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El sector fotovoltaico contribuyó con 2.250 millones de euros al PIB en 2017 y UNEF propone redefinir el mercado eléctrico

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EFE / Europa Press.– La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera que se debe redefinir el actual modelo de mercado eléctrico y reformar la tarifa eléctrica para que en ella tenga cada vez mayor peso el coste variable de la energía. Según un estudio de un grupo de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), el sector fotovoltaico tuvo en 2017 una contribución directa al PIB de 2.250 millones de euros, lo que representó un 0,2% del total, un 4,45% más que en 2017.

El saldo exportador neto del sector en 2017 ascendió a 404 millones, de los que más del 60% correspondió a ingenierías e instaladores (247 millones) y un 18% a fabricantes (73,4 millones). El sector fotovoltaico en España lo constituyen más de 70 empresas con actividad en 72 países y su gasto en I+D+i en 2017 se incrementó en un 2,5% con respecto a los 60 millones que invirtió en 2016, lo que supone un 1,6% de su facturación, una cifra muy por encima del 0,89% de media en este tipo de inversión en el país.

En cuanto a su incidencia en el empleo, el sector representaba el 0,09% del total del país, con 19.057 empleos, de ellos 6.102 de forma directa y el resto de forma indirecta o inducidos. Más del 10% de los trabajadores del sector son titulados superiores, medios o con Formación Profesional, y con empleos caracterizados por ser de calidad y estables.

En materia fiscal, la aportación neta del sector fue de 550 millones de euros en 2016 y algo menos, 540 millones, en 2017, cantidades de las que el 60% fueron aportadas a través del Impuesto de Sociedades y el de la Electricidad. Por otra parte, las primas a la fotovoltaica ascendieron a 2.436 millones de euros en 2016 y a 2.496 millones en 2017. El sector fotovoltaico también reduce la dependencia energética y, según el estudio, en 2016 evitó la importación de 258 millones de euros en gas y de 304 millones en 2017. En cuanto a su incidencia medioambiental, en 2016 la energía fotovoltaica evitó la emisión de 3.504 kilotoneladas de CO2 y el año pasado de 3.631 kilotoneladas.

Reformar mercado eléctrico y tarifa

Por su parte, el director general de UNEF, José Donoso, asegura que la principal barrera que se encuentra el sector fotovoltaico es que quiere ir al mercado, pero que éste está definido para otras tecnologías, pues se diseñó en los años 80, cuando a nadie se le pasaba por la imaginación que iba a haber tecnologías renovables, sin costes variables, que iban a ser preponderantes en el mercado. Por eso, UNEF cree que hay que redefinir el modelo de mercado y adecuarlo a las tecnologías que van a ser las dominantes en el futuro, pues, según ha apuntado Donoso, es absurdo tener un mercado que no tiene en cuenta las tecnologías que se quiere que en un futuro sean mayoritarias.

Por eso, cree que hay que diseñar un nuevo sistema de mercado en el que se compatibilice el modelo marginalista (por el que el precio en el pool para cada hora lo marca la central más cara que entra al cruzarse oferta y demanda) con contratos con diferencias para las renovables, o bien hacer un modelo nuevo. Donoso descarta volver a un modelo de primas y subvenciones para ir al mercado e «independizarse» del riesgo regulatorio, aunque de manera adecuada.

En cuanto a la tarifa eléctrica, Donoso considera que hay que incrementar el componente variable, que ahora es sólo un 35% de la tarifa regulada, para desincentivar un excesivo uso de la energía y que el que más consuma más pague. Además, ha señalado que para bajar el precio de la electricidad sería urgente eliminar las barreras al autoconsumo, si bien ha afirmado que la subida de precios, con la luz por encima de los 70 euros el megavatio hora en el mercado mayorista, no es estructural. En este sentido, ha vaticinado que habrá volatilidad en el mercado, al tiempo que ha apuntado que, según se introduzca más energía renovable en el sistema eléctrico, el precio de la electricidad bajará.

Por otra parte, UNEF ha pedido al Gobierno acabar con la imagen de incertidumbre jurídica, pero no una marcha atrás en los recortes que practicó el PP en la retribución al sector, sino que «se dejen las cosas como están», ha recalcado Donoso. En este sentido, ha pedido que no se revise la rentabilidad que perciben las instalaciones, como pretendía el Gobierno anterior, y que las que hay sigan cobrando lo mismo hasta el final de su vida regulatoria prevista.

Además, ha pedido la eliminación de las cargas y peajes sobre la energía autoconsumida, la simplificación, certidumbre administrativa y regulación del autoconsumo colectivo, y la convocatoria de nuevas subastas en Canarias e Islas Baleares. En este sentido, la asociación, que representa a más del 85% del sector, solicita también la creación de una Ley de Transición Ecológica y Cambio Climático en línea con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París, una nueva fiscalidad ambiental y la reestructuración de la tarifa eléctrica, entre otras demandas.

UNEF también reclama que se simplifiquen las condiciones de acceso y conexión a la red, eliminando herencias del pasado diseñadas para otros momentos. Donoso ha indicado que en el autoconsumo estiman un crecimiento 200 a 300 megavatios (MW) de potencia instalada al año, cifra que supone duplicar lo que hay ahora. Respecto a la potencia obtenida por la fotovoltaica en las subastas, 3.900 MW, UNEF cree que se construirán todos, aunque reconoce que están habiendo problemas en la tramitación medioambiental porque las comunidades tienen pocos recursos para el «aluvión» de proyectos que les están llegando.

La instalación de potencia fotovoltaica en España marcó en 2017 su mayor nivel de los últimos cinco años, al alcanzar 135 megavatios (MW) instalados, un 145% más frente a los 55 MW en 2016. Este dato posiciona a España en el quinto puesto europeo con mayor potencia fotovoltaica instalada con 5,6 GW instalados, un 4,9% del total de Europa, después de Alemania (42 GW), Italia (19,7 GW), Reino Unido (12,7 GW) y Francia (8 GW). En estos momentos, hay 30 gigavatios (GW) de potencia solar en tramitación en España, de la que se espera que un alto porcentaje se traduzca en instalaciones en próximos años.

Por su parte, en el conjunto de Europa, el año pasado se agregaron 9,2 GW, lo que supone un aumento del 30% en comparación con los 7 GW instalados un año atrás, impulsado, principalmente, por el crecimiento de Turquía, Sin embargo, en Reino Unido se efectuaron «importantes» recortes de instalación en potencia fotovoltaica, al añadir tan solo la mitad de lo instalado en 2016, aunque sigue siendo el único país, junto con Francia y Holanda, que agregó más de 500 MW a su parque fotovoltaico.

Ribera califica el objetivo de renovables del 32% de «buena noticia para España y su industria» tras defender un 34%

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Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha calificado el acuerdo alcanzado en Bruselas entre los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento para fijar un objetivo de energías renovables del 32% para 2030 de «fantástica noticia», ya que supone una «muy buena noticia para España y su industria«. Ribera subrayó que el acuerdo recoge «facilidades importantes» y destaca «el peso que deben tener los sistemas de autoconsumo en la contribución y constitución de un modelo energético diferente».

Los Gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo para fijar ese objetivo vinculante de energías renovables del 32% para 2030 e incluir una cláusula de revisión al alza en 2023, aunque no han conseguido establecer una meta en el caso de las eficiencia energética. Así, la ministra de Transición Ecológica se mostró confiada en que España está preparada para cumplir con esos objetivos a 2030, aunque añadió que para ello «hay que repasar al detalle dónde estamos en este momento» y las «lagunas» que hay que cubrir en un plazo «relativamente corto» para poder cumplir con los objetivos a 2020.

Además, consideró que hay que ser «lo suficientemente inteligentes» para plantear las premisas que permitan alcanzar esos objetivos a 2030 de renovables en la energía final consumida y mirar más allá, con un reto a 2050 de «un sistema energético eficiente, inteligente y 100% renovable«. A este respecto, Ribera destacó “el entusiasmo» y la dedicación de la industria, de los emprendedores, de los trabajadores o de los innovadores, «que han estado dedicándose a explorar nuevas vías fuera de España en los momentos más duras de la crisis, en la recesión antirrenovables, pero que saben hacer y entienden que se abre antes ellos una gran oportunidad».

UNEF: un 35% en 2023

Por su parte, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera muy positivo el acuerdo pero espera que se alcance el 35% que proponía el Parlamento Europeo cuando se efectúe la revisión prevista del objetivo en 2023. En este sentido, el director general de UNEF, José Donoso, expresó la satisfacción de su organización por ese acuerdo teniendo en cuenta que los países de la Unión Europea pedían inicialmente que el objetivo para 2023 fuera de un 27%. Donoso ha dicho que también se alegran de la participación española en esa elevación de la cuota de renovables a partir de la defensa próxima al 35% que hizo la ministra para la Transición Ecológica.

Ha subrayado el protagonismo que cobra así España en el ámbito de las renovables y ha mostrado la satisfacción de UNEF de que el acuerdo afirme el principio de que hay que respetar el autoconsumo, y considera una victoria que se reconozca el derecho de los ciudadanos a generar y consumir energía limpia sin cargos hasta 2026 con la eliminación del denominado impuesto al sol.

Cargos al autoconsumo en 2027

El texto también recoge que a partir de 2027 los Estados miembro podrán revisar este aspecto solamente en el caso de que puedan demostrar, con un análisis coste-beneficio, el impacto negativo en el sistema eléctrico de la exención de los peajes. A este respecto, Donoso destacó que esta posible futura revisión no afectará a las instalaciones de autoconsumo de menos de 25 kW, que seguirán exentas de peajes, por lo que este blindaje «permite establecer una senda de crecimiento sostenido».

Por ello, UNEF, espera que el desarrollo del autoconsumo, «que supone el abaratamiento del coste de la energía para todos los consumidores y la generación de empleo y riqueza, unido a la progresiva reducción de los costes de la tecnología fotovoltaica, anime al Gobierno en ese momento a seguir apoyando el sector como motor clave del desarrollo de nuestra economía y de la transición energética».

Además, UNEF considera un paso adelante que el texto final de la directiva establezca los principios de seguridad jurídica y de no retroactividad, pues dará un marco estable para las inversiones e impedirá que se apliquen medidas de recorte retroactivas en las retribuciones de las instalaciones, como las sufridas en España. Por ello, Donoso cree que este cambio representa «un paso adelante en la normalización del sector y demuestra un claro reconocimiento de su importancia». Donoso espera que esta revisión se produzca «para que a nivel europeo se pueda seguir impulsando la descarbonización y avanzar, en este sentido, en el cumplimiento de los objetivos acordados en el Acuerdo de París».

Recelo en los sindicatos mineros

Por otro lado, los sindicatos CCOO y UGT en Teruel recibieron con recelo el acuerdo de la Unión Europea porque supone un varapalo más para el futuro del sector del carbón y con él, el de las zonas mineras. Para el secretario general de UGT en Teruel, Alejo Galve, no es una buena noticia, pero al tratarse de una tasa global dependerá de la «conciencia política» de los gobernantes de cada país dar más o menos peso a las renovables en el mix energético nacional.

Sobre los fondos anunciados para la reconversión de las zonas mineras, teme que «si llegan en 2020 o 2025 puede ser tarde» si, como en el caso de Teruel, la central térmica de Andorra cierra por falta de inversiones para adecuarse a la normativa ambiental, porque hasta ahora «no ha llegado absolutamente nada» que haga pensar en su continuidad. De producirse esta situación, el líder sindical y trabajador de la central vaticina una drástica bajada de población en la comarca.

La llegada de la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no genera buenas expectativas en el sector del carbón. Según Alejo: «esperábamos todos que entrase un partido de izquierdas» para que se produjeran cambios positivos. Pero no creen que serán buenos para el sector minero, ya que la ministra «habla de transición energética, pero no habla hasta qué años», ha dicho. En ese sentido, ha criticado que se ponga de fecha de fin al carbón en la Unión Europea entre 2030 y 2035 pero que haya países como Alemania que han firmado el futuro del sector hasta 2050.

El delegado de CCOO en la central térmica de Andorra, Antonio Planas, ha dicho que este anuncio de la Unión Europea se enmarca en una «crónica de una muerte anunciada», y critica que no se hayan puesto remedios. «Queremos una transición justa», ha señalado, pero hasta ahora han recibido «palmadas en la espalda» pero no soluciones en forma de empresas que creen trabajo y eviten el éxodo de la población de las zonas mineras. Andorra, capital minera de la provincia de Teruel, cuenta ahora solamente con la central térmica. «Endesa lleva 60 años en Andorra y se ha llevado muchos beneficios», recuerda Planas, quien cree que «algo tiene que revertir».

Optimismo en Castilla y León

Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha considerado que es positivo el acuerdo de la Unión Europea para apoyar a las renovables y la creación de un fondo para dar salida a las cuencas mineras del carbón. La consejera ha pedido a la nueva ministra «menos prisa» en llevar a cabo la transición de la minería de carbón a otro tipo de energía al fijar como tiempo límite el 2025, cuando la Unión Europea ha concedido hasta el 2030. Pilar del Olmo ha indicado que la transición a otras fuentes de energía debe ser «justa y ordenada».

Por eso, ha afirmado que es «positivo» la creación de un fondo para una transición ordenada y ha señalado que la Junta quiere fondos para proyectos vinculados a la biomasa, tras lo que ha recordado que ya apoya a una empresa que lleva a cabo la construcción de una central de biomasa en Cubillos del Sil, en la provincia de León. Del Olmo ha recordado que ha pedido una entrevista con la ministra de Transición Ecológica ante lo que ha considerado «una precipitación» al fijar 2025 como el tope para dar una salida a la minería del carbón, y espera que «pronto» tengan una reunión.

Las asociaciones de renovables esperan que los grupos parlamentarios elaboren una norma que acabe con la revisión retributiva de 2020

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EFE.- Asociaciones de renovables esperan que, pese a que se haya rechazado en el Senado una enmienda del PP para que no se revise la retribución a las instalaciones renovables de menos de 300 kilovatios (KW), en el futuro salga adelante una medida similar y que afecte a todas las plantas.

La Mesa de la Comisión de Presupuestos rechazó esa propuesta del PP por un defecto de forma, al considerar que las enmiendas a los Presupuestos sólo pueden modificar ésta y no otras normas, como sería la Ley del Sector Eléctrico. En este sentido, el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, ha indicado que espera que en el futuro salga adelante una propuesta «más completa» y que no afecte sólo a instalaciones de menos de 300 KW pues «se tiene que devolver la seguridad jurídica a todos».

También el director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables, APPA, José María González Moya, ha considerado una «lástima» que haya sido ahora cuando el PP defienda lo que ha venido siendo una demanda del sector. González Moya ha señalado que el sector pide que se respete la rentabilidad razonable, que, según la vigente Ley del Sector Eléctrico podría revisarse para el sexenio que comenzará en 2020 para todas las instalaciones y no sólo para las de menos de 300 KW. Moya ha pedido al PP que se ponga de acuerdo con el resto de partidos para poder sacar una iniciativa que garantice y mantenga sin cambios la retribución para todas las plantas.

La Ley del Sector Eléctrico introdujo las revisiones de los parámetros de retribución de las actividades de transporte, distribución y producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos que tuvieran régimen retributivo. La ley establece que los parámetros se fijarán teniendo en cuenta la situación cíclica de la economía, de la demanda eléctrica y la rentabilidad adecuada para dichas actividades por períodos regulatorios con una vigencia de 6 años. Los parámetros pueden revisarse antes del comienzo de cada período regulatorio y, si no se hace, quedan prorrogados para todo el período siguiente.

La ley preveía que en la revisión de cada período regulatorio se podrían modificar todos los parámetros retributivos y, entre ellos, el valor sobre el que girara la rentabilidad razonable en lo que reste de vida regulatoria de las instalaciones. La enmienda del Grupo Popular establecía que no sería revisable el valor sobre el que girará dicha rentabilidad para las instalaciones que, a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 9/2013, de medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, tuvieran una potencia de menos de 300 KW y reconocida retribución primada.

Además, modificaba uno de los apartados de la Ley del Sector Eléctrico, que establecía que la rentabilidad razonable a lo largo de toda la vida regulatoria de la instalación girará sobre el rendimiento medio de las obligaciones del Estado a 10 años en el mercado secundario, incrementada en 300 puntos básicos. La enmienda del PP añadía a esa disposición que ese valor no sería revisado durante la vida útil de las instalaciones que tuvieran una potencia inferior a 300 KW.

Si se aplicara la fórmula contenida en la disposición, como era partidario el exministro de Energía, Álvaro Nadal, para el período regulatorio que comienza en 2020, la actual rentabilidad, del 7,4%, se quedaría en estos momentos en torno al 4,5%, por el descenso del interés del bono a diez años. La otra enmienda rechazada perseguía la supresión de la figura del gestor de carga para prestar servicios de recarga a vehículos eléctricos, y establecía que cualquier consumidor pudiera prestar el servicio cumpliendo los requisitos técnicos y de seguridad exigidos, con el fin de facilitar el despliegue de puntos de recarga y fomentar la movilidad eléctrica.

APPA lamenta que los expertos no valoren plenamente el potencial renovable y UNEF celebra el protagonismo augurado para la fotovoltaica

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Europa Press / EFE.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) considera que el informe de la comisión de expertos sobre transición energética constata un futuro «más renovable, con una adecuada fiscalidad energética», aunque ha lamentado que los escenarios planteados no tengan en cuenta «el valor del potencial renovable o la capacidad industrial nacional de distintas tecnologías ya desarrolladas como la eólica», donde considera que es «poco ambicioso».

APPA ha recordado que el desarrollo de la eólica en España ha sido un caso de éxito, por lo que considera que los expertos no han valorado suficientemente su importancia, el potencial exportador de España y el alto grado de desarrollo alcanzado en la I+D+i de esta tecnología. Además, apunta que echa en falta que no se haya tenido en cuenta la complementariedad entre las distintas tecnologías renovables y el potencial de recurso eólico que hay en la Península y que se ha constatado en el primer trimestre del año.

Respecto a la fotovoltaica, APPA destaca que se valora muy positivamente en todos los escenarios del informe, que propone tanto el desarrollo de grandes plantas como del autoconsumo y considera necesaria una regulación específica para que se desarrolle. APPA lamenta que el informe no haya tenido en cuenta la generación eléctrica con biomasa, pese a que habla de su capacidad de respaldo, y considera importante plantear subastas específicas por tecnologías que reconozcan las distintas características de las tecnologías renovables. APPA recuerda que la generación con biomasa tiene un potencial de 8.000 megavatios (MW) adicionales y aportaría al mix nacional capacidad de gestión, firmeza y garantía de la seguridad del suministro.

La asociación subraya que el informe propone una reforma fiscal energético-ambiental que recoge el principio de «quien contamina, paga» y constata «la existencia e importancia de los ahorros de las renovables en el mercado mayorista de electricidad». «Si la transición energética es un objetivo real, es importante mandar una señal de precios clara al mercado. Llevamos muchas décadas en las que la contaminación no se ha internalizado en el coste energético», indicó el presidente de APPA Renovables, José María Villarig, que considera que los expertos deberían haber considerado la complementariedad de las distintas tecnologías y la capacidad industrial existente en el país como base para el desarrollo del sector renovable.

Sin embargo, considera necesario que los escenarios contemplados por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital «sean consecuentes» con los objetivos de renovables que se están debatiendo en la Unión Europea, que se sitúan entre el 27% y el 35%. «Llama la atención que algunos de los escenarios presentados por la Comisión no tengan esos objetivos como mínimo y, sin embargo, se planteen escenarios alejados de nuestras posibilidades como la instalación de 124.500 MW de renovables, más acordes con un ejercicio teórico que un planteamiento factible», añade la asociación.

APPA destaca que en los escenarios planteados, el autoconsumo y la generación distribuida tienen «una gran importancia en la futura transición energética», así como las renovables térmicas (la biomasa, biogás o geotérmica), «que serán fundamentales para alcanzar los objetivos en los sectores difusos». Sin embargo, en lo que se refiere a la biomasa, que cuenta en España con uno de los mayores recursos europeos, lamenta que no se haya tenido «apenas en cuenta» y haya quedado fuera del escenario base.

En el caso del transporte, APPA apunta que el informe de los expertos ignora el papel que deben jugar los biocarburantes convencionales y los avanzados para conseguir los objetivos de descarbonización y renovables previstos para 2030 en la Unión Europea, especialmente en sectores de difícil electrificación como la aviación y el transporte de mercancías por carretera. Además, critica la falta de consideración mostrada por la comisión sobre el grave impacto que podrían tener sus propuestas en la supervivencia de la industria española de biocarburantes y sobre la importancia de disponer de un mix diversificado de fuentes renovables en el transporte.

Asimismo, APPA indica que el informe no tiene en cuenta tecnologías renovables en fase de investigación y desarrollo, como la minieólica o las energías marinas, que la Unión Europea considera que podrían aportar en torno al 15% de la electricidad en 2050. Por otra parte, la asociación afirma que no baraja la posibilidad de que las renovables instaladas en el pasado se financien con cargo a los Presupuestos del Estado, independientemente de que se produzca una reforma fiscal en el sector energético, ya que si el ahorro que generan en el mercado mayorista se refleja en el sistema, también sus costes deben imputarse al mismo.

“Papel central” de la fotovoltaica

Por otro lado, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) valora «positivamente» el «papel central» que el informe de los Expertos concede a la fotovoltaica en la transición energética como una tecnología competitiva «y que ya no necesita primas ni subvenciones». En este sentido, el director general de UNEF, José Donoso, considera que la previsión de un aumento «considerable» de la potencia fotovoltaica instalada en 2030, que se multiplicaría por 10 con respecto a los niveles actuales, «supone una oportunidad clave para permitir que los ciudadanos tengan acceso a una energía más barata y para alcanzar un modelo de desarrollo más estable, en contraste con el acelerón-frenazo-acelerón que caracterizó los últimos años».

No obstante, la patronal subraya que los objetivos para la próxima década, que representan además una «importante oportunidad» de generación de empleo, hacen «necesario» eliminar tanto los obstáculos al crecimiento del autoconsumo, especialmente los de tipo administrativo y económico, «como las barreras al desarrollo de las grandes plantas». Asimismo, pide reformar el sistema de definición de los precios del mercado eléctrico, «para que dé una señal de precio adecuada para atraer las inversiones dentro de un marco competitivo caracterizado por una alta penetración de energías renovables». Además, UNEF lamenta que el escenario base de penetración de renovables recogido en el documento (29,7%) no haya estado en línea con el 35% propuesto por el Parlamento Europeo.

El sector fotovoltaico prevé invertir en España entre 4.000 y 5.000 millones de euros hasta 2020

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EFE / Europa Press.- El sector fotovoltaico español prevé invertir entre 4.000 y 5.000 millones de euros en nuevas instalaciones hasta 2020, según avanzó el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, en la Comisión de Energía del Senado. Donoso indicó que se espera un crecimiento “rápido y muy alto» en los dos próximos años por el impulso de las subastas de potencia renovable, la apuesta del sector por acudir directamente al mercado y el empuje de los contratos bilaterales de compraventa de energía (PPA).

A partir de 2020, el escenario “más probable”, según el director general de UNEF, es que la inversión en el ámbito nacional se estabilice en un nivel de entre 1.000 y 2.000 millones de euros anuales, lo que pone de manifiesto la capacidad de la fotovoltaica de crear «oportunidades de negocio», además de dar respuesta al desafío del cambio climático.

Asimismo, Donoso subrayó que el sector está viviendo «una fase de reactivación en nuestro país». En este sentido, se ha quejado del modelo de crecimiento del sector en España durante los últimos años, que ha definido como «de acelerón, frenazo y acelerón«. En su opinión, este modelo es «nefasto» porque la ausencia de un mercado estable desincentiva la inversión. Donoso ha reconocido que las subastas de nueva capacidad han supuesto un «punto de inflexión», aunque ha señalado que el modelo empleado no gusta al sector.

Más proyectos que potencia licitada

En la última subasta de capacidad renovable celebrada en julio se asignaron 3.909 megavatios para instalaciones fotovoltaicas, que tendrán que estar listas antes de enero de 2020. En la actualidad, hay proyectos fotovoltaicos en tramitación en diferentes comunidades autónomas, entre las cuales destacan Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Murcia y Castilla y León, que suman un total de 24 gigavatios (GW), cifra que supera la potencia adjudicada en la subasta. Concluyó que, a nivel internacional, el desarrollo de la fotovoltaica supone la definición de un mercado en constante crecimiento, con un valor estimado de 100.000 millones de euros anuales, que puede alcanzar los 400.000 millones de euros anuales en 2030.

Por otra parte, el director general de UNEF consideró que «las principales barreras» que dificultan un desarrollo del sector en España son «la inseguridad jurídica institucionalizada», con la amenaza del recorte a la rentabilidad razonable de los proyectos de renovables, la actualización de la regulación de las condiciones de acceso y conexión a la red, los retrasos en los pagos de las liquidaciones definitivas para los proyectos fotovoltaicos en territorios no peninsulares y la agilización de la planificación de las redes, tanto de Red Eléctrica, como de las compañías distribuidoras.

José Donoso, director general de UNEF, es reelegido en Las Vegas como co-presidente del Consejo Global Solar representando a España

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Europa Press.- El director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, ha sido reelegido como co-presidente del Consejo Global Solar (GSC), según indicó la organización. El nombramiento ha tenido lugar en Las Vegas (Estados Unidos), durante la reunión de la junta directiva de esta asociación internacional creada en 2015 en el marco de la COP21.

Donoso asegura que la presencia de España «pone de manifiesto la importancia de la industria fotovoltaica española en el mundo, que ha alcanzado una posición de liderazgo«. Además, el co-presidente del CGS aprovechó para recordar que la cooperación, la formación y el intercambio de experiencias «son instrumentos fundamentales para promover la energía social». La organización internacional fue creada por las asociaciones solares renovables líderes para unificar el sector de la energía solar a nivel internacional.

La nueva subasta renovable, acogida de forma desigual, mantiene el criterio de desempate entre eólica y fotovoltaica

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Europa Press / EFE.- La nueva subasta de 3.000 megavatios (MW) de potencia renovable, anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha sido acogida de forma desigual en el sector, pues mientras la industria eólica cree que es una buena noticia, a las asociaciones de fotovoltaica les suscita dudas. La subasta mantendrá los criterios de desempate en función de las horas de producción establecidos en la puja celebrada este mes, según consta en el borrador y en la memoria económica del decreto.

Este criterio de desempate recibió críticas de las asociaciones fotovoltaicas de referencia, UNEF y Anpier, que ven en su aplicación un trato de favor a la eólica y que destacan la capacidad de la solar para competir en igualdad de condiciones. La segunda de estas asociaciones denunció la subasta de mayo ante el Tribunal Supremo precisamente por encontrarla discriminatoria. En el borrador del real decreto, Energía señala que el procedimiento de la subasta celebrada en mayo, en la que la eólica se llevó el 99% de la potencia ofrecida, ha sido «muy satisfactorio», por lo que serán de aplicación las reglas anteriores, incluidas en la orden ministerial ETU/315/2017 y en la resolución del 10 de abril que desarrolló su contenido.

En estas disposiciones se indica que, en caso de empate, ha de tomarse el proyecto que genere más megavatios hora por cada megavatio instalado, conforme al número de horas de funcionamiento. Además, se establecen unos porcentajes máximos de abaratamiento de las ofertas diferentes en función de cada tecnología. «Lo que pedimos es que la definición final de la subasta permita a todos los agentes del mercado ejercer su competitividad», indicó el director general de UNEF, José Donoso, tras conocerse el contenido del borrador del decreto.

Conforme a las reglas de la subasta, para cada tramo de oferta se calcula la retribución a la inversión y el cociente entre dicha retribución y el número de horas estándares de funcionamiento de la instalación. Como las horas estándares fijadas para la eólica son superiores a las de la fotovoltaica, esta tecnología gana opciones para la adjudicación. El borrador del real decreto limita como novedad el alcance de la subasta a estas dos tecnologías. En concreto, indica que será de aplicación a instalaciones de los subgrupos b.1.1. y b.2, que corresponden a la fotovoltaica y a la eólica, respectivamente.

Como en la anterior ocasión, la convocatoria se limita a los territorios peninsulares y, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de renovables de España ante la Unión Europea para 2020, excluye instalaciones cuya construcción suponga el cierre o la reducción de potencia de otra de la misma tecnología e instalaciones constituidas por equipos principales que no sean nuevos o que hayan tenido uso previo.

En la memoria, Energía repite los cálculos utilizados para la anterior subasta y confía en que el coste para el sistema de los nuevos proyectos sea «nulo». Este coste nulo se produce para el consumidor en los escenarios medios de precios de la electricidad tomados como referencia por el Gobierno. Si se produjese un abaratamiento en el pool con respecto a la previsión, a partir de 2019 las instalaciones podrían recuperar la diferencia a modo de coste regulado del sistema.

Energía señala que, tomando como hipótesis que la rebaja obtenida en la subasta es de 0% y que la potencia adjudicada por tecnología se distribuyera a partes iguales entre fotovoltaica y eólica, el coste máximo para el sistema ascendería a 123 millones de euros anuales a partir de 2019. En todo caso, asegura que, «a la vista del resultado de la subasta anterior, es de esperar que el coste sea muy inferior a 123 millones de euros o incluso nulo como sucedió en dicha subasta».

Diversa acogida en el sector

La Asociación Empresarial Eólica (AEE), que representa a más del 90% del sector en España, considera la nueva subasta de hasta 3.000 megavatios de capacidad una «buena noticia para todo el sector» de las renovables.Según la asociación, con esa nueva potencia España se acercará al objetivo europeo de que en 2020 las energías renovables supongan el 20% del consumo, lo que unido a la futura Ley de Cambio Climático, constituye un paso más dentro del proceso de transición energética.

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que representa a empresas que suponen aproximadamente más del 85% del sector en España, también ve positivo que se convoque una nueva subasta, aunque cree que hay que reformar su diseño para que sea «verdaderamente competitiva» y para abaratar los precios al consumidor. Por eso, esta asociación, que recurrió ante el Supremo la normativa de la anterior, reclama una reducción en el suelo del descuento máximo y un modelo en el que cada agente interesado oferte un precio por kilovatio hora para que el más competitivo reciba la remuneración ofertada.

La Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos, Anpier, que agrupa a 5.000 socios que son pequeños productores e inversores, ha dicho que esta nueva subasta es «más de lo mismo». Su presidente, Miguel Ángel Martínez-Aroca, vaticina que si la subasta se celebra con las mismas reglas que la anterior, como está previsto en el decreto del Gobierno, «de nuevo arrasará la eólica«, en la que ha recordado «dominan» las grandes eléctricas.

Por su parte, el director general de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), José María González Moya, ha expresado su sorpresa por el anuncio de una nueva subasta renovable, más cuando apenas se acaba de celebrar la anterior, también de 3.000 MW. González Moya, cuya organización agrupa a empresas y entidades de todo tipo de energías limpias, ha manifestado que esta nueva convocatoria «es otra improvisación» del Gobierno.

Ha reiterado que es necesaria una planificación a largo plazo de las subastas, ya que las empresas y los inversores necesitan conocer cuando se convocarán para organizar sus inversiones, y ha criticado que en esta nueva subasta se vuelva a «enfrentar» a las diferentes tecnologías. Por eso, González Moya demanda que las subastas vuelvan a tener cupos por tecnologías (solar, eólica y otras) y ha afirmado que el mecanismo de adjudicación «sigue perjudicando a la energía fotovoltaica», que sólo logró un megavatio en la anterior convocatoria por el sistema para deshacer los empates en las ofertas, que era el mayor número de horas de funcionamiento.

Extremadura pide oportunidad para fotovoltaica

Por su parte, el consejero extremeño de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, ha asegurado que la nueva subasta de energías renovables será satisfactoria para Extremadura si la energía fotovoltaica tiene posibilidades reales y aseguró que «estaremos muy pendientes de que esta vez no perjudique a Extremadura«. Además, ha recordado que con la anterior subasta se hicieron muchas esperanzas porque conocían que había muchas empresas extremeñas interesadas en presentarse pero, por la “preferencia” que se daba a la energía eólica, «no entraron los proyectos extremeños». El consejero ha aseverado que desde la Junta han insistido a todos los niveles en la necesidad de una nueva subasta y «afortunadamente parece que esta petición ha sido recibida».

Por último, se ha referido también a la posibilidad de que una de las empresas adjudicatarias de la anterior subasta de energías renovables pudiera construir un parque eólico en el norte de Extremadura para cumplir los compromisos adquiridos en la subasta. En este sentido, se limitó a señalar que «es prematuro decirlo» porque las empresas tienen 6 meses para concretar los proyectos con los que van a cumplir sus compromisos.

La fotovoltaica UNEF invoca un caso de discriminación en la elección de jueces para detener la subasta de renovables

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Europa Press.- La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) presentó ante el Tribunal Supremo su petición de medidas cautelarísimas para la suspensión de la subasta de renovables convocada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, en la que evoca un reciente caso de discriminación en la elección de jueces para incidir en la falta de neutralidad del proceso.

En el recurso presentado ante el Supremo, los abogados de UNEF citan un auto del 8 de marzo del Supremo en el que se adoptaron medidas cautelares contra una decisión del Consejo de Ministros de enero, circunstancia que no es habitual en la jurisprudencia. En concreto, el tribunal suspendió de forma cautelar los criterios para elegir una terna de jueces para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al establecer como requisito que tuviesen menos de 61 años. Para el Supremo, esta medida, en apariencia del buen derecho, puede resultar discriminatoria.

En su recurso, UNEF considera que este caso resulta análogo a la discriminación que consideran que introduce el Gobierno para la solar fotovoltaica, al tiempo que no se muestra en contra de la celebración de la subasta, pero reclama que sea «verdaderamente neutral» y permita que las tecnologías compitan «en igualdad de condiciones», sin favorecer a la eólica, como opinan.

La medida cautelar reclamada afecta en concreto a la suspensión del criterio de ordenación de las ofertas de las diferentes tecnologías en función del «número de horas equivalentes de funcionamiento de la instalación tipo de referencia». UNEF considera que este criterioy el mecanismo fijado por Energíaresulta «arbitrario» y «perjudica a la fotovoltaica en el caso de empate«, al tiempo que no se encuentra motivado y puede «lesionar el derecho a la igualdad de las empresas fotovoltaicas que participen».

En el recurso, la patronal indica que la neutralidad tecnológica a la que se refiere la orden ministerial 315/2017 establece que todas las instalaciones deben ser tratadas en condiciones de igualdad en la subasta con independencia de su tecnología. Junto a esto, considera que la adopción de medidas cautelarísimas es urgente porque la subasta está convocada para el próximo 17 de mayo y, de no aplicarse, el recurso perdería su finalidad, «ya que se habría desincentivado la participación de empresas fotovoltaicas en el concurso, situación que no se remediaría con una sentencia estimatoria del recurso».

La fotovoltaica UNEF pide al Supremo la suspensión de la subasta de renovables por considerar que favorece a la eólica

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Europa Press.- Al tiempo que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital aprobaba la orden ministerial que regula la subasta por 2.000 megavatios (MW) de potencia renovable, ampliable a otros 1.000 MW adicionales «si el resultado de la subasta ofrece precios competitivos», la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) acordaba solicitar al Tribunal Supremo que aplique medidas precautelares consistentes en la suspensión de la próxima subasta de renovables, según indicó el director general de la asociación, José Donoso.

La petición responde a que el mecanismo preparado por el Gobierno “favorece”, según UNEF, a la eólica y “contradice” por tanto el principio de neutralidad tecnológica establecido en el real decreto sobre la subasta. En la reunión de UNEF han participado las empresas fotovoltaicas asociadas interesadas en la subasta, tanto las grandes como las pequeñas. «La percepción generalizada es que se produce una discriminación hacia la fotovoltaica, ya que con las condiciones de la subasta no se puede ejercer el grado de competitividad alcanzado por esta tecnología desde el punto de vista económico», explicó Donoso.

Al no reflejarse esta competitividad de la fotovoltaica, «se prevé que haya empate, y en caso de empate vamos a quedar desplazados», indicó. El mecanismo de la subasta limita los descuentos que ofrecen los interesados,lo que eleva según UNEF la probabilidad de empate, al tiempo que fija un procedimiento de desempate que premia los proyectos con más horas de funcionamiento y “beneficia por tanto a la eólica”. Para UNEF, este mecanismo contemplado en los desarrollos normativos rompe con el principio de neutralidad tecnológica establecido por el propio Ministerio de Energía en el decreto sobre la convocatoria de la subasta.

La «discriminación» sufrida por la fotovoltaica es «mala para los consumidores, a los que se impide aprovechar las ofertas más bajas que puede ofrecer esta tecnología», explicó Donoso, antes de recordar las discrepancias de UNEF con el sistema marginalista que se empleará en la puja. Por ello, planteará sus discrepancias a través de un recurso contencioso administrativo. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, afirmó recientemente que la industria eólica española es «muy competitiva» y va a tener «un enorme éxito al participar en esa subasta”. “En España la eólica es muy buena tecnológicamente y tiene grandísimas oportunidades de llevárselo, porque trabaja más horas que la solar, aunque ya veremos», añadió.

Subasta ampliable a 3.000 MW

Por su parte, el gabinete dirigido por Álvaro Nadal subraya que la subasta será tecnológicamente neutra, «permitiendo competir en igualdad de condiciones a las distintas tecnologías renovables». La subasta se realizará mediante un mecanismo competitivo, de manera que resultarán adjudicados aquellos proyectos que supongan un menor coste para el consumidor. Además, para asegurar la ejecución de los proyectos, que tendrán que estar en funcionamiento antes de 2020, el Gobierno ha establecido un sistema de garantías económicas que, conforme se vayan cumpliendo hitos en la ejecución de los proyectos, irán siendo devueltas progresivamente a los promotores.

El Ministerio de Energía indicó que esta subasta representa un «paso muy significativo» para la consecución de los objetivos ambientales a 2020. Actualmente, España se encuentra por encima de la senda prevista para cumplir el objetivo del 20% de renovables en 2020, situándose por delante de la mayoría de países de nuestro entorno. El Gobierno realizó ya en 2016 una subasta, la primera desde la moratoria a las renovables, que sirvió para licitar 700 MW de renovables, de los que 500 fueron de eólica y 200 de biomasa, y en la que los ganadores se llevaron esta potencia sin incentivo.

El Tribunal Supremo admite un recurso de la patronal fotovoltaica UNEF por el alza de cargos al autoconsumo en Baleares

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Europa Press.- Al tiempo que varios expertos del sector fotovoltaico destacaron que el autoconsumo representa «una alternativa viable que aporta beneficios económicos y medioambientales para todos los ciudadanos, no solo a los que apuestan por él», la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso de la Unión Fotovoltaica Española (UNEF) contra la orden del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en la que se revisan los peajes eléctricos para 2017.

Fuentes de UNEF indicaron que la presentación del recurso responde a dos motivos. El primero de ellos consiste en que la norma prevé un incremento de los cargos a la energía autoconsumida en Baleares. El segundo motivo se refiere al cálculo de los cargos generales al autoconsumo. La asociación considera que no existe una metodología clara para este cálculo, lo que se traduce en una falta de transparencia. Esta falta de metodología, indican desde UNEF, también llama la atención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha dejado constancia de ella en sus informes recientes.

La orden establece que el cargo transitorio por la energía autoconsumida, conocido popularmente como impuesto al sol, se comenzará a cobrar en 2017 en Ibiza y Formentera, hasta ahora exentas de su pago. Además, en Mallorca y Menorca, donde hasta la fecha se disfrutaba de una rebaja de este componente, no solo se produce una subida, sino que la misma es tal que supera las referencias establecidas para la Península.

Estos incrementos se producen pese a la rebaja del 9% en la parte fija para todo el territorio nacional para los autoconsumidores domésticos, que son los que tienen una potencia inferior a 10 kilovatios (kW). Estos autoconsumidores no pagan de forma transitoria en ninguna parte de España el conocido como impuesto al sol, que se aplica sobre el término de energía a contratos con potencias contratadas superiores a 10 kW.

Beneficio al medioambiente y sociedad

En una jornada organizada por UNEF en la feria Genera, el director general de la patronal, José Donoso, señaló la oportunidad que representa la integración del autoconsumo en los edificios. Donoso subrayó que con el autoconsumo «ganan todos», tanto los autoconsumidores como la sociedad, porque se genera energía limpia, esencial para combatir contra el cambio climático, y barata, «que contribuye a reducir el precio de la energía para los consumidores».

Asimismo, también se debatió sobre la integración de la tecnología fotovoltaica en la edificación. Los expertos aseguraron que éste es el momento de apostar por la integración de la fotovoltaica en los edificios, que consumen el 40% del total de la energía a nivel europeo, según indicó UNEF. Además, valoraron la importancia de avanzar en la integración de la fotovoltaica en la edificación para cumplir con las líneas definidas en el paquete de invierno de la Comisión Europea, que pretenden, entre otros objetivos, descarbonizar el stock de edificios a 2050.