Entradas

El Gobierno estudia el borrador de la Ley de Cambio Climático de Tejerina y presentará una norma para completarlo

/0 Comentarios/en , , , , , , /por

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado en el Congreso que está trabajando en una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que quiere presentar, en una primera versión, antes del verano. Para ello, está estudiando el borrador que ha dejado la exministra popular Isabel García Tejerina, aunque ha apuntado que este texto era «insuficiente» y propone mejoras.

Ribera explicó que se trata de una norma en la que ha trabajado parte del equipo del anterior Ministerio de Medio Ambiente y que su contenido coincide «bastante» con la ley sobre esta materia que registró en la Cámara Baja el PP. Sin embargo, la titular de Transición Ecológica ha calificado el contenido de insuficiente y ha apuntado la necesidad de fortalecer objetivos y reforzar algo que, a su juicio, está «ausente» en la actualidad y que es «la voluntad de participación» y de que la norma pueda someterse «a crítica y análisis externo por parte de la comunidad científica».

Para la ministra es «fundamental» llevar a cabo este proceso porque, según ha defendido, el cambio climático no puede «sustraerse del debate público» y de las garantías procedimentales a la hora de aprobar normas. «No se debe venir con un texto sin haberlo trabajado antes, cuando el Gobierno tiene la ocasión de abrir este debate respetando a las instituciones y a la sociedad», ha apuntado Ribera, que respondía así al portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos, el diputado de Equo Juan López de Uralde.

Uralde llamó a la ministra a incluir objetivos ambiciosos en materia de reducción de emisiones y no quedarse en los que son obligación por parte de la Unión Europea, objetivos también en renovables y eficiencia energética. Además, le pide un plan de cierre de centrales nucleares y carbón, con una transición «justa» para que no se pierdan empleos en este proceso. «Apostamos por la recuperación, por parte de la Administración Pública, de las centrales hidráulicas en cuando las concesiones caduquen», añadió el diputado, quien también aboga por una reforma del mercado eléctrico y la democratización de este mercado, así como medidas contra la pobreza energética.

Ribera, por su parte, acogió estas ideas con agradecimiento y ha asegurado que tratará estos temas con Uralde y otros grupos para lograr el mayor consenso posible en esta materia. En este sentido, apuntó que espera contar con la colaboración de todos los partidos y que estos sientan «el mismo entusiasmo y necesidad por este asunto», algo que no duda después «de que el PP haya mostrado su interés» por el cambio climático con la presentación reciente de su ley.

El PP presenta en el Congreso la Ley de Cambio Climático y Transición Energética prometida por Tejerina desde el Gobierno

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.– El PP ha registrado en el Congreso su proposición de ley de Cambio Climático y Transición Energética, un texto que ha elaborado la exministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y que se había comprometido a presentar antes del verano.

Este texto, incluye los objetivos para España en materia de reducción de emisiones, tanto a 2030 como a 2050. En el primer caso, la norma pone como meta una reducción de, al menos, un 26%, mientras que esta cifra se eleva al 80% cuando se habla de los valores a cumplir en 30 años. Además, se pretende que el objetivo de energías renovables en el consumo final aumente hasta el 32% en 2030, y hasta el 32,5% en lo que respecta a la eficiencia energética.

Para lograr estas cifras, explica el PP, se deben tener en cuenta los factores medioambientales y socioeconómicos del país, entre ellos el grado de interconexión con otros Estados de la Unión Europea. Del mismo modo, estos objetivos se deben incluir en los planes integrados de energía y clima que se presentan a la Unión Europea cada 10 años y que podrán ser revisados si cambian los compromisos internacionales o europeos.

Del mismo modo, la ley propone la elaboración de un plan de adaptación a este fenómeno para «hacer frente a los efectos del mismo» y que tenga en cuenta la asistencia de grupos sociales y sectores vulnerables. También se exigirá un plan de adaptación a las comunidades autónomas, que deberán tener en cuenta la salud, el agua y la agricultura.

«Para financiar toda esta adaptación al cambio climático, se establece que todas las administraciones públicas, locales, autonómicas y general, deben destinar al menos un 20% de su presupuesto anual a actuaciones con impacto positivo en la lucha contra el cambio climático», ha explicado la portavoz popular en esta materia, Belén Bajo. Del mismo modo, ha señalado que se propone que «toda la normativa que se apruebe por todas las administraciones públicas» debe integrar la variable de cambio climático en términos de mitigación, adaptación, y coste-beneficio.

Más medidas sobre fiscalidad ambiental

El Banco de España deberá elaborar también un informe, cada dos años, en el que explique el estado de la economía española y el sistema financiero frente a los riesgos y vulnerabilidades y oportunidades relacionadas con el cambio climático. La ley también incluye medidas sobre fiscalidad ambiental. En este caso, se determina la necesidad de una reforma para «mejorar la aplicación del principio quien contamina, paga» y que contemple cargas fiscales para aquellas actividades que incrementen las emisiones invernadero. Si por el contrario, la actividad contribuye a la reducción de emisiones, tendrá un incentivo fiscal.

«Las administraciones públicas deberán de dar ejemplo, tanto en las contrataciones, como en los planes de reducción de emisiones o en la compra y uso de vehículos para el impulso de la descarbonización de la economía española», apuntó Bajo. Finalmente, la ley propone la creación de un Observatorio de Cambio Climático y Transición Energética que estará formado por expertos de reconocido prestigio que servirá de asesoramiento de las políticas y medidas que se vayan aprobando.

Equo habla de «oportunismo indecente«

Por otro lado, el coportavoz de Equo y portavoz de cambio climático de Unidos Podemos en el Congreso, Juan López de Uralde, ha calificado de «oportunismo indecente» esta proposición de ley de cambio climático. En este sentido, la formación ecologista critica que el Grupo Popular haya presentado esta proposición después de la moción de censura que «derribó» al Ejecutivo de Mariano Rajoy «después de 6 años en el Gobierno sin actuar contra el cambio climático».

Según el diputado López de Uralde, el Gobierno del PP redujo «cada año» el presupuesto destinado a la lucha contra el cambio climático y «obstaculizó» el desarrollo de las energías renovables con medidas como el conocido impuesto al sol. Asimismo, ve «paradójico» que tras «reducir sistemáticamente» las partidas públicas encaminadas a combatir el cambio climático, el PP proponga aumentar este gasto un 20% al año. «Es increíble el grado de cinismo que refleja esta propuesta», concluyó el coportavoz de Equo.

Teresa Ribera deberá conjugar la reducción de emisiones con la competitividad económica mientras en Asturias preocupa el futuro del carbón

/0 Comentarios/en /por

EFE /Europa Press.- Izquierda Unida y Foro Asturias han trasladado su temor a que el nuevo Gobierno socialista acelere la transición energética con Teresa Ribera al frente del Ministerio encargado de gestionar las áreas de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático. Ribera llega al Ejecutivo en un momento clave, en pleno proceso de diseño de la ruta hacia una economía más limpia, por lo que deberá encontrar un equilibrio entre la lucha contra el cambio climático y la competitividad de las empresas españolas.

Las competencias en materia energética, que hasta ahora recaían en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, un departamento con marcado cariz económico, pasarán a la órbita medioambiental. Ribera deberá desarrollar un plan de Energía y Clima y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y definir el papel que tendrán las tecnologías de generación eléctrica, en especial las centrales nucleares y de carbón. En este sentido, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tendrá que decidir si alarga la vida útil de las nucleares.

De momento, ya cuenta con el informe elaborado por el comité de expertos en transición energética, que apuesta por la fiscalidad medioambiental y por eliminar de la tarifa eléctrica los costes no asociados a su producción y distribución. Ribera se encontrará con una proposición de ley presentada por el PP para ampliar los criterios que se pueden valorar para autorizar el cierre de las centrales eléctricas. El objetivo de su antecesor, Álvaro Nadal, era evitar que la decisión quedara exclusivamente en manos de las empresas.

Ribera deberá impulsar los proyectos de nueva potencia renovable derivados de las subastas realizadas por el Gobierno del PP. Los proyectos ya están identificados y deben ponerse en marcha antes de 2020. El Ministerio de Energía también había anunciado su intención de traspasar a las compañías los costes por el desmantelamiento de las centrales nucleares que ahora recaen en la empresa pública Enresa, y de revisar la retribución de las redes de gas y electricidad.

Otra cuestión espinosa es el pago de los costes derivados del cierre del almacén gasista Castor. El Tribunal Constitucional anuló varios artículos del decreto que permitió pagar la indemnización a la sociedad gestora del almacén, controlada por ACS. Los derechos de cobro fueron adquiridos por un grupo de bancos, que dejaron de percibir las cantidades que se cargaban a la tarifa del gas. Banco Santander, CaixaBank y Bankia reclaman al Estado 1.350 millones de euros.

El carbón preocupa en Asturias

Para el diputado regional de Izquierda Unida en Asturias, Ovidio Zapico, el nombramiento de Teresa Ribera es preocupante porque su posición en torno a la transición energética «no beneficia para nada una salida justa, equilibrada y no de ruptura» para la industria y comarcas mineras asturianas. La nueva ministra, que durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue secretaria de Estado de Cambio Climático, es una reconocida defensora de la descarbonización de la economía.

De hecho, Zapico ha pedido al presidente del Principado, Javier Fernández, que lidere una «mayoría parlamentaria sólida en defensa de una transición energética no exprés y equilibrada en los territorios mineros«. «Si no logramos explicar a Pedro Sánchez y sus nuevos ministros la importancia que tiene para Asturias y sus comarcas mineras afrontar todo lo que tiene que ver con la planificación energética de una forma sosegada y consensuada con los territorios va a ser muy difícil poder abordar la situación con optimismo«, ha advertido el parlamentario de Izquierda Unida.

El diputado nacional de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, también incide en que con Ribera como ministra encargada de Energía, «Asturias se enfrenta a un programa de desertización escondido bajo el eufemismo de la descarbonización que ella lidera desde hace años». En su opinión, mientras Foro defiende el progreso de las cuencas mineras, Ribera será la defensora de las posturas del PSOE, coincidentes con Izquierda Unida y Podemos, «que ya votaron conjuntamente en el Congreso de los Diputados para adelantar en cierre de las térmicas».

Equo ve positivo el nombramiento

Por su parte, el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, ha valorado tanto el «giro político» que supone la creación de un Ministerio de Transición Ecológica como la elección de Teresa Ribera para dirigirlo y ha dicho que espera que el cambio climático centre sus políticas. «Teresa Ribera es una persona solvente con una trayectoria relevante en la lucha contra el cambio climático aunque tenga algunas decisiones cuestionables, como Castor», apuntó el diputado y portavoz de Medio Ambiente en el Congreso de Unidos Podemos.

Eso sí, López de Uralde ha advertido de que estarán vigilantes para que «no sea el oligopolio energético quien acabe dominando la política de cambio climático, sino al revés». En este sentido, el diputado vasco considera «fundamental» impulsar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Pero, además, Equo avisa de que la ausencia de esta norma no impide que «se puedan aprobar por fin algunas reformas urgentes» como la eliminación del impuesto al sol, y que se aborde el cierre nuclear y del carbón.

Más de 30 empresas españolas reclaman una Ley de Transición Energética “ambiciosa” con un precio al carbono y fiscalidad verde

/0 Comentarios/en /por

EFE / Europa Press.- 32 multinacionales, entre las que se encuentran Acciona, Endesa, Iberdrola, Red Eléctrica de España, Siemens Gamesa, han suscrito el manifiesto Empresas españolas por las oportunidades de la Transición Energética y la lucha contra el Cambio Climático en el que exigen una Ley de Cambio Climático y Transición Energética «ambiciosa», que incluya un precio al carbono para todas las actividades y una reforma fiscal verde que facilite la descarbonización del país.

El manifiesto ha sido coordinado por el Grupo Español para el Crecimiento Verde y está dirigido a los poderes públicos. Las empresas, procedentes de todo tipo de sectores, piden que se alcance este año un acuerdo que facilite la aprobación de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética «estable, ambiciosa y eficaz, que proporcione certidumbre para inversiones a largo plazo». El texto recuerda cómo la economía mundial, y en particular la mayor parte de los países del entorno, «están ya evolucionando hacia una economía baja en carbono», desencadenando así una revolución a escala global.

En este sentido, consideran que «las economías que lideren la transición serán las primeras en aprovechar las oportunidades que la descarbonización ofrece y las que más se beneficiarán de la misma». Asimismo, creen que España no debe «retrasar la puesta en marcha de políticas efectivas inmediatas, porque en caso contrario las aprovecharán otros». Por ello, piden una Ley de Transición Energética «ambiciosa», un requisito que ven «indispensable» para consolidar esa transformación y sentar las bases sobre las que construir una nueva economía que ha de limitar el incremento de la temperatura media global por debajo de los dos grados centígrados.

Un marco legal y regulatorio concreto y creíble, sostienen, servirá para incentivar la inversión privada a medio y largo plazo, crear nuevos empleos, e impulsar a la innovación y el emprendimiento empresarial. Solicitan que la futura ley cuente con objetivos de reducción de emisiones de carácter vinculante para España tanto globales como sectoriales a 2030 y 2050 en línea con los compromisos de la Unión Europea; con un precio al carbono y una revisión de la fiscalidad para que, sin aumentar la carga tributaria, se cumpla el principio de quien contamina, paga, de modo que empresas y ciudadanos orienten su actividad hacia un mundo descarbonizado.

Asimismo, solicitan un órgano de la Administración del Estado para direccionar, coordinar y supervisar el proceso de descarbonización, así como un calendario progresivo de abandono de todo tipo de apoyos a combustibles fósiles; medidas para promover la eficiencia energética y el uso de energías renovables en todos los sectores; alternativas a los colectivos vulnerables de la transición energética (como los mineros); o exigencias de información y transparencia en los mercados financieros sobre los riesgos asociados al cambio climático, son otras de sus peticiones. Entre las 32 empresas firmantes se encuentran Acciona, Bankia, BBVA, Endesa, Ferrovial, Eulen, Iberdrola, Ikea, Mapfre, NH Hoteles, OHL, Siemens Gamesa, Red Eléctrica de España, y Telefónica.

Más renovables y un nuevo impuesto al CO2 para aligerar la factura eléctrica, claves del informe del comité de expertos

/0 Comentarios/en , , , , , /por

EFE.- El comité de sabios creado por el Gobierno para asesorar la estrategia española de energía en la próxima década ya ha puesto sobre la mesa las claves para cumplir los objetivos climáticos: una apuesta decidida por las energías renovables y un nuevo impuesto al CO2, que financiaría los actuales sobrecostes en el recibo de la luz. Ahora toca desarrollar la estrategia de descarbonización de la economía española mediante la Ley de Cambio Climático y el Plan de Energía y Clima.

El informe Análisis y Propuestas para la Descarbonización, es fruto de 8 meses de trabajo de 14 expertos nombrados por el Gobierno a propuesta de los grupos parlamentarios, sindicatos y patronal. Plantea escenarios para que España cumpla sus compromisos del Acuerdo de París y contra el cambio climático en 2030: una reducción de emisiones del 26% respecto a 2005 en sectores no industriales, un 27% de energía final consumida procedente de renovables y un 30% de ahorro energético. Los expertos consideran que para alcanzar ese objetivo es necesaria una reforma de la fiscalidad energética, sustituyendo los impuestos actuales por otros que interioricen los costes ambientales y cuya recaudación financie sobrecostes que actualmente soporta el consumidor.

De este modo, plantean crear un impuesto al CO2 para todos los consumos energéticos finales (no sólo para las instalaciones industriales) y otro para tres de los contaminantes atmosféricos más dañinos: los óxidos de nitrógeno (NOx), las partículas (PM) y los óxidos de azufre (SOx). El precio del CO2 debe fijarlo el Gobierno, aunque los expertos recomiendan valores entre los 15 y 30 euros por tonelada emitida, de los cuales la industria ya sometida al comercio europeo de derechos de emisión sólo pagaría la diferencia para llegar a la cifra fijada en España respecto a Europa (donde actualmente se paga 12 euros por tonelada), al igual que en Reino Unido.

Asimismo proponen eliminar del recibo de la luz todos los sobrecostes incluidos en los peajes actuales (deuda acumulada por el déficit de tarifa o las antiguas primas a las renovables) y la supresión de dos impuestos, el de generación eléctrica (7%) y el de electricidad finalista (en torno a un 4,5%). Esos sobrecostes se pagarían vía presupuestos generales, con los ingresos recaudados por los nuevos impuestos ambientales. La reordenación fiscal y de los peajes beneficiará el autoconsumo porque se suprime el impuesto al sol. En la mayoría de los escenarios abarataría la factura, si bien los nuevos impuestos ambientales se acompañarían de una subida de los impuestos del gasóleo y la gasolina, que aumentarían un 29% y un 2%, respectivamente.

Otra recomendación clave del informe es que España debe avanzar en renovables tan lejos como técnicamente sea viable hasta 2030, dejando claro que la fotovoltaica será la tecnología de la próxima década. Su escenario energético base para 2030 propone un 62% de generación eléctrica renovable: 10% hidráulica, 20% eólica (con 31.000 megavatios instalados, MW), 27% fotovoltaica (47.150 MW), 1% termosolar y 4% otras renovables. Además, España se convertiría en exportador de energía a Francia y Portugal, pudiendo abastecer, en este último caso, hasta el 7% de su demanda con renovables.

Este 62% de generación equivale a un 29,7% de energía final total consumida de fuentes renovables, dado el relevante peso que tiene el consumo de petróleo y sus derivados en la factura energética final de España, muy dependiente de los combustibles fósiles en el transporte, los usos residenciales y la industria, porque los hogares y la movilidad seguirían dependiendo del petróleo y el gas. Un 29,7% que situaría a España por encima del 27% del objetivo que marca la Unión Europea pero por debajo del 35% que está planteando el Parlamento Europeo, cuya consecución, de acordarse a nivel comunitario, requeriría de mayores esfuerzos en electrificación del transporte y la edificación.

Nuclear o gas como respaldo

Aunque el informe no es vinculante, sí debe inspirar el debate para el desarrollo de políticas que, por ser de gran calado y a largo plazo, requieren un amplio consenso. Ante las incertidumbres asociadas al desarrollo de las tecnologías de aquí a 2030, sobre todo en almacenamiento renovable, los expertos dejan en manos del Parlamento y del Gobierno decidir qué energía, si nuclear o gas o una combinación de ambas, garantizará un respaldo firme que asegure el suministro y la estabilidad del sistema eléctrico en caso de menos recurso solar o viento. Su escenario base no contempla el carbón en 2030, al considerarlo inviable con los precios de CO2 esperados.

Advierten de que cerrar las nucleares conforme vayan cumpliendo los 40 años, a partir de 2023, incrementaría el coste de generación entre 2.000 y 3.200 millones anuales según el escenario, y las emisiones contaminantes aumentarían por el mayor uso de gas. Manteniendo las nucleares en 2030, el 76% de generación eléctrica sería libre de emisiones, pero seguiría haciendo falta un 11% de generación por ciclo combinado y un 12% de cogeneración. Los expertos también proponen sustituir los actuales pagos por capacidad regulados (aproximadamente 1.000 millones anuales para que los ciclos combinados estén disponibles) por un mecanismo de subastas de capacidad.

El Congreso cuenta con una Comisión de Cambio Climático que lleva una década escuchando a ponentes de los ámbitos más diversos relacionados con la transición y todos coinciden en la misma petición a los partidos: pacten una regulación estable para cumplir los objetivos climáticos para que todos puedan saber a qué atenerse en sus decisiones. Además, en la transición hacia una economía descarbonizada, habrá perdedores a los que hay que anticipar soluciones económicas y sociales.

El reto de la descarbonización es «colosal», según reconocen los expertos, porque requiere poner patas arriba el modelo de producción y consumo imperante, pero si se aborda bien y a tiempo presenta grandes oportunidades para la competitividad y el empleo dado el buen posicionamiento de partida de España en las energías del futuro, con sol y viento. De las dos normas que asesorará este documento, la más avanzada es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyo borrador se cerrará, previsiblemente, en las próximas semanas tras pasar por la comisión interministerial que lo estudia.

Según fuentes consultadas, la ley pasará en breve por el Consejo de Ministros y, tras el informe del Consejo de Estado y un periodo de información pública, llegará al Parlamento antes del cierre estival, para su debate en otoño. Dadas las diferentes velocidades en los Ministerios de Medio Ambiente y Energía, la futura ley hablará de la obligatoriedad de ir desarrollando planes nacionales integrados de energía y clima, marcará los contenidos de los mismos, e incorporará el primero en cuanto esté acabado pero sin necesidad de esperarlo para su aprobación.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, aseguró que no presentará el plan (2021-2030) hasta que no concluyan las negociaciones europeas para cerrar los objetivos a 2030, ya que está en liza pasar de un 27% de renovables a un 35%, si bien no podrá dilatarlo más allá de 2018, cuando la Unión Europea exige el primer borrador. El Gobierno lleva años anunciado una Ley de Cambio Climático y la oposición años reclamándola; se acerca el momento de ponerse de acuerdo.

Ciudadanos pide explicaciones al Gobierno por las «declaraciones contradictorias» y retraso de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- Ciudadanos exige explicaciones al Gobierno acerca de las declaraciones realizadas por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, respecto a que la Ley de Cambio Climático no se redactará hasta que se apruebe la normativa europea en esta materia. Los naranjas advierten de que estas palabras contradicen las de la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que habla de un texto en fase de borrador.

Esta iniciativa de Ciudadanos, registrada en el Congreso, cuestiona los plazos dados por el Ejecutivo hasta ahora para presentar este proyecto de ley. En este sentido, Nadal respondía a una pregunta parlamentaria en el Congreso acerca de la puesta en marcha de esta normativa asegurando que «una vez que esté aprobada» la ley europea de Cambio Climático «se llevará a cabo la transposición al ordenamiento jurídico» español. Un proceso que, según apuntó, «siempre se ha hecho así» y que ahora «no se iba a cambiar».

A los de Albert Rivera les ha «sorprendido» que el responsable de Energía rompa la línea de declaraciones que, hasta ahora, mantenía su homóloga de Medio Ambiente, quien aseguró que el borrador de esta ley se redactaría durante «la primera parte» de 2018. Ciudadanos cuestiona al Ejecutivo sobre estas «dos opiniones contrapuestas» de dos miembros de su gabinete. Finalmente, piden explicaciones acerca de cuándo es la fecha en la que estará listo el texto de la Ley de Cambio Climático.

El PSOE plantea recuperar las concesiones hidroeléctricas y pregunta a Tejerina sobre la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.- El PSOE registró en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Gobierno sobre las actuaciones que pretende realizar en materia de lucha contra el cambio climático y en particular sobre la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como por el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua y la calidad del aire. Asimismo, los socialistas han presentado las bases que consideran esenciales para lograr un acuerdo sobre un Pacto de Estado sobre agua.

El responsable del área de Transición Ecológica de la Economía del PSOE, Hugo Morán, subrayó la necesidad de avanzar en una norma que prohíba la privatización de las infraestructuras de captación y distribución y de las entidades o empresas públicas que tengan encomendadas su gestión. «Se abre una oportunidad para recuperar las concesiones hidroeléctricas para su gestión pública», concluye. Estructurado en 10 ámbitos, la primera iniciativa que plantea el PSOE es la necesidad de realizar una profunda revisión del diagnóstico en cuanto a recursos disponibles y usos eficientes del agua a través de una auditoría hidrológica, un análisis asociado al que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética realice.

Cambio Climático y Transición Energética

Por su parte, el diputado del grupo socialista, Ricardo García Mira, planteó varias preguntas escritas al Gobierno y, entre ellas, el PSOE quiere saber cómo integrará el Gobierno las conclusiones realizadas por el grupo de expertos de Energía y Clima en el texto de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Además, interroga por el calendario de actuaciones del grupo de expertos y de negociaciones y debates a seguir desde una perspectiva institucional y política, en interacción con otros actores políticos y ambientales.

Entre otras cuestiones, García Mira quiere saber cuál será el procedimiento que se seguirá para seleccionar, discutir e integrar las más de 350 aportaciones que se registraron en la fase de información pública así como por la metodología y procedimientos que se emplearán para incorporarlas o no al texto. También pide conocer las medidas que adoptará el Gobierno para cumplir con la legislación europea sobre la calidad del aire después de las «reiteradas advertencias» de la Comisión Europea por los altos índices de contaminación en las dos grandes ciudades españolas.

Otra de las cuestiones quiere indagar si el Gobierno puede proporcionar las dimensiones más importantes y previsiones sobre las que desarrollar la acción política en relación y le pide que defina de forma «concreta y precisa» hojas de ruta de descarbonización para el horizonte de 2030 y 2050 en materia de emisiones del transporte, la industria, la agricultura, la ganadería y quema de combustibles fósiles, con una «apuesta decidida por la eficiencia energética«. A su juicio, esto es el «modo más rápido y seguro» de reducir emisiones y de facilitar una mayor competitividad en la producción industrial y generar efectos sociales positivos en los hogares.

En esa línea, el diputado quiere saber para cuándo proporcionará el Gobierno a los partidos políticos y resto de las organizaciones de la sociedad civil una propuesta de desarrollo de una estructura de Economía Circular así como la cuantificación de las emisiones que tendrán que reducirse por sectores de cara al cumplimiento de objetivos de la Unión Europea y de los Acuerdos de París, a consecuencia de la puesta en marcha de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

«El proceso de ralentización en el que ha entrado España, después de la firma del Acuerdo de París, ha hecho que dos años después no exista avance alguno y España sea un ejemplo de inacción, un Estado que incumple los compromisos adoptados en el seno de la Unión Europea con la comunidad internacional», lamenta García Mira. La última de las cuestiones en esta batería pregunta por las propuestas relativas a la fiscalidad que resultarán afectadas por la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

El diputado considera que España está «entre los países que menos hace para combatir el calentamiento de la Tierra» y ha exigido a García Tejerina una política climática «con garantías» porque «no hay fórmulas mágicas», de modo que es preciso cambiar el modelo energético y los modelos de crecimiento, negocio y desarrollo. Del mismo modo, opina que es preciso generalizar el empleo de tecnologías renovables y eliminar «toda barrera» a su potencial a través del impuesto al sol.  Asimismo, el diputado ve necesario introducir los cambios precisos en la fiscalidad.

Greenpeace exige al Gobierno que retire su decreto para «dificultar» el cierre de las térmicas y apueste por las renovables

/0 Comentarios/en , , , , /por

Europa Press.- Greenpeace presentó alegaciones al Decreto del Gobierno que regula el cierre de las centrales térmicas por razones económicas y en ellas pide al Ejecutivo que retire ese proyecto normativo y que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética incluya un calendario de cierre de las centrales de carbón y nucleares con fecha tope en 2025 y que apueste por un sistema eléctrico 100% renovable.

En sus alegaciones, Greenpeace acusa al gobierno de bloquear el desarrollo de las energías renovables y de querer perpetuar las centrales térmicas «sucias y peligrosas» y dificultar el cumplimiento del Acuerdo de París contra el cambio climático. Asimismo, la ONG denuncia que el ministro Álvaro Nadal está teniendo una posición en Europa de «bloqueo para las energías renovables y para la democratización del sector» en favor del viejo modelo energético, que está en manos de «unas pocas grandes eléctricas». Greenpeace denuncia que el Real Decreto es contrario al cambio climático y no tiene en cuenta las demandas de los ciudadanos.

Retribuciones o ayudas de Estado

Además, en sus alegaciones recuerda al Ejecutivo que el cierre de las centrales eléctricas ya está contemplado en la normativa que regula el sector, atendiendo a la garantía de suministro, y que son el operador y el regulador del sistema los que tienen la competencia para realizar los análisis del sistema y los consiguientes informes de aprobación para el cierre en el caso de ser viable. Así, recuerda que cualquier retribución, de acuerdo con lo que propone el Real Decreto, deberá ser notificada a la Comisión Europea y podría ser considerada ayuda de Estado. Al mismo tiempo, añade en las alegaciones, este proyecto supone una intervención estatal no admitida en el mercado de generación eléctrica.

«En España la principal preocupación medioambiental ya es el cambio climático y las personas quieren poder participar en la transición energética de forma activa para transformar el sector eléctrico en uno 100% renovable, eficiente e inteligente», ha manifestado la responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace, Tatiana Nuño. En este contexto, la organización ecologista considera que los precios de la luz están «completamente distorsionados» y asegura que, al contrario de lo que defiende el Gobierno, un sistema eléctrico renovable, eficiente e inteligente abarataría la factura energética de los hogares españoles hasta un 34%.

El Gobierno aprueba el Plan Aire II que incluye 52 medidas y una estimación económica de 276 millones de euros

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- El Consejo de Ministros aprobó el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera (Plan Aire II), que incluye 52 medidas y que tendrá una dotación presupuestaria de 276 millones de euros para su cumplimiento durante sus dos años de vigencia, según anunció el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.

Méndez de Vigo ha recordado que el primer Plan Aire es de 2013 y ahora el nuevo plan estará en vigor durante dos años. En este sentido, ha definido el plan como un «marco de referencia de la Administración General del Estado» teniendo en cuenta que las competencias son de las comunidades autónomas y de los Ayuntamientos. Eso sí, precisó que la Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera habilita al Gobierno, en el ámbito de sus competencias, a aprobar los planes y programas de ámbito estatal necesarios para prevenir y reducir la contaminación atmosférica y sus efectos transfronterizos, así como para minimizar sus impactos negativos.

Méndez de Vigo ha dicho que el objetivo del plan, en el que están involucrados la mayor parte de los Ministerios, busca garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de calidad del aire en todos los ámbitos (nacional, europeo e internacional); reducir las emisiones a la atmósfera de aquellos contaminantes más relevantes y con mayor impacto sobre la salud y los ecosistemas; mejorar la información disponible sobre la calidad del aire y fomentar la concienciación de la ciudadanía para la prevención y abordar a nivel nacional las superaciones del valor objetivo para la protección de la salud de los niveles de ozono troposférico que se producen en muchas ciudades.

Entre las principales medidas destacan, en el sector residencial, la puesta en marcha de incentivos económicos para mejorar la eficiencia energética de los edificios, con un presupuesto de 200 millones de euros. En el sector del transporte, el establecimiento de ayudas que permitan la renovación del parque automovilístico y el fomento de los vehículos de energías alternativas y menos contaminantes, con un presupuesto de 50 millones de euros; o un programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en el sector ferroviario, con un presupuesto de 13 millones de euros.

APP sobre calidad del aire

En total el plan contempla 52 medidas de las que 15 son responsabilidad del MAPAMA y, entre estas, destacan la adopción de un índice de calidad del aire a nivel nacional, homogéneo y comprensible, que elaborará el Ministerio de forma consensuada con las administraciones competentes en materia de calidad del aire (comunidades autónomas y entidades locales) para mejorar la información sobre la calidad del aire.

También se elaborará un protocolo marco en casos de episodios de alta contaminación para compartir índices y escenarios con las administraciones competentes (comunidades autónomas y entidades locales). Se trata, según el ministro, de un marco general común para la mejor comprensión de los españoles cuando se produzcan sucesos de contaminación atmosférica, independientemente del lugar del país en el que se produzcan. En este marco, el plan incluye el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles que permita la difusión en tiempo real de datos de calidad del aire almacenados en la Base de Datos de Calidad del Aire del Ministerio.

La estimación económica de 276 millones de euros está, según el ministro portavoz, «en línea con los acuerdos» de la cumbre de París sobre cambio climático y con «el compromiso» del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En ese contexto, explicó que el presidente ha participado en la cumbre One Planet Summit celebrada para dar un impulso al Acuerdo de París, que establece compromisos de reducción de emisiones, de aumento de renovables y eficiencia energética. Para Méndez de Vigo, esta cumbre demuestra que existe una coordinación para cumplir con estos acuerdos y un marco político de cooperación reforzada público-privada y con las grandes entidades y fondos de inversión para reducir al máximo las emisiones a la hora de planificar las inversiones.

Asimismo, ha destacado que las 100 empresas más contaminantes del mundo de los sectores de la energía y el transporte se han comprometido a reducir sus emisiones de carbono. «La mejora de estas variables en la valoración de la empresa será tan importante que los fondos podrán llegar a retirar su inversión en las sociedades que incumplan sus compromisos», advirtió.

Finalmente, recordó que el presidente anunció en París una cumbre de interconexiones eléctricas organizada por Francia, España, Portugal y la Comisión Europea y que tendrá lugar en Lisboa en 2018 y ha añadido que anunció la Ley de cambio climático y de transición energética que también se aprobará en 2018 para sentar las bases de una transición ordenada y eficiente que permitirá cumplir los compromisos.

Pablo Iglesias anuncia la ley de Cambio Climático de Unidos Podemos para principios de 2018 y asegura que será «histórica»

/0 Comentarios/en , , , , /por

Europa Press.- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado que la proposición de ley de Cambio Climático que prepara su grupo parlamentario en el Congreso estará lista para principios de 2018 y ha señalado que la norma será «histórica» y marcará «un cambio de época».

Así lo ha puesto de manifiesto en el Foro Social por una ley eficaz contra el Cambio Climático que ha sido organizado por Unidos Podemos y en el que han participado diferentes actores relacionados con esta materia. Al término de las exposiciones, que ayudarán a redactar el texto definitivo, Iglesias ha vuelto a convocarles para debatir la propuesta ya redactada.

Para el líder de la formación morada, la participación social es la que «da sentido» a la actividad parlamentaria y ha agradecido a todas las asociaciones, sectores y sindicatos que han pasado por esta jornada por su colaboración. «Queremos hacer una ley, pero no de partidos, ni de técnicos, sino debatida por los colectivos de la sociedad civil», ha señalado.

En este sentido, llamó a la sociedad a movilizarse para presionar en la tramitación del futuro texto. Un documento que, a su juicio, es «necesario sacar adelante» para responder al «reto político y social» que supone para el futuro del planeta. «Hay quien nos dice que somos catastrofistas, pero nos estamos jugando el futuro de la humanidad, porque si el planeta se va al garete, no habrá posibilidad de que la vida siga existiendo», afirmó.

Iglesias se ha congratulado de que «cada vez hay una conciencia mayor sobre lo que significa» el cambio climático, porque la gente «se empieza a sorprender por las numerosas olas de calor en verano, por las sequías o porque haya desaparecido prácticamente el otoño». «Creo que es importante que seamos capaces de colocar esto en primer plano y que seamos capaces de que haya una conciencia cada vez mayor y acabar con los primos de Rajoy y los científicos que lo negaban», apuntó Iglesias, quien ha indicado que estas personas ya han «perdido la credibilidad».

El líder ha defendido ante los asistentes al foro que el objetivo de Podemos es conseguir un «nuevo modelo de productividad» y «un nuevo modelo de país» hablando, por ejemplo de «transición energética, de economía circular o justicia climática«. «Si somos capaces de sacarla adelante, lo que implica un acuerdo con otros grupos, estaremos dejando un legado para el futuro y las bases de un nuevo modelo de país», insistió.

Así, Iglesias ha criticado que España esté actualmente «a la cola de los que hacen algo por el cambio climático» ante un acuerdo del clima de París que, a su juicio, ha sido de mínimos. Su objetivo, según ha apuntado, es también evitar que el Ejecutivo siga recortando en esta materia en los presupuestos generales o que el Gobierno siga dependiendo de las empresas energéticas.

«Hay que señalar una cuestión, por la que nos tacharán de radicales, y es que la lucha del cambio climático es incompatible con que haya sentados expresidentes y exdirigentes de partidos en consejos de administración de empresas energéticas, porque lo que hacen cuando sientan a esos exministros, algunos muy progresistas, es comprarlos para que defiendan sus intereses», ha denunciado Iglesias.