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Las petroleras creen que prohibir los vehículos que no son eléctricos «socava la libertad y el progreso» del sector

Europa Press.- El presidente de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Luis Aires, ha lamentado que la intención del Gobierno de prohibir en 2040 la circulación de vehículos que no sean eléctricos «socava los principios de libertad y progreso» del sector. En este sentido, Aires consideró que esta medida, recogida en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica del Gobierno, va en contra del «progreso y la neutralidad tecnológica» y, además, crea «incertidumbre» en el sector automovilístico.

En presencia de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el presidente de la AOP defendió que el sector ha demostrado ser «valiente», como cuando en plena crisis invirtió 8.000 millones de euros en modernizar las refinerías en España, y aseguró que no «le asusta competir», ya que la gestión de riesgos «está en su ADN». No obstante, lamentó que la decisión de prohibir desde 2040 vehículos que no sean eléctricos puros «no es una medida sensata» y restringe «la libertad de desarrollo del sector», poniendo además en riesgo «la competitividad y el empleo».

Asimismo, subrayó que esta «incertidumbre» lleva a que se retrasen las decisiones de compras de vehículos por los consumidores, lo que «afecta a la modernización del parque automovilístico». Por ello, pidió que se permita que las distintas tecnologías «compitan» en igualdad de condiciones y solicitó medidas que incentiven la renovación del parque automovilístico, «sea de la tecnología sea», ya que ayudará a mejorar la calidad del aire en las ciudades.

Por otra parte, consideró que la obligación para las estaciones de servicio de instalar puntos de recarga, con sanciones que pueden llegar hasta los 30 millones de euros en el caso de no llevarse a cabo, «no parece respetar el principio de libertad«. ¿Quién va a pagar esas inversiones, que no se van a amortizar en su vida útil?. ¿Vamos a generar un nuevo déficit de tarifa como el de las primas renovables?, se cuestionó.

Mientras, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, aseguró que el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética supone «un golpe en la línea de flotación de la economía española». Así, el ejecutivo de Repsol pidió al regulador «humildad» y apostó por no ser «pretenciosos» y respaldar la «neutralidad tecnológica». «No hipotequemos al ciudadano», apuntó. Imaz consideró que si la gente tiene «incertidumbre» no decidirá comprar y cambiar de coche, por lo que el parque automovilístico seguirá siendo viejo y contaminante. «Estamos en un círculo perverso», añadió.

Por su parte, el consejero delegado de Cepsa, Pedro Miró, pidió hacer «el esfuerzo de pensar en medidas eficientes y no efectistas. «Medidas que no pretendan impresionar o llamar la atención», destacó. Además, Aires (BP) indicó que se pagan unos 17.000 millones de euros por impuestos especiales a los carburantes, por lo que se cuestionó «qué impuestos se van a subir para recaudar esa cifra cuando prolifere el coche eléctrico».

Imaz (Repsol) advierte de que el impuesto al diésel aumentaría las emisiones de CO2; Aires (BP) lo ve “sin sentido”

EFE.- El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha manifestado que «una penalización añadida al diésel va a aumentar las emisiones de CO2» y provocaría daños al sector de fabricación automovilístico en España, que ha recordado que es el segundo fabricante europeo de automóviles.

Imaz ha afirmado que aquí todos están haciendo esfuerzos y ha recordado que las emisiones de CO2 de los vehículos actuales de gasolina son un 24% menores que hace 20 años y las de los diésel un 25,2%, con lo cual se han rebajado las emisiones por cada kilómetro recorrido.

Ha añadido que un impuesto al diésel lo que haría es que hubiera más consumidores que dejen de comprar ese tipo de coches y adquirieran de gasolina, lo que no redundaría en una reducción de las emisiones de CO2.

Además, ha apuntado los efectos que tendría sobre la recaudación la sustitución de todos los vehículos que usan diésel y gasolina por eléctricos, que pasaría de los 16.000 millones de euros que se obtienen por vehículos ligeros a través del impuesto de hidrocarburos a 3.000 millones.

Ha afirmado que el problema que hay son los vehículos diésel antiguos, que contaminan más que los actuales, y ha afirmado que promover una renovación del parque automovilístico sería «más justo socialmente», pues se ayudaría a colectivos de baja renta, sería más eficiente para la competitividad de la economía y ayudaría a mejorar la reducción de emisiones de CO2.

Por su parte, el presidente de BP España, Luis Aires, ha considerado que no tienen ningún sentido las medidas para subir la fiscalidad al diésel y ha criticado la propuesta del comité de expertos en transición energética, por la que se establecía gravar las emisiones de óxido de nitrógeno, de azufre y partículas de los vehículos, que ha señalado que no tienen que ver con el cambio climático.

También ha criticado la propuesta de sufragar con un impuesto nuevo el déficit eléctrico sólo gravando a los carburantes y que sean sólo los usuarios de diésel y gasolina los que paguen algo que fue generado por decisiones de política energética y de inversión de las empresas, así como que sean los que paguen unas carreteras que también van a usar los vehículos eléctricos.

En su opinión, tiene más sentido que se suba el precio por tonelada de CO2 emitida y que se recaude de todos los emisores.

La consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, cree que hay que favorecer la introducción de renovables en el mix eléctrico, ya que reducirá los precios, y ha dicho que se deben adoptar «decisiones valientes» para avanzar en una mayor electrificación.

Por su parte, el consejero delegado de Acciona Energía, Rafael Mateo, ha criticado la actual fiscalidad sobre la energía, que considera que actualmente tiene sólo «efectos recaudatorios» y cree que hay que aumentar la fiscalidad a las fuentes de energía emisoras, pues no tiene sentido que se pague un 7% por generar electricidad tanto si se hace por una planta que contamina que por una instalación que no emite CO2.

Ha indicado que hay que reformar la fiscalidad y establecer unas señales económicas claras y «contundentes» para que España no se quede atrás en la nueva «revolución industrial» que va a suponer la transición energética.

Mateo ha añadido que si el carbón es la principal fuente emisora de CO2 «habrá que cerrarlo» y ha agregado que los puestos de trabajo de esa actividad podrán ser suplidos en sectores como la fabricación de aerogeneradores y baterías.

Repsol se lanza a generar y vender electricidad en su nuevo plan estratégico con la probable compra de ciclos combinados

EFE / Europa Press.– La petrolera Repsol comercializará gas y electricidad y se expandirá en generación eléctrica con su plan estratégico para el período 2018-2020, que destina 2.500 millones de los 15.000 millones de euros de inversión total contemplados a negocios de bajas emisiones de CO2, en los que incluye también la actividad mayorista de gas, consolidarse de cara al largo plazo en el comercio minorista de gas y electricidad y en generación eléctrica.

El consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, considera que la venta de la participación del 20% que la petrolera tenía en Gas Natural Fenosa, por la que obtuvo más de 3.800 millones de euros, abre la oportunidad a que Repsol empiece a desarrollar su propia actividad operada en el gas y la electricidad, pero eso sí fuera de negocios regulados que dependen de retribuciones fijadas por gobiernos. El plan presentado actualiza el que lanzó la compañía en 2015 tras la compra de la canadiense Talisman, al haberse cumplido con antelación los objetivos, y traza líneas para 2025 en esas nuevas actividades del que denomina «negocio de bajas emisiones».

Repsol contempla objetivos ambiciosos en cuanto a su participación en el mercado basado en el desarrollo del gas y la generación baja en emisiones. La petrolera actuará como mayorista de gas, actividad en la que quiere alcanzar una cuota del 15%, y comercializará gas y electricidad, ámbitos en los que espera tener 2,5 millones de clientes en 2025, que supondrían una cuota de mercado de más del 5%. Además, la petrolera, cuya actividad en generación eléctrica se limita ahora a la cogeneración que produce en sus plantas, quiere alcanzar una capacidad de 4.500 megavatios (MW) en producción eléctrica en 2025 y que la generación distribuida (fuentes no centralizadas de generación cercanas de un consumidor) sea un vector de su crecimiento.

La expansión se desarrollará de forma orgánica, aunque el consejero delegado de Repsol no ha descartado la compra de ciclos combinados, así como de renovables pero, eso sí, siempre que éstas no estén ya en operación, aunque ha recordado que la compañía ya tuvo parques eólicos en el Reino Unido, de los que tuvo que desprenderse en 2015. Tampoco descarta otras compras para crear el negocio de gas y electricidad y ha señalado, al ser preguntado por una eventual adquisición para controlar Viesgo, la quinta eléctrica del país, que está en conversaciones con muchas compañías.

El grupo prevé que el plan estratégico 2018-2020 podrá autofinanciarse a 50 dólares/barril crudo Brent, un escenario especialmente conservador con el barril de crudo actualmente por encima de los 75 dólares y un precio en el que la compañía garantiza además el mantenimiento de una elevada flexibilidad financiera y de un nivel de deuda muy inferior a la media del sector. Asimismo, Imaz asegura que, pese a los actuales precios, «tenemos que estar preparados para un escenario a largo plazo que no va a ser de precios elevados» y en el que habrá mucha volatilidad.

Aumentar la producción de crudo

El plan estratégico destina 11.000 millones de los 15.000 millones de euros de inversión prevista al núcleo de la cartera de activos de la compañía, con 4.700 millones para aumentar la producción en el área de upstream (exploración y producción) y otros 4.000 millones en el de downstream (refino, química, comercialización). Repsol prevé incorporar 95.000 barriles adicionales en el período 2018-2020 con la entrada en producción de nuevos proyectos. La petrolera prevé una producción media en ese período de 750.000 barriles de petróleo equivalentes al día, frente a los 695.000 barriles de 2017, algo que se verá complementado por una activa gestión del portafolio, mediante la cual se sustituirán la producción de barriles por otros con mayor margen de beneficio.

Repsol busca garantizar un nivel de reservas óptimo a medio y largo plazo, y se priorizarán los proyectos onshore (en tierra) y en aguas someras. Así, las principales inversiones se concentrarán en activos ya existentes, que no requieren de importantes desarrollos, son grandes generadores de caja y permitirán aumentar la producción a corto plazo, como Sagari (Perú), Marcellus, Eagle Ford y Buckskin (Estados Unidos), Yme (Noruega), Bunga Pakma y Kinabalu (Malasia), Corridor (Indonesia), NC-115 y NC-186 (Libia) y Reggane (Argelia).

Dentro de los 4.000 millones destinados a downstream están los 2.500 millones para inversión en negocios de bajas emisiones, dentro de los cuales 1.000 millones serán para actividades de mayorista de gas y de comercialización minorista de gas y electricidad, y otros 1.500 millones para generación de energía solar, eólica, ciclos combinados de gas y otras tecnologías bajas en emisiones.

Los proyectos de downstream están repartidos entre la expansión internacional de algunos de sus negocios y el mantenimiento y mejora de los activos clave que garantizan un desempeño excelente. Esta expansión internacional incluye el negocio de estaciones de servicio, en mercados como México, donde Repsol ha abierto en tres meses 30 instalaciones, y Perú, país en el que la compañía ya dispone de casi 500 puntos de venta. En otros negocios, como lubricantes y Gases Licuados del Petróleo (GLP), donde Repsol es el primer operador en España, se impulsará el crecimiento en Asia y Sudamérica, en el primer caso; y en el sur de Francia y Marruecos, en el segundo.

También prevé un impulso del negocio del refino, que va a verse beneficiado por la nueva normativa de la Organización Marítima Internacional (IMO), que obligará a sustituir el fuel de alto nivel de azufre por gasóleo bajo en azufre. Con todas estas iniciativas, Repsol estima que el flujo de caja operativo de downstream aumentará en 700 millones de euros en 2020 en comparación con 2017, lo que supone un alza del 27% durante el período. Además, Repsol va a aumentar un 8% anual su dividendo, hasta llegar al euro en 2020, y mantendrá el dividendo flexible, que da opción a percibirlo en acciones o en efectivo, porque gusta a los accionistas minoritarios, que son un 20% del capital de Repsol.

Respecto a la presencia de Repsol en Venezuela, Imaz ha señalado que la exposición de la compañía en ese país es de sólo 1.300 millones de dólares, y en relación a la suspensión del proyecto Red Emperor, en aguas en disputa entre China y Vietnam, el consejero ha expresado su tranquilidad porque la ley vietnamita protege a las empresas de los costes que pueda causar la cancelación de un proyecto.

Advertencia sobre subir los impuestos

Por otro lado, Imaz ha advertido del riesgo de aplicar una subida de impuestos indirectos a los carburantes, ya que al final «los pagan los consumidores», y ha afirmado que plantearse mantener las carreteras subiendo el impuesto a los hidrocarburos, tal y como proponía el informe del Comité de Expertos para la Transición Energética con un incremento del 28% en el gasóleo, sería una medida «regresiva«. En este sentido, Imaz indicó que «a las administraciones les toca tomar las decisiones y a las empresas cumplirlas», aunque pidió «racionalidad y progresividad» al aplicar medidas si se quiere construir una sociedad igualitaria.

Así, mostró su «máximo» respeto a las instituciones y aseguró que a la compañía le toca cumplir con las «reglas del juego» y buscar crear valor, generar empleo y mantener el compromiso con los accionistas. Asimismo, Imaz pidió a la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que España apueste por reducir sus emisiones de CO2, «pero con la máxima eficiencia y los menores costes para la industria y para que el consumidor no tenga que pagar costes añadidos». Finalmente, el directivo subrayó que Repsol es una empresa «que produce mucho gas, más que petróleo», que es un vector para reducir las emisiones de CO2 en el mundo», que quiere ser «parte de la solución en esa transición energética».

Los sectores financiero y energético urgen al Gobierno políticas climáticas predecibles para poder financiar inversiones necesarias para descarbonizar la economía

EFE.- Altos representantes de sectores financiero y energético, como los presidentes del BBVA, Francisco González, e Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, coincidieron en urgir políticas de cambio climático y transición energética claras y predecibles para saber a qué atenerse en sus decisiones.

Así lo han destacado en el primer Foro de Finanzas Sostenibles organizado por el BBVA, que inauguró la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría con un discurso en el que ha reafirmado el compromiso del Gobierno con el pronto desarrollo de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética para «reforzar el cumplimiento del Acuerdo de París». La vicepresidenta ha valorado que los bancos y energéticas españolas estén a la vanguardia frente a retos como el cambio climático y se comprometió a que el Ejecutivo proporcionará el marco regulatorio que demandan mediante la citada ley y el plan nacional de energía y clima (2021-2030).

El presidente de Iberdrola ha incidido en la necesidad de una acción coordinada entre el Gobierno y las empresas, mediante el desarrollo de una regulación climática y energética «predecible», para que sepan a qué atenerse y las compañías puedan recibir de los bancos las «masivas inversiones» que van a hacer falta para la descarbonización y la electrificación de la economía. Galán ha resaltado que las empresas pueden ver la transición hacia una economía baja en carbono como amenaza u oportunidad, y en el caso de Iberdrola el verla de esta última manera le ha permitido multiplicar por 6 su tamaño y ha pasado de tener un negocio radicado en su totalidad en España a tener el 70% fuera del país.

Sánchez Galán ha manifestado que el cambio climático es un problema de todos, en el que cada uno tiene que poner su «granito de arena». En este sentido, ha explicado que el sector eléctrico tiene tecnología para transformar su modo de producir de forma más eficiente y que serán necesarios cerca de 20 billones de dólares en los próximos 25 años para conseguir la electrificación de la economía. Sánchez Galán ha añadido que es precisa una acción coordinada entre empresas y Gobiernos para frenar el cambio climático y, en concreto, políticas energéticas «claras» y «transparentes» construidas en base a un diálogo entre todos los agentes.

El presidente de Iberdrola ha sostenido que el mundo avanza hacia un sistema financiero que cada vez exige más transparencia en cuanto a los riesgos asociados al cambio climático, donde proliferan los fondos que no quieren invertir en fósiles y las entidades financieras y aseguradoras que se niegan a financiar proyectos no sostenibles, como las centrales de carbón. Asimismo, ha indicado que hay cada vez un entorno más favorable desde el punto de vista financiero para incentivar la sostenibilidad y ha vaticinado que llegará un momento en que los bancos centrales introducirán ratios en función del compromiso con estas cuestiones.

Por su parte, Francisco González ha subrayado el compromiso del BBVA con la financiación de la transición hacia una economía baja en carbono, así como con proporcionar información transparente a sus clientes para que tomen las mejores decisiones y eviten riesgos asociados a la transición hacia un modelo bajo en carbono. El BBVA, ha dicho, cuenta con una estrategia de cambio climático y desarrollo sostenible a 2025 basada en tres pilares: financiar, gestionar e involucrar.

De este modo, ha subrayado que el banco movilizará 100.000 millones de euros en financiación verde y social hasta 2025; que para esa fecha habrá reducido sus emisiones de CO2 en un 68% respecto a 2015 y el 70% de la energía que use será renovable. Además, el BBVA acaba de emitir el que será el primer bono verde de una entidad española y el de mayor importe realizado en la eurozona, y seguirá en esta línea con el fin de canalizar fondos para financiar proyectos de energías renovables, eficiencia energética o gestión de residuos.

Por su parte, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, reconoció que empresas como la petrolera española «son parte del problema» del cambio climático, pero también quieren ser «parte de la solución», y para ello toman sus decisiones en consonancia con el objetivo acordado por los países en el Acuerdo de París. En este sentido, subrayó la apuesta que Repsol ha hecho por el gas, que será la tecnología que dé soporte y seguridad en la transición energética y el desarrollo de las renovables.

Ha recordado que Repsol ha sido pionera dentro del sector de petróleo y gas en emitir un bono verde el año pasado por valor de 500 millones de euros, que compromete a la compañía a la reducción de las emisiones de CO2 en proyectos de refino. Por otra parte, indicó que en el diseño de la senda más eficiente para la reducción de emisiones van a ser necesarios todos los agentes del sector energético, así como que las estrategias de lucha contra el cambio climático deben ser una oportunidad para las empresas que las adoptan y éstas puedan tener un mejor acceso a la financiación.

Imaz (Repsol) defiende que el gas natural y el petróleo seguirán jugando «un papel central» en la transición energética

EFE.- El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, asegura que el gas natural y el petróleo seguirán formando parte de la solución dentro de la transición energética hacia la descarbonización de las economías. El directivo del grupo, cuyo 65% de su producción total y el 75% de sus reservas son de gas natural, subrayó que tanto esta fuente como el petróleo «van a jugar un papel central» en la transición energética.

Imaz consideró que todas las fuentes de energía «serán necesarias» hasta 2040 y destacó que la transición energética dependerá de las realidades energéticas de cada país y de la tecnología. «No hay un solo camino hacia la transición energética», apuntó. A este respecto, el ejecutivo señaló que los hidrocarburos «seguirán jugando un papel importante» en el mix en ese horizonte. El directivo apuntó que el sector energético afronta tres desafíos, en un escenario en el que la demanda de energía de la población mundial crecerá, como son el acceso universal, la sostenibilidad y la competitividad.

El consejero delegado de Repsol, que pidió también «neutralidad tecnológica» en la transición energética, subrayó que las emisiones de CO2 son un problema a afrontar y valoró los «ambiciosos» objetivos de reducción marcados con el Acuerdo de París (COP21). No obstante, destacó que la reducción de emisiones debe hacerse «eficientemente y se debe proteger a la industria española», ya que la competitividad de la energía es esencial «para el crecimiento sostenible». Por ello, afirmó que se debe conseguir una energía «barata», a pesar de ser conscientes de que todas las decisiones que se adopten «alteran» el precio de la energía.

Por su parte, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, coincidió en la necesidad de que la transición sea «compatible» con el crecimiento económico. «Si Europa reduce sus emisiones a costa del crecimiento económico, ningún otro querrá seguirnos», auguró. Navia aseguró que es necesario mantener la neutralidad tecnológica, «sin apostar claramente por una energía», y ser claros «en cuanto a los costes y beneficios».

La petrolera española Repsol presenta una oferta en Grecia junto a Hellenic Petroleum (HELPE) para explorar en el mar Jónico

EFE.- Al tiempo que el Consejo de Gas Natural Fenosa ha nombrado a Guillermo Llopis e Íñigo Alonso de Noriega como nuevos consejeros dominicales a propuesta de Repsol en sustitución de Josu Jon Imaz y Miguel Martínez, la multinacional está apostando por hacerse con buena parte de la explotación energética en Grecia y, tras asegurarse derechos de exploración en la plataforma continental, ahora solicita permisos para hacerlo en el mar Jónico.

Repsol presentó una oferta junto a Hellenic Petroleum (HELPE) para explorar en un bloque situado en el mar Jónico, a través de un consorcio en el que ambas compañías participan a partes iguales, si bien será la española la que dirigirá el proyecto, según indicó la empresa helena. El Ministerio griego de Energía indicó que la solicitud, con la que se ha cerrado el proceso de licitaciones, será analizada en breve por la empresa encargada de gestionar los hidrocarburos (HHRM). La licitación final quedará en manos del Gobierno y el Parlamento deberá aprobar el contrato.

HELPE presentó además una oferta junto con la estadounidense ExxonMobil y la francesa Total para explorar en aguas situadas al suroeste y al oeste de la isla de Creta. En este sentido, el ministro de Energía, Yorgos Stathakis, afirmó que el interés de estas multinacionales constituye «un voto de confianza» en las perspectivas de la economía griega y en el papel de Grecia «como un factor de estabilidad en el sureste del Mediterráneo». No hay datos precisos sobre el volumen de gas y petróleo que puede haber en el Jónico.

En el caso de resultar adjudicatario, Repsol ampliaría así su presencia en Grecia, pues el año pasado obtuvo la autorización para explorar y explotar yacimientos de hidrocarburos en la región de Etolia-Acarnania y en Ioánina en consorcio con la compañía helena Energean Oil and Gas. Repsol participa en este consorcio con un 60% y también es la encargada de llevar a cabo las exploraciones en ambas zonas, que cubren un área de 8.547 kilómetros cuadrados.

Consejo de Gas Natural Fenosa

Respecto a los nombramientos de Guillermo Llopis e Íñigo Alonso de Noriega en el consejo de Gas Natural Fenosa, está previsto que, una vez se complete el traspaso de Repsol al fondo CVC del 20,072% del capital de la gasista, estos dos consejeros y el tercer miembro de Repsol (Luis Suárez de Lezo) en el máximo órgano de gobierno sean sustituidos por las tres personas que designe el nuevo accionista.

Gas Natural Fenosa ha indicado que los nuevos consejeros fueron nombrados por el sistema de cooptación y que tendrán la consideración de consejeros dominicales a propuesta de Repsol. El Consejo decidió además nombrar a Íñigo Alonso de Noriega miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y a Guillermo Llopis miembro de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión de Auditoría. También formarán parte de esta Comisión Ejecutiva Luis Suárez de Lezo y Alejandro García-Bragado.

Repsol invertirá 3.400 millones este año y superará los 700.000 barriles diarios mientras Imaz descarta la entrada en negocios regulados

EFE / Europa Press.- El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha subrayado que la compañía no entrará en negocios regulados ya que su intención es centrarse en sectores y actividades con altos retornos. En este sentido, Repsol tiene previsto invertir 3.400 millones durante este año y espera que su producción se sitúe por encima de los 700.000 barriles diarios equivalentes de petróleo.

La petrolera cifra sus inversiones en 2.400 millones de euros en el área de upstream (exploración y producción), mientras que en la de downstream (refino, marketing, GLP y química) las incrementará un 10%. De este modo, Repsol prevé situar su producción en 2018 por encima de los 700.000 barriles diarios equivalentes de petróleo, gracias a los nuevos proyectos e incrementos de la producción, y estima que el margen de refino se situará en 6,4 dólares por barril este año. Además, prevé obtener un resultado bruto de explotación (ebitda) de unos 7.000 millones de euros en 2018 y, por negocios, el de downstream alcanzará los 3.100 millones, mientras que en exploración y producción estima que se llegará a los 4.200 millones.

El escenario que calcula Repsol en que desempeñará sus actividades este año es el de un precio de 59 dólares el barril de Brent y de 3,5 dólares del gas Henry Hub. Repsol propondrá a la junta de accionistas elevar por primera vez desde hace 4 años el dividendo a cargo del ejercicio 2017 a 0,9 euros, un 12,5% más que los 0,8 euros actuales. Asimismo, propondrá una recompra del 100% de la parte distribuida en acciones para compensar el efecto dilutivo del dividendo flexible, que permite cobrar esa retribución en efectivo o en acciones.

La petrolera abonó en enero un pago a cuenta de 2017 de casi 0,4 euros, por lo que propondrá a sus accionistas una retribución complementaria del ejercicio de 0,5 euros. En los dos últimos años el dividendo había permanecido congelado en los 0,8 euros, mientras la remuneración a los accionistas correspondiente al ejercicio 2014 ascendió a 1,96 euros, después de que se abonara un dividendo extraordinario de 1 euro con parte de los fondos obtenidos de la indemnización por la expropiación por Argentina de YPF.

Esta decisión de mejorar el dividendo se produce después de que en el pasado noviembre la agencia S&P elevara la calificación crediticia de Repsol a BBB, con perspectiva estable, uno de los requisitos que había sido considerado como básico por la compañía para abordar cualquier tipo de cambio en su política de retribución a los accionistas. Además, recientemente Repsol también acordó la venta a Rioja Bidco Shareholdings, una sociedad controlada por fondos asesorados por CVC, de su participación del 20% en Gas Natural Fenosa por un importe de 3.816,3 millones de euros, con unas plusvalías de 400 millones de euros.

Repsol descarta los negocios regulados

Por otro lado, Imaz, ha señalado que la compañía se está preparando para el futuro y en pocos meses presentará su nuevo plan estratégico con horizonte en 2030. En este sentido, ha indicado que Repsol va a buscar oportunidades, pero con prudencia y buscando altos retornos, razón por la cual no está en negocios regulados. Josu Jon Imaz ha añadido que Gas Natural Fenosa, de la que recientemente Repsol se ha desprendido del 20% que le quedaba por 3.816,3 millones de euros, es una gran compañía, pero dos tercios de su resultado bruto de explotación (ebitda) proviene de negocios regulados.

«Ese no es nuestro negocio», reiteró Imaz, que ha señalado que Repsol busca oportunidades de crecimiento, pero en negocios con alto retorno que permitan recuperar el coste del capital. Ha añadido que el crecimiento de la compañía va a ser fundamentalmente orgánico y se buscará diversificar en los actuales negocios, dentro de los cuales ha destacado el del gas, que ha resaltado como un elemento clave en el proceso de transición a una economía descarbonizada.

Imaz destacó el potencial que representan para Repsol, por ejemplo, los 5 millones de clientes que tiene en España y Portugal, a los que tendrá que ofrecer energía en un mundo más moderno con servicios como la recarga para vehículos eléctricos. Sin embargo, repitió que no ve a Repsol, por el momento, estando en activos renovables ya que los retornos de las inversiones son largos y totalmente dependientes de la regulación y los gobiernos. Las acciones de Repsol se revalorizaron un 10% en 2017 y acumula un 46% de subida en los últimos dos años.

En cuanto a Venezuela, Imaz ha avanzado que, pese a las dificultades que atraviesa, Repsol seguirá comprometida con ese país, uno de los que cuenta con más reservas de petróleo en el mundo, ya que están convencidos de que tendrán oportunidades allí en el futuro. Por eso, la compañía va a mantener e incrementar sus operaciones en ese país, ya que es la «mejor opción» para los accionistas, aunque se combinará con la prudencia financiera. Imaz ha cifrado toda la exposición financiera de Repsol en Venezuela, incluido capital y créditos, en 1.300 millones de dólares.

Repsol logra un beneficio de 2.121 millones en 2017, un 22,2% más y el mayor de los últimos 6 años

Europa Press / EFE.– Repsol obtuvo un beneficio neto de 2.121 millones de euros en 2017, lo que supone un incremento del 22,2% respecto al alcanzado un año antes, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En un escenario de precios bajos de las materias primas, la compañía, apoyada en las fortalezas de sus negocios y sus planes de eficiencia, alcanzó el mayor resultado neto de los últimos 6 años.

El modelo de negocio integrado de Repsol facilitó que la compañía afrontase de «manera satisfactoria» la coyuntura y aprovechase la leve recuperación de los precios del crudo y del gas a partir de junio. Repsol ha destacado que la gestión con foco en la creación de valor y la flexibilidad y diversificación que proporciona la integración de los negocios impulsaron el beneficio neto ajustado, que creció un 25,1%, hasta los 2.405 millones de euros, frente a los 1.922 millones de 2016, también el más alto de los últimos seis años.

La buena marcha de los negocios de Repsol se tradujo en una subida del 29% del resultado bruto de explotación (Ebitda), que con 6.723 millones de euros, logró el mejor dato del último quinquenio. Paralelamente, Repsol redujo su nivel de deuda un 23%, hasta situarla en 6.267 millones de euros al cierre del ejercicio. La ejecución del programa de sinergias y eficiencias generó cerca de 2.400 millones de euros de ahorro, con lo que Repsol batió las expectativas y superó un año antes de lo previsto el objetivo que se había fijado para 2018 en el plan estratégico, que era de 2.100 millones de euros.

El resultado del área de Upstream (exploración y producción) se situó en 632 millones de euros, lo que supone un aumento de 580 millones de euros respecto a los 52 millones que se obtuvieron en 2016, lo que supone multiplicar por 12 su resultado. A este aumento contribuyeron las medidas adoptadas en su plan de sinergias y eficiencias, el reinicio de la actividad en Libia y la subida de los precios internacionales de referencia. Estos resultados del negocio de exploración y producción se registraron con una cotización media de las materias primas que se mantuvo en un rango bajo durante 2017, con 54,2 dólares por barril en el caso del Brent y 3,1 dólares por Mbtu en el Henry Hub.

Además, la compañía presidida por Antonio Brufau aumentó su producción un 0,7% respecto al 2016 hasta alcanzar una media de 695.000 barriles equivalentes de petróleo diarios, la mayor producción desde 2011 y superando el objetivo de 680.000 barriles marcado para 2017, gracias al reinicio de la actividad en Libia, a los incrementos obtenidos en distintos activos y a la puesta en marcha de proyectos como Juniper (Trinidad y Tobago), Lapa y Sapinhoa (Brasil )y Shaw, Cayley y Flyndre (Reino Unido).

En cuanto al Downstream (refino, química y marketing), el resultado, de 1.877 millones de euros, se mantuvo en línea con los de ejercicios anteriores, cayendo apenas un 0,3% respecto a los 1.883 millones del 2016, lo que referencia a esta división de negocio como el «gran generador» de caja de la compañía. Durante 2017, las áreas de Refino, Marketing, Trading y Gas&Power aumentaron sus resultados, el área de Lubricantes incrementó sus ventas y el área de Química mantuvo la robustez de los dos últimos años. La petrolera situó su margen de refino el año pasado en los 6,8 dólares por barril, un 7,9% superior a los 6,3 dólares por barril obtenidos en el ejercicio 2016.

Retribución del consejo de administración

Por otro lado, los principales directivos de Repsol, Antonio Brufau y el consejero delegado Josu Jon Imaz, ganaron 3,08 millones y 4,03 millones de euros, respectivamente, en 2017, un 5,8% más en el caso de Brufau y un 34% más en el de Imaz. En el caso de Antonio Brufau el total de la retribución la percibió en metálico y en el de Imaz 3,84 millones fueron en metálico y 187.000 euros en acciones. Además, en el caso de este último se contabilizan 254.000 euros de aportación a sistemas de ahorro, en los que ya acumula 1,62 millones de euros.

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, percibió en 2017 2,5 millones de euros de remuneración fija y 589.000 euros por otros conceptos. Por su parte, el CEO Josu Jon Imaz recibió 1,2 millones en concepto de sueldo, 177.000 euros de remuneración fija y 1,44 millones de euros en retribución variable a corto plazo y 821.000 euros en variable a largo.

En cuanto a otros miembros del consejo de administración de Repsol, Gonzalo Gortázar, que es consejero delegado también de Caixabank, percibió 376.000 euros en 2017 en Repsol, un 22% más que el año anterior. El exvicepresidente de Caixabank, Antonio Masanell, que a finales del año pasado renunció a su puesto en el consejo de Repsol, percibió 243.000 euros en 2017 como consejero de la petrolera, el triple que un año antes, en que percibió 81.000 euros. Por su parte, el presidente de Caixabank, Jordi Gual, que fue nombrado en diciembre consejero externo dominical en sustitución de Masanell, no ha tenido tiempo de recibir ninguna cantidad.

Mario Fernández, que el pasado 20 de febrero dimitió como consejero de Repsol tras conocer que el Tribunal Supremo había desestimado el recurso que interpuso contra una sentencia que lo condenó por un delito de apropiación indebida en su etapa de presidente de Kutxabank, percibió en la petrolera el año pasado 309.000 euros, lo mismo que en 2016. El consejo de administración de Repsol recibió en conjunto 14,46 millones de euros en 2017, un 13,6% más que el año anterior.

Las principales compañías piden consenso en la Ley de Transición Energética y que se actúe más allá del sector eléctrico

Redacción / Agencias.- Algunas de las empresas del sector energético español coincidieron en destacar la necesidad de alcanzar un consenso en la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en la que trabaja el Ministerio de Energía, agradecieron la seguridad jurídica que la norma tendrá al tener rango de ley y reclamaron que el foco recaiga también en la edificación y el transporte y no solo en el sector eléctrico.

Altos cargos de varias empresas energéticas españolas analizaron los aspectos más relevantes del sector energético español ante la nueva legislación. Participaron en el acto el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia; los presidentes de Red Eléctrica de España, José Folgado; Enagás, Antonio Llardén; los consejeros delegados de Acciona, Rafael Mateo; Endesa, José Damián Bogas; Repsol, Josu Jon Imaz; X-Elio, Jorge Barredo; y el director corporativo de Iberdrola, Fernando Bécker.

Todos coincidieron en la importancia de que la nueva norma en la que se trabaja tenga rango de ley como señal de su importancia para alcanzar un mayor desarrollo sostenible y lograr los objetivos de reducción de emisiones, así como ofrecer mayor seguridad jurídica a las empresas para afrontar la transición energética y las inversiones necesarias para ello. También destacaron la importancia de la ley para fomentar el desarrollo tecnológico y lograr el objetivo de desarrollo sostenible de forma competitiva.

El consejero delegado de Acciona Energía, Rafael Mateo, aseveró que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética tiene que ser «ordenada, con seguridad para los inversores”, y con «una planificación seria» que evite los «despropósitos» del pasado.  En este sentido añadió que «no es serio» plantearse el cierre de 8.000 MW de nucleares y abrir 8.000 MW de subastas renovables, refiriéndose a la decisión del Gobierno de cerrar la central nuclear de Garoña y las reciente subastas de renovables.

Asimismo, Mateo subrayó el papel de las energías renovables como «las más baratas» que existen y ha señalado la importancia de desarrollar el proceso de descarbonizar la generación para posteriormente electrificar la economía. «Hacerlo de otra manera es ineficiente. En Polonia venden coches eléctricos de carbón», concluyó. Mateo también ha criticado «los cambios en la retribución y la falta de planificación» como algunos problemas a los que se enfrenta el mercado energético en España, “con nefastas consecuencias para los inversores”.

Respecto a las interconexiones energéticas, ha dicho que es favorable siempre que haya una simetría fiscal y tributaria que evite que compañías de unos países tengan ventajas sobre las de otros y que contribuyan a reducir los costes domésticos por pagos de capacidad (los que se hacen para mantener abiertas centrales que actúen de respaldo en momentos de baja generación). Por ello subrayó la necesidad de reforzar las interconexiones, «pero las justas y necesarias» para abrirse a los mercados internacionales.

En el ámbito de las interconexiones incidieron otros ponentes como Llardén, quien se ha mostrado totalmente a favor de que se incrementen las interconexiones, pues sin ellas «todo este bello edificio cojea», en alusión a los objetivos europeos de incremento de renovables. También mencionó la necesidad de crear una interconexión entre la Península Ibérica y el norte de África. Además Llardén puso énfasis en valorar los costes de manera permanente para que la ley de transición energética sea adecuada y consideró que el trabajo en esta norma debe realizarse siguiendo el interés general y no una suma de intereses subsectoriales.

Llardén destacó el rol del gas natural en el proceso de transición energética y en la descarbonización de España al ocupar el hueco térmico que irá abandonando el carbón, reduciendo de manera «brutal» las emisiones. También ha reseñado el papel de este combustible en los vehículos alternativos, tanto el coche como el tren. «Enagás está colaborando con Adif y Renfe para utilizar el Gas Natural Licuado (GNL) como combustible del ferrocarril», ha apuntado el directivo de la empresa participada en un 5% por el Estado.

Por su parte, Bogas habló de la necesidad de que la transición energética no solo se centre en el sector eléctrico sino también en otros «sectores difusos», como la construcción y el transporte, para alcanzar el objetivo de descarbonización de la economía al 100% para 2050. «Habrá que dejar de usar el carbón, quedan los ciclos combinados, pero también habrá que dejarlos en 40 años. Tenemos que sustituir una energía con emisiones de CO2 por otra sin emisiones, ese es el objetivo final», ha agregado.

En este sentido Bogas, ha defendido una transición ordenada «para cumplir con las garantías de suministro», pues aunque el incremento de la demanda que haya a partir de ahora se hará con renovables, en la transición esas energías tendrán que ser respaldadas. Por eso, ha dicho que en el periodo de transición a la economía descarbonizada habrá que buscar mecanismos que hagan viables centrales de respaldo que generan electricidad a partir de combustibles fósiles y que funcionarán sólo entre 1.500 y 2.000 horas al año.

En esta línea, Bogas mencionó la necesidad de impulsar los vehículos eléctricos y la infraestructura de recarga eléctrica de los mismos, así como la introducción de medidas de gestión de la demanda. Bogas se refirió además a la necesidad de mantener la energía nuclear durante la transición energética por su contribución para mantener más bajo el precio de la luz.

El director corporativo de Iberdrola, Fernando Bécker, también destacó la importancia de sectores como la industria y la agricultura, además de la construcción y el transporte, para lograr la descabonización. Asimismo, hizo hincapié en que el proceso de transición debe hacerse con garantías y respaldo para hacer los procesos rentables y que haya inversiones. Confió en que el grupo de expertos que va a trabajar en la elaboración de la ley logrará un amplio consenso.

En este sentido Bécker destacó la complejidad de elaborar esta ley, ya que la energía unida al cambio climático «es difícil de compatibilizar», y ha señalado que la climatología española «es complicada, con la sequía actual, la falta de viento o la descompensación norte-sur». A esto se une, entre otros problemas, la fiscalidad en España, que, a su juicio, es «muy elevada» y está provocando un futuro «totalmente inviable» a tecnologías como la energía nuclear. También demanda Bécker que se le dé un tratamiento conjunto a la fiscalidad en todos los niveles de la Administración (central, autonómica y local), además de eliminar todo lo que distorsiona el mecanismo de precios.

Josu Jon Imaz coincidió en señalar que la descarbonización es «absolutamente necesaria» y afirmó que «en España lo estamos haciendo bien», aunque incidió en la importancia de realizar la transición de forma eficiente y optimizando costes. Entre otras medidas, el consejero delegado de Repsol propuso que las inversiones para transformar los edificios públicos para lograr mayor eficiencia energética no computasen en el déficit público. Pidió también mayores incentivos a los vehículos de consumo más eficiente.

Imaz también resaltó la contribución del gas natural para reducir las emisiones y puso como ejemplo a Estados Unidos, pese a no firmar el Protocolo de Kioto, como uno de los países occidentales que más reducen sus emisiones gracias precisamente a sustituir el carbón al gas natural en la generación de electricidad. Imaz también pidió mayor inversión en la investigación, resaltando el papel de la industria en la transición energética y la importancia de esperar al momento adecuado para invertir en ciertas tecnologías. «Hay que esperar el desarrollo de tecnologías para que sus costes se reduzcan, no cometamos los mismos errores con nuevas energías ni tampoco con el almacenamiento«, añadió.

Por su parte, Jorge Barredo, quien también es presidente de la patronal fotovoltaica UNEF, afirmó que la transición energética es algo que «va a ocurrir sí o sí porque la sociedad lo va a demandar» y señaló que querer seguir viviendo como vivimos en España y Europa «es una visión cortoplacista» y que también se tiene que dar un cambio en nuestras formas de vida.

En este sentido Barredo señaló que «el cambio social es el que va a arrastrar el cambio económico» y destacó la necesidad de hacer una ley de autoconsumo. «El autoconsumo es una posibilidad que se está abriendo paso en toda Europa y que en España no lo está haciendo porque se está protegiendo todo lo que no es autoconsumo», criticó, para mencionar también las «trabas» administrativas que frenan el autoconsumo.

Repsol convoca la junta de accionistas para el 19 de mayo y ofrece una retribución de 0,45 euros por acción

Servimedia / EFE.- El consejo de administración de Repsol acordó proponer a la junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid el 19 de mayo una retribución equivalente a unos 0,45 euros brutos por acción, a través del programa Repsol Dividendo Flexible y en sustitución del dividendo complementario del ejercicio 2016.

Según la compañía, esta retribución se suma a la que aprobó, como parte del mismo programa y en sustitución del tradicional dividendo a cuenta de 2016, por un importe equivalente a unos 0,35 euros brutos por acción. Por tanto, el dividendo de Repsol correspondiente a 2016 será de 80 céntimos, la misma cantidad que con cargo a 2015, cuando la retribución total se vio recortada en un 20% respecto al ejercicio anterior. El consejo también propondrá mantener el programa de scrip dividend en sustitución del dividendo a cuenta del 2017, permitiendo a los accionistas decidir si prefieren recibir su retribución en efectivo o en acciones.

En la reunión se decidió convocar la junta general ordinaria de accionistas de la compañía, que se celebrará en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, previsiblemente en segunda convocatoria, el próximo 19 de mayo. Se propondrá a la junta la aprobación de las cuentas anuales y la distribución de los resultados correspondientes al ejercicio 2016, en el que la compañía obtuvo el mayor beneficio neto de los últimos cuatro años, 1.736 millones de euros. Además, se someterá a la Junta el nombramiento de PriceWaterhouseCoopers como auditor de la compañía para 2018, 2019 y 2020.

Otro de los asuntos que se someterá a la aprobación de los accionistas es continuar con un sistema retributivo para el consejero delegado, Josu Jon Imaz, referenciado a la evolución de la cotización de la acción de Repsol frente a una muestra de cinco compañías internacionales comparables. Además, siguiendo las recomendaciones del Código de Buen Gobierno y las mejores prácticas, se someterá también a votación la entrega de acciones a los consejeros ejecutivos como parte del pago de su retribución variable plurianual a largo plazo.

Por otro lado, se ha decidido proponer a la junta general de accionistas la reelección como consejeros de Rene Dahan, Manuel Manrique y Luis Suárez de Lezo, así como la ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de Antonio Massanell Lavilla, como consejero dominical, que sustituyó a Isidro Fainé tras la renuncia de éste. El consejo también propondrá el nombramiento como consejeros externos independientes de Maite Ballester, Isabel Torremocha y Mariano Marzo, en sustitución de Javier Echenique, María Isabel Gabarró y Henri Philippe Reichstul. Todos estos nombramientos serán vigentes por un periodo de cuatro años.