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Iberdrola se enfrentará a Bankia esta semana en los juzgados por la salida a Bolsa de la entidad bancaria

Europa Press.- El juicio en el que Iberdrola reclama a Bankia 12,4 millones de euros por las pérdidas sufridas en el proceso de salida a Bolsa de la entidad bancaria se celebrará los días 9 y 10 de marzo, según recoge Iberdrola en su informe anual de auditoría.

La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán presentó el 9 de mayo de 2016 una demanda contra Bankia en la que le reclamaba los daños sufridos como consecuencia de la compra de acciones dentro de la Oferta Pública de Suscripción (OPS) de acciones lanzada por la entidad en 2011. Iberdrola argumenta que compró las acciones sobre la base de la información recogida en el folleto publicado por Bankia y que el contenido de este documento «se ha revelado gravemente inexacto, incorrecto y falso». El folleto también contenía a juicio de Iberdrola «omisiones relevantes», lo que hizo que la eléctrica incurriese en un «manifiesto error excusable e invalidante al formular las órdenes de suscripción de acciones».

Olivas estaba en el consejo

Iberdrola recibió en septiembre el escrito de contestación a su demanda elaborado por Bankia, y en diciembre se celebró la audiencia previa, en la que se propuso la prueba por las partes y se fijó la fecha del juicio. En este juicio, los tribunales deberán valorar hasta qué punto Iberdrola disponía de información únicamente basada en el folleto publicado por Bankia. En el momento de la salida a Bolsa, su matriz, BFA, era accionista de Iberdrola y sentaba al por entonces vicepresidente de Bankia, José Luis Olivas, en el consejo de administración de la eléctrica.

Hasta el momento, los tribunales han ido dando la razón a la mayoría de los inversores institucionales que demandaron por la salida a Bolsa de Bankia, según consta en el informe de cuentas anuales remitido por la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, Bankia recibió a cierre de 2016 la notificación de 44 sentencias planteadas por inversores institucionales por la OPS, de las que 11 habían sido planteadas por personas físicas y 33 por personas jurídicas. De ellas, 6 fueron favorables a la entidad en primera instancia, 30 desfavorables y 20 fueron recurridas en apelación. Además, diversas Audiencias Provinciales dictaron dos sentencias desfavorables referentes a personas físicas y otras seis relativas a personas jurídicas.