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La amortización de un sistema de placas fotovoltaicas para autoconsumo se reducirá a 10 años con las medidas del Gobierno

Europa Press.– El periodo de amortización de la instalación de un sistema de placas fotovoltaicas se reducirá a unos 8-10 años, frente a los actuales 15-18 años, con la eliminación por el Gobierno de las trabas al autoconsumo y el reconocimiento de esta figura como derecho de los consumidores, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

800 euros menos a amortizar

La organización destaca que estas medidas, incluidas en el decreto con medidas urgentes para combatir el precio de la electricidad aprobado por el Ejecutivo, suponen «un gran avance» para que aquellos consumidores que lo desean puedan optar por esta modalidad de abastecimiento de energía que «tiene grandes ventajas para los consumidores y el medio ambiente». Según OCU, hasta ahora «los excesivos costes de legalización, cuyo precio medio alcanzaba los 800 euros, «alargaban de forma injusta» la amortización de estos sistemas entre 15 y 18 años.

La organización estima que un sistema con un solo panel fotovoltaico puede suponer un ahorro de entre 80 y 110 euros al año en la factura eléctrica de los hogares. Así, considera que las medidas aprobadas, la simplificación de los tramites y, en especial, el derecho al autoconsumo compartido, supondrán «un gran impulso» a esta forma de producción de energía, «equiparado a los consumidores españoles con los europeos, garantizando a los consumidores el acceso a una alternativa energética más barata y respetuosa con el medioambiente».

Asturias denuncia la discriminación de la regasificadora de El Musel frente a la de Mugardos

EFE.- El consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, ha denunciado la discriminación del Gobierno central con el Principado en relación a la regasificadora de El Musel, que a diferencia de la de Mugardos sigue paralizada, y ha pedido al PP asturiano que salga en defensa de esta infraestructura.

El consejero ha criticado que, ante la reclamación del Principado para poner en marcha la regasificadora de Gijón, el Gobierno central se escude en que está «en funciones», cuando en cambio va «bastante rápido» en la legalización de la instalación de la de Mugardos.

Blanco ha explicado que, tras la sentencia del Supremo que ratificó que la regasificadora de El Musel se construyó vulnerando la Ley, depende del Consejo de Ministros autorizar a Enagás el inicio de los trámites para proceder a su legalización mediante la obtención de una licencia de actividad, algo que no se ha producido.

El consejero ha admitido que en esta situación «no caben acciones legales, únicamente la presión política», y por ello ha pedido al PP asturiano que se pronuncie también al respecto.

El consejero ha insistido en este «trato discriminatorio» porque la regasificadora de Gijón «se inició antes, se autorizó antes y se acabó antes y todavía no se ha puesto en funcionamiento», a diferencia de otras instalaciones similares

El PP cree que Blanco está «pidiendo a gritos una moción de censura»

La diputada regional del PP Emma Ramos ha considerado  «ridículo» que el consejero de Empleo, Francisco Blanco, pida explicaciones a su partido por la regasificadora de El Musel, «reconociendo su incapacidad para gestionar los problemas económicos del Principado», y ha advertido de que «parece que está pidiendo a gritos una moción de censura».

La portavoz de Industria del PP en la Junta General ha subrayado que las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 2013, y del Supremo, de este año, que declararon la ilegalidad de la regasificadora «dieron un serio varapalo a la ineficiente gestión del Gobierno socialista».

Ramos ha recordado que el PP llevó el pasado mes de marzo a la Junta una iniciativa que fue aprobada por unanimidad en la que se exigía el cumplimiento de «todos los requisitos legales que garantizasen el cumplimiento de la sentencia que declaraba la ilegalidad» de la instalación.

La misma iniciativa, ha apuntado, pedía al Gobierno del Principado que garantice la seguridad de la población adyacente a la regasificadora y que se exijan «responsabilidades políticas a quienes concedieron la autorización para la instalación en contra de la legalidad vigente en 2006».

«Parece» que el consejero «está pidiendo a gritos una moción de censura», ha advertido la parlamentaria popular.