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El PSOE asturiano pide una transición energética justa mientras Izquierda Unida pide frenar los “despropósitos” de Ribera sobre el carbón

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EFE.- El diputado de Izquierda Unida en Asturias, Ovidio Zapico, ha emplazado al PSOE a poner coto a los «despropósitos» de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre el “escaso futuro” del carbón y de las centrales térmicas. Por su parte, el secretario general del PSOE asturiano, Adrián Barbón, ha reclamado «una transición ecológica de la economía justa», en relación al futuro del sector del carbón, que tenga en cuenta «la situación de los territorios y de las personas».

Barbón ha señalado que, en ese ámbito, el PSOE tiene «un marco claro» como son las resoluciones de su 39º Congreso, en el que Pedro Sánchez fue elegido de nuevo secretario general, y que definen la postura del PSOE «en el pasado y en el futuro teniendo en cuenta la situación que aún tienen miles de trabajadores». En este sentido, ha indicado que el presidente socialista del Gobierno, Pedro Sánchez, «conoce bien la realidad» del sector minero y energético y las consecuencias de ese proceso de descarbonización. El dirigente socialista ha respondido así a la advertencia de la ministra para la Transición Ecológica sobre el escaso futuro del carbón y la necesidad de avanzar en el cierre de centrales térmicas.

«Nuestra posición en defensa de los intereses de Asturias es y será nuestra seña de identidad como socialistas», añade Barbón que incide en que desde el PSOE asturiano no valorarán «posiciones, sino decisiones» y que, cuando se adopten, «será el tiempo de analizarlas y de posicionarse». Además, el secretario general del PSOE asturiano considera «una absoluta vergüenza» que el PP quiera alzarse «como defensor del carbón autóctono» tras casi 7 años de gobierno en los que no invirtió «ni un solo euro» en las cuencas mineras, que dejó endeudados a sus ayuntamientos por impagos de fondos comprometidos y que no negoció «nada» ni siquiera para lograr que a las empresas rentables no se les obligue a devolver las subvenciones recibidas.

Asimismo, responsabiliza al PP de haber dejado entrar en crisis a la gran mayoría de empresas mineras y de haber sido la causa de cientos de despidos de trabajadores y la reprocha que ahora pretenda decir «que apoya al carbón» por lo que subraya que en este tema la credibilidad de los populares «es cero». Según la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, el Principado «tiene que plantarse con una sola voz» en defensa del sector del carbón y de una transición «ordenada» para el cierre de las centrales térmicas que utilizan la hulla para la generación de electricidad.

Fernández ha recordado que el parlamento de Asturias, con la única abstención de Ciudadanos, respaldó la iniciativa del PP en el Congreso para condicionar los cierres de centrales a su efecto sobre el aumento del precio de la electricidad, a la que se oponían PSOE y Podemos en la Cámara Baja. Para la líder del PP «quienes nombraron a la ministra y quienes estuvieron de acuerdo con ese nombramiento sabían muy bien que era contraria al carbón» dado que Ribera «tiene biografía, currículum y muchos discursos en su haber y ninguno era favorable» al sector.

Por su parte, el diputado de Foro por Asturias en el Congreso, Isidro Martínez Oblanca, que ha acusado al PSOE de haber cometido «un grave fraude democrático» al anunciar medidas en relación con la minería del carbón tras llegar al Gobierno que no figuran en el programa con el que se presentó a las elecciones generales en 2015 y 2016. Por ello, ha solicitado la comparecencia en el Congreso de las ministras para la Transición Ecológica y de Industria para que expliquen su programa de gobierno. Según Oblanca, la sociedad se está enterando de sus propuestas «en los platós de televisión» y plantean medidas preocupantes y objetivos contrapuestos «que generan incertidumbre en un sector vital para la economía de Asturias».

Barbón ha señalado que en el nuevo Gobierno aún faltan determinados nombramientos que tendrán conocimiento de la situación que atraviesan las cuencas ante el inminente fin de la actividad extractiva y la posibilidad de cierre de las centrales térmicas. El dirigente socialista ha incidido en que, de cara a este proceso, no se puede «negar lo evidente» y lo que es necesario es defender un hueco para el carbón nacional. «Se está entremezclando todo, una cosa apostar por las renovables y yo no me opongo porque no se puede ir en contra del signo de los tiempos y otra es luchar para que la transición sea justa y se defina el hueco que queda para el carbón autóctono», ha añadido.

Los Gobiernos de Asturias y de Castilla y León llevan meses defendiendo la necesidad de que el Ejecutivo central tenga la última palabra en el cierre de instalaciones de generación eléctrica como el planteado por la empresa Iberdrola para sus plantas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). Según ambos ejecutivos regionales, su clausura determinaría un incremento del precio de la electricidad, lo que en Asturias condicionaría la continuidad de industrias de gran consumo energético radicadas en el Principado como la multinacional siderúrgica ArcelorMittal, Asturiana de Zinc o la aluminera Alcoa. Asimismo, el traslado del carbón importado para su uso en dichas instalaciones genera el 20% de los tráficos del puerto gijonés de El Musel y mueve anualmente unos 200.000 camiones.

Izquierda Unida arremete contra Ribera                                               

Según Izquierda Unida, tras las afirmaciones de Ribera los socialistas «deben dar explicaciones y trasladar un mensaje inequívoco, claro y rotundo de tranquilidad a las comarcas mineras, a los trabajadores de la minería de carbón y a los de la industria electrointensiva, cuya continuidad podría verse afectada por un aumento de la tarifa eléctrica derivado del cierre de las térmicas.

«El PSOE debe aclarar qué políticas va a llevar a cabo, si las que dice defender su vicesecretaria y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, a la que hemos oído muchas veces decir que defiende el carbón, o si van a primar las de la nueva ministra», añadió. A su juicio, «en un alarde de irresponsabilidad», Ribera ha acelerado la transición energética «a unos términos que ya no son ni exprés sino que tienen carácter inmediato» lo que ha generado «una alarma social innecesaria» en Asturias «y alguien debería decirle que así no se empieza un mandato».

Zapico se ha mostrado además «preocupado» por la actitud en este asunto de los diputados por Asturias elegidos en la lista de Unidos Podemos, Sofía Castañón y Segundo González, a los que ha recordado que fueron elegidos «con los votos de muchos trabajadores de la minería o de la industria y ahora no pueden esconder la cabeza«. «Deben responder a estos trabajadores y a esos territorios y defender sus intereses ante el Gobierno desde su posición en el Congreso», concluyó el parlamentario de Izquierda Unida.

Podemos rechazará desmantelar centrales térmicas

Por su parte, Segundo González (Podemos) ha emplazado a la ministra para la Transición Ecológica a explicar sus planes para la transición energética y en lo relativo al carbón y las cuencas, y ha avanzado que su partido se opondrá al» desmantelamiento de cualquier industria» sin alternativas que garanticen mantener el empleo. González ha señalado que su grupo ya ha cuestionado los incumplimientos constantes de los planes de reactivación de las comarcas mineras del anterior Gobierno por lo que solicitan un plan integral de reactivación. Dicho plan, afirma, debería empezar por la ejecución inmediata de los 250 millones de los compromisos adquiridos en esta materia.

La CNMC se opone al decreto que dificulta el cierre de centrales eléctricas porque introduce excesiva discrecionalidad e inseguridad jurídica

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha rechazado el proyecto de decreto del ministro de Energía, Álvaro Nadal, que endurece las condiciones para autorizar el cierre de centrales de generación eléctrica al considerar que introduce «una excesiva discrecionalidad y crea inseguridad jurídica para las nuevas inversiones, pudiendo resultar contraproducente para la competencia en el sector eléctrico».

El Gobierno activó el procedimiento para aprobar el real decreto para endurecer las condiciones para el cierre de centrales el pasado mes de noviembre, después de que Iberdrola solicitara la clausura para sus plantas de carbón de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). En su informe sobre la propuesta de normativa, el organismo presidido por José María Marín Quemada subraya que el real decreto introduce nuevos criterios adicionales al de seguridad de suministro para denegar el cierre de las centrales como son que no afecte negativamente a los precios, a la competencia, al suministro de materias primas o a los objetivos de planificación, exigencias que ni la Ley del Sector Eléctrico ni la normativa europea contemplan.

El Ministerio plantea que en el caso de que se deniegue la autorización al propietario de la central, éste podrá transferir la central a terceros o adherirse a un procedimiento de subasta reglado, solución que, en última instancia, podría llevar a que, si no hay interesados en la subasta, se adjudique a un tercero a cambio de una compensación. Así, la CNMC considera que estos criterios adicionales no están incluidos en la Ley del Sector Eléctrico y podrían ir en contra de la normativa europea recogida en la propuesta de la Comisión Europea de Reglamento relativo al mercado interior planteado en el Paquete de Invierno.

Propone ayudas de Estado ilegales

En lo que se refiere al mecanismo de subasta que propone el Ministerio, la CNMC cree que es «muy complejo» y considera que la compensación a un tercero por mantener una central si la subasta queda desierta sería una ayuda de Estado conforme a la normativa europea, «lo cual aconseja que se notifique previamente la propuesta a la Comisión Europea«.

Asimismo, la CNMC recuerda que el sistema eléctrico español no presenta problemas de seguridad de suministro en el medio y largo plazo, sino todo lo contrario. Así, en el peor escenario (punta de demanda de 46.000 megavatios (MW) y baja generación), se podría prescindir sin riesgo de casi 3.000 MW hasta 2020, es decir, cerca de un 30% del parque de carbón existente. Esta cifra llega a alcanzar los 5.000 MW (el 50% del parque de carbón) si se considera el escenario más favorable, según el informe. A estos cálculos habría que sumar 3.000 MW de potencia interrumpible. En el caso de las dos centrales térmicas para las que Iberdrola ha solicitado su cierre, suman una potencia de 874 MW.

En un análisis de más largo plazo, en el horizonte 2020-2030, en su informe la CNMC señala que no resultaría necesario incorporar nueva capacidad de producción hasta el año 2021, dando por supuesto el mantenimiento del parque operativo actual. Posteriormente, se requerirá capacidad adicional en función de la senda que siga la retirada de tecnologías convencionales, en particular la tecnología nuclear y las centrales de carbón, y el crecimiento de la demanda. Así, por ejemplo, en un escenario en el que la demanda creciera en el entorno de un 1% anual, y el parque de generación actual, excepto la mitad de las centrales de carbón, se mantuviera operativo, no resultaría necesaria nueva capacidad hasta 2028.

CCOO lamenta que el Ministerio de Energía tardara 6 meses en convocar a los sindicatos para buscar solución al carbón

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Europa Press.- CCOO de Industria ha lamentado que el Ministerio de Energía «haya tardado 6 meses» en volver a convocar a los sindicatos para buscar una solución «al cierre desordenado» del carbón y que siga sin entender que la situación del sector es «dramática». El sindicato acudió «con la esperanza de avanzar en cada uno de los temas que se han incumplido del Marco de Actuación de la Minería del Carbón 2013-2018».

Varias peticiones sobre el carbón

Asimismo, CCOO reclama que la generación eléctrica con carbón siga teniendo su espacio en el mix eléctrico; que se establezcan mecanismos para que las centrales de generación que usan carbón nacional realicen las inversiones medioambientales; que se dinamicen las comarcas mineras a través de proyectos empresariales y que se promueva la investigación, el desarrollo y la innovación en proyectos de generación eléctrica con carbón autóctono y captura de CO2. Además, el sindicato afirmó que pidió al secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, información sobre la solicitud de cierre de las centrales de Lada y Velilla, propiedad de Iberdrola, y Anllares, de Gas Natural Fenosa.

Nadal justifica el fin de las ayudas a la minería del carbón este año: “las decisiones se tomaron hace tiempo”

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Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, se ha referido al escenario relativo a este año 2018, ejercicio que supone el cierre de las minas de carbón no competitivas, y asegura que «la Unión Europea tiene sus reglas y las decisiones se tomaron en su día», recordando que el acuerdo se tomó en el año 2010.

Respecto a la petición del presidente del Gobierno asturiano, el socialista Javier Fernández, de que España debería exigir a la Comisión Europea unas condiciones más flexibles que permitan prolongar la actividad de la minería del carbón, el titular de Energía se ha mostrado prudente, pero ha desvelado que está trabajando, junto a Asturias y otras comunidades autónomas, para buscar «alternativas».

No obstante, ha recordado la «rigidez» de la normativa comunitaria en este aspecto, ya que el acuerdo relativo a los cierres «es muy claro». Gracias a ese acuerdo, ha explicado, se han podido mantener las ayudas hasta este 2018 y eso ha permitido el cierre ordenado de las minas. También ha permitido mantener las rentas a las personas que han dejado el sector. «La mayor parte del gasto público que se dedica actualmente a la minería del carbón es para prejubilaciones y jubilaciones», ha explicado.

En cuanto a la situación en la que quedan las minas deficitarias ha insistido en que «todo el mundo sabía las reglas del juego».  Respecto a la decisión de Iberdrola de cerrar la central térmica de Lada (Langreo), el ministro ha reiterado el criterio del Gobierno, que pasa por que sigan funcionando las centrales que son «viables y necesarias para el sistema«, e incluye en ese caso al grupo moderno de la central de Lada.

Actualmente el Gobierno impulsa un real decreto en ese sentido, para garantizar el funcionamiento de centrales que son rentables y viables. Está siendo analizado por la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC), y luego pasará al Consejo de Estado. Sin embargo, Nadal ha lamentado la «soledad» del Gobierno para aprobar una medida de este tipo. El resto de grupos no le apoyan, ha señalado, incluido el PSOE. No es el caso, matiza, del Gobierno asturiano, de signo socialista.

Nadal ha explicado que si en los últimos tres años no hubiesen funcionado las centrales térmicas en España, el precio de la electricidad mayorista habría subido de una manera «enorme», algo que afectaría enormemente a las empresas electrointensivas, de las que hay varias en España. En este sentido, ha advertido del impacto en el empleo que podría tener prescindir de las centrales de carbón. «Consideramos que estas centrales tienen que mantenerse si son rentables», sentenció.

Nadal acusa a Iberdrola de «falta» de soluciones que permita la venta de sus centrales térmicas de Lada y Velilla

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Europa Press.– El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha acusado a Iberdrola de «falta de flexibilidad y de alternativas» para dar con una solución que permita la venta de sus centrales térmicas de Lada (Asturias) y Velilla del Río Carrión (Palencia), ya que su deseo es dejar de contar con el carbón en su mix, y reafirmó su intención de seguir adelante con el real decreto para endurecer los motivos para cerrar centrales.

En rueda de prensa conjunta con los presidentes autonómicos de Castilla y León y Asturias, Juan Vicente Herrera y Javier Fernández, respectivamente, tras la reunión mantenida en la sede del Ministerio con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, Nadal subrayó que el único compromiso de la energética ha sido el de que estas dos centrales seguirán operando hasta 2020. «No ha habido ninguna alternativa realista de venta de las centrales a otro operador», apuntó.

Asimismo, Nadal defendió que estas dos centrales de carbón sigan abiertas ya que, si no fuera así, la factura de la luz de las familias españolas se elevaría en 2,5 euros anuales. «Cerrarlas supone pagar 2,5 euros más de recibo de la electricidad», añadió el ministro basándose en los cálculos de una simulación de Euphemia, el algoritmo común para toda Europa que se encarga de gestionar la formación de precios para la electricidad mayorista. Además, reafirmó que existe «un interés general claro» en mantener estas centrales abiertas, ya que si no fuera así supondría «peores precios, costes mayores para el consumidor, la industria y un efecto sobre la economía local».

Nadal indicó que el presidente de Iberdrola ratificó que su decisión es «eliminar de su mix el carbón», decisión que considera que sí que puede ser tomada por Iberdrola, aunque mostró su extrañeza por el hecho de que no amplíe también esa política al gas, pero aseguró que «otra cosa» es cerrar unas centrales «que tienen rentabilidad y tienen todo el sentido del mundo desde el punto de vista económico».

Así, acusó a la compañía de no haber sido capaz de explicar, si su deseo es eliminar las plantas de carbón de su balance, «por qué no quiere vender». «No ha habido ningún compromiso por parte de la empresa», indicó Nadal, quien aseguró que a Iberdrola no le ha parecido adecuado partir de un precio de venta de la central cerrada, «achatarrada, sin el plan social y los costes medioambientales del cierre», que la empresa ha valorado en 35 millones.

Por ello, el ministro insistió en que estas centrales «ayudan mucho a sostener el precio de la electricidad y tienen viabilidad», por lo que abogó para que se puedan vender a terceros a través de un proceso que podría ser «muy competitivo«. De esta manera, advirtió que se seguirá adelante con la tramitación del decreto «tal y como está», e incluso añadió que le gustaría poder desarrollar una legislación «más amplia, con rango de Ley».

Por su parte, los presidentes autonómicos de Castilla y León y Asturias mostraron su apoyo al Gobierno en su defensa de «combinar la lucha contra el cambio climático con la transición energética» en defensa del interés general. Asimismo, Herrera acusó a Iberdrola de cambiar sus planteamientos en los últimos tiempos de manera «injustificada», como ocurrió con la central nuclear de Garoña, que finalmente se decidió cerrar. Así, Herrera respaldó «la línea que ha marcado el ministro» e hizo un llamamiento a los grupos políticos del Congreso de los Diputados «para que sean receptivos a dar el mayor respaldo posible, a poder ser con valor de Ley, para endurecer los motivos por los que las eléctricas pueden decidir cerrar una central».

Mientras, el presidente de Asturias, Javier Fernández, defendió la permanencia de estas centrales de carbón desde «el punto de vista de la política global asturiana, que tiene una marcada política industrial». Fernández consideró que una empresa debe tener libertad para «deshacerse de una central», pero valoró que debe ser el Gobierno «quien debe decidir si es o no posible» cerrarla.

Por su parte, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, se ha referido al encuentro y ha manifestado que espera que, o bien Iberdrola reconsidere su decisión o bien el Ministerio ejerza sus competencias administrativas para impedir el cierre. «Hay suficientes y buenas razones para que Iberdrola rectifique», sentenció el portavoz del Gobierno asturiano, que ha reiterado que un «cierre precipitado» de las instalaciones que utilizan carbón para producir energía puede propiciar un incremento del precio de la electricidad y una nueva reconversión industrial en Asturias.

La intención del Gobierno con el decreto de cierre de centrales es que la clausura de estas instalaciones, de llevarse finalmente a cabo, se aborde de forma ordenada y con arreglo a criterios «lógicos«. Nadal explicó que mediante este decreto se pretende adoptar medidas que garanticen en todo momento la seguridad del suministro. Así, considera que la norma tiene como finalidad establecer las medidas regulatorias que aseguren que las decisiones de cierre de centrales de generación eléctrica son «coherentes» con los instrumentos de planificación energética.

«Pongamos que una compañía quiere cerrar una central argumentando que no es rentable. El decreto nos permite analizar si esa central es necesaria para mantener el suministro, si el cierre es adecuado por motivos medioambientales o de precio o bien si otro agente quiere encargarse de ella. Unos pueden tener sus estrategias empresariales, pero el Gobierno tiene que controlar que esto se hace bien», señaló.

Nadal aboga por tratar de mantener en el mix energético las tecnologías que son baratas, como la nuclear o el carbón, y ha señalado que el cierre de las centrales nucleares encarecería el precio de la tarifa eléctrica un 25%, mientras que la clausura de las centrales térmicas de carbón supondría un sobreprecio del 15% en las horas punta, es decir, en los días más fríos del invierno o en los más calurosos del verano.

El presidente de Asturias rechaza «explícitamente» la resolución parlamentaria sobre reducción de emisiones pues supondría el cierre de las térmicas

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Europa Press.- El presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, ha mostrado su rechazo «explícito» a la resolución aprobada en el Congreso de los Diputados, apoyada por el PSOE, relativa a la reducción de emisiones de CO2 en el marco de las directivas europeas del denominado paquete de invierno. «Si eso se llevase a cabo, todos los grupos térmicos de carbón estarían abocados al cierre», ha advertido. No obstante, ha rechazado que dicha resolución suponga «el fin del carbón nacional».

Haciendo alusión al cierre anunciado por Iberdrola de la central térmica de Lada, ha señalado que la clausura «anticipada» de las térmicas supondría una nueva reconversión industrial para Asturias que en este caso afectaría al polo energético formado por las propias centrales, los empleos directos e indirectos, la logística y el impacto sobre el movimiento portuario. «Por eso conviene estar alerta y pronunciarse con nitidez y rotundidad: precipitar el cierre es un error y perjudicaría gravemente nuestra actividad industrial», reiteró.

La descarbonización de la economía, ha explicado el presidente del Principado de Asturias, equivale a proclamar el fin de la combustión, lo que supone «uno de los mayores desafíos de los próximos años». Si se hace mal, ha advertido, se puede provocar además un alza del precio de la electricidad, tanto para los consumidores domésticos como para los industriales. «¿Hace falta resaltar que Asturias concentra industrias electrointensivas?», se ha preguntado.

Iberdrola pide a la industria que siga su ejemplo de dejar el carbón y tome medidas contra el cambio climático

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Europa Press.- Mientras hay políticos, como el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que recriminan que el decreto publicado por el Gobierno central para endurecer el cierre de las centrales térmicas «no evita» que puedan clausurarse estas instalaciones, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha pedido a la industria de todos los sectores que «siga su ejemplo» y tome medidas contra el cambio climático porque considera que «el momento de hablar ya ha pasado; ahora es el momento de actuar».

Sánchez Galán ha explicado la decisión de Iberdrola de cerrar sus centrales de carbón para cumplir con su objetivo de reducir sus emisiones de carbono en un 50% en 2030. Así, ha garantizado que la multinacional seguirá haciendo su parte pero necesita que «otras industrias y compañías» sigan su «ejemplo». En este contexto, ha defendido que el camino hacia una economía descarbonizada, sostenible y competitiva «no es un problema sino una oportunidad única que crea valor para la sociedad en su conjunto». «Esta transición necesita esfuerzos continuos y responsabilidad compartida. Tanto las empresas como los gobiernos debemos trabajar juntos más que nunca con el fin de impulsar el mundo hacia un futuro energético más sostenible y económicamente viable«, ha concluido.

“No evita” cerrar las térmicas

Por su parte, Lambán anunció que el Ejecutivo autonómico de Aragón se pondrá en contacto con el Gobierno de España para aclarar los términos del decreto y enmendarlo, dado que «enducere las condiciones para el cierre de una térmica, pero no evita el cierre de una central». Ha añadido que «es fundamental que las centrales térmicas nutridas por carbón autóctono se preserven de una forma especial y esto no ha sido contemplado. La protección del decreto es endeble y otras centrales como las nucleares quedan más salvaguardadas«, ha considerado Lambán.

Greenpeace pide desbloquear los cierres

Por otro lado, la organización ecologista Greenpeace exigió al Gobierno español que, en coherencia con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París, no bloquee el cierre de las centrales térmicas de carbón de Iberdrola de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia), sino que «dé un mensaje sólido de lucha contra el cambio climático y asuma un compromiso para el abandono de las energías sucias y a favor de las renovables».

En este sentido, Greenpeace ha aplaudido la decisión de Iberdrola de solicitar al Ministerio de Energía el cierre de sus 2 térmicas en España, que suman 874 megavatios (MW) y que emitieron más de 2 millones de toneladas de CO2 en 2016, al tratarse el carbón del combustible que más contribuye al cambio climático. Dicho plan de cierre incluye el compromiso de mantenimiento del empleo, algo «fundamental», según Greenpeace, para la necesaria transición justa del carbón a la energía sostenible».

Para la organización ecologista, el anuncio de cierre de todas las centrales térmicas de carbón de Iberdrola es «una victoria de la lucha contra el cambio climático», y considera que es «una de las novedades más positivas» de la Cumbre COP23. Greenpeace ha pedido al resto de las grandes eléctricas que operan en España (Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo) que informen de sus planes de cierre de sus respectivas térmicas de carbón, para que el Gobierno pueda planificar un nuevo sistema eléctrico sin carbón a partir de 2025.

Subvenciones a los combustibles fósiles

En este sentido, recuerda que, de momento, 3 de las 5 grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa y EDP) han pedido que los objetivos europeos de renovables se eleven del 27% al 35% para 2030, en el contexto del debate del paquete europeo de energía y clima. «Pero el Gobierno español no apoya ni más objetivos de renovables, ni más participación ciudadana, sino que quiere nuevas subvenciones para la energía sucia», lamenta.

Greenpeace pide ahora a Iberdrola que «dé el siguiente paso» y anuncie el cierre de sus centrales nucleares y se comprometa a reemplazar esa energía por nueva generación renovable y eficiencia energética, en vez de aumentar la quema de gas. «Una compañía que pretenda ser líder en energía limpia debe presionar por un futuro completamente renovable, facilitando la participación», subraya.

La importancia del compromiso de Iberdrola se pone de manifiesto, según Greenpeace, tras la publicación de los datos del Global Carbon Project, que revelan que las emisiones mundiales de CO2 aumentarán este año en aproximadamente un 2% después de tres años de haberse mantenido estables, con un crecimiento nulo. Este repunte se debe, según la organización, al «lento ritmo» de reducción de las emisiones en la Unión Europea y Estados Unidos y el «anómalo» crecimiento de las emisiones en China.

José Luis García Ortega, responsable del programa de cambio climático de Greenpeace España, espera que el anuncio de Iberdrola sea un «empujón definitivo» para que las otras eléctricas propietarias de térmicas de carbón definan una fecha para el cierre de las mismas y para que el Gobierno «marque un camino claro para un sistema energético 100% renovable en manos de la ciudadanía». «Es vergonzoso que tengamos un Gobierno más fósil que las empresas eléctricas», sentenció.

Energía activa el decreto para impedir el cierre de centrales eléctricas tras el anuncio de Iberdrola de clausurar sus térmicas

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Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ve necesario mantener el carbón dentro del mix energético y, por ello, el Ministerio ha activado el real decreto por el que regula el cierre de centrales eléctricas en España, que tendrá carácter retroactivo y con el que pretende asegurar que las decisiones de cierre sean «coherentes con los instrumentos de planificación energética» y «compatibles con los objetivos en materia de seguridad del suministro, sostenibilidad y precio de la energía«.

Este decreto se aplicará a todos los cierres que hayan sido solicitados desde la consulta pública que lanzó el pasado mes de julio sobre este tema y a los que aún no hayan sido resueltos por la Administración. Por ello, ha solicitado a Iberdrola que remita las cuentas de sus plantas térmicas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia) correspondientes a los últimos 3 años. A diferencia del régimen actual, que solo contempla la seguridad del suministro, este reglamento también valorará la coherencia del cierre con el cumplimiento de los objetivos medioambientales y del clima, así como los objetivos del Ministerio en materia de precios y la competencia del mercado eléctrico.

Energía ha explicado que denegará el cierre de una instalación «cuando amenace a la seguridad de suministro eléctrico o a la seguridad del abastecimiento de materias primas, así como cuando suponga efectos desfavorables en los precios de la electricidad, en la competencia en el mercado eléctrico y en el cumplimiento de los objetivos en la planificación de energía y clima vigente». El reglamento establece como ámbito de aplicación las instalaciones de producción de energía eléctrica de potencia superior a 50 megavatios (MW) con independencia de su tecnología, ya que son las que requieren autorización del propio Ministerio para su operación.

Para obtener la autorización administrativa de cierre de una central, será el titular de la instalación quien deberá entregar la solicitud ante la Dirección General de Política Energética y Minas, acompañada de una memoria justificativa en la que se detallen las circunstancias técnicas, económicas, ambientales u otras que fundamenten el cierre, información técnica de la instalación y un plan técnico y económico de desmantelamiento. Una vez recibida la solicitud, será el Ministerio de Energía quien solicitará los correspondientes informes de valoración del eventual cierre a REE, Enagás, CNMC y otros organismos. Energía, teniendo en cuenta los informes, resolverá la autorización o denegación de la solicitud.

Nadal creará ¿primas al carbón?

En caso de denegarla, el titular de la instalación deberá continuar con la actividad por sí mismo o transmitir la instalación a un tercero, lo que podrá hacer, si lo desea, mediante una subasta regulada por el decreto. Esta subasta permitiría establecer si la instalación tiene valor económico para un operador distinto y, siendo este el caso, facilitaría su transmisión para que la central continuase operando. Además, si no se transmitiera a un tercero, podría aprobarse un esquema de compensación por la continuidad de la actividad, que se diseñará para asegurar que se otorga «al menor coste posible» y, en todo caso, con un coste inferior al efecto que tendría la continuidad de la actividad.

«El Gobierno sabe y cree que necesitamos mantener el carbón dentro del mix energético», ha subrayado Nadal al ser preguntado por la solicitud de Iberdrola al Ministerio sobre el cierre de las plantas térmicas. Nadal ha señalado que la compañía energética ha tomado una «decisión empresarial», pero ha remarcado que este tipo de decisiones «tienen que ser compatibles con la política energética», que es la que define el mix energético. En este sentido, ha recordado que el Gobierno está abordando con diferentes partidos políticos el desarrollo de «medios normativos» que permitan que «siempre» sea la decisión de la política energética la que defina el mix.

Iberdrola solicitó al Ministerio de Energía el cierre de las plantas térmicas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia), que suman una potencia conjunta de 874 megavatios (MW), una decisión con la que completará el proceso de clausura de todas sus centrales de carbón en el mundo. Asimismo, indicó que el cierre de estas plantas no incidirá en la seguridad del suministro eléctrico, ya que tiene 5.695 MW de capacidad de respaldo en ciclos combinados de gas, ni afectará al empleo.

Iberdrola enmarca esta decisión dentro de su apuesta por las energías limpias y por acelerar su compromiso de reducción de la intensidad de emisiones de CO2 en un 50% en el año 2030 respecto a los niveles de 2007. El presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, afirmó que con la decisión del grupo de cerrar sus centrales térmicas en el mundo «el porcentaje de la capacidad de producción eléctrica del grupo libre de emisiones quedará en torno al 70%».

Iberdrola dice adiós al carbón solicitando a Energía autorización para cerrar las centrales térmicas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia)

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Europa Press.- El Ministerio de Energía «está estudiando» las solicitudes de cierre presentadas por Iberdrola para sus plantas térmicas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia) pero ha reiterado que su «voluntad» es la de aprobar una normativa para regular el cierre de las centrales de generación eléctrica. Por su parte, asociaciones ecologistas valoraron «muy positivamente» la decisión de Iberdrola de completar el proceso de cierre de todas sus centrales de carbón en el mundo y han considerado que «ese es el camino«.

Las dos plantas de Lada y Velilla suman una potencia conjunta de 874 megavatios (MW). La compañía energética añadió que la petición de cierre no afectará al empleo. En concreto, señaló que recolocará al 100% de la plantilla, 90 empleados en Lada y 80 en Velilla, tanto en las labores de desmantelamiento de ambas plantas, que se extenderán durante 4 años desde la fecha de aprobación de cierre por parte del Ministerio de Energía y supondrán una inversión cercana a los 35 millones de euros, como en otras instalaciones de la empresa. Las zonas ocupadas por Lada y Velilla serán objeto de una restauración paisajística.

Asimismo, indicó que el cierre de estas plantas no incidirá en la seguridad del suministro eléctrico ya que la compañía cuenta con 5.695 MW de capacidad de respaldo en ciclos combinados de gas. Iberdrola enmarca esta decisión dentro de su apuesta por las energías limpias y por acelerar su compromiso de reducción de la intensidad de emisiones de CO2 en un 50% en el año 2030 respecto a los niveles de 2007. En esta línea, recientemente, y junto a otras relevantes compañías eléctricas europeas, la energética ha pedido a la Comisión y Parlamento Europeo que apruebe unos objetivos medioambientales más ambiciosos para el 2030, incrementando la cuota de energías renovables hasta el 35%, frente a la propuesta actual del 27%.

Desde 2001, la compañía eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán ha clausurado en todo el mundo centrales térmicas que suman casi 7.500 MW de capacidad instalada. Destacan el cierre en 2013 y 2016, respectivamente, de dos grandes centrales de carbón en Reino Unido, Cockenzie y Longannet, cuya potencia conjunta ascendía a 3.600 MW. Asimismo, se han desmantelado en este periodo de tiempo casi 3.200 MW de plantas de fuel oil. Así el porcentaje de la capacidad de producción de electricidad libre de emisiones del grupo quedará en el 68%, elevándose en España hasta el 76%. Con 28.778 megavatios verdes, Iberdrola se ha situado entre las empresas líderes mundiales por capacidad renovable, sobre todo eólica (15.902 MW) e hidroeléctrica (12.756 MW).

Este anuncio de Iberdrola se produce en un momento en el que el Gobierno trabaja para conseguir los apoyos del resto de grupos políticos para desarrollar un decreto para regular el procedimiento de cierre de las instalaciones de generación eléctrica. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, que ha buscado sin éxito los apoyos parlamentarios de PSOE y Ciudadanos para regular este cierre de centrales a través de una ley, ha reiterado que esta decisión no puede depender únicamente de las empresas porque influye en la configuración del mix energético, un tema que debe ser competencia del Parlamento y el Gobierno.

El discurso de Nadal respecto a este tema se endureció a partir de mayo, después de que Enel, principal accionista de Endesa, confirmara que, en base a la vigente normativa ambiental y teniendo en cuenta las actuales condiciones del mercado, cerraría sus centrales de carbón de Compostilla (León) y Andorra (Teruel) antes del 30 de junio de 2020. Asimismo, Gas Natural Fenosa también anunció que acometería un «cese paulatino» de la actividad de su central térmica de Anllares hasta 2019.

Aplauso unánime de los ecologistas

Por su parte, la responsable del programa Clima y Energía de WWF España, Mar Asunción, valoró como «muy positivo que una eléctrica asuma ese compromiso». Asunción subrayó que la organización lleva pidiendo «desde hace tiempo» un calendario para el cierre de las centrales de carbón, algo que el Gobierno «no ha hecho». No obstante, consideró que este compromiso de Iberdrola de cerrar sus térmicas «no es suficiente, aunque es un buen paso», y le animó a hacer lo mismo con sus ciclos combinados y nucleares.

Por su parte, el director de Ecodes y la Comunidad por el Clima, Víctor Viñuales, calificó de «fenomenal» la decisión de Iberdrola y destacó que «ese es el camino desde el punto de vista del cambio climático». Viñuales, que animó a otras compañías a seguir el paso dado por Iberdrola, aseguró que con su decisión demuestra que «va por delante» del resto. Para el responsable de Ecodes, cambiar el mix energético por una apuesta renovable es «bueno para la atmósfera y también para la salud».