recordando que la Comisión Europea contempla este límite de 2040, con el fin de establecer un futuro de cero emisiones en 2050. De esta forma, España no estaría en condiciones, según esta formación, de alcanzar los acuerdos de París, y pide al Gobierno que asuma este escenario. «No tiene sentido eliminar la fecha en el Decreto para ponerla después», criticó López de Uralde.

«Lo que hay que hacer es comenzar cuanto antes la transformación para que el impacto sea el menor posible en los puestos de trabajo. Sin olvidar que también es una oportunidad», ha concluido el diputado verde. Por su parte la coportavoz de Equo, Carmen Molina, ha subrayado la necesidad de «avanzar hacia políticas valientes que realmente supongan un impacto claro en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2). «Tenemos que adoptar medidas contundentes y rápidas, ya nos hemos demorado demasiado tiempo», afirmó.

Galán ve «alcanzable» que en 2030 el 80% de la electricidad sea renovable siempre que se aplique «quien contamina, paga»

Europa Press.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, cree que es «perfectamente alcanzable» que en 2030 entre el 70% y el 80% del consumo de electricidad proceda de energía renovable, aunque considera que para ello hay que aplicar el criterio de que “quien contamina, paga«. «El medio ambiente no es un problema, sino una gran oportunidad de creación de riqueza y empleo, pero siempre que apliquemos el criterio de que quien contamina, paga. Si no, no lo conseguiremos», ha aseverado Galán.

Así, ha recordado que los objetivos para 2030 pasan por un peso de las energías renovables del 32% y que ello llevaría a que entre el 70% y 80% de la electricidad proceda de fuentes renovables. «Son objetivos ambiciosos pero perfectamente alcanzables desde un punto de vista tecnológico y económico», indicó. Esto pasaría, abundó, por la integración en el sistema eléctrico de 40.000 nuevos megavatios (MW), la extensión y digitalización de las redes de distribución, un «aumento sustancial» de la capacidad de almacenamiento, la ayuda al consumidor para una «gestión más activa» de la demanda y la electrificación del transporte.

En este último punto, ha apostado por que «el despliegue del coche eléctrico tiene que ser una realidad». «Como empresa eléctrica, no queremos ser el cuello de botella para este despliegue y estamos en un proceso de despliegue de contadores en todas las carreteras para que pueda ocurrir», ha subrayado. Todo ello, desgranó, implicaría una inversión global de entre 70.000 y 100.000 millones de euros, pero también «marcos claros e incentivadores que garanticen la estabilidad regulatoria, atraigan ese capital y aporten visibilidad más allá de situaciones coyunturales». «Hay que hacerlo atractivo a inversores mundiales», advirtió.

En este sentido, ha reclamado que estos marcos regulatorios «apoyen a los que miren al futuro» y garanticen «un reparto justo y equilibrado de los costes medioambientales entre los diferentes emisores» para que «no sólo pague el sector eléctrico, sino los que tengan alguna responsabilidad». Galán espera que todos estos objetivos «claros y ambiciosos» se contengan en la próxima Ley de Transición Energética y el Plan integrado de Energía y Clima, de la que espera «una planificación energética coherente» y «mecanismos regulatorios que garanticen esa consecución del modelo más eficiente«.

La renta familiar “sube más”

Por otro lado, Galán resaltó que el precio de la electricidad para los hogares, sin computar los impuestos en la tarifa, ha subido un 30% menos que el aumento de la renta familiar disponible. «Hemos crecido más en renta que lo que ha crecido la factura, un 40% menos que el metro cuadrado de vivienda en la capital y un 45% menos que productos de primera necesidad, como el pan y la leche», aseveró Galán.

Asimismo, Galán ha reconocido que existe una «sensibilidad especial con los precios» pero que esta situación «está ocurriendo en todo el mundo». Incluso considerando en este coste todos los impuestos incluidos y costes de política energética que soporta actualmente la factura eléctrica, el presidente de Iberdrola ha destacado que el precio por kilovatio hora (kWh) ha aumentado un 7% menos que la renta de las familias. «Ello ha sido posible gracias a un significativo esfuerzo de las empresas eléctricas por mejorar su eficiencia operativa», subrayó.

El Gobierno trabaja en una Ley «transversal» de Cambio Climático y Transición Energética que se tramitará a final de año

Europa Press.– La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha mostrado su apuesta «clara y firme» para impulsar un modelo de desarrollo sostenible que permita luchar contra el cambio climático y cumplir los objetivos del Acuerdo de París, para lo que el Gobierno trabaja en una ley para la transición ecológica que será «transversal» para «abrir la puerta» a España «en el siglo XXI» y que permita la descarbonización de la economía a mitad de siglo.

Durante su primera comparecencia en la Comisión para la Transición Ecológica, Ribera explicó que su intención con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética pasa por dar a conocer un borrador a principios del otoño para poder iniciar su tramitación parlamentaria «antes de final de año» porque España es «una excepción» entre las potencias europeas ya que no goza de una ley que marque el camino hacia la descarbonización.

Considera que la norma deberá estar basada en un acuerdo «sólido, amplio y participado» que atienda las necesidades de todos los sectores, que ofrezca un marco legal financiero estable y coherente y que incluya una «transición justa y equitativa» con herramientas como un Plan de Transición Justa para «no dejar a nadie atrás», sobre todo a los colectivos más vulnerables.

En concreto, indicó que la ley deberá introducir al menos 4 grandes ejes que serán transversales para facilitar una «señal clara» a los reguladores y lograr una reducción de las emisiones de un 20% en 2030, respecto a 1990, lo que supondrá «partir a la mitad las emisiones actuales», porque sin ello, «apenas se podrá alcanzar los objetivos de París«.

«Debemos adoptar sendas de descarbonización», ha insistido la ministra, que cree que sin un marco regulatorio adecuado no es de extrañar que la economía española no haya logrado aún desacoplar en términos absolutos el crecimiento de la economía de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que es un «lastre» para la competitividad. A este respecto recordó que, según los datos del Inventario nacional de emisiones, entre 2014 y 2017 España ha sido el país de Europa en el que más han crecido las emisiones, en concreto, un 4,4% en el último año, sobre todo «arrastradas» por el carbón, que generó el 58% de las emisiones del sector eléctrico.

«Los objetivos de París están hoy lejos de conseguirse y las políticas actuales distan mucho de ir en esa línea», ha reprochado al anterior Ejecutivo. «España no puede terminar la legislatura sin una ley de cambio climático», sentenció. Durante la explicación de sus prioridades al frente del Ministerio, Ribera insistió en que la norma debe incluir objetivos claros de reducción de emisiones para el año 2030 y en 2050, con sendas de descarbonización a largo plazo revisables cada 5 años.

Ribera ha recordado que, de cara al horizonte 2050, España remitirá en 2019 un plan a la Unión Europea que identifique dificultades para capturar todos los avances actuales. En esa línea, ha señalado que el Banco de España elaborará informes periódicos sobre la economía española para conocer sus vulnerabilidades y advertir riesgos y fortalezas del país en la materia y que el Ejecutivo trabajará en presupuestos quinquenales de carbono con un informe contable anual que describa la situación cada año.

Otro de los anuncios formulados del futuro texto de la Ley de Cambio Climático pasa porque entre las «obligaciones» de las empresas cotizadas estará presentar un informe anual de evaluación del riesgo climático y de carbono. Además, todos los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y las memorias de planes y programas y propuestas normativas deberán integrar un análisis de compatibilidad climática y se incluirán los criterios «verdes» obligatorios en la contratación pública. Asimismo, ha anunciado su voluntad de crear una comisión independiente de expertos que elaborarán un informe al año que evalúe la situación en materia de cambio climático y que «ayudará a adoptar las decisiones periódicas más adecuadas».

Por otro lado, la ministra ve prioritario también analizar la compatibilidad climática en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y acometer una reforma fiscal para que España deje de estar «en el furgón de cola» de la fiscalidad ambiental precisamente porque apunta que «quizá la medida más relevante para dar coherencia» es adecuar el sistema fiscal a la realidad climática. Por ello, ha insistido en que se deberá adecuar la fiscalidad, fijar un precio al carbono a través del sistema fiscal y establecer mecanismos que permitan una transición justa.

Ribera ha agregado que una pieza «crítica, complementaria» a la Ley de cambio climático será un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para el periodo 2021-2030 que servirá para sentar las bases de la transformación de la economía en las próximas décadas, con señales «claras» que den certidumbre a todos los actores y que se dirija al cumplimiento de los compromisos con la Unión Europea. «Esto supone trabajar contrarreloj para cumplir los plazos», ha advertido la ministra, que espera presentar un borrador este año.

En materia de energía, opina que se debe desplazar el modelo energético intensivo en energía hacia uno «más sofisticado, descentralizado, plural» en el que es «imprescindible» una apuesta decidida por las renovables con los ciudadanos en el centro del modelo. Entre los objetivos que considera «irrenunciables», destaca la importancia de alcanzar soluciones eléctricas sobre los combustibles fósiles; integrar la sostenibilidad y la eficiencia en la industria y la eficiencia en el sector residencial. De hecho, se ha referido ampliamente a las posibilidades las ciudades a todos los niveles, como la rehabilitación de viviendas para transformar los edificios hasta conseguir que sean casi nulos en emisiones o apostar por un transporte público y bajo en emisiones.

En esa línea ve fundamental «rescatar» al Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que «se ha reducido a una especie de sellador de certificados de ventanas», y revisar toda la normativa energética. En este contexto valora el «nuevo papel» que tendrán las ciudades a la hora de transformar el modelo de convivencia. Finalmente, del mismo modo, ha indicado también que su departamento se propone también aumentar los espacios protegidos, ordenar los usos marinos para que sean compatibles con la biodiversidad como por ejemplo prohibir las prospecciones de combustibles fósiles y la minería.

Ciudadanos insta al Gobierno a aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética con objetivos para el año 2050

EFE / Europa Press.- El grupo parlamentario Ciudadanos ha instado al Ejecutivo a aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que fije un marco legal y de gobernanza que situé el análisis científico independiente en el centro de las políticas del país y establezca objetivos vinculantes y ambiciosos para lograr la descarbonización de la economía en 2050.

En una proposición no de ley (PNL) registrada en el Congreso, Ciudadanos argumenta que España «debe volver a jugar un papel relevante en Europa y en el mundo» en la lucha contra el cambio climático «aprovechando su potencial para la economía sostenible». Recuerda que en 2015, el Acuerdo de París evidenció la voluntad global de adoptar acciones ambiciosas contra el cambio climático, pero España «no está cumpliendo», al no haber suscrito el pacto final del carbón ni disponer aún de una ley de cambio climático.

Recientemente, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, afirmó que el Gobierno está esperando a que se apruebe la correspondiente norma europea para después hacer la trasposición al ordenamiento jurídico español como «se han hecho siempre las leyes en nuestro país», sentenció. Unas palabras que van contra lo apuntado por la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que indicó que esta ley se elaboraría a comienzos de 2018. En opinión de Ciudadanos, «España no juega un papel activo en el debate europeo sobre estrategias climáticas y energéticas a medio y largo plazo y debe ocupar el puesto de liderazgo que le corresponde en la Unión Europea como una de las democracias más prosperas del mundo».

Por ello, Ciudadanos reclama al Gobierno que mejore los instrumentos de promoción de la eficiencia energética en edificios y urbanismo, impulse la «compra pública verde» en España para que el sector público cumpla con su papel ejemplificador, desarrolle campañas de educación e información a los ciudadanos sobre consumo responsable y elabore planes sectoriales de adaptación y mitigación del cambio climático para aquellas actividades estratégicas como el turismo o la industria 4.0, entre otros. Para Ciudadanos, España «no puede permitirse quedarse rezagado, porque los costes de la inacción pueden ser catastróficos y porque la economía sostenible es uno de los vectores más potentes de desarrollo económico».

«España no puede permitirse quedarse rezagado en la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático», apunta la formación. En este sentido, Ciudadanos recuerda los récord en temperaturas registrados desde 2014, la desertificación que, según los expertos, es un problema real o una amenaza para una parte muy importante del territorio español, o los incendios, la erosión y la salinización consecuencia de este problema en los últimos años. «Un reciente estudio del Gobierno calcula que la España de tipo húmeda o semihumeda pase de ocupar el 50,62% de media del periodo 1971-2000 al 28,54% de nuestro territorio en el 2071-2100», alerta la portavoz parlamentaria adjunta de Ciudadanos, Melisa Rodríguez.

Por ello, reclaman esta norma, pero, también, el conjugar «el enfoque medioambiental con el crecimiento» como «única manera de avanzar en esta fase del desarrollo de las sociedades occidentales». Para Ciudadanos, no es deseable un ecologismo contrario a las necesidades de las poblaciones humanas y tampoco un desarrollo de espaldas a las necesidades de respeto y sostenibilidad en el medio.

La deuda acumulada del sistema eléctrico se ha reducido en 8.000 millones y el saldo pendiente asciende a 21.000 millones

EFE / Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha destacado que España haya sido capaz de reducir en cerca de 8.000 millones la deuda acumulada del sistema eléctrico, que llegó a alcanzar los 28.700 millones y que actualmente es de 21.000 millones. Navia, que intervino en la presentación del Balance Energético de 2017 y Perspectivas para 2018, del Club Español de la Energía, subrayó que España está siendo capaz de reducir los desequilibrios acumulados por sus sistemas eléctrico y gasista.

De esta manera, la deuda del sistema eléctrico, que después de 14 años consecutivos de generación de déficit en 2014 registró su primer ejercicio con superávit, se redujo en torno a otros 2.000 millones de euros el año pasado, desde los niveles de los 23.070 millones de euros en que cerró en 2016. Navia destacó la política de «contención de costes y rigurosidad» aplicada por el Gobierno y subrayó que la sostenibilidad financiera sigue siendo «el elemento fundamental» para que las decisiones que se adopten en materia energética en el corto plazo sean «coherentes con los objetivo a largo plazo«.

Ha manifestado que, aunque no están cerrados los datos de 2017, los dos sistemas mantendrán el equilibrio financiero que les ha caracterizado desde la reforma que se hizo en la legislatura pasada. Navia ha dicho que la postura del Ministerio será mantener el rigor a la hora de asignar nuevos costes al sistema, porque esto se puede convertir en un problema macroeconómico, al afectar a la competitividad. Ha subrayado que el equilibrio alcanzado en los sistemas ha permitido mantener sus costes (peajes) congelados, 5 años en el caso de la electricidad y 4 en gas, con el consiguiente beneficio para los consumidores domésticos e industriales.

En cuanto a los precios, ha indicado que, pese a las dificultades habidas en 2017, con fuertes tensiones en los mercados de electricidad y gas, y unas condiciones climáticas excepcionales, marcadas por la sequía y olas de frío en Europa, el año se superó con «cierto éxito«. Daniel Navia explicó que en 2017 la factura para un hogar medio fue de 835 euros, más alta que la de 2016, por la escasez de lluvias y unos precios de las materias primas algo más altos, aunque 16 euros más barata (un 1,8%) respecto a un año más normalizado como fue 2015.

Por eso, considera que España está en una fase de estabilización de precios de la energía y con tendencia a la baja, como prueba que se mantiene entre 21 y 22 céntimos el kilovatio hora (KWh) para un consumidor doméstico, similar a 2012, y de 11 céntimos/KWh para un consumidor industrial, un céntimo menos que el que había en 2012.

Ha señalado que para mitigar el elemento que puntualmente rompe la tendencia, la volatilidad de los precios en el mercado, el Ministerio ha introducido medidas, como las reformas que ha hecho de la interrumpibilidad (pagos que se dan por la disposición de empresas a desconectarse cuando sea necesario para el sistema, que ahora se podrá utilizar también para estabilizar precios) y del mercado del gas. Además, destacó que en el inicio de 2018 se está viendo una reducción de la factura de electricidad en los hogares, que ha bajado un 8% en los dos primeros meses del año con respecto al mismo periodo de 2017.

Por otra parte, ha destacado que España está en una posición favorable para cumplir sus objetivos medioambientales, al haber reducido de 2005 a 2015 las emisiones un 22%, más que Alemania, que lo ha hecho en un 9% o Francia, donde han disminuido un 17%. De cara a 2018, asegura que en breve se contará con el informe de la Comisión de Expertos sobre la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y, respecto a los planes nacionales de Energía y Clima, ha indicado que la intención es tenerlos elaborados, aunque no aprobados, y disponibles para consulta pública a lo largo de este año. Por último, ha reiterado la postura del Ministerio favorable a una neutralidad entre las diferentes tecnologías.

A este respecto, indicó que el input que dará el informe de la comisión de expertos creada por el Gobierno para abordar esta transición energética, que se conocerá «en breve», va ser «una orientación fundamental». Así, consideró que debe existir un debate «muy intenso» respecto a cómo abordar la transición energética entre todas las fuerzas políticas y todos los actores del sectores, aunque subrayó que es «factible» lograr acompasar el cumplimiento de los objetivos medioambientales con la competitividad de la economía. «Partimos de una posición razonable para tomar medidas razonables. Habrá gente que quiera avanzar más rápido y otros más lentos, pero lo importante es buscar el punto común«, concluyó.

El Consejo Nacional del Clima conocerá un primer borrador de la Ley de Cambio Climático en este primer trimestre

Europa Press.- La ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha presidido el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), el órgano asesor del Gobierno en esta materia, en el que se ha dado a conocer que el Gobierno trabaja en la preparación de un borrador de anteproyecto de Ley sobre Cambio Climático y Transición Energética, que se prevé que esté listo en el primer trimestre de 2018 y se presentará en el Consejo Nacional del Clima.

Durante el Consejo, la ministra ha puesto el acento en la «clara voluntad» del Ejecutivo por dialogar con todas las partes y conseguir que sea «una ley de todos«, por lo que se está elaborando tras lanzar un proceso abierto y participativo con numerosos hitos para asentar las bases de este consenso y asegurar la máxima participación social, según indicó el Ministerio de Medio Ambiente.

García Tejerina ha detallado estos hitos desde la creación de un grupo de trabajo interministerial que asegure la coherencia de las actuaciones contempladas en la futura Ley, la creación de una Comisión de Expertos sobre escenarios de transición energética a una economía baja en carbono, las jornadas de debate en las que más de 400 expertos aportaron su conocimiento, o la consulta pública llevada a cabo. Se trabaja, además, para implicar a todos los grupos políticos en la elaboración de la Ley para que se elabore con el máximo consenso.

Levy defiende la sensibilidad del PP con el medio ambiente y asevera que la formación «debe liderar» en políticas verdes

Europa Press.- La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, considera que el PP «debe liderar» las políticas «verdes» porque la formación política es «sensible con el medio ambiente». Durante su participación en la jornada de trabajo Cambio Climático y Energía Sostenible, Levy ve «indispensable» que España lidere la vanguardia de los proyectos legislativos contra el cambio climático y ha defendido que el PP aborda la cuestión «con el sentido de Estado que requiere«.

Levy ha elogiado el papel de España en la lucha contra el cambio climático y cree que el modelo de transición energética es «una cuestión transversal». Por ello, añadió que es «indispensable» para España liderar la vanguardia de los proyectos legislativos en esta materia porque el cambio climático es un tema «prioritario» que, en su opinión, «debe ser punta de lanza» del proyecto político popular. Asimismo, subrayó la implicación de los españoles: «creo que podemos sentirnos afortunados y orgullosos de que la sociedad española haya entendido el importante mensaje que hemos trasladado, al tener como prioridad las cuestiones que afecten a nuestro medio ambiente», concluyó.

Transición energética, cogeneración y eficiencia en el XIII Congreso de Cogen España

El XIII Congreso de Cogen España uncía este martes la posición del sector de la cogeneración, con lógica y razonabilidad, al proceso de la transición energética a través de la eficiencia energética. Su lema recogía el horizonte 2020 (y más allá). Hay que puntualizar que actualmente el proceso de transición energética en España es poco más que una sucesión de elementos discursivos y prédicas pendientes aún de concretar.

Así, en términos sustantivos, a día de hoy, lo que existe es un esbozo de expresión legislativa de los trabajos preliminares que conduzcan a la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y la puesta en funcionamiento de la Comisión recién creada a tal efecto. En paralelo, están los trabajos e iniciativas propias de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, que son vistos de reojo según qué países, entre ellos España.

Este proceso de transición energética abierto en lo formal, las subastas que se produjeron en el ámbito de la nueva potencia renovable, el final de la etapa más aguda de la reforma eléctrica, la incipiente recuperación económica y el cambio de equipo en virtud de la nueva configuración del departamento ministerial de Energía aparecido tras la remodelación del Gobierno ha supuesto una cierta suavización, en las formas, de las relaciones con la Administración con los sectores. Son hechos que han insuflado unas ciertas y moderadas expectativas en las distintas tecnologías de generación, principalmente las renovables y las más involucradas en la mejora de la eficiencia energética. Y ese ambiente se reflejaba este martes en el Congreso de la industria cogeneradora.

El Congreso ha reivindicado la eficiencia como vector a reforzar en la transición energética. En este sentido, la cogeneración, cómo mecanismo de generación de energía asociado  a otras actividades económicas  y productivas es una tecnología que es clave y, es evidente, debe participar en ese proceso de transición energética. La cogeneración ha sido descuidada en los últimos años por las distintas Administraciones hasta llegar al momento en el que estamos, aplazándose decisiones regulatorias fruto de una política energética caracterizada por el control acuciante de los precios eléctricos, con diferente fortuna.

Distintos elementos han causado esta cierta dejación de las políticas para ganar eficiencia energética y, en este caso, de la tecnología de cogeneración. En primer lugar, su propio desconocimiento y el silencio político y mediático alrededor de esta actividad, la falta de vistosidad de estos procesos de generación asociada a otros procesos productivos principales y el mantra retroprogresivo respecto al papel de las empresas, además de la cultura inversionista frente a las de optimización de la gestión de los recursos.

Lo que sí queda pendiente es el tiempo de las concreciones: el de la necesidad de mayor seguridad jurídica en el sector, que fue reclamada por la representante de Ciudadanos; la formulación que se realizaba de subastas de capacidad por tecnología que pedía el PSOE y que obligaría a un ejercicio de mayor concreción por parte del Ejecutivo del mix de generación y sus plazos;  la plasmación de las condiciones e impulso al plan Renove que parecía apuntarse desde el PP. Lo positivo es que hay consenso por parte de los grupos políticos respecto a la importancia de la eficiencia energética y de la cogeneración.

La patronal renovable APPA pide en la Ley de Transición Energética una fiscalidad que penalice a las tecnologías más contaminantes

Europa Press / EFE.– Mientras el Grupo Español para el Crecimiento Verde propone un decálogo para la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) considera necesario que la futura legislación introduzca una fiscalidad que penalice las tecnologías más contaminantes y beneficie a la generación renovable. La patronal considera que, hasta el momento, la fiscalidad energética recae en mayor parte sobre las tecnologías renovables «con una finalidad recaudatoria y no dirigida a favorecer la transición energética».

Esta petición está recogida en la contribución que presentó APPA a la consulta pública de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. «Las externalidades de las energías han de ser tenidas en cuenta, hasta ahora no se han dado señales de precio ni fiscales que reflejen cuál es el impacto real de las tecnologías contaminantes más perjudiciales para el medioambiente», indicó el director general de APPA Renovables, José María González Moya, quien subrayó que «si se hubiera establecido una fiscalidad que recogiese el principio de que quien contamina, paga, el desarrollo de las renovables habría sido una consecuencia directa de los propios mercados».

Por otra parte, APPA considera que la normativa debe establecer un marco regulatorio «estable y predecible» que permita acometer la transición energética y pide que se contemple un escenario de protección para las inversiones en renovables «para que no se repitan errores del pasado y los cambios legislativos retroactivos». En este sentido, la entidad considera que «se deben abordar los sectores difusos», estableciendo metas vinculantes, ambiciosas y alcanzables en climatización y transporte, «para que no se vuelquen todos los objetivos en el sector eléctrico», pues consideran que los esfuerzos deben ser distribuidos «de forma proporcional» entre los diferentes sectores económicos «para no perjudicar a ninguno«.

Por ello, APPA ha solicitado una planificación energética vinculante que contemple la entrada de nueva generación renovable y un calendario de cierre de centrales que sea compatible con los objetivos de reducción de emisiones. La asociación también ha resaltado la necesidad de que la futura ley produzca una armonización territorial y de las administraciones públicas «que evite la doble imposición y que existan diferentes situaciones según las distintas comunidades autónomas». La consulta previa de la Ley tiene el objetivo de que la preparación de esta norma recoja el mayor número de propuestas de los diferentes sectores de la sociedad para la elaboración de la legislación.

Un decálogo para la Ley

La descarbonización de la economía española en el horizonte de 2050 o la mejora de la eficiencia de los sistemas de transporte son algunas de las propuestas que el Grupo Español para el Crecimiento Verde (GECV) ha presentado en su decálogo para la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Así, las empresas que componen la entidad han reclamado la creación de un órgano de la Administración que se encargue de coordinar todo el proceso de elaboración de esta Ley.

Además, el GECV ha solicitado un reequilibrio del marco fiscal basado en el principio de quien contamina, paga, que promueva la acción climática de forma eficiente al mínimo coste y que contribuya, a través de la recaudación, a financiar el cumplimiento de los objetivos propuestos. En este sentido, el grupo ha solicitado que se aplique «un gravamen relacionado directamente con el nivel de emisiones de dióxido de carbono», para así asegurar «un reparto equilibrado del esfuerzo en materia de mitigación de manera viable y proporcionada».

De igual forma, considera indispensable la mejora de la eficiencia de los sistemas de transporte, el fomento del uso de vehículos menos contaminantes con un aumento de la electrificación del los vehículos, con energía de origen renovable y un mayor uso de combustibles alternativos de bajas emisiones. Asimismo, «la Ley deberá incorporar la creciente concienciación de los mercados financieros internacionales sobre riesgos asociados al cambio climático por su impacto sobre los estados financieros» y por la necesidad de «mayor transparencia y dinamismo» en este ámbito.

En sus propuestas el GECV también ha subrayado que la transición energética requiere de «un marco estable y predecible» para la inversión privada, «necesario para incentivar el esfuerzo inversor para el proceso de descarbonización«. Por ello la entidad se presenta como interlocutor de referencia del sector empresarial con las administraciones públicas, así como con las asociaciones empresariales y profesionales, ya que «las oportunidades económicas y de inversión deben pasar por la participación de los agentes implicados, para generar alianzas público-privadas».

La Sociedad Nuclear Española (SNE) pide que el debate sobre energía nuclear y transición energética “sea técnico y no ideológico”

EFE.- El presidente de la Sociedad Nuclear Española (SNE), José Antonio Gago, sostiene que el análisis sobre la futura Ley de Transición Energética y Cambio Climático se debe realizar atendiendo a las necesidades del país y con criterios técnicos, lo que requiere «quitar del debate político cuestiones ideológicas» sobre la energía nuclear. Gago ha recordado que se va a definir cómo va a ser el modelo energético de España hasta 2030, cuando las emisiones deben reducirse un 30% respecto a 1990.

Gago señala que son partidarios de la ampliación hasta los 60 años del funcionamiento de los 7 reactores nucleares operativos en España, argumentando que los informes técnicos avalan que las centrales existentes puedan seguir operando «con todas las garantías de seguridad al menos hasta los 60 años«, lo que permitiría producir 1.200.000 millones de kilovatios hora, el equivalente al consumo eléctrico español durante 4 años. «En España estamos todavía un paso más atrás de ese debate, en el de si las centrales se cierran a los 40 años de operación», lamenta Gago, que considera que técnicamente cerrarlas no está justificado.

Durante 2016, la energía nuclear fue por sexto año consecutivo la primera fuente de generación eléctrica, con un 21,4% del total, pese a que la potencia instalada representaba solo el 7%. La industria nuclear aporta 2.780 millones de euros al PIB español y contribuye a la generación de 30.000 empleos, de los cuales 8.500 son directos. En el mundo hay 449 centrales en operación, 60 en construcción y 167 planificadas para cubrir las grandes necesidades de electricidad que están previstas.

En el caso de España, la SNE precisa que, como técnicos son partidarios de la creación de nuevas centrales, pero se trata de una gran inversión por lo que las compañías eléctricas necesitan que se les asegure una garantía de suministro en un plazo que les permita amortizar el desembolso, un modelo que ha aplicado el Reino Unido. Si se plantean las garantías de recuperación de la inversión y de que la retribución a la generación nuclear es suficiente, la SNE estaría a favor de la construcción de nuevas centrales, «siempre contando con la aceptación de la sociedad», precisó Gago.

Entre las ventajas de la energía nuclear ha mencionado que aporta mucha estabilidad a la red de distribución, al no depender de factores externos como la renovable, y que no emite CO2, mientras que la principal desventaja es la generación de residuos radiactivos. La 43ª Reunión Anual de la SNE congregó en Málaga a más de 600 congresistas, que analizarán el papel de la energía nuclear contra el cambio climático.