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Baleares aprueba la Ley de Cambio Climático, que restringirá el diésel desde 2025 y reducirá las emisiones de sus centrales

Europa Press.- El pleno del Parlamento autonómico de las Islas Baleares ha aprobado la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que entre otras medidas prohibirá el acceso de vehículos diésel a Baleares desde 2025 y prevé el cierre de las centrales energéticas contaminantes en las Islas, con el objetivo de desterrar los combustibles fósiles y alcanzar un 100% de energías renovables en la comunidad para 2050.

Durante el debate en el Parlamento no se ha aprobado ninguna de las enmiendas mantenidas por PP, PI, Podemos, MÉS per Menorca y el Grupo Mixto. El texto legal completo ha salido adelante gracias al voto favorable de los partidos de izquierda, mientras que PP, Cs y PI han votado en contra de algunos artículos que han sido igualmente aprobados. En su defensa de la norma, el consejero de Territorio, Energía y Movilidad de Baleares, Marc Pons, ha avisado de la alta dependencia energética de Baleares y ha mantenido que los objetivos que fija la Ley son «asumibles y ambiciosos».

En las medidas de movilidad, la Ley se propone disponer de 1.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2025 y tener el parque móvil totalmente descarbonizado para 2050. Para ello, además del veto al acceso de coches diésel en 2025, entrará en vigor la misma prohibición para el resto de vehículos contaminantes desde 2035 (coches, motos, furgones y furgonetas). Los ya existentes en Baleares hasta entonces podrán seguir circulando. También introduce cambios en el alquiler de vehículos, un sector que deberá funcionar con una flota completamente eléctrica para 2035.

La Ley de Cambio Climático, entre otras medidas, también prevé el cierre progresivo de las centrales contaminantes, empezando con Es Murterar (Mallorca) a partir de 2020, pero que también afecta a las centrales de Mahón, Ibiza y Formentera; obligará a los grandes aparcamientos en superficie a instalar marquesinas con placas fotovoltaicas; y crea el Instituto Balear de la Energía, que podrá crear o participar en mercantiles para comercializar energía eléctrica en régimen de libre competencia.

El consejero de Energía se encargó de defender el Proyecto de Ley, resaltando la «necesidad de contar con un modelo energético propio en las Islas», una comunidad con gran dependencia energética y poca implantación de renovables, ha avisado. En esta línea, Pons ha insistido en que la norma «es la hoja de ruta» para «hacer efectivo el cambio de modelo» y que es una Ley «de hechos y no intenciones».

Marc Pons también ha criticado a quienes se oponen a la Ley «con la intención de mantener el mayor tiempo posible el actual modelo energético». Tras la aprobación de la Ley, preguntado por si teme que la norma sea recurrida en los tribunales, Pons ha confiado en que tiene «toda la cobertura jurídica» y ha dicho que si se presenta un recurso, Baleares defenderá el texto legal «donde haga falta» y «con todos los argumentos».

Críticas al escrito de Marín

La carta remitida al Parlamento por el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha centrado buena parte del debate. En este escrito, avisaba de los «efectos negativos» de la norma que finalmente se ha aprobado y proponía «medidas menos gravosas». El diputado socialista Damià Borràs cuestionó la legitimidad de Marín Quemada para realizar esta advertencia, subrayando los vínculos del presidente del organismo con empresas petroleras.

Similarmente, el diputado de Podemos, Carlos Saura, ha acusado al PP de ser «mayordomos de los lobbys» y que «parece que están esperando que los ricos se puedan salvar». El diputado ha alertado de los riesgos del calentamiento global y ha lamentado que las enmiendas de la oposición «cuestionan y relativizan su peligro». «Nos encontramos en una encrucijada sin precedentes, con muchas cartas de la CNMC intentando presionar para que se retire esta Ley», denunció.

Por su parte, la diputada de MÉS per Mallorca, Joana Aina Campomar, ha asegurado que la carta de la CNMC «muestra el desprecio a la legitimidad de esta Cámara y sus competencias» y supone «una injerencia intolerable que pone en evidencia su sumisión al IBEX 35 y las grandes multinacionales«. «No podemos y no queremos ir pasito a pasito», apostilló. Asimismo, la diputada de MÉS per Menorca, Patricia Font, ha defendido la necesidad de «tomar medidas drásticas desde hoy» y «poner la supervivencia del planeta por delante de intereses económicos».

Desde el PP, la diputada Tania Marí ha acusado al Pacte de practicar «política de laboratorio» al «hacer experimentos» con la movilidad, y le ha avisado de que es necesario lograr más consenso para que la ley perdure. También pidió a la izquierda que aprobara su enmienda sobre las restricciones a los combustibles fósiles y así «los tribunales no tendrán que tratar otra chapuza socialista».

Por parte de Ciudadanos, la diputada Olga Ballester ha defendido un total de 18 enmiendas mantenidas por su grupo hasta el debate en el pleno, con las que pretendían «que se dé cumplimiento al Acuerdo de París» respetando «dos principios fundamentales para que la transición energética sea justa«. En concreto, que se permita «la reconversión laboral e industrial sin cierre de empresas ni pérdida de puestos de trabajo» y «que nunca se ponga en riesgo la seguridad en el suministro».

Desde el PI, Josep Melià ha lamentado que Baleares sea, a su juicio, «pionera en normativa de Cambio Climático, pero no en hechos«, y ha considerado que el mismo Govern «reconoce que no son asumibles los objetivos» con el acuerdo sobre Es Murterar. «El horizonte temporal de cierre no es realista», cree el diputado, que ha defendido un plan para renovación de los vehículos antiguos.

Finalmente, la diputada del Grupo Mixto, Montserrat Seijas, ha recalcado que, si bien la ley «es necesaria» y «nadie con un mínimo de sentido común puede estar en contra», «todo está proyectado a un tiempo futuro» sin «afrontar con los recursos actuales el tiempo presente«. «Es una ley necesaria pero utópica. Deja insatisfecho al sector ecologista, lo cual pone sobre la mesa que se legisla sin los consensos necesarios», advirtió.

Greenpeace la ve como ”ejemplo”

Greenpeace ha expresado que la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética balear «debería servir de ejemplo». Según indicó, se debe hacer «hincapié en la urgencia de actuar frente al cambio climático» y lamenta que el Gobierno de España «no haya presentado aún una ley de Cambio Climático y Transición Energética, con un calendario que fije 2025 como fecha límite para el cierre de las centrales térmicas de carbón y nuclear y su sustitución por energías renovables».

Greenpeace ha anunciado que la ley balear es una ley ambiciosa desde el punto de vista de la transición energética «con medidas valientes», como la prohibición de la circulación por las islas de turismos con motor diesel en 2025 o el cierre de 2 grupos de la térmica de carbón de Es Murterar en 2020. El responsable del Programa de Cambio Climático de Greenpeace, José Luis García, expresó su satisfacción por la decisión del parlamento balear ya que los gobiernos «no están actuando con la premura necesaria para limitar el calentamiento global a 1,5 grados».

El Tribunal Supremo confirma la sanción de 18,4 millones a Nuclenor por el cese unilateral de la central de Garoña

Europa Press.- La Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo confirmó la sanción de 18,4 millones de euros que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) impuso en julio de 2014 a Nuclenor por una infracción muy grave prevista en la Ley del Sector Eléctrico por el cese de la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña acordado de forma unilateral en diciembre de 2012 sin comunicarlo con la antelación suficiente a la Administración.

Se consideró entonces que la empresa propietaria de la planta, participada al 50% por Endesa e Iberdrola, incurrió en la infracción consistente en «la reducción sin autorización de la capacidad de producción o de suministro de energía eléctrica». Nuclenor recurrió el acuerdo de Competencia a la Audiencia Nacional, que desestimó el recurso en junio de 2016, y a continuación recurrió la sentencia de la Audiencia ante el Tribunal Supremo, que lo rechazó, entre otros motivos, al no compartir que en el caso concurriese el presupuesto de «causas imprevistas» que habría permitido excluir la necesidad de comunicación de la decisión del cese en la explotación con una antelación de un año.

En ese sentido, la sentencia de la Audiencia Nacional, ahora confirmada, destacó que no podía considerarse como una circunstancia de carácter técnico, susceptible de ser una causa imprevista, la derivada de la entrada en vigor de una reforma legislativa que afectaba de forma sensible a la fiscalidad de las centrales nucleares. Según recogió la misma sentencia, la decisión de Nuclenor de cesar la explotación sita en Burgos se adoptó el 14 de diciembre de 2012, y la comunicación de dicho acuerdo, sin embargo, no se produjo hasta transcurridos 14 días.

«La recurrente siguió una política de hechos consumados, limitándose a comunicar al Ministerio su decisión unilateral de cese, comunicación que, además, no tuvo lugar hasta el 28 de diciembre de 2012, con ocasión de la publicación de la Ley de Medidas Fiscales y, lo que se subraya en la Resolución sancionadora, cuando el proceso de descarga del combustible estaba ya concluido desde el anterior 22 de diciembre, de forma de que la indisponibilidad de la potencia de Garoña era ya un hecho irreversible en el año 2012″, destacó la Audiencia.

El Supremo indica que la resolución sancionadora aplicó correctamente el tipo previsto en la Ley del Sector Eléctrico. «en la medida que existe una plena concordancia entre la ejecución de la decisión empresarial de cese en la explotación de la central de Garoña, que ha supuesto una reducción de la capacidad de producción del sistema eléctrico de 455,9 MW, y la conducta ilícita descrita» en el correspondiente artículo de la Ley del Sector eléctrico. Asimismo, considera que no se vulneró el principio de proporcionalidad en la cuantía de la sanción, teniendo en cuenta también el impacto sobre la garantía de suministro de energía eléctrica y la afectación al mercado eléctrico.

La CNMC celebra la sentencia

Por su parte, el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, ha resaltado que la sentencia está «alineada con los planteamientos del súperregulador. Marín Quemada ha señalado que Endesa e Iberdrola, propietarios al 50% de la central nuclear de Garoña, decidieron cerrarla «por decisión unilateral» y en contra de la normativa, que establece que hay que avisar a las autoridades con un tiempo y cumplir unos trámites, para no afectar a los precios ni a la seguridad del suministro.

«Los propietarios pensaron que no era imprescindible, la CNMC actuó por seguridad energética y, en el uso de nuestras obligaciones, procedimos a imponer una sanción. Los propietarios fueron a los tribunales y la sentencia está alineada con los planteamientos con la CNMC», ha destacado Marín Quemada. Marín Quemada ha destacado que el alto tribunal está sancionando en línea con la opinión de la CNMC el 82% de las cuestiones que le llegan. «Hay todavía una brecha del 18%, y eso nos ha obligado a hacer en los últimos años una serie de esfuerzos para reducirla. Aún no estamos satisfechos», ha manifestado el presidente del organismo.

Respecto al recibo de la luz, Marín Quemada ha insistido en que sigue siendo de «dificilísima comprensión» por parte de los clientes, y ha recordado que se compone de tres elementos: el precio de la generación eléctrica, lo que se paga por otros conceptos (peajes) y los impuestos. «En los peajes hay una mezcla tremenda de compensaciones a cierre de instalaciones, subvenciones a renovables… ese totum es lo que convendría aclarar, porque es de dificilísima compresión por los clientes», enfatizó.

Tras constatar que «no siempre», pero sí a veces, se cumple el llamado efecto cohete y pluma en los precios de los carburantes, que trasladan las subidas del crudo con mucha rapidez, pero no así las bajadas «cuando se acerca un periodo vacacional o punta de consumo», ha considerado razonable el plazo de 20 años dado por el Gobierno para el fin de las matriculaciones de vehículos diésel, gasolina, híbridos o a gas, que no podrán circular por España a partir de 2050. «Si así lo ha establecido el Gobierno, sus razones tendrá», ha manifestado.

Por último, tras ser alabado por la ministra de Economía, Nadia Calviño, a la labor de la CNMC, lo que aleja el fantasma de una reordenación de los organismos supervisores promovido por el anterior Gobierno, Marín Quemada, que se considera «totalmente independiente», ha señalado que cuando a los políticos se les explica que los sectores están interrelacionados, que las cuestiones son transversales, lo entienden. «La CNMC tiene que aproximarse a esos mercados con una visión de conjunto y con la transversalidad de la competencia», apuntó.

Galicia dará «un paso más» para favorecer que abran más gasolineras con el objetivo de que los precios bajen

Europa Press.- La Xunta prevé dar «un paso más dentro de las facilidades» para favorecer que abran más gasolineras en Galicia, de modo que aumente la competencia y bajen los precios de los carburantes. El objetivo es que los precios, de los más altos en el conjunto estatal, «se equiparen» al de la media de las comunidades autónomas.

El consejero de Economía e Industria, Francisco Conde, desveló que el Gobierno gallego prepara una modificación legislativa del decreto que aprobó en 2015 para simplificar y reducir trámites para la apertura de estaciones de servicio. El Ejecutivo autonómico aspira a que haya un mayor número de operadores y también más modelos de negocio, con el de cooperativas, grandes superficies comerciales y automáticas como nuevas fórmulas frente a la tradicional. Este cambio en el decreto atenderá las demandas de la asociación de gasolineras sin personal, que recientemente achacaron precisamente a ese texto más «trabas» y dificultades a la apertura de estaciones.

La modificación «se va a nutrir de las aportaciones» de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con la que la Xunta ha firmado un protocolo de colaboración. En este sentido, el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, cifró en 30 millones de euros más al año lo que pagan los automovilistas gallegos en comparación con la media de las demás comunidades. «No nos parece normal», reconoció, para explicar que el protocolo busca «intentar» que el mercado en Galicia «se parezca más a la media«.

Al respecto, Francisco Conde ha remarcado que los informes de los que parte también la consejería contienen datos antes de impuestos, al margen de la afección que ha tenido hasta ahora el céntimo sanitario. En este escenario, ha confrontado porcentajes que sitúan en un 5% el peso de las gasolineras de cooperativas y en grandes superficies en Galicia frente al 15% de media nacional; un 1,5% de automáticas en la comunidad gallega frente al 5% estatal; y el 76% de las abanderadas frente al 68% en el conjunto de España.

Con la finalidad de «corregir» esta situación, el protocolo contempla una guía de buenas prácticas que la Xunta prevé publicar «próximamente» y que tratará de «concienciar» tanto a la Administración autonómica como a los ayuntamientos, para que «no se incluyan restricciones» en los trámites burocráticos precisos para abrir una gasolinera. El convenio de colaboración también contiene medidas de información para los usuarios, un seguimiento de las condiciones contractuales a las que deben atenerse los operadores y una «radiografía clara» que con periodicidad trimestral aportará la CNMC al organismo que vela por la competencia en Galicia.

El presidente de CNMC, Marín Quemada, se muestra «optimista» en recuperar las competencias sobre los peajes eléctricos

Europa Press. – El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, se ha mostrado «optimista» sobre la posibilidad de recuperar las competencias sobre los peajes eléctricos que el anterior Gobierno le retiró.

Así, Marín Quemada se mostró igualmente «optimista» antes los «deseos de colaboración» mostrados durante las primeras interacciones que el organismo ha tenido con el nuevo Ejecutivo del PSOE a través de que lo que denominó «ministerios de referencia».

Durante un desayuno organizado por Editorial Prensa Ibérica, Marín Quemada sostuvo que la intención del Gobierno de devolver esas competencias coincide con la normativa europea y que ello redundará en más «transparencia» en los precios.

A este respecto, insistió en pedir para el consumidor más claridad. Para explicar el sistema actual, dividió la factura en tres partes: los impuestos, el coste y un tercer bloque donde se reúnen toda una serie de consideraciones de estabilidad del sistema, las primas a las renovables o el mantenimiento de energías de respaldo.

Dentro de este tercer bloque, (el de los peajes), dijo encontrar razonable pagar por mantener abiertas plantas con energías de soporte. Así, «si no autorizas a quitarlas tienes que pagarlo», defendió, o que el precio de la energía tienda a tener un precio similar en todos sitios.

La CNMC asegura que aumentará la transparencia sobre los precios si consigue recuperar competencias de regulación de los peajes eléctricos

Europa Press.- El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha destacado que la transparencia en los precios de los peajes eléctricos aumentará si el organismo retoma estas competencias, como pretende el actual Gobierno, a la vez que el precio subirán o bajarán en función de cada situación del mercado. En este sentido, Marín Quemada ha celebrado que los peajes eléctricos dejarán de ser «un instrumento de utilización política al servicio de nadie».

De esta manera, el precio de los peajes eléctricos serán resultado de un cálculo determinado en cada momento y subirá o bajará «con transparencia y absoluta visibilidad», por lo que los consumidores «sabrán si les interesa una tarifa u otra». En su opinión, el consumidor debe saber por qué suben o bajan los precios y no «estar a la sorpresa o a la negociación política de una comunidad autónoma que tenga unos peajes distintos a los de otras», ya que ese diferencial «lo pagan los consumidores», ha advertido Martín Quemada.

«Hasta ahora, han estado en una opacidad que es absolutamente contraria a las más elementales leyes de las agencias del mundo en el año 2018», ha denunciado Marín Quemada, quien ha señalado que utilizar los peajes eléctricos como instrumento político es «algo que está pasado de moda». Por ello, el presidente de la CNMC ha recordado que, en el resto de la Unión Europea, los peajes eléctricos son competencia del regulador. «La voluntad del Gobierno es devolver las competencias donde deben estar y donde están en el resto de Europa», celebró Marín Quemada, ya que considera «extraordinariamente positivo» que la agencia española «sea más parecido al resto de las europeas».

La CNMC presenta un nuevo recurso contra el Gobierno por una norma que le arrebata competencias relativas al mercado eléctrico

Europa Press / EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto una nueva batalla judicial contra una de las normas aprobadas por el Gobierno, al presentar un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra la resolución del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital por la que se aprobaron las reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de producción de energía eléctrica.

Los mercados diarios de electricidad europeos están acoplados y funcionan con un sistema común de cálculo de precio y, de acuerdo con un reglamento europeo de 2015, son los reguladores europeos los encargados de diseñar la metodología para realizar esta actividad. La CNMC y ERSE, la autoridad reguladora portuguesa, habían acordado por esta razón la metodología de las subastas regionales intradiarias complementarias entre España y Portugal para que el sistema estuviera preparado para el próximo 12 de junio, fecha en que está previsto el lanzamiento del mercado intradiario continuo europeo.

Según la CNMC, la normativa fue aprobada el pasado 9 de mayo, y ha decidido recurrirla al entender que vulnera las competencias de la Comisión. El recurso supone un paso más en el frente que se abrió entre el organismo presidido por José María Marín Quemada y el exministro de Energía, Álvaro Nadal, en la pugna entre regulador y Gobierno por las competencias para fijar, entre otros aspectos, la cuantía y el reparto de los peajes eléctricos. Ya en diciembre, el Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso contencioso-administrativo presentado por la CNMC contra el Decreto 903/2017 por el que el Ministerio de Energía asumía funciones que hasta la fecha correspondían al regulador, entre ellas las liquidaciones del sistema eléctrico.

En este nuevo recurso ante la Audiencia Nacional, la CNMC denuncia la apropiación por el Gobierno de unas reglas para fijar el mercado intradiario eléctrico, que sirve para ajustar las ofertas al consumo en cada una de las horas y que supone un volumen de entre un 3% y 5% de la energía. A partir del 12 de junio este mercado intradiario debe acoplarse con los del resto de Europa y operar como la Bolsa, aceptando ofertas de manera continua y a precios diferenciados. No obstante, la CNMC defiende que había negociado con el regulador portugués un sistema transitorio por el que se mantendría durante al menos dos años un modelo de subasta parecido al actual para este mercado intradiario.

Inseguridad jurídica la próxima semana

El acuerdo entre estos dos reguladores fue puesto en conocimiento de la Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ARCE) y del Ministerio de Energía, que lo recibió el pasado abril, aunque posteriormente cambió la regulación. Por eso, la CNMC ha presentado el recurso contencioso-administrativo y ha solicitado a la Audiencia Nacional una medida cautelarísima que suspenda la norma de forma inmediata, a fin de evitar la inseguridad jurídica a los participantes del mercado intradiario a partir del 12 de junio. Asimismo, fuentes conocedoras del proceso indicaron que, ante el cambio de Gobierno producido tras prosperar la moción de censura, hay lugar a una desestimación de este recurso si hubiera por parte del nuevo Ejecutivo algún cambio.

La relación entre la CNMC y el anterior inquilino del Ministerio de Energía se judicializó después de que el gabinete dirigido por Álvaro Nadal respondiera con una negativa al requerimiento de la CNMC para que se retractara de la decisión de arrebatarle sus funciones. En concreto, la CNMC recurrió los artículos 3.1 d), 3.1 m), 3.1 ñ), 3.1 q), 4.1 d), 4.1 i), 4.1 s) y 4.1 w), así como la disposición adicional segunda, la disposición adicional tercera, la disposición transitoria tercera y la disposición transitoria cuarta de la normativa.

El Real Decreto 903/2017, aprobado el pasado octubre, desarrolla adaptaciones en la estructura orgánica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que contemplan que el Ministerio pase a asumir funciones que hasta la fecha correspondían a la CNMC. Entre esas funciones que pasa a desempeñar el Ministerio se encuentran las inspecciones y las liquidaciones, así como la supervisión del sector de hidrocarburos líquidos, el sistema de certificados de biocombustibles y el control de operaciones.

En septiembre de 2016, Bruselas abrió un procedimiento sancionador al Reino de España, todavía sin cerrar, por las competencias en esta materia. Como solución, el Gobierno planteó a Bruselas un modelo análogo ya en otros países europeos, como en Francia, por el que la CNMC sería quien fijara los peajes, aunque siguiendo las orientaciones de política energética del Gobierno. Los peajes de acceso a las redes, los costes regulados para sufragar las inversiones en redes, suponen unos 7.000 millones de euros de los 19.000 millones de euros que representan los costes regulados del sistema eléctrico.

José María Marín Quemada, presidente de la CNMC, considera «un error» dividir el organismo regulador al enfrentar un «mundo poliédrico»

EFE.– El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha recalcado en el Senado que dividir este organismo supervisor sería «un error» porque vivimos en un «mundo poliédrico» y las respuestas necesarias no son sectoriales. Durante su comparecencia en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad de la Cámara Alta, Marín ha vuelto a reclamar competencias para la CNMC en sectores como la energía o las telecomunicaciones.

«Es público que no soy partidario de la división de la CNMC», ha explicado Marín, quien ha pedido a los senadores que «se lo piensen dos veces» antes de respaldar esa opción. Marín ha apuntado que dividir el organismo cuando hay una situación de tensión con el Gobierno «es muy poco meritorio«. Según Marín, para que la CNMC «ponga todo su potencial al servicio de los ciudadanos, es imprescindible que disponga de los recursos, las competencias y la independencia necesarias».

Como ejemplo, el presidente de la CNMC ha dicho que este organismo trabaja «con una mano atada a la espalda» en el sector energético porque es la única autoridad independiente de Europa que carece de las competencias sobre peajes fijadas en las directivas europeas. Marín expresó su «sorpresa» por la pretensión del Gobierno de «fijar esas competencias» en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, cuando es probable que se abra un procedimiento de infracción contra España por este motivo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El presidente de la CNMC recordó que el organismo recurrió ante el Tribunal Supremo el real decreto que concedía esas competencias a Energía, recurso que se admitió a trámite en diciembre del año pasado. El nuevo ministro de Economía, Román Escolano, ha manifestado en varias ocasiones su intención de reactivar el proyecto de ley de racionalización y reordenación de los organismos supervisores de los mercados. La reforma supondrá la división de la CNMC en dos organismos, uno para la competencia y otro para los mercados.

La CNMC critica el uso de los peajes eléctricos y de la regulación energética como «instrumento político»

Europa Press.- El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha criticado el uso como «instrumento político» de la regulación energética en aspectos como la fijación de los peajes eléctricos «en más ocasiones que las justificables».

Asimismo, ha subrayado que la determinación de los peajes «no puede ser un instrumento político que beneficie a unos u otros en función de las necesidades del momento», sino que tiene que ser algo establecido con «absoluto rigor» y en línea con una serie de parámetros comunes con otros países de la Unión Europea. Marín Quemada resaltó que le llama mucho la atención que el Ministerio de Energía esté en una posición distinta a la de las directivas comunitarias y a la de los reglamentos de aplicación directa y haya restado competencias a la CNMC que sí tienen otras agencias independientes de otros países comunitarios.

«Eso comprenderán ustedes que no podíamos dejarlo pasar», apuntó Marín Quemada, quien ha explicado que, después de que sus intentos de conversación, escritos, cartas, entrevistas y un requerimiento previo no hayan dado el resultado previsto, no han tenido «más remedio» que llevar al Gobierno al Tribunal Supremo. Así, reconoció que nunca pensó que en su vida de servidor público tuviera que hacer algo así y ha admitido que ha sido una decisión «compleja» que ha tomado el Consejo de la CNMC para defender sus competencias.

La CNMC investiga los métodos de captación de clientes de las comercializadoras energéticas

EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga la actuación de las comercializadoras energéticas para captar clientes, especialmente en los casos que acuden a domicilios particulares, con el objetivo proteger a los consumidores. El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, ha explicado que también pretenden evitar la «confusión» y «obstáculo a la competencia» que se produce porque los grupos eléctricos muestran marcas similares para sus distribuidoras, comercializadoras del mercado libre y las de referencia, que son las que ofrecen los precios regulados.

También se ha referido a la «más que probable» apertura de un procedimiento de infracción contra España por atribuir al Gobierno la fijación de tarifas de peajes eléctricos y otras funciones que deberían corresponder a la CNMC, lo que fue recurrido por ésta ante el Tribunal Supremo. Marín Quemada ha afeado la «resistencia» a «entender y aceptar el papel que las autoridades de regulación independientes han de jugar en economías modernas«. Finalmente, cifró el ahorro para los consumidores derivado de las actuaciones en defensa de la competencia de la CNMC entre 2013 y 2017 en 600 millones de euros anuales.

La CNMC propuso aplazar el nuevo plan de actuación invernal gasista ya que encarece el recibo del gas natural

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomendó al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que pospusiera la aplicación del nuevo plan de actuación invernal para el sistema gasista, que impone nuevas obligaciones a las empresas del sector para que aumenten sus reservas de gas ante repuntes extraordinarios de la demanda, ya que podía encarecer el recibo del gas a los consumidores.

En su informe sobre el nuevo plan invernal del Gobierno, que eleva la obligación de exigencias de almacenamiento de gas para los operadores a 3,5 días, frente a los 2 días anteriores, la CNMC considera que fijar estas nuevas obligaciones llevaría a las empresas a afrontar nuevos costes al modificarse sus niveles de reservas y la forma en que deben estar constituidas, lo que podría encarecer el recibo del gas.

Por ello, el organismo presidido por José María Marín Quemada pide aplazar su aplicación hasta realizar un análisis «sosegado y completo» de las necesidades del sistema gasista en relación a la garantía de su suministro ya que, según señala la CNMC, el Ministerio en su propuesta no ha evaluado los costes que estos cambios tendrían para el sistema. La CNMC recuerda que España fue durante el segundo trimestre de este año el segundo país más caro de Europa en el suministro al cliente doméstico, según datos de la Comisión Europea.

Además, considera que, actualmente, el sistema gasista en España cuenta con «suficientes mecanismos» para afrontar un repunte de la demanda en casos de frío extremo. Entre otras medidas, destaca que las comercializadoras de gas pueden gestionar sus reservas en almacenamientos subterráneos y plantas regasificadoras o abastecerse en los mercados internacionales y nacionales (Mibgas). Asimismo, subraya que se puede incrementar rápidamente la contratación de capacidad para cubrir la demanda en situaciones extremas o que Enagás, como gestor técnico del sistema gasista, puede actuar comprando gas en el mercado organizado si faltara gas en el sistema gasista.

Además, afirma que también existe un régimen sancionador al que se enfrentan las empresas que no cumplen sus obligaciones de suministro. Igualmente, la CNMC indica que el Real Decreto 1716/20041 ya les obliga a mantener reservas de forma permanente y la normativa europea ha promovido mecanismos de mercado para conseguir un mercado interior competitivo y evitar, en la medida de lo posible, medidas intervencionistas. Por todo ello, el organismo considera más apropiadas otras medidas para reforzar la seguridad del suministro y la liquidez del mercado.

Asimismo, señala que los pagos por capacidad a las centrales de ciclo combinado por su disponibilidad en situaciones de alta demanda se hagan en función de la existencia efectiva del gas. A este respecto, considera que los ciclos combinados que quieran recibir dicho pago deberán contar con existencias suficientes, que se supervisarán, «especialmente ante la previsión de un aumento del consumo de gas destinado a la producción de energía eléctrica».

El Ministerio de Energía subrayó que en la elaboración de este plan de actuación invernal gasista se habían tenido en cuenta «las tensiones producidas en el mercado gasista durante el invierno 2016-2017 como consecuencia de las olas de frío y del incremento de la demanda de gas para generación eléctrica«. Este nuevo plan se enmarcaba dentro de las medidas adoptadas por el Gobierno, como el reciente acuerdo para obligar a los dos operadores dominantes del sector gasista, Gas Natural Fenosa y Endesa, a actuar como creadores de mercado dentro del mercado organizado Mibgas, con el objetivo de aumentar la liquidez del mercado organizado del gas.